Revista Hincapié
Están haciendo efectivas las amenazas en
la campaña electoral de que me iban a hacer la vida imposible”.
Fernando Urruticoechea describe así el acoso al que está siendo objeto.
Es el funcionario que más casos de corrupción ha denunciado en España.
Desde hace unos años es el solitario interventor del ayuntamiento de
Orihuela, en el levante peninsular. Muy a su pesar se ha convertido en
el ejemplo de Quijote contra la poderosa ligazón de promotores, partidos
políticos y estancias judiciales que ha hecho de un sin fin de
municipios españoles el califato de la corrupción. Orihuela, sin ir más
lejos, es la cuna del caso Brugal.
Fernando Urruticoechea nunca ha dado su
brazo a torcer. Tras escucharle, parece haber una fórmula extraña y
macabra que concibo percibir: La intensidad de los ataques que describe
son proporcionales a su actitud intransigente de respeto a la ley en las
adjudicaciones y contratos.. “La bronca política no va conmigo”, me
dice, “pero además me deben respeto institucional como titular del
órgano de control del ayuntamiento, una de cuyas funciones es
precisamente la de hacerles de guardaespaldas de legalidad”.
Alguien
quiere, pues, eliminar al guardaespaldas que garantiza la legalidad en
los ayuntamientos. Sin testigos, no hay crimen. Es una paradoja a la que
la propia realidad corrupta española ha conseguido dar la vuelta: el
político que busca el atajo acusa al funcionario honesto de violar la
ley.
A Fernando lo acosan noticias diarias en
la prensa, amenazas de expedientes, demandas millonarias de empresas
relacionadas con adjudicaciones municipales. Todas esas demandas y
expedientes hasta ahora han quedado en nada. Sus informes contrarios a
arbitrariedades, sus negativas al amaño, han estado siempre ajustadas a
la ley. No parece ser esa la batalla, sino el desgaste. Todas esas
acusaciones laminan sin duda su moral, además de la salud de Fernando,
sometido a dos graves operaciones recientes que le han obligado a coger
una baja de ocho meses. Su vuelta al despacho en el ayuntamiento de
Orihuela el 9 de noviembre abrió una nueva batería de acusaciones y
amenazas en su contra. Hasta ahora, las páginas insidiosas en la prensa o
las declaraciones públicas poniendo en duda su trabajo habían salido
“gratis”. En la actualidad, Fernando tramita con un abogado penalista
sendas demandas contra dos concejales por delitos contra su honor.
Su día a día, al abrir a las 8.00 horas
su despacho en el ayuntamiento, y conseguir salir sosegado a su hogar,
no es el western entre un utópico y loco funcionario y unos políticos
montaraces, como la prensa pretende presentar; tampoco el combate
ascético de un protagonista del realismo mágico de la corrupción en un
ayuntamiento donde el PP, por otro designio de la paradoja, ha
recuperado el poder municipal. Hay algo más detrás que para el común de
los mortales es difícil de alcanzar a ver. Y sin embargo, y no nos
abandona la paradoja, es al común de los mortales a quien más les lamina
este desmán, aunque sus ojos no lo vean y su corazón no lo sienta.
Sacrificando a piezas como a este interventor, el campo vuelve a ser
orégano. Pero los hechos, los simples y contundentes hechos están aquí.
Del anterior equipo municipal de Orihuela, hay 7 imputados por
corrupción. En el anterior municipio donde Fernando fue Interventor,
Crevillent, el alcalde Augusto Asencio se enfrenta a dos presuntos
delitos de prevaricación y contra el medio ambiente.
“Van a por él”
Poco antes de las navidades, Fernando
recibió un mensaje en su teléfono móvil: “van a por ti”. ¿Es posible
pensar que algo así no llegara a suceder? El ayuntamiento de Orihuela ha
dejado de estar en manos de PSOE y Verdes; tras las elecciones de mayo
de 2015, el PP se ha hecho con la alcaldía. El nuevo alcalde, Emilio
Bascuñana, pasó a ser conocido en toda España en los días previos a las
navidades por un sorprendente decreto contra Fernando. El regidor
decretaba interrumpir las vacaciones navideñas del interventor con la
disculpa del trabajo pendiente, enumerando tareas que no le
correspondían. El caso llegó a los tribunales, donde una juez dictaminó
el derecho del interventor a sus vacaciones. La Cadena SER informaba
de ello el mismo 26 de diciembre. Toda España supo de ese modo hasta
qué punto el interventor Fernando Urruticoechea se haya sometido a un
hostil escrutinio.
