SICAV: una reforma necesaria

Francisco de la Torre Díaz, portavoz de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)

Público, 2 de septiembre de 2009

El Gobierno acaba de anunciar su intención de incrementar la tributación de las rentas de capital en el IRPF. Actualmente, los rendimientos de capital, intereses, dividendos… tributan al 18%, frente a la tributación de las demás rentas, fundamentalmente rendimientos del trabajo, que tributan a un escala progresiva del 24 al 43%. Con independencia del efecto recaudatorio, imposible de calcular, pues no se sabe cuánto subirá esta tributación, a algunos les ha parecido un avance en la justicia fiscal. Otros, en cambio, han considerado que supone un agravamiento de la brecha entre el ciudadano de a pie, que paga un 18% por sus rendimientos de capital, y las grandes fortunas que tributan al 1% mediante el instrumento de las SICAV.

Para tener una opinión fundada sobre este tema es imprescindible conocer qué es teóricamente una SICAV, para qué se utiliza en la práctica y qué importancia económica tiene. Una SICAV, sociedad de inversión de capital variable, es –o mejor dicho, debería ser– una Institución de Inversión Colectiva, cuya finalidad es la inversión en los mercados financieros. Tiene requisitos mínimos de capital y, sobre todo, debe contar con 100 inversores como mínimo (por eso debería ser colectiva). Por esa razón, goza del régimen de instituciones de inversión colectiva: tributación al 1% y después al 18% sobre los dividendos o ganancias de capital cuando el inversor retira el dinero. Este es el mismo régimen fiscal que cualquier fondo de inversión, y muy similar a invertir de forma individual en bolsa, por ejemplo. El fundamento de que cualquier institución de inversión colectiva tribute al 1% es que es un vehículo neutro de inversión, en el que el inversor pierde el control de su dinero hasta que desinvierte o recibe un dividendo y, en ese momento, tributa como si hubiese vendido los productos financieros que adquirió a través del fondo. Sin embargo, si un solo inversor tiene el control total del fondo, este ya no es una institución de inversión colectiva, y el inversor nunca pierde el control sobre su dinero. Hasta aquí la teoría. En la práctica, las SICAV se utilizan exclusivamente para la gestión individual de carteras de grandes patrimonios. En este momento hay cerca de 3.369 SICAV, con un patrimonio bajo gestión de más de 27.000 millones de euros (casi 4,5 billones de pesetas).

La pregunta que inmediatamente le surgirá al lector es cómo se transforma una institución de inversión colectiva en gestión individual de carteras. La respuesta es sencilla: introduciendo 100 inversores, que realmente no invierten; teniendo el control absoluto una sola persona o, como mucho, un grupo familiar. En el argot financiero, a estos inversores ficticios se les conoce como mariachis. Se les llama así, parafraseando la ranchera: “Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley…”. Ante esta situación generalizada, la Inspección de Hacienda inició en 2005 un plan de control de estas entidades. En la casi totalidad de los casos, la Inspección consideró que la mayor parte de los inversores eran ficticios, y levantó acta, exigiendo la diferencia entre el 35% al que tributaban entonces las sociedades y el 1% que habían aplicado indebidamente.

El resultado de las inspecciones no pudo ser más desalentador: las Cortes Generales le quitaron la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda, trasladándosela a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Posteriormente, el Tribunal Económico Administrativo Central fijó doctrina, considerando esa modificación retroactiva y anulando, en consecuencia, todas las Inspecciones. Desde ese momento, la CNMV nunca ha considerado que una SICAV no cumpla los requisitos. En nuestra opinión, y con la perspectiva que da el paso del tiempo, lo más grave no es la tributación al 1%, sino los medios por los que se consigue. No es de recibo que en un Estado de Derecho los beneficios tributarios se consigan contratando mariachis, es decir, inversores ficticios, lo que en otros ámbitos se denomina testaferros. En segundo lugar, no se puede compartir que el único beneficio fiscal que no fiscalice la Inspección sea precisamente el tipo del 1% de las SICAV. Ante esta situación, la revisión del sistema de tributación de las SICAV debería formar parte de lo que la vicepresidenta ha denominado “revisión global del sistema tributario”. En este tema hay que conjugar dos intereses. En primer lugar, no se puede volver a dar eficacia retroactiva a una modificación, ya que podría tener un efecto negativo en la localización de los capitales inversores en España. En segundo lugar, es necesario dar un mínimo de legitimidad al sistema, estableciendo una tributación que, aunque sea beneficiosa, no sea puramente simbólica y, en consecuencia, absolutamente escandalosa.

En este tema hay que tener presente que, aunque el gran capital sea volátil, la localización de SICAV en España no garantiza que inviertan sus recursos en España. Las SICAV invierten en diversos mercados, ya que hay libertad de circulación de capitales. Si lo que conocen las grandes fortunas es el mercado español, seguirán invirtiendo aquí, aunque sea desde otras plataformas. Además, deslocalizar no es fácil no es barato y, en cualquier caso, no está exento de riesgos. Además, aunque alguna se deslocalice, no se perderá una gran recaudación.

En conclusión, dar un tratamiento fiscal más razonable a las SICAV no permitirá obtener una recaudación ingente que pueda solucionar la situación fiscal, pero sí permitirá que exista una mayor conciencia tributaria de los ciudadanos, lo que es imprescindible para luchar contra un elemento que parece estar detrás de la gran caída recaudatoria: el fraude fiscal.

http://blogs.publico.es/dominiopublico/1518/sicav-una-reforma-necesaria/

La manipulación en la prensa liberal

Vicenç Navarro

Publicado en el periódico digital EL PLURAL, 10 julio 2009

Este artículo critica la manipulación de varios autores liberales que asumen que los problemas de la economía catalana y española se basan en un excesivo desarrollo del sector público. Muestra que, en realidad, Cataluña y España tienen el porcentaje menor de personas adultas que trabajan en el sector público en la UE-15. El artículo denuncia también la discriminación existente en tales medios, vetando críticas de las posturas liberales de tales medios.

