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viernes, 18 de diciembre de 2015

LA REFORMA DEL PROCEDIMIENTO. VIEJOS PROBLEMAS NO RESUELTOS Y NUEVOS PROBLEMAS NO TRATADOS




Publicamos el clarividente y demoledor artículo de José María Baño León, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, sobre la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común, que aparece en el número 2 de la Revista Documentación Administrativa. El título es bien significativo: LA REFORMA DEL PROCEDIMIENTO. VIEJOS PROBLEMAS NO RESUELTOS Y NUEVOS PROBLEMAS NO TRATADOS (ver aquí)

A continuación reproducimos el apartado de Conclusiones:

 "La reforma de la Ley 30/1992, en los términos en que se propone, parece innecesaria y peligrosa. Innecesaria, porque el objetivo de una Administración electrónica no exige, en absoluto, el desdoblamiento de la actual ley en dos distintas, con un reparto de materias poco coherente y que dificultará el manejo de preceptos de uso diario por los operadores jurídicos. En particular, la separación entre los aspectos procedimentales ysustantivos de la responsabilidad extracontractual y de la potestad sancionadora se compagina mal con una regulación sistemática y fácilmente accesible en esas dos materias centrales del Derecho Público. 

Por otra parte, ya se ha dicho que el cambio tecnológico que supone pasar de una cultura de papel a una electrónica no muta la naturaleza de la relación entre la Administración y los ciudadanos. La mayor garantía de que la Administración electrónica no influya en un recorte práctico de los derechos, no se juega tanto en la ley sino en los medios técnicos puestos a disposición de los ciudadanos para que la información sea fácilmente accesible e inteligible por cualquier persona que sepa leer y escribir.
 
Se trata también de una propuesta peligrosa, en cuanto expande desproporcionadamente potestades de la Administración que hasta ahora eran objeto de una interpretación restrictiva, fiada sobre todo a las leyes especiales.
 
La construcción de un deber general de colaboración con la Administración o la delirante expansión de la potestad administrativa para imponer medidas provisionales seguramente no ha estado en el ánimo de los autores de la propuesta. Pero una cosa son las intenciones y otras los resultados de las acciones. Y ateniéndonos a los proyectos de ley presentados en el Congreso de los Diputados, el resultado es decepcionante, como, por lo demás, subrayan todas las colaboraciones que figuran en este número de la revista.

Como se ha tratado de demostrar, estos proyectos no abordan los problemas dogmáticos y prácticos que requeriría una nueva ley de procedimiento. Mientras se decida mantener la benemérita estructura de la ley de 1958, lo mejor es no tocarla. Experimentos como el que aquí sumariamente hemos comentado, deberían estar desterrados de cualquier acción de gobierno, pues no tiene sentido hacer una reforma aparentemente de gran calado, para dejarlo todo prácticamente igual, pero empeorando sustancialmente la posición jurídica de los ciudadanosm ante la Administración, en algunos extremos no menores"

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