El Juzgado de lo contencioso - administrativo nº 2 de Badajoz ha dictado Auto de fecha 29 de abril, en el que plantea ante el Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, en su redacción otorgada por el Real Decreto 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, concretamente los artículos 22, 24 y 28, en cuanto determinan una reducción de retribuciones para los funcionarios públicos.
La cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Juzgado razona que dicha Ley vulnera los siguientes artículos de la Constitución:
- El artículo 86.1, por no estar justificada la extraordinaria y urgente necesidad y por afectar a derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, en concreto los reconocidos por los artículos 14, 31 y 33.3
- El artículo 14, porque la reducción de salarios no afecta a todos los funcionarios y empleados públicos por igual
- El artículo 31, porque configura el recorte retributivo como una norma fiscal, de alcance progresivo y cuasi confiscatorio
- El artículo 33.3, porque recorta derechos económicos adquiridos del funcionario público, cuando tales derechos estaban reconocidos para toda la anualidad presupuestaria por la Ley 26/2009
- El artículo 134, por invadir el Decreto Ley 8/2010 materias reservadas a las Leyes de Presupuestos Generales.
- Del principio de confianza legítima que consagra el artículo 3 de la Ley 30/92 y que es una manifestación del principio constitucional de seguridad jurídica
Tiene ahora la palabra el Tribunal Constitucional
TEXTO COMPLETO DEL AUTO
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