Uno de los mayores problemas de la democracia incompleta que tiene España es la escasa cultura democrática que existe en los rotativos de mayor tiraje del país. Se habla con frecuencia de la escasa calidad democrática de nuestras instituciones representativas, pero apenas se comenta la misma falta de calidad democrática de los medios escritos más importantes de España. Soy consciente de que esta afirmación se verá con extrañeza porque existe una percepción generalizada en nuestro país de que hay diversidad ideológica en tales medios, de manera que en Cataluña, por ejemplo, existe La Vanguardia que, en general, adopta posturas conservadoras, tanto en sus editoriales como en la mayoría de sus artículos de opinión, contrastando tales posturas con las presentadas por otros rotativos menos conservadores, como son El País o El Periódico.

Cito estos tres rotativos pero podría incluir un abanico incluso más amplio, añadiendo El Mundo, ABC, La Razón, y otros. Existe, pues, en principio, una diversidad que enriquece nuestra democracia. Pero, un análisis más detallado de los contenidos de estos rotativos muestra que esta diversidad es muy limitada (en realidad, mucho más limitada que en la mayoría de países de la UE-15). Veamos un ejemplo.

A raíz de la conferencia del Catedrático Emérito de Historia de la Universidad de Barcelona, el Sr. Jordi Nadal, dada en un acto presidido por el Rey en Sabadell, conmemorando el aniversario de una asociación empresarial, donde enfatizó que el problema de Cataluña es que había demasiados funcionarios y muy pocos empresarios, aparecieron varios artículos en la prensa enfatizando tales tesis. Su discurso fue publicado en El Periódico, edición dominical (14.06.09), y al día siguiente, el mismo rotativo publicó un informe de dos páginas completas, en el que se mostraban datos que daban pie -según el autor del informe- a una situación alarmante en Cataluña: “la cifra de funcionarios se está acercando a la de empresarios” (título del informe). El informe señalaba en un gráfico que el número de los primeros llegaba ya a 397.300, una cifra próxima al número de los segundos, 449.300.

En la misma página, otro gráfico mostraba que la situación era incluso peor en España, donde el número de funcionarios, 3.029.500, era ya superior al de empresarios, 3.024.900. En la segunda página, personalidades de la sociedad catalana (que daban por ciertas tales aseveraciones) comentaban sobre esta situación y todos coincidían en que era preocupante. Pronto otros columnistas, en otros medios, hicieron eco de tal situación tan alarmante. Así, el columnista de El País, ed. Cataluña, Enric González, escribía, alarmado, en un artículo que titulaba “Funcionarios” (17.06.09) que, tal como había dicho el Profesor Jordi Nadal (al cual citaba), el problema de Cataluña es que había demasiados funcionarios y muy pocos empresarios. Y, como no, Pilar Rahola, en La Vanguardia, añadió su voz a tal coro haciéndose cruces de la excesiva exuberancia del funcionariado en Cataluña y en España (25.06.09).

La realidad no es como se presenta. Una lectura más rigurosa de los datos hubiera mostrado fácilmente el error de tales supuestos. Los datos no muestran ningún motivo de alarma. Todo lo contrario, señalan un problema en sentido opuesto al que aquellos autores subrayan. Comencemos, pues, con los datos. Y lo primero que debe señalarse es que lo que se define como funcionarios no lo son. Bajo esta categoría se incluye a todas las personas que trabajan en el sector público, que son muchos más que los funcionarios. Estos representan sólo el 22% en Cataluña, y el 24% en España, de todas las personas que trabajan en el sector público. Este sector incluye personas que trabajan en los servicios del estado del bienestar, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios para personas con dependencia, servicios de prevención de la exclusión social, vivienda pública, servicios laborales y ambientales, y servicios de salud pública, así como servicios de orden general como correos, transporte público, policía y servicios de seguridad, y también administración pública. La gran mayoría de personas que trabajan en tales servicios no trabajan con contrato funcionarial, pero aparecen errónea y maliciosamente como funcionarios en aquellos artículos e informes.

Por otra parte, es lógico que el número de personas que trabajan en estos servicios fuera mayor que el número de empresarios y autónomos (que es la categoría que El Periódico adjunta a su número de empresarios). Esta es la situación en la mayoría de países de la UE-15 (el grupo de países de desarrollo económico más próximo al nuestro). El porcentaje de personas adultas (de 15 o más años) que trabajan en el sector público es, en la gran mayoría de países de la UE-15, mayor que dicho porcentaje en Cataluña (8,31%) o en España (9,51%). Así, en Gran Bretaña es un 14,57%, en Irlanda un 12,26%, en Francia un 17%, en Holanda un 16%, en Bélgica un 16%, alcanzando cifras incluso mayores en los países escandinavos: Dinamarca un 26%, Finlandia un 19% y Suecia un 21%, siendo estos últimos países los que el prestigioso Economic Policy Institute, de Washington, incluye entre los más exitosos en la OCDE por su capacidad emprendedora. Tales datos muestran que el problema existente en Cataluña y en España es precisamente el contrario al que aquellos informes y autores señalaban: el sector y empleo público no es demasiado grande. Al contrario, es demasiado bajo.

