El Proyecto de Ley de Empleo Público del Principado de Asturias sigue su tramitación sin apenas debate, al
menos que se conozca, lo que resulte especialmente preocupante tratándose de un
texto normativo que debería dar
soluciones razonadas a la extensa problemática que plantea la normativa legal
vigente en las últimas décadas y que ahora se pretende sustituir y, en
especial, de las graves y reiteradas prácticas irregulares cometidas en su
aplicación: el abuso en la temporalidad de las plantillas, los desajustes entre
el contenido de las pruebas de selección y las funciones a desarrollar en los
puestos convocados, la arbitrariedad en el nombramiento de los tribunales de
selección, la inexistencia de una carrera profesional real objetiva basada en
la igualdad y en el mérito, el abuso de la libre designación y la comisión de
servicios, la desarticulación de la promoción interna, la burocratización e
ineficiencia de la evaluación del desempeño, entre otras.
Dejando aparte algunos detalles
menores publicados en los medios, la medida estrella de la futura Ley, de acuerdo
con la insistente propaganda del Gobierno del Principado, es la creación de un complemento de productividad que gratificaría a
los empleados públicos más eficientes y castigaría a los más indolentes. En palabras
del vicepresidente Cofiño, publicadas en la prensa asturiana en diciembre del año pasado, “tiene que haber un premio
para el funcionario productivo y sanciones para el que no cumpla los objetivos
por los que se le paga”. Continuaba afirmando el vicepresidente que el
cobro de ese complemento debería depender de una evaluación objetiva y rigurosa
que no podía recaer en el jefe inmediato del funcionario: “Para que el modelo pierda acidez hay que garantizar la objetividad y
transparencia en los objetivos y cómo se miden. El jefe tiene algo que decir
porque está en el día a día, pero quisiera que hubiera un tercero que participe
de esa evaluación y esté más ajeno al fuego” Y remataba su discurso el Sr.
Cofiño afirmando que tenía algunas ideas al respecto “pero están verdes”
Pues bien, en la última versión del Proyecto de Ley, difundida por los sindicatos el pasado día 2 de marzo, el
importe del complemento de productividad lo establece el cargo político
inmediatamente superior del funcionario, que será también el encargado de
evaluar su trabajo y decidir si merece cobrarlo o no (disposición adicional octava). Por tanto, el
tercero evaluador que garantice la objetividad y transparencia del proceso
brilla por su ausencia. No sabemos si Cofiño sigue madurando alguna idea al
respecto, pero por ahora el proyecto de ley del que es responsable contradice
sus deseos.
Pero, además, lo que se está
hurtando permanente a la opinión pública es el coste económico que supondrá la
implantación de ese complemento de productividad. En la versión inicial del
Proyecto de ley era una remuneración elitista que se reservaba para los
empleados públicos de los grupos A1 y A2, pero en la versión actual ya podría
percibirlo la totalidad de la plantilla, por lo que sus beneficiarios
potenciales serían más de 36.000 empleados públicos, de acuerdo con el Informe de Personal de los vigentes Presupuestos
Generales del Principado de Asturias.
En la Administración del Estado los proyectos de ley y de reglamento deben ir acompañados preceptivamente de una Memoria en la que, entre otras cuestiones, se analice el impacto económico y presupuestario de los mismos (artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno). En el Principado de Asturias, los artículos 33.3 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico, y 38.3 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, exigen que todo anteproyecto de ley, proyecto de decreto o demás disposiciones de carácter general, deban ir acompañados de una memoria económica en la que se pongan de manifiesto detalladamente evaluados, cuantos datos resulten precisos para conocer todas las repercusiones presupuestarias de su ejecución.
¿Qué repercusión presupuestaria
va a tener la implantación del complemento de productividad? En un escenario
de contención del gasto en materia de personal, ¿de dónde se va a sacar el
dinero para pagar ese incremento del gasto público? ¿Comportará recortes de plantilla
o nuevas privatizaciones, como ya acaba de suceder con el control de las
declaraciones responsables en materia de urbanismo, encomendado a Colegios
Profesionales y Cámaras de Comercio?
Entre tanta propaganda sobre la futura Ley de Empleo Público, se echa en falta mucha más claridad y una exposición
de datos fiables. Datos, más datos.
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