Un elefante acaba de entrar en la tramitación parlamentaria
del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas administrativas urgentes: las entidades colaboradoras de certificación.
Según el borrador de enmienda transaccional impulsada por el grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) a la que ha tenido acceso esta asociación y que contaría con el apoyo del PSOE, estas entidades pasarían a ejercer funciones
de comprobación, informe y certificación, en todas las materias en las que haya
de aplicarse el sistema de declaración responsable como mecanismo de
intervención administrativa o en aquellos otras en las que se establezca
normativamente.
Recordamos que la declaración responsable se define en la Ley de Procedimiento Administrativo como “el documento suscrito por un interesado en el
que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos
establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un
derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así
lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea
requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores
obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o
ejercicio”
El Proyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas
administrativas urgentes introduce la declaración responsable en ámbitos tan
relevantes como el urbanismo, sustituyendo a la tradicional licencia
administrativa para la realización de las obras que en el mismo se señalan.
Pues bien, de prosperar este golpe de efecto de última hora, las funciones públicas de control y de comprobación de estos procedimientos urbanísticos y de todos los demás en los que ya se haya implantado o vaya a introducirse el sistema de declaración responsable, se llevará a cabo, con carácter ordinario, por esas nuevas entidades colaboradoras de certificación.
Aunque el texto de la enmienda transaccional indica que las funciones de las
entidades colaboradoras no sustituirán a las de las Administraciones y que
estas podrán actuar en cualquier momento, es evidente que los funcionarios públicos
quedan desplazados a un papel residual y totalmente subsidiario, de tal manera
que toda la tramitación administrativa de las declaraciones responsables
queda en manos de entes externos y ajenos a las Administraciones Públicas.
El texto de la enmienda contempla que puedan ser entidades
colaboradoras las Cámaras Oficiales, los Colegios Profesionales, pero también,
las personas jurídicas y entidades privadas que se determinen en el desarrollo
reglamentario de la ley, lo que abre la puerta a una privatización prácticamente
completa de los procedimientos de declaración responsable y a la
mercantilización de estos procedimientos, cuya tramitación se convertirá en un
nuevo nicho de mercado. Eso sí, convenientemente sufragado con dinero público, porque la adjudicación a entidades colaboradoras de las funciones de comprobación, informe y certificación no va a salir precisamente gratis.
El proceso que nos conduce hasta aquí tiene un recorrido
claro: primero, se erosionan los servicios municipales de urbanismo, que se
dejan pudrir por falta de medios personales y materiales y por una desorganización
planificada; a continuación, una intensa campaña de desprestigio atribuye los
retrasos a la burocratización desmesurada y a la insoportable lentitud
funcionarial y, finalmente, se descubre la fórmula mágica para solucionar el
problema mediante la desregulación y la privatización de la gestión.
Una historia ya muy repetida, con la que ahora se pretende trasladar al urbanismo y a otros ámbitos estratégicos, las técnicas de control privado del ejercicio de funciones públicas, como ya sucedió en su momento, por ejemplo, en el campo de la seguridad industrial. Los resultados son bien conocidos: reducción en la protección de los intereses generales, con unos sistemas de control más blandos y difusos, menos garantías para las ciudadanas y ciudadanos y más beneficios para determinados sectores empresariales.
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