En cuanto al número de empresarios y autónomos, tanto Cataluña como España tienen un porcentaje mayor de población adulta en tales categorías que la mayoría de países de la UE-15. Así, frente a un 11,29% en Cataluña y un 10,44% en España, Gran Bretaña tiene un 9,51%, Irlanda un 11%, Francia un 6,1%, Holanda un 10%, Bélgica un 8%, Dinamarca un 6,7%, Suecia un 7,6%, y Finlandia un 9,1%. No parece, por lo tanto, que exista una escasez de empresarios y autónomos en nuestro país.

Las voces de izquierda están discriminadas en la prensa mayoritaria. Hasta aquí los datos. Pues bien, envié una carta al director de El Periódico en la que señalaba el error que existía en sus gráficos, mostrando (en una versión reducida) los datos que presento en este artículo. Y no me la publicaron. He vivido durante mi largo exilio en varios países (Suecia, Gran Bretaña y EE.UU.), y no me imagino que si un diario de estos países mostrara datos y conclusiones tan claramente erróneos, se opusiera a publicar una carta al director que corrigiera tales datos. Su no publicación en El Periódico (práctica que se ha acentuado últimamente con el cambio en su equipo de dirección) implica dos cosas: una, que tal diario veta posturas que cuestionan las presentadas en aquel rotativo, y otra, que es igualmente preocupante, transforma aquel diario en un instrumento de mera propaganda política, correa de transmisión del pensamiento liberal, violando los estándares éticos de cómo presentar información de una manera veraz y mínimamente objetiva. Lo que están haciendo no es información, sino mera propaganda liberal. No critico que los medios publiquen artículos que claramente promocionen una cierta línea política. Pero debe denunciarse la sistemática exclusión de voces críticas, y muy en especial voces de izquierda, que están discriminadas en los medios, como muestra el ejemplo citado en este artículo. No ha habido ningún artículo en estos medios a favor de la expansión del empleo en los servicios públicos. Sí, en cambio, han aparecido varios a favor de su reducción.

Una última observación. Soy plenamente consciente de que ninguno de los diarios que he citado de forma crítica publicaría este artículo. Es más, soy también plenamente consciente de que el autor que se atreve a publicar este tipo de artículos pasa a estar en la lista negra de tales rotativos, lo cual explica la falta de denuncias sobre este tipo de comportamiento en los medios, medios que tienen un enorme poder en configurar la opinión de la ciudadanía. De ahí que debiera establecerse una entidad pública, totalmente independiente, que protegiera a la ciudadanía del excesivo poder de tales medios, y que garantizara la diversidad ideológica existente entre nuestra población, diversidad hoy claramente limitada. Todos ellos, por cierto, reciben ayudas públicas pagadas por la ciudadanía. Sin la existencia de esta diversidad mediática, la democracia española permanece incompleta.

http://www.vnavarro.org/?p=3177

Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University.

Fraternal abrazo desde Aragón

Reproducimos íntegro el mensaje recibido de los compañeros de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa (http://asocfuncionpublica.blogspot.com/)

“Queridos amigos:

En primer lugar, debemos pediros mil perdones por la tardanza de nuestra respuesta a vuestro amable correo de hace meses, en el que nos informabais de la constitución de vuestra Asociación y elogiabais la iniciativa que suponía esta Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa. Errores de comunicación dentro de nuestra Junta Directiva hicieron que finalmente ni Presidente ni Secretario os diéramos respuesta a vuestro correo, por lo que creemos que nos corresponde ahora responderos de forma conjunta.

Como señalabais en vuestro correo, creemos que ambas Asociaciones compartimos planteamientos y objetivos, así como la convicción de que los propios funcionarios públicos hemos de asumir un compromiso activo en la defensa de los principios constitucionales que han de regir el ejercicio de la función pública, y recordar a todos -incluidos nosotros mismos- que las Administraciones están al servicio del interés general y de los derechos de los ciudadanos y no pueden verse reducidas a unas simples estructuras instrumentales del poder político.

Debemos ayudar a que aflore la deseable tensión entre el Estado de Derecho y el poder político, siendo conscientes de que la Administración es un ámbito en el que dicha tensión tiene una realidad incontestable.

Debemos recordar cuál es el deber ético y profesional de los funcionarios públicos y la razón por la que se les dota de la garantía -no del privilegio- de la inamovilidad en su condición funcionarial.Hay que recuperar los valores y principios que dan sentido al ejercicio profesional de la función pública, sin los cuales éste se ve privado de toda justificación y crédito. Hay que reaccionar frente a todas las tendencias -cada vez más acusadas- de abusos y corruptelas que llevan a la Administración y a la función pública a un inevitable desprestigio social.

No podemos ser testigos mudos o pasivos de tal proceso. Nuestra Asociación, todavía en proceso de consolidación, se circunscribe en estos momentos al ámbito de la Administración autonómica aragonesa, pero estamos en vías de abrir nuestro ámbito de asociación y actuación tanto a la Administración Local aragonesa como a la Universidad de Zaragoza. Asimismo, hemos sido siempre unos convencidos de que debíamos trabajar en el horizonte de una articulación con asociaciones afines que surgieran o existiesen ya en el conjunto de España y en la Unión Europea. La noticia de vuestra existencia constituye una gran alegría en tal sentido, y nos permite imaginar un futuro posible de acción conjunta para trabajar unidos en la difusión y defensa de nuestros valores y principios.

Vivimos un momento de particular interés respecto a la definición del marco jurídico de la función pública, con el proceso de desarrollo del Estatuto Básico en las diferentes Comunidades Autónomas. En el análisis de las soluciones que se barajan y en la consideración de sus efectos sobre la vigencia o no de los principios constitucionales debemos estar muy atentos y activos.