El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana. Foto: orihuela.info
El de las navidades era solo el último.
En los días previos Fernando recibió con alivio la desestimación de una
millonaria demanda contra él. La había puesto la poderosa empresa
Abornasa, adjudicataria de la recogida y tratamiento de residuos en
varios municipios del Levante. A mediados de 2014, en una charla
ofrecida en Sevilla, Fernando puso en solfa el lucrativo negocio de las
contratas municipales de la recogida de basuras en el Levante y aseguró
que el contrato de la planta de Abornasa era ilegal y que las
principales,
Abornasa, y las de los empresarios Fenoll y Enrique Ortiz
actuaban como un cartel.
Abornasa demandó a Fernando por delitos
contra el honor. Reclamaba decenas de miles de euros. Obligó a
Urruticoechea a contratar a un abogado. Los empresarios Fenoll y Ortiz
se encuentran imputados en el caso Brugal, una vasta red de sobornos y
tráficos de influencias en la adjudicación de los contratos de basuras
en toda la vega baja de Levante. Tirando del hilo de todas las
sociedades de las decenas de consejeros de Abornasa, se encuentra un
consejero, cuyas iniciales son P.C.C, que ha participado en empresas en
las que participa Enrique Ortiz. En el período de tramitación de la
demanda, en septiembre del 2015, llegó una sentencia del Juzgado
contencioso de Elche decretando la nulidad del contrato del ayuntamiento
de Crevillent con la planta de basuras de Abornasa, por su ilegalidad
ambiental. Finalmente, Fernando llegó a un acuerdo extrajudicial con
Abornasa pero ha tenido que hacerse cargo de la minuta de su abogado
que según tarifas del Colegio de abogados le ha supuesto 13.000€.
Una batalla librada, otra en el
horizonte. Desde su incorporación el 9 de noviembre, tras ocho meses de
baja por dos operaciones, Fernando libra otra pelea diaria. Si consiguió
librarse de un juicio, ahora pende sobre él uno en el que se libra
sentencia día a día y en el que no puede defenderse. La prensa local le
ha puesto en el punto de mira. El diario Información ha
publicado desde el 18 de noviembre 33 “noticias” en las que
Urruticoechea aparece, en boca de concejales, como responsable de las
más variadas carencias. La situación ha llevado al Colegio de
Secretarios Interventores de valencia y a diferentes asociaciones a
salir en defensa de Urruticoechea.
El rastro del agua sucia
Registro en la sede ACUAGEST en Santiago de Compostela. Foto: abc.es
Si el negocio de las basuras ha marcado
buena parte de la tramoya de la corrupción en Levante, el de la gestión
del agua no lo ha sido menos. La privatización y gestión del agua es un
negocio lucrativo a más no poder, en una zona como el Levante español
donde ese recurso es tan escaso. Fernando se refiere a los
adjudicatarios como la “bestia parda”. Como interventor en Crevillent
cuvo litigios con la todopoderosa ACUAGEST. Las puertas de esta gran
empresa, asociada a Agbar, parecen abiertas a políticos. El actual
teniente de alcalde de Orihuela, Paco Sáez Sironi ha sido gerente de
AQUAGEST durante 22 años. El que fuera portavoz y hombre fuerte del
grupo municipal del PP y apartado tras su imputación, David Costa
Botella, ocupa ahora cargo en Hidraqua, el nuevo nombre comercial de
Aquagest en Alicante, tras la difusión del caso Pokemon de la mafia del
agua en galaicia y Asturias.
Para Acuagest, Orihuela es una plaza
importante. El intransigente actuar conforme a la ley de un interventor,
puede ser un estorbo. Gerentes políticos o políticos gerentes tienen en
Fernando Urruticoechea un obstáculo a salvar. Acuagest es conocida por
su modo de salvar obstáculos de esta naturaleza. La juez Pilar de Lara
instruye desde un juzgado en Lugo una causa contra esta empresa, a la
que denomina como mafiosa tras organizar una red de amaños, sobornos y
acoso a funcionarios en los contratos municipales del agua en Galicia,
Asturias y Cataluña.
A las 8.00 horas de la mañana en una
Orihuela que se asemeja más a la Vetusta moral de Clarín, Fernando ha
abierto su despacho en el ayuntamiento sin saber qué se encontrará hoy.
En las cafeterías adyacentes la gente se desayuna con la prensa llena de
noticias sobre nuevos concejales detenidos por amaños.
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