Las primeras medidas que ha dado a conocer el vicepresidente Cofiño sobre lo que será la futura Ley de Función Pública asturiana apuntan hacia una reacción normativa para frenar los procesos de democratización de la carrera profesional de los empleados públicos, abiertos en los últimos años en defensa de los principios constitucionales de igualdad y mérito.
Cuándo todavía no se ha resuelto el primer concurso de méritos de la historia de la Administración del Principado para cubrir jefaturas de servicio y otros puestos similares, Cofiño ya adelanta que la futura ley retomará la libre designación para algunos de ellos, reservándose por ahora la identificación de esos puestos y su cuantificación. La estrategia mediática lanzada como globo-sonda aprovechando la modorra veraniega quiere calcularse bien para no generar alarma buscando complicidades político-sindicales bajo el pretexto de una pretendida modernización administrativa de la función pública asturiana que es, en realidad, una vuelta a las catacumbas intentando resucitar el viejo sistema de libre designación; dicho llamamente, la designación política “a dedo”.
Parece indudable que las cabezas pensantes de la Función Pública del Principado, que son las mismas que ya mandaban hace treinta años, no están digiriendo bien los resultados que podrían salir del concurso en tramitación y ya han puesto en marcha la maquinaria de desactivación por la vía berlusconiana de una ley a la carta. Es evidente el nerviosismo que despierta tener Jefaturas de Servicio cubiertas por primera vez por personal no nombrado digitalmente.
Por si fuera poco, Cofiño adelanta la implantación de una especie de funcionarios - comisarios con rango de subdirectores generales, con funciones de coordinación de los jefes de servicio. Aquí la coordinación se usa como eufemismo para hablar del control político directo de la actividad de aquellas jefaturas que, se supone, se mantengan ocupadas por funcionarios seleccionados por el sospechoso sistema del concurso de méritos.
Tiene bemoles que en pleno proceso de desburocratización del empleo público se anuncie la creación de una nueva estructura elitista de puestos a dedo - subdirectores generales - que solo se justifica como mecanismo de fidelización de los altos funcionarios.
Ahora que Cofiño empieza a hacer campaña con las primeras medidas de la futura Ley de Función Pública descubrimos que su reforma es, en realidad, una contrarreforma reaccionaria con el cebo de funcionarios políticamente correctos y eficaces libremente designados. Con retribuciones "ad hominem", disfrazadas bajo el aspecto de incentivos a la productividad y cuyos criterios de reparto se efectuarán en función de la satisfacción que proporcione la labor del empleado al comisario político de turno.
Ya no importa el incremento del gasto público ni la inflación de plantilla en el nivel superior de la Administración. Evidentemente, el incremento de puestos en la cúspide administrativa conllevará un mayor gasto público o una reducción que recaerá sobre puestos inferiores, o ambas cosas a la vez. No importa.
De los estudios sobre la plantilla del personal de la Administración Pública que supuestamente detectó una estructura piramidal invertida plagada de puestos en altos niveles carentes de justificación (léase jefaturas o coordinadores/as sin apenas personal sobre los que ejercer la jefatura o coordinación) nada se habla.
Como tampoco se habla de necesidades perentorias de personal (¿no había que contratar ingenieros informáticos o personal especialista en contratación administrativa?), ofertas de empleo público, necesidades de formación, sistemas para atajar la escandalosa interinidad de nuestra Administración. Tampoco se habla de la compatibilidad del nuevo sistema con la “carrera profesional” (carrera horizontal) implantada por Areces y en los que los nuevos gestores parecen hacer el papel de sepultureros.
¿En qué quedó el karma de la profesionalización de la Administración? ¿Es en este modelo con el que se va a lograr la modernización administrativa?
La contrarreforma anunciada además surge en el momento más inoportuno. Ley de 1985 que regula la Función Pública asturiana apenas se ha reformado pese a la evidencia de la necesidad de adaptar las previsiones en la materia al nuevo marco básico estatal. Ahora que, desde el Estado se anuncian importantes cambios legislativos en materia de Empleo Público, es precisamente cuando conviene esperar para promover una norma que se adapte a ese nuevo marco, ya que sería grotesco que después de su tramitación hubiese nuevamente que reformarla para adaptarla a la legislación normativa básica estatal.
El Sr. Barbón y Cofiño venden abalorios veraniegos con sus proyectos prometiendo agilidad y eficacia.
Hasta ahora sólo se limitan a la chapuza y a la vuelta de los nombramientos a dedo tumbados reiteradamente por los tribunales de justicia.
Esta obsoleta mercancía que ponen a la venta no se puede comprar. Son malos vendedores de vehículos de segunda mano que tratan de ocultar con brillantina en la carrocería las graves averías del motor.
-Conceyu por Otra Función Pública N´Asturies, 14 de julio de 2021-
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