Estamos plenamente convencidos de que la situación de las Administaciones Públicas en nuestro país es indisociable del deterioro del conjunto de las instituciones públicas, razón por la cual una de nuestras principales líneas de acción es el impulso de iniciativas en favor del buen gobierno y en contra de la corrupción pública, tanto política como administrativa.

Los funcionarios debemos ser un agente activo de regeneración de nuestras instituciones. Es uno de nuestros compromisos básicos como servidores públicos. En dicha línea se expresa igualmente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Por no extendernos más en este correo, que pretende ser respuesta a vuestro saludo y disculpa por la demora acumulada, esperamos poder enviaros en breve información sobre el resultado de nuestras iniciativas en materia de tribunales de selección, si bien ya os adelantamos que la receptividad a nuestras propuestas por parte de los responsables institucionales es prácticamente nula, con la honrosa excepción del Justicia de Aragón, figura similar al Defensor del Pueblo en nuestra Comunidad. Somos, con toda seguridad, una organización incómoda para los responsables de la función pública aragonesa y para buena parte de la clase política aragonesa.

Creemos que gusta muy poco que los funcionarios públicos hagan un uso público de la razón y que, más allá de su subordinación al poder político, se reivindiquen como parte de la sociedad civil. Por favor, y con ello concluimos, no creais que por nuestra desafortunada descoordinación en dar respuesta a vuestro correo, carecemos de interés en colaborar lo más estrechamente que sea posible con vosotros.

Estad plenamente seguros de lo contrario. Hemos de estudiar conjuntamente el modo de hacer escuchar nuestros planteamientos en el resto del país y animar a que en otras Administraciones y en otras Comunidades Autónomas puedan surgir Asociaciones con objetivos y fines similares a los nuestros.

Un fraternal abrazo desde Aragón.

Zaragoza, 27 de agosto de 2009

Julio Guiral y Félix Gracia.Presidente y Secretario de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.”

Nuevas formas de gestión sanitaria y su impacto en las desigualdades

Nuevas formas de gestión y su impacto en las desigualdades

Manuel Martín-García/ Marciano Sánchez-Bayle.

Centro de Salud de Seixo. Marín. Pontevedra. España; Hospital Niño Jesús. Madrid. España. Federación de Asociaciónes para la Defensa de la Sanidad Pública

Publicado en Gaceta Sanitaria v.18 supl.1 Barcelona mayo 2004

En España desde hace algunos años se ha propugnado la fórmula de fundaciones sanitarias, dentro de los denominados «nuevos modelos de gestión», como un mecanismo para aumentar la eficiencia de los centros sanitarios públicos. El objetivo de nuestro estudio es comparar el funcionamiento de las fundaciones sanitarias con otros centros hospitalarios de gestión tradicional que atienden a una población de características similares.

De la comparación entre ambos tipos de centros se deduce que las fundaciones tienen menos personal de todas las categorías (médicos, enfermeras, etc.) y que ofertan un menor número de camas y quirófanos por 1.000 habitantes. El número de ingresos, intervenciones quirúrgicas, urgencias y consultas atendidas por 1.000 habitantes es menor en las fundaciones, aunque sólo en el último caso con significación estadística.

También se constata una mayor espera quirúrgica y un menor gasto por 1.000 habitantes y año, en ambos casos con significación estadística. De todo ello se deduce que las fundaciones tienen menor gasto por habitante porque ofertan menos servicios sanitarios a la población de referencia, lo que crea problemas de acceso y es una fuente de inequidad. Es llamativa la falta de transparencia de las fundaciones, lo que ha limitado las variables analizadas en el estudio y dificulta la realización de análisis de la calidad de las prestaciones entre ambos modelos.

Texto completo en http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-91112004000400016&script=sci_arttext

Gestión pública y privada de la sanidad catalana (rebatiendo a Rodríguez-Vigil)

El ex consejero de Sanidad y ex presidente Rodríguez-Vigil propugna la implantación de fórmulas de gestión privada en la sanidad asturiana con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, invocando como modelo a seguir los sistemas de gestión implantados en Cataluña : "La experiencia demuestra que las organizaciones asistenciales sanitarias que mejor funcionan y que mejores resultados obtienen son las que, aun permaneciendo de forma indubitable dentro del sector público, utilizan criterios de gestión asimilables a los de las empresas privadas, disponiendo de un régimen eficaz de incentivos del personal y de responsabilidad de los directivos, algo que el complejo burocrático tiende a eliminar, homologando a todos por igual. Pero eso platea muchos problemas y exige una dirección firme y una visión de conjunto. Por ejemplo, la fórmula de las Unidades Clínicas de Gestión es una buena idea del actual consejero de Sanidad para modernizar el funcionamiento de los servicios asistenciales, romper inercias, acabar con la rutina e integrar y motivar a los mejores facultativos, como ha ocurrido en el Hospital Clínico de Barcelona (probablemente el mejor hospital español en la actualidad). Ninguna razón existe para que lo que ha dado buenos resultados en Cataluña no pueda darlos en Asturias"

http://www.lne.es/asturias/2009/08/26/claves-sostenibilidad-sanidad-publica-asturiana/800047.html

Sin embargo, los informes de evaluación elaborados en la Comunidad Autónoma catalana permiten cuestionar los resultados de esos modelos de gestión privada en los que tanto confía el ex presidente.

Por su interés, reproducimos varios párrafos significativos de las conclusiones del estudio "Evaluación de Gestión privada y pública de la sanidad catalana", publicado en el nº 111, de marzo de 2007, de la Revista de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública (http://www.fadsp.org/pdf/111.pdf), elaborado sobre los datos previos contenidos en el Informe extraordinari del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya sobre l'aproximació a la situació de l'atenció primària. Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. 24 de octubre de 2002, y en el Informe de la Fundació Avedis Donabedian, sobre evaluación de la reforma de la atención primaria y de la diversificación de servicios. 2002 .

