Ekaitz Cancela
Las administraciones públicas siguen sufriendo las consecuencias de las políticas neoliberales y las medidas de austeridad. Bajo un halo mágico y aparentemente desprovisto de ideología, las tecnologías digitales emergen como un sueño húmedo capitalista para continuar con el desmantelamiento del Estado y la delegación de funciones al sector privado mediante la externalización o la subcontratación. En este sentido, los discursos corporativos sobre la digitalización del sector público deben entenderse como un proceso en el que las empresas, a través de sus servicios y patentes, fijan los procedimientos, normas, reglas o principios sobre los que las debilitadas burocracias deben funcionar. También limitan el diseño de instituciones políticas alternativas, limitándolas a los softwares corporativos creados por y para el mercado.
El Real Decreto-ley 36/2020 para la tramitación de las normas europeas es la última expresión de la más novedosa de las reformas neoliberales. Una suerte de “pensamiento power point” que, parafraseando a Béatrice Hibou, encierra la complejidad política e institucional en esquemas predeterminados por sistemas que aplican modelos procedentes del mundo de la informática y de la gestión empresarial para resolver problemas sociales o económicos. ¡Larga vida a la socialdemocracia 4.0!
Esta es una de las conclusiones de la base de datos recabada para la publicación del informe La economía política del capitalismo digital en España, de la cual se desprende que los diferentes organismos de las administraciones públicas del Estado han adjudicado 1.200 contratos por las licencias, suscripciones, productos o servicios (entre otros, computacionales) de Microsoft que ascienden a 793 millones de euros, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en un periodo comprendido desde el 2009 al 2020; la plataforma de contratación del estado, con datos desde 2011; y de la Generalitat de Catalunya, donde los datos llegan hasta 2016. Por ponerlo en contexto: si bien en los últimos años se ha disparado, Microsoft Ibérica declaró en su último ejercicio fiscal de 2018 unos ingresos de sólo 180,6 millones de euros.
Esto no sólo supone la entrega a empresas privadas de la gestión de la infraestructura digital del Estado, creada con los datos de toda la ciudadanía, sino un enorme gasto para las administraciones, el cual en muchos casos termina en los paraísos fiscales del gigante tecnológico con sede física en Redmond.
De acuerdo a los datos recopilados para esta investigación, 22 licitaciones con un valor de 82.9 millones terminaron en Microsoft Ireland Operations Limited, una ingeniería fiscal aplicada a más del 10% de los contratos públicos, mientras que 132 fueron a parar a Microsoft Ibérica, los cuales ascienden a 101 millones. El resto, 602 millones, terminaron en otras empresas intermediarias. Huelga recordar que Microsoft Ibérica tuvo que abonar a la Agencia Tributaria 11,9 millones de euros tras perder un pleito, lo que obligó a filial española ha empezar a facturar directamente la venta de licencias en España, como consta en las cuentas anuales que remitió al Registro Mercantil en 2018.
La compañía fundada por Bill Gates no esconde su interés en introducir herramientas de inteligencia artificial, big data y servicios de computación en la nube en la sanidad pública española. En su informe Inteligencia Artificial en el Sector Público. Perspectivas europeas para 2020 y años siguientes, encargado a Ernst & Young (una de las cuatro grandes consultoras a nivel mundial), pone en valor la capacidad de tecnologías como la inteligencia artificial para “abordar algunos de los mayores desafíos de la sociedad”, entre los que incluye los temas referentes al cambio climático, la sanidad y la injusticia social. En el sector público, “la oportunidad es extraordinaria”, asevera Ellen van Essen, la directora general de Microsoft en Europa occidental para el sector público. De acuerdo a los datos de la compañía, “las organizaciones públicas españolas presentan un gran nivel de compromiso de sus directivos con la IA, de las cuales más del 50% presentan un alto compromiso en el nivel político”.
Si informes de este tipo son relevantes, esto es porque afirmaciones como la siguiente han calado entre los líderes políticos: “La IA puede ayudar a los gobiernos a prestar servicios públicos mejores, más rápidos y eficaces, abordar problemas complejos y reforzar el sentimiento de 'razón de ser' de los empleados públicos”. No hace falta haber leído a los teóricos del neoliberalismo para entender que esa raison d'être es una donde los burócratas gubernamentales se convierten en sujetos que adoptan métodos para la administración de los exiguos recursos públicos y de las personas en términos de riesgos, de precaución y prevención.
Nos encontramos ante un enfoque que favorece la reducción del sector público y criminaliza la intervención política, el cual está presente en el Real Decreto-ley 36/2020 del 30 de diciembre, que lleva en el mismo título la aprobación de “medidas urgentes” para “la modernización de la Administración Pública”. Desde luego, muchas de ellas podrían estar presentes en el informe de Microsoft o incluso en los foros de la Fundación Telefónica. Por ejemplo, “el real decreto-ley incorpora una serie de instrumentos de carácter general dirigidos a reducir las barreras normativas y administrativas, así como un conjunto de medidas de modernización de las administraciones públicas, que permitan una gestión más ágil y eficiente, para facilitar la absorción de los mencionados fondos”. Esto suele significar que se reducen las barreras burocráticas para que grandes consultoras y empresas (en este caso, tecnológicas) puedan acceder a la inversión pública sin impedimentos. En esta dirección también camina el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, anunciado el 21 de enero, con una partida de 2.600 millones.
