El caso Marea y el "derecho de pernada"

FUENTE:
Oviedo Diario
Editorial

El esperpento parlamentario de la comisión de investigación del ‘caso Marea’, está sirviendo -al menos- para airear públicamente las vergüenzas acumuladas durante los últimos doce años de gobiernos socialistas. El ‘caso Marea’ no fue cosa de cuatro golfos como algunos nos quieren hacer creer, ni tampoco fue una sucesión de hechos fortuitos o aislados. El sumario, y los hechos consumados, revelan que el ‘caso Marea’ ha dejado al descubierto una trama delictiva perfectamente orquestada, organizada y ‘engrasada’, en las entrañas de la administración regional, pero también en otras administraciones e instituciones. Con la complicidad de una cofradía de políticos y funcionarios, los principales imputados en la causa, malversaron -de manera continuada- los caudales públicos, y cometieron un fraude a gran escala, atentando contra las normas más elementales de contratación en las administraciones públicas, y vulnerando la libre concurrencia ya que, una docena de empresas del mueble y la construcción, tenían el monopolio de las compras y adjudicaciones. Y así ha quedado sobradamente acreditado, en las comparecencias de las últimas semanas, donde dos jefas de servicio, y los propietarios de Igrafo y Almacenes Pumarín, han ‘confesado’ que en el Principado era ‘público y notorio’, lo que se traían entre manos políticos y empresarios. “Las ordenes venían de arriba”, sentenció, ante sus señorías, la ex jefa de servicio, Marta Renedo. Desde luego, es poco verosímil que ningún consejero, director general o alto cargo socialista, no detectase el continuo pillaje que los imputados, y sus cooperadores necesarios, estaban perpetrando en las arcas de la administración. Como también sería ingenuo pensar, que Carlos Madera, ex número dos de la consejería de Cultura, no tenía ningún conocimiento de que su cuñada trabajaba de ‘tapadillo’ en el Principado y que su nómina la pagaba una de las empresas de la trama del ‘caso Marea’. En la misma dirección, apunta la contratación irregular (enchufismo) de la hermana del que fuera jefe de prensa de la consejera Ana Rosa Migoya. O Migoya y Madera, también estaban implicados, o eran unos pardillos. O la impunidad, de quién se sabe inviolable.

A estas alturas, también parece probado, que el PSOE alentó y consintió todo tipo de prácticas fraudulentas en las ‘tripas’ de la administración regional, aunque el jefe de la Inspección de Servicios, Luis Carmelo Ménguez, haya tratado de justificar los desmanes cometidos, amparándose en el alto número de facturas (300.000) que recibe anualmente el Principado. “En ese maremágnum parece sencillo manipular unas cuantas”, expresó, y se quedó tan pancho. Otra perla más, para la galería del esperpento. Otro panoli, a sabiendas de que lo que dijo es perfectamente controlable y fiscalizable. Otra cosa, bien distinta, son los ‘vicios consentidos’ y el ‘derecho de pernada’ que parecía imperar durante el ‘arecismo’.

Algunas comparecencias han sido tan esclarecedoras, que el PSOE ha tenido que aparcar su discurso (defensa) inicial, “¿fallaron los controles, o las personas?”, con el que pretendía acotar y minimizar el ‘caso Marea’, y ahora ya busca ‘cabezas de turco’ (Marta Renedo). Aunque el grueso del dinero público sustraído, a golpe de contratos falsos, ficticios o inflados, fue a parar a los bolsillos de los principales imputados en la causa, resulta inquietante que, a día de hoy, ningún dirigente socialista haya explicado por qué hubo tanta permisividad en el Principado ante una trama de corruptelas que llevaba mucho tiempo ‘instalada’ y mangoneando a sus anchas. Doce años, en los que el PSOE gobernante y el PSOE orgánico, se mantuvieron impasibles ante el continuado esquilme de los fondos públicos, sin que ningún responsable político tomase cartas en el asunto, para poner fin a una pestilente trama de apaños y corruptelas.