El Gobierno del Principado anunciaba en el día de ayer la composición de la comisión de expertos a la que encarga el asesoramiento en la elaboración de la futura Ley de Empleo Público de la Comunidad Autónoma. De los 17 integrantes que la componen, 13 pertenecen a la Administración del Principado, de los cuales 8 son altos cargos de designación política (directores generales y secretarios técnicos de las consejerías) y 5 jefes de servicios o asimilados de libre designación.
La comisión se completa con 4 integrantes externos a la Administración del Principado: Javier Junceda, un abogado defensor de la privatización de servicios públicos (ver La Administración posible. La privatización como alternativa a las restricciones presupuestarias, LNE, 27/10/2012); Pablo Baquero Sánchez, director en Asturias de la consultoría multinacional de raigambre neoliberal PricewaterhouseCoopers (PWC); Miriam Cueto Pérez, catedrática de Derecho Administrativo que ocupó altos cargos con Gobiernos del PSOE; y la secretaria municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
A la vista de la procedencia y del perfil de los componentes de este grupo de trabajo, parece evidente que el vicepresidente Cofiño ha optado por disponer de un grupo controlado, de la máxima confianza política, con una abrumadora mayoría de altos cargos y personal de confianza del Gobierno, y con algunos miembros externos que no son reconocidos expertos en materia de empleo público y que, en algunos casos, parecen representar más bien a los intereses de poderes económicos y financieros más que al interés general.
Una comisión de expertos sólo tendría sentido y utilidad si fuera realmente plural, independiente del Gobierno y formada por profesionales de reconocido prestigio en la materia de empleo público. La que se ha constituido tiene toda la apariencia de un comité gubernamental bajo la instrucciones de quien lo nombra. Un instrumento teledirigido, tan inútil como innecesario.
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