El Gobierno asturiano mantiene el nombramiento por libre designación de 170 funcionarios en puestos de rango inferior a Jefe de Servicio – sin contar los /as secretarías de despacho de altos cargos –
Se trata de puestos de coordinadores, analistas, responsables, interventores y otros de rango jerárquico similar, que siguen siendo ocupados mediante nombramientos digitales, a pesar de las múltiples sentencias firmes recaídas en los últimos años, que anulan el uso del sistema de nombramiento por libre designación en este tipo de puestos de trabajo, y de que ya en el mes de junio del año 2011, el Gobierno de Areces – en una de sus últimas decisiones – aprobó una relación de puestos de trabajo (ver aquí) en la que se prevé la sustitución de ese sistema excepcional por el del concurso de méritos.
Sin embargo, los concursos de méritos no se convocaron, ni con el Gobierno de Cascos, ni ahora, con el de Javier Fernández. A este respecto, el Gobierno actual, que se verá obligado, por requerimiento judicial, a convocar un concurso de méritos antes del 1 de junio, ha decido excluir de la convocatoria – según la información suministrada por varias organizaciones sindicales – a la práctica totalidad de los 170 puestos señalados, esgrimiendo como coartada que los funcionarios que los ocupan por libre designación no han sido cesados y que, por tanto, dichos puestos no se encuentran vacantes.
La mayor parte de estos puestos, en particular, los de coordinadores y responsables, fueron creándose a lo largo de los doce años de gobierno arecista como una categoría paralegal - no prevista en la Ley de Organización del Principado de Asturias - intercalada entre las Jefaturas de Servicio y las Jefaturas de Sección, con el fin de degradar y vaciar de funciones de responsabilidad a los puestos de Jefe de Sección, que son provistos por concursos de méritos.
Se trata de una monumental tomadura de pelo que, de no corregirse en los pocos días que quedan para la publicación de la convocatoria, perpetuará el sistema generalizado de carrera profesional dedocrática, convirtiendo nuevamente a las resoluciones judiciales – y ya son demasiadas las veces que se repite - en papel mojado.
Después de, al menos, seis sentencias firmes del Tribunal Supremo anulando la utilización abusiva de los nombramientos a dedo, no pueden tolerarse ya al Gobierno asturiano más maniobras dilatorias, ni jugadas propias de trileros, para mantener el control partidista de la carrera profesional de los empleados públicos.
Las organizaciones sindicales y los partidos políticos, si quieren mantener la mínima credibilidad en este asunto, deben decirle al Gobierno de Javier Fernández, con la urgencia y firmeza necesarias, ¡basta ya!
Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies
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