Conclusiones
"Tras leer los amplios estudios del Síndic de Greuges y de la auditoría externa que ha realizado la Fundación Avedis Donabedian para el Servicio Catalán de la Salud da la impresión de que en Cataluña, durante los últimos años, se ha hecho demasiado ruido para tan pocas nueces en lo que respecta a la diversificación de la gestión de la atención primaria, rompiendo el monopolio en el primer nivel asistencial del Instituto Catalán de la Salud"

"Un primer análisis general de los datos existentes parece abonar la teoría de que las gestiones privadas no son un modelo destinado a mejorar la protección sanitaria de la población; por el contrario, parecen estar dirigidas a reducir gastos, bien entendido por ello que los gobiernos autonómicos no incrementan en lo necesario sus presupuestos anuales o autorizan a los proveedores sanitarios de gestión privada a gastar más de lo aprobado e imputan los desajustes de sus balanzas presupuestarias, fuera del marco de la contabilidad pública, a la deuda propia de las organizaciones sanitarias de gestión privadas en sus variadas fórmulas jurídicas"

"En nuestra opinión, el énfasis por el mercado y la competición entre proveedores ha agravado las dificultades del SNS; queremos destacar tres elementos que por su magnitud tienen una gran importancia ahora mismo, y la tendrán en los próximos diez o quince años: la débil coordinación entre niveles, que incrementa el gasto y las quejas de los ciudadanos; las escasas actividades de salud pública y de prevención, promoción y educación sanitaria en la comunidad, que han frustrado las expectativas creadas con la Reforma de la Atención Primaria y su supuesta capacidad de resolución a un menor coste y las significativas migraciones de profesionales que podrían crear tensiones en la capacidad resolutiva de los centros sanitarios en algunos territorios, aumentando las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas, es decir, la equidad del sistema y su actual calidad"

"En la década de los años noventa, la justificación de CatSalut, sobre la idoneidad de la contratación con una entidad de gestión privada, era puramente retórica, y políticamente interesada, pues aún hoy día no se dispone de sistemas de información que permitan comparar los resultados de uno u otro tipo de gestión. De hecho, los expertos, en evaluaciones parciales realizadas, opinan que no existen diferencias importantes"

Texto completo del estudio en http://www.fadsp.org/pdf/111.pdf

Les cuentes d´El Musel y la calidá de la democracia

David M.Rivas
08/04/09
http://aruelu.com/spip.php?article972

L’enanchamientu d’El Musel ye un proyectu que nun presenta bona traza dende que s’entamara a falar d’ello namás arrancar esti sieglu XXI. Primero fueron los desalcuentros pente’l gobiernu central, entós del PP, ya’l gobiernu asturianu (PSOE) y l’ayuntamientu de Xixón (PSOE-IU). El segundu capítulu veno cuando se publicó la inversión total cola que se trabayaba: 580 millones d’euros. Tratábase del mayor contratu d’obra que facía’l reinu d’España esi añu 2005 ya’l más altu de la historia d’Asturies. Pa dá-y una dimensión: equival a más de cincuenta quilómetros d’autovía.

Más sero llegaron les discusiones de calter medioambiental, que foran despachaes con una rapidez inusual pal tamañu’l proyectu y pa los descomanaos impactos ambientales que lleva apareyaos. Un poco dempués entamaran los problemes financieros y, escontra la insuficiencia de les aides europees, recurriérase a un préstamu del Bancu Européu d’Inversiones de 275 millones d’euros. Dempués entró en danza la mar ya un temporal llevó per delantre’l dique entamáu dempués de cesar a la primera direutora d’obra, que consideraba que yera arriesgao facelu neses feches.

Dos años dempués, el ministeriu reconoz un sobrocoste non claramente especificáu y decídese una modificación del proyectu, una disviación presupuestaria de 216 millones, impuestos aparte, y una petición adicional a la Comisión Europea de 135 millones con cargu a los fondos de cohesión. Un pocoñín después sábese que’l sobrocoste ye d’un cuarenta por ciento, la friolera de 230 millones d’euros. Agora esta historia rocambolesca remátase con la más que probable negativa de la Comisión a unviar sofitos financieros porque’l sobrocoste pal que se piden nun entra nos supuestos llegalmente establecíos nel ordenamientu de la Xunión Europea. Total que taríen nel aire unos 135 millones d’euros que podríen llegar a 180 en función de los saldos pendientes de los fondos anteriores.

A fecha de la redaición d’esti artículu, la Comisión Europea entá nun tomare una decisión, pero ye persabío que ye vezu de la mesma nun decidir a la contra de los informes técnicos, informes que rechacen de plano facese cargu del sobrocoste d’El Musel. Pero, seya como sía, anque les alministraciones implicaes consigan forciar les tradiciones comunitaries, esti asuntu pon a les clares cómo se faen les coses nes obres públiques n’Asturies. Porque lo del superpuertu ye particularmente importante pol so tamañu físicu ya económicu, pero ehí ta entá l’autovía pente Llanes ya Unquera, aparada, pente otres coses por unes circunstancies que tamién tan presentes n’El Musel. Oscurantismu, clientelismu y una visión a curtiu plazu son tres calterístiques presentes en munches decisiones de la política d’infraestructures asturiana.