¿Para qué van a servir estos planes o los grandes fondos de reestructuración europeos? ¿Para transferir dinero público a empresas privadas que se encarguen de ofrecer su infraestructura y digitalizar las administraciones o para que el Gobierno desarrolle sus propias plataformas públicas? No es necesario especular sobre el futuro para responder a esta pregunta, sino prestar atención a los datos existentes.
La sanidad y educación públicas, ¿otro servicio 'premium'?
La crisis sanitaria del Covid-19 ha acelerado procesos de mercantilización “inteligente” en la sanidad pública española que ya se daban antes de que el virus se expandiera por todas las grandes metrópolis mundiales. No obstante, a través de una serie de licitaciones de una formalización tan abstracta como las que siguen, facilita la respuesta a problemas desde una óptica meramente corporativa. En esta dirección, cabe señalar los 56 millones y medio de euros adjudicados en medio centenar de contratos para utilizar las licencias de Microsoft en la sanidad pública. El más cuantioso, adjudicado el 4 de mayo de 2018 a Specialist Computer Centres, empresa especializada en servicios de computación en la nube, tiene como objetivo la gestión de las licencias Microsoft de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública de la Generalitat valenciana por 8,8 millones de euros.
También podemos encontrar otros, como el adjudicado a la matriz irlandesa de Microsoft por 7.85 millones y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), también para ofrecer sus licencias a la Conselleria de Sanitat valenciana; a Nextel Engineering Systems, empresa que ofrece servicios y tecnologías de la información, por un contrato de 6,4 millones para la gestión de las licencias de Microsoft de la Gerencia de Salud de Castilla y León; a Specialist Computer Centres para ofrecer servicios digitales al Servicio Murciano de Salud por 5.2 millones; a Seidor, para el mantenimiento de las licencias Microsoft de la Gerencia de Salud de Castilla y León por 4.3 millones; y otros dos contratos adjudicados a Informática El Corte Inglés para ofrecer servicios similares a los descritos anteriormente al Servicio Andaluz de Salud, por 3.8 y 3.7 millones de euros, respectivamente (este último cofinanciado con fondos FEDER).
La manera de legitimar la transferencia de delegaciones públicas hacia el sector privado desde la corporación tiene lugar presentando, por ejemplo Microsoft 365, como “una ayuda para que los médicos proporcionen la mejor atención a sus pacientes, a la vez que mejoran la seguridad de los pacientes y reducen los costes”. Un discurso que se tragó, entre otras, la Secretaría General de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios hasta en seis ocasiones firmando contratos que ascienden a los 278.000 euros. Entonces, el problema no es tanto que Microsoft se presente como un aliado del sector sanitario público para “aumentar la involucración de los pacientes, facilitar la colaboración de los equipos sanitarios y mejorar la información clínica”, sino que las distintas agencias españolas acepten compatir sus datos con la empresa y además pagarle un royalty a cambio.
Tras la pandemia, Microsoft anunció que adaptaría su software en la nube para la industria sanitaria y ha acelerado el desarrollo de soluciones que facilitan la atención sanitaria en remoto. El objetivo último es ofrecer sus enormes cantidades de datos a hospitales privados, centros públicos sin recursos o a cualquier start-up del mercado sanitario a fin de “facilitar una atención personalizada”. Ello no sólo supone implícitamente que tenga acceso a los datos específicos de cada caso, sino que extraerá dichos conocimientos para permitir a los médicos privados cobrar a los pacientes que quieran iniciar un tratamiento. ¿Cómo iba a ser de otro modo, si el proveedor de dichas soluciones es privado? Por ejemplo, un modelo predictivo de Ribera Salud, basado en inteligencia artificial, analiza y procesa variables de cada paciente para predecir su evolución, tomando como punto de partida datos de Microsoft Azure y sus herramientas de machine learning.
Sin duda, este es un buen ejemplo para alertar de lo que suelen esconder las iniciativas de digitalización del sector público. Más allá del big data, hasta un total de seis resoluciones judiciales han tumbado la intención de Ribera Salud de paralizar la desprivatización del hospital de Alzira en Valencia, el símbolo de la privatización sanitaria del Partido Popular. De este modo, vemos que el socio de Microsoft a la hora de introducir la inteligencia artificial en la Administración pública es una empresa experta en el “pelotazo sanitario”, capaz incluso de cobrar por pruebas PCR que se hacen en la pública. Desde luego, una buena metáfora del uso que quieren hacer con los datos de los ciudadanos.
