El Gobierno asturiano acaba de
anunciar la aprobación de una Oferta de Empleo Público (OEP) para el año 2016
de 1.037 plazas, de las que 777 estarían destinadas al Servicio de Salud (SESPA) y 260
al resto de sectores de la
Administración autonómica.
Según manifiesta la consejera de
Hacienda, Sra. Carcedo, “el Principado
oferta así el mayor número de plazas que permite la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para este ejercicio, en función de la tasa de reposición fijada para
los distintos ámbitos y sectores”
Sin embargo, el Gobierno
asturiano no hace públicos los datos mínimos imprescindibles para acreditar la
veracidad de sus afirmaciones, pues para ello debería dar a conocer los datos
utilizados para el cálculo de la tasa de reposición en cada uno de los sectores
de la Administración Pública
del Principado de Asturias.
Recordamos que la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016 (ver aquí) permite en su artículo 20 una tasa de
reposición de hasta el 100 por 100 entre otros, en los sectores de la sanidad y
el educativo, y para actividades con un contenido tan amplio como son el “control
y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia
de Seguridad Social, y el control de la asignación eficiente de los recursos públicos”
o “el asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos”.
A la vista de esta regulación legal,
resulta incuestionable que el Gobierno del Principado podía haber incorporado a
la OEP un número elevado de puestos actualmente vacantes con
funciones de asesoramiento jurídico, económico, contable, de control de
subvenciones o vinculados a la gestión de los recursos públicos de la Comunidad Autónoma,
y no lo ha hecho.
Por poner un ejemplo que resulta
clarificador, no consta la incorporación a la OEP de plazas del Cuerpo
Superior de Administradores, que es el cuerpo que tiene atribuidas funciones de
gestión, inspección, asesoramiento jurídico y control de nivel superior en el
Principado de Asturias, a pesar del elevado número de puestos vacantes dentro
de dicho Cuerpo. De esta forma, se mantiene deliberadamente la situación de precariedad de una parte relevante de la plantilla, impidiendo a quienes actualmente ocupan los puestos en situación de interinidad y al resto de aspirantes el acceso a esos puestos con carácter fijo, mediante pruebas libres en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.
A la luz de lo expuesto, el
Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies considera que la información
ofrecida por el Gobierno del Principado de Asturias sobre la OEP del año 2016 es opaca y resulta
manifiestamente insuficiente para poder valorar el alcance real del número de puestos
aprobados en relación con los que resultaría legalmente posible incorporar en
aplicación de la tasa de reposición vigente.
Por ello, instamos al Gobierno
del Sr. Javier Fernández ha hacer públicos los datos, todos los datos. Luz y
taquígrafos.
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