Tamos asistiendo a un linchamientu de Los Verdes, a la conocía política de matar al mensaxeru. Esti grupu políticu recurrió a les instancies comunitaries porque entendía qu’había irregularidaes na execución del superpuertu. Y non namás teníen drechu a acudir a eses instancies sinón que llevaben tola razón na so denuncia. Al marxe de qu’agora Los Verdes tean nel gobiernu d’una manera abondo inesplicable y de xuro que non mui cómoda, lo importante ye la realidá: la xestión d’El Musel ye mala y pidiéranse fondos que la llei nun permite conceder. Criticar al denunciante d’una mala práctica y tachalu poco menos que de delitu de lesa patria por querer arruinar a Asturies, como se dixo dende’l gobiernu, diz bastante de la calidá democrática d’esti país.

Ya esa escasa calidá amósase otra vuelta cuando’l portavoz d’IU en Xixón diz que lo que pasa ye que la Comisión Europea quier “escaquease” de pagar el superpuertu porque nun creye él que “una carta, denuncia o alegación, por perafitada que tea, qu’unvia un grupu d’una ciudá d’una esquina d’Europa seya l’elementu fundamental pa frenar una ampliación portuaria”. Duldar de la bona fe d’una institución, llamar a un millón de ciudadanos asturianos “esquina d’Europa” y dar por supuesto qu’a un “grupu d’una ciudá” nun hai porqué atendelu, diz bastante de la salú democrático de los nuesos gobernantes.

Porque l’asuntu central d’esta historia nun ye sólo económicu. Ye más, lo que sopelexa esta astracanada ye daqué más importante que lo económico. A la fin, que la obra salga más cara de lo previsto pode llegar a entendese, magar que nun hai direutivu d’empresa privada que caltenga’l puestu trabayu si se-y dispara un presupuestu nun cuarenta por ciento. Lo importante de verdá ye saber el porqué d’esti proyectu, qué se busca con ello y qué ventaxes socioeconómiques apurre.

Ye ridículo pensar que Los Verdes presentaran la so denuncia porque nun quieren que los fondos europeos vengan p’Asturies, sinón que lleven criticando’l proyectu dende l’entamu, fundamentalmente por razones ambientales. Pero ye qu’un par d’años enantes Andecha Astur, mediante’l diputáu d’Esquerra Republicana de Catalunya n’Estrasburgu, de la coalición Europa de los Pueblos, onde ta presente la organización nacionalista asturiana, llevó a la Comisión les posibles irregularidaes ambientales y presupuestaries que podíen torgar la concesión del préstamu del Bancu Européu d’Inversiones. Naquella ocasión salvóse’l pilancu, precisamente, porque nun hebo informe técnicu, al considerase qu’a los fondos bancarios nun sé-ys podía aplicar los mesmos criterios qu’a los fondos estructurales. Con too y con eso, dende les instancies comunitaries prometieron xixilar de cerca tolo relativo a les custiones ambientales, porque sí sospecharon de posibles irregularidaes. Pero, diendo más allá, tampoco podemos escaecer qu’Izquierda Unida –enantes d’entrar nel gobiernu- presentó delles entrugues que nun tuvieron rempuesta, lo mesmo que’l PP, con un eurodiputáu que lleva esperando contestaciones dende hai cuasi dos años.

El proyectu d’enanchamientu d’El Musel entamárase ensin arrepostiar a una entruga cenciella, la que tenía de ser la primera: ¿pa qué se quier en Xixón un puertu más grande?. Cuando tuviéramos la rempuesta, entós y namái qu’entós, entraríamos nel debate sobro cómo tien de ser el puertu, cuánto de grande, cuálu ye’l diseñu, qué impactos ambientales son asumibles y cómo se va financiar. ¿Yera la execución de l’alternativa escoyía la iniciativa que diba apurrir a Asturies el máximu porgüeyu posible de los fondos invertíos?. Parte de la rempuesta diómosla’l propiu gobiernu asturianu, que refugara sistemáticamente toa cuantificación y periodificación de los supuestos beneficios debalaos de talu enanchamientu. Anguaño sigue desconociéndose dafechu’l volume d’emplegu que l’enanchamientu xenerará nel futuru, asina como l’impactu del mesmu nos nuesos índices de renta y actividá industrial.

Nun se fixeran estudios pa especificar orixes, destinos, naturaleces y cantidaes de les mercancíes, custión elemental inclusive pa cualesquier profanu en materia económica. Paralelamente, l’Autoridá Portuaria omitiera siempres cualesquier mención direuta y causal d’iniciatives loxístiques propies como fonte xeneradora de tráficos que ficieren necesariu l’enanchamientu. Ye más, cuando tres la resolución del 30 d’agostu de 2008 dicha autoridá espublizó les cuentes añales, nun incluyó los tráficos, puntu que ye obligatoriu por llei. De fechu, l’únicu argumentu conocíu pa xustificar l’ampliación yera que’l terminal vieyu de graneles sólidos taba incapacitáu pa descargar los 20 millones de tonelaes de carbón y mineral de fierru que l’Autoridá Portuaria preve pal 2012. Total: 580 millones d’euros y la bahía de Xixón desaniciada pa cuatro millones de tonelaes más de carbón.

Vistes les coses, los beneficiarios del enanchamientu son esclusivamente los destinatarios de carbón y mineral, ye dicir, Arcelor y n’especial Hidroeléctrica del Cantábrico. Per otru llau, nun escaezamos que’l cementu sali de los fornos de clinker del grupu Masaveu. Total: un regalu carísimu ya ecolóxicamente mortíferu que los asturianos facemos a tres grandes grupos oligárquicos ensin contraprestación denguna.

Y pa cuando quede terminao la obra aínda faltará l’equipamientu, que va quedar nes manes de los usuarios. Pero tampoco ye pa preocupase. Nel conseyu d’alministración d’Ebih acompanguen a l’Autoridá Portuaria les empreses Arcelor, Hidroeléctrica, Masaveu y Oligsa, esta última propiedá de Suardíaz, Alvargonzález, Fcc y Duro Felguera.

