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Revista Atlántica XXII
La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Gijón, Ana López Pandiella, acaba de admitir a trámite una querella criminal contra dos directivos de la RTPA por supuestas contrataciones ilegales. La querella fue presentada por el sindicato Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), que ostenta la presidencia del comité de empresa de la Radio Televisión Autonómica Asturiana.
Concretamente la querella se refiere al contrato suscrito por la RTPA con la productora Teletemas, una de las muchas con las que ha trabajado esta empresa pública desde su fundación, ya que la mayor parte de sus emisiones están externalizadas. Los directivos a los que alude son la secretaria general Ana Lada y el director de Recursos Humanos, Manuel Castrillo.
La jueza Ana López Pandiella fue la primera instructora del Caso Marea, que ahora está en manos del juez Ángel Sorando en un Juzgado de Oviedo.
En su número 25, aparecido el pasado mes de marzo, ATLÁNTICA XXII publicó un amplio reportaje de Blanca M. García sobre la delicada situación de la RTPA, que incluía una entrevista al presidente del comité de empresa, Óscar Vega, de CSI. Reproducimos a continuación esta entrevista.
ÓSCAR VEGA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE RTPA POR CSI
“Hay indicios de delito penal”
El presidente del comité de empresa de la Radio Televisión Autonómica de Asturias no antepone sus intereses particulares a los colectivos, algo que no parece norma en el sindicalismo actual. Licenciado en Comunicación Audiovisual, el trabajo en la RTPA de Óscar Vega como técnico de imagen, sin ocupar ningún puesto de responsabilidad ni obtener las ventajas salariales de otros compañeros, ha sido el aval que lo llevó, hace dos años, a ser elegido presidente del comité de empresa. Es el único delegado de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI). CCOO tiene dos y USO y UGT uno.
Óscar Vega, presidente del comité de empresa de la RTPA. Foto / Iván Martínez.
¿Sigue siendo necesaria una radiotelevisión pública en Asturias?
Sí, siempre y cuando el modelo se plantee bien y ésta cumpla su función de servicio público. La RTPA trajo consigo cosas muy positivas, como la vertebración del territorio, ofrecer una información cercana a la ciudadanía y fomentar la cultura asturiana.
¿Fue la voluntad política de monopolizar los medios de comunicación lo que impulsó su creación?
No creo que hubiera una buena fe en el nacimiento de la Radiotelevisión Autonómica, porque se habría notado desde el principio. Esta televisión nunca tuvo un proyecto que estuviera al servicio de la ciudadanía, sino de otros intereses. No obstante, el hecho de que existan medios de comunicación públicos en Asturias nos permite tener la esperanza de que se puedan hacer bien las cosas si luchamos por ello y la sociedad cree que es necesaria una televisión con una gestión honesta, transparente y democrática.
¿Cuál es la solución?
Todos los sectores tienen que implicarse y luchar para que esto sea así. El silencio y el miedo de partidos políticos, sindicatos y de todas las personas que tienen algo que decir es lo que puede acabar con ella. Si no nos lo creemos y nadie dice nada, esto no existe. Hay demasiadas historias perdidas. Lo que nosotros decimos está probado que es cierto, y los dirigentes de la RTPA no tienen argumentos para negar la evidencia. Intentan que no se conozca la verdad, porque la verdad hace daño. Si su talón de Aquiles es que no hicieron las cosas como deberían, su fortaleza es que nadie habla de ello por miedo. Toda la gestión es insostenible.
¿Pasa su futuro por la privatización?
Su futuro se puede resumir con dos ideas: incertidumbre y falta de proyecto. A día de hoy, ni los que la gestionan saben lo que van a hacer.
¿Qué soluciones se le ocurren?
Quiero mucho a la RTPA y creo en su futuro como servicio público, pero no de cualquier manera ni a cualquier precio. No puede utilizarse una radiotelevisión autonómica para que esté al servicio de los Gobiernos de turno. Son necesarios más mecanismos de control y de participación ciudadana. Esto es un medio de comunicación público, pagado con el dinero de los contribuyentes, y la gestión no puede estar en manos de cualquiera. Siempre que se resiente un servicio público por la gestión o porque fallan los mecanismos de control también lo hace la parte que afecta a los trabajadores. La RTPA va más allá de una mala gestión: incumple la ley. En CSI vemos indicios, incluso, de delito penal. No se puede gestionar una empresa pública desde los juzgados.
¿Donde está el delito penal?
Se han puesto de forma reiterada y a sabiendas recursos públicos para favorecer intereses ajenos a los de la radiotelevisión pública y al servicio que prestamos. Estamos hablando de utilizar el dinero de todos para comprar voluntades y favorecer intereses personales, empresariales y políticos muy concretos a través de una gestión fraudulenta hecha con conocimiento de causa. Es muy grave. Aquellos representantes que quieran luchar contra la corrupción y defender lo público con honradez deben exigir responsabilidades públicas y legales sobre lo que ha estado pasando en empresas como ésta, sobre quién y cómo la ha gestionado. Si no, la impunidad seguirá campando a sus anchas y los trabajadores seguiremos engrosando las listas del paro y la precariedad, víctimas de la corrupción y los chanchullos.
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