Una tendencia similar puede encontrarse en la educación, una de las patas del Estado de bienestar que Microsoft quiere privatizar de manera inteligente. Antes incluso de que se iniciara la epidemia del coronavirus, cuando sonaron todas las alarmas sobre la dependencia de los colegios de las plataformas, cerca de 150 contratos se habían licitado para la compra de licencias a esta empresa que ascienden a casi 51 millones de euros. En lo que esta empresa denominaría el sector de Educación y Universidades, destaca Seidor junto a otras empresas locales y globales, pero llaman la atención, sobre todo, los contratos adjudicados a la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU), otro gran ejemplo de colaboración público-privada.
La OCU nace en 1994 como un proyecto de las universidades públicas Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Salamanca y Universidad de Valladolid para suministrar servicios de software a las universidades de España y América Latina. Más tarde, en 2003, se unió el Banco Santander y un año más tarde, la Universidad Rey Juan Carlos, dando lugar a UNIVERSITAS XXI, que es como denominan el sistema informático de gestión universitaria creado a partir de la OCU.
Aunque no son sólo Universidades quienes se entregan a las fauces del gigantes tecnológico, sino comunidades autónomas enteras. Al respecto, el contrato más importante fue adjudicado el 22 de mayo de 2018 a Informática El Corte Inglés por 1.6 millones de euros para proporcionar licencias Microsoft a los centros de educación pública no universitaria de la Junta de Castilla y León. Al mismo tiempo, el País Vasco ha licitado dos contratos de casi 500.000 euros para licencias y mantenimiento del Sistema Operativo Microsoft Windows en centros educativos públicos dependientes del Departamento de Educación. Hablamos de que un millón de euros de los contribuyentes vascos está destinado a pagar los royalties de una empresa de Estados Unidos para poder acceso a plataformas de educación. De hecho, esta comunidad fue la primera en externalizar dicho servicio, en 2009, momentos en que llegaran los enormes recortes en los presupuestos de Sanidad.
Puede que no sea algo que se publicite en las televisiones locales, pero cuando en aquel año se produjo un déficit en las administraciones públicas de en torno al 11% del PIB, en ese periodo en que el gasto público en educación cayó un 12% entre 2009 y 2012, las Universidades y Comunidades Autónomas dieron sus primeros pasos hacia la contratación de licencias de la empresa. Por ejemplo, la Universidad de Zaragoza entregó 264.000 euros para la licencia Campus de Microsoft, como también la Universidad Complutense de Madrid, pagando 370.000 euros y 280.000 euros respectivamente, la Universidad Carlos III (125.859), o la Universidad de Sevilla (136.000), entre muchas otras. Sin duda, además de Microsoft, quien se hacía omnipotente en las Universidades, las grandes beneficiarias indirectas fueron empresas como Seidor, que se enfundaba esos contratos para introducir las herramientas en las aulas
Colonización digital de las administraciones públicas
No sería complicado desglosar los datos totales por ministerios para entender la cuantía de este asalto corporativo, pero focalicemos en algunos de los ejemplos más llamativos: la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, dependiente de Hacienda, ha comprado 55.000 licencias de Software Assurance de Microsoft en cuatro años distintos por casi 2 millones de euros. Por otro lado, la Tesorería del Ministerio de Trabajo ha subcontratado por unos cuantos millones de euros las licencias software de Microsoft Exchange para los servicios de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y bases de datos Microsoft SQL Server a fin de llevar la contabilidad de las políticas sociales, otras de las áreas que se sub financiaron durante la crisis. Algo similar, aunque a precios que rondan la docena de millones, ha llevado a cabo el Ministerio de Defensa con licencias software corporats Microsoft. También los servicios técnicos de productos software de Microsoft para la transición hacia la implantación de la infraestructura integral de información para la Defensa (I3D), el plan más ambicioso de este Ministerio para mover el Ejército a la nube de Microsoft.
¿Qué hay de Interior? En la División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía), podemos encontrar servicios de mantenimiento de software corporativo de gestión de “Bussines Intelligence” (inteligencia empresarial). Hablamos de tecnología Microsoft que integra herramientas de análisis predictivo como Power BI y Cognitive Services, las cuales pueden ser utilizadas por las fuerzas del orden y los proveedores de vigilancia para crear su propio software. En Estados Unidos, a ello se le llama “El Estado Policial de Microsoft”, pues la empresa ayuda a la policía a vigilar y a patrullar comunidades a través de las propias ofertas de servicios.
Y así un largo etcétera de resquicios de la burocracia del Estado que se externalizan mediante distintos servicios de Microsoft para reducir las intervenciones directas en la economía mediante la adopción de fórmulas matemáticas contractuales, a lo cual los hombre de Estado de turno colocan la etiqueta de Plan Nacional. ¿Cómo es posible que el desarrollo de tecnologías alternativas, aquellas que no nos confinan a la burocracia del Estado, sino que nos permiten repensar permanentemente las instituciones, no hayan emergido en España? ¿Cuál es el motivo que explica la ausencia de una agenda política desde la izquierda, sino el apoyo tácito e inconsciente a los nuevos programas de privatización digital?
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