A pesar de les sesgaes informaciones al rodiu del superpuertu, cuando na prensa nun se daba xuegu a naide que duldara de la bondá de proyectu talu, una encuesta fecha pública pol PSOE descubría que’l 47 por ciento de los ciudadanos de Xixón camentaben qu’esi proyectu nun yera bonu pa la ciudá. Un 47 por cientu ye muncho cuando hai un constante bombardéu d’opiniones favorables y namái que favorables dende les conseyeríes, les conceyalíes, la patronal, los sindicatos y la universidá. Esi porcentax sólo cabe embaxo la hipótesis de que bastantes ciudadanos camienten que daquién ta engañándolos.

Con 580 millones d’euros –ensin ameter intereses y sobrocoste- pudo reestructurase la práctica totalidá de la industria marítima, ameyorando los puertos de Xixón y Avilés, especializándolos d’una manera complementaria. Lo mesmo cabe dicir de los astilleros de Navia y As Figueiras, asina como la infraestructura pesquera d’otros puertos. Asturies perdió la, escurque, última gran oportunidá enantes de que-y retiren los fondos comunitarios. La historia d’El Musel ye la que tantes otres vegaes vimos: un proyectu en bona midía innecesariu, realizáu con erros ya irregularidaes, con evaluaciones d’impactos ambientales más que discutibles, presupuestáu en númberos brutos y favorecedor de la gran empresa de siempres. Dempués, cuando la execución ta na so metada, apaecen los problemes, los xueces paralicen la obra, la Comisión Europea nun da los fondos y coses d’esti tenor. Pero, cola obra en marcha o terminada, ¿qué vamos facer yá?. Namái cabe desixir responsabilidaes. Les xurídiques dirímense nos xulgaos. Les polítiques tan nes manes de los ciudadanos.

FONTE:
Blog de David M. Rivas

La privatización y los nuevos modelos de gestión en Sanidad

Marciano Sánchez Bayle
Revista de Economía Crítica, nº 6. Enero de 2008, pp 103-118


Privatizar según el diccionario de la Real Academia es “transferir de lo público a lo privado, incluye no solo la propiedad pública sino también las actividades públicas”(Real Academia Española). La privatización incluye transferir la producción al sector privado aunque el servicio siga siendo en origen público, también transferir la regulación, haciendo que el mercado y no la regulación de las autoridades públicas sea quien defina y ordena el marco de las relaciones mediante la libre competencia; además está la introducción de mecanismos de mercado y competencia en los servicios públicos, son los pseudomercados que se basan en la separación de la financiación y la provisión.

Lo privado representa el interés particular, la lógica del beneficio y lo público representa el interés general. El proceso de privatizaciones tiene una importancia no sólo en lo cuantitativo (cada vez hay más provisión privada y ésta pasado un determinado dintel, se convierte en capaz de determinar la política sanitaria), sino sobre todo en lo cualitativo; se convierte un derecho en una mercancía sujeta a las leyes del mercado y por lo tanto deja de ser exigible y queda mediatizada por la capacidad económica de las personas, pues la provisión privada va unida al correlato del pago por servicio, del aseguramiento privado y de los copagos, que son una tónica casi general en los países donde la provisión está mayoritariamente privatizada.

En el ámbito de la Sanidad la ofensiva privatizadora ha tenido un impacto mundial habiéndose producido un retroceso muy significativo en los servicios públicos de salud (Sánchez Bayle, Colomo, Repeto, 2005). Aunque los objetivos generales de todo el proceso han sido similares en todos los países del mundo, la estrategia ha variado de una manera muy notable dependiendo básicamente de las circunstancias previas en que se desenvolvían los servicios sanitarios.

En los países con sistemas muy privatizados, lo que se ha producido es una gran expansión de las compañías de atención sanitaria, haciendo disminuir progresivamente la llamada medicina liberal (el ejercicio profesional individual o en centros gestionados por los profesionales) pasando a grandes empresas, frecuentemente multinacionales que operan en muchos países del mundo. En los países que tenían un modelo de seguridad social (sobre todo en Centroeuropa) las medidas han avanzado hacia una limitación de las coberturas asistenciales y un incremento de los copagos, amén de un papel cada vez mayor de las empresas privadas en la provisión.

El caso de los países con servicios o sistemas nacionales de salud, donde existía una cobertura pública prácticamente generalizada que estaba ligada también a una provisión pública hegemónica, la estrategia ha sido distinta.

Conscientes de la imposibilidad práctica de una privatización masiva del sistema sanitario, se ha planeado una privatización por fases que se inició siguiendo las directrices de Alain Enthoven en lo que se conoce como “manager care” o competencia gestionada, cuyos principios son:
- División de los sistemas públicos en servicios y unidades de producción de menor tamaño y más especializadas en las que se pueden establecer criterios de estandarización y competitividad, imponiendo sistemas comerciales de recompensas y penalizaciones.

- Puesta en funcionamiento del gerencialismo, que favorece la búsqueda de la eficiencia y la cantidad sobre la salud y la calidad.
- Fomento de la competitividad, favoreciendo la elección de los centros por los consumidores, rompiendo con los criterios poblacionales y de planificación.
- Reconversión laboral de los centros buscando una reducción de los costes mediante las disminuciones de las plantillas.
- Apuesta por los nuevos servicios que concentran alta tecnología y que son fáciles de organizar como centros de producción continua (laboratorio, radiología, etc).

La puesta en práctica de estas teorías tuvo su especial protagonismo en las propuestas de Margaret Thatcher que, iniciando la moda de utilizar formulas de marketing para encubrir las políticas llevadas a cabo, tituló como “working for patients” (trabajando para los pacientes) sus propuestas de desmantelamiento del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Estas iniciativas consiguieron una gran extensión a lo largo del mundo (Australia, Nueva Zelanda, Países Nórdicos, etc.) introduciéndose en todos sus sistemas sanitarios fenómenos de desregulación, fragmentación y competencia.

Ahora, 20 años después puede asegurarse que no hay ningún dato que avale la eficacia de estas medidas que en términos generales no han aumentado la eficiencia de los sistemas sanitarios públicos y han creado graves problemas de inequidad y de quiebra de las políticas públicas de salud (Sánchez Bayle, Colomo, Repeto, 2005).

Otro aspecto importante es que esta política privatizadora se basa fundamentalmente en una medicina con un alto componente tecnológico y por lo tanto de base hospitalaria, marginando la atención primaria, que se suele caracterizar como propia del tercer mundo, en contra de todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la evidencia científica que señalan el papel clave de la Atención Primaria de Salud en el funcionamiento de todos los sistemas sanitarios

Paralelamente se descontextualiza la salud del ámbito social y económico donde se desarrolla, potenciando una visión biologicista que no considera los factores sociales, laborales y medioambientales, dando lugar a una noción parcelada de la enfermedad, y considerando la salud como un bien individual, en el que lo fundamental es la curación de la enfermedad, aunque sean enfermedades “inventadas”, medicalizando la vida y propiciando todas las intervenciones que se pueden facturar (Plos Medicine, 2006).

En este proceso las personas dejan de ser usuarios de los servicios sanitarios y se convierten en clientes, con las connotaciones que ello conlleva: el cliente “siempre tiene razón”, y sus demandas deben ser atendidas no en razón de sus necesidades sino de su bolsillo. Es otra forma de mercantilizar el sistema sanitario y de convertir el derecho a la salud en una mercancía sujeta a compraventa y a las leyes del mercado.

La “agenda oculta” de esta política privatizadora está en conseguir lo que se ha denominado “transición insensible” del sistema público al sector privado que comienza por introducir criterios mercantiles y de pseudoeficiencia en el sector público (se confunde en el lenguaje eficiencia: conseguir un producto/una intervención de igual calidad al menor coste posible, con pseudoeficiencia: conseguir menores costes rebajando la calidad). Luego se pone en marcha la separación entre la financiación y la provisión, remedos de “contratos negociados” que son una farsa dentro del sector público ya que una de las partes depende funcional y orgánicamente de la otra, para abrir una especie de mercado (el mercado gestionado), que, en realidad, sólo permite conceder de manera encubierta un mayor protagonismo al sector privado al que se favorece permitiéndole medrar en los segmentos económicamente rentables de la provisión sanitaria.

Paralelamente se fragmenta la red pública en empresas con personalidad jurídica propia, que en muchos casos escapan del control público, y que funcionan fomentando la competencia y abandonando la colaboración e integración de los servicios sanitarios. Hay que considerar además, entre los efectos negativos de estos pseudomercados en la gestión pública, lo señalado por Andrew Wall “La separación entre compradores y proveedores introduce algo inherentemente antinatural porque hay una división forzada entre quienes hacen el trabajo y quienes lo planifican... Las personas y las organizaciones están motivadas por la perspectiva de ser capaces de tener una voz que cuente en lo que concierne a su futuro” (Tudor Hart, 2006).

El paso siguiente es el de conseguir un crecimiento significativo del sector privado, en cantidad y calidad, para que pueda convertirse en una alternativa al sector público para un segmento relevante de la población. Las medidas a adoptar son varias: primar la contratación del sector privado (aprovechándose del mercado gestionado), favorecer inversiones privadas dándoles facilidades estructurales y económicas, ceder al sector privado la gestión de algunos centros públicos (por ejemplo: las concesiones administrativas), etc. Naturalmente esta derivación de fondos públicos hacia el sector privado supondrá inevitablemente un progresivo declive de los recursos públicos que se irán deteriorando.

Una vez que se haya producido este cambio en la relación de fuerzas será el momento de cambiar el sistema, y ahí entra el aseguramiento. Si la provisión privada es fundamental se trata entonces de separar lo público de lo privado mediante una ruptura del aseguramiento que permita a los sectores mas acomodados el tener un seguro propio, diferente y mejor que el seguro público, subvencionado con fondos públicos. Y a la vez establecer modelos de copagos generalizados que favorezcan los movimientos de los enfermos con fondos económicos suficientes y les permitan colarse en las listas de espera.

Un sistema de este tipo, que obviamente se complementaria con un modelo de sector publico para los pobres, una nueva beneficiencia, significaría como ha pasado en otros países (el paradigma es EEUU) una gran inequidad ligada a la posición socioeconómica, unos costes muy elevados debido a los grandes costes de transacción que tienen los modelos privatizados, y un retroceso en los niveles generales de salud con problemas de salud pública importantes (la erradicación de las enfermedades transmisibles es un interés de toda la población, ricos y pobres, pues mientras haya personas infectadas habrá riesgo de la extensión de la enfermedad a toda la población).

Ese es el horizonte hacia el que se pretende avanzar mediante una estrategia “insensible”, con pasos inicialmente muy lentos y en lugares muy concretos y aislados entre sí, para conseguir que esta acumulación de pequeños cambios produzca una transformación de la situación general, esperando que cuando la mayoría de la provisión esté en manos privadas, y el sector público se haya deteriorado nos encontraremos en un punto de difícil retorno.

Texto completo en :

http://www.revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/Revista_Economia_Critica_6.pdf