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martes, 10 de enero de 2023

Los funcionarios de carrera y opositores, en contra de que «se regalen» los empleos públicos a los interinos

 



La Asociación Defensa Turno Libre ha presentado tres recursos contenciosos administrativos contra las convocatorias de estabilización de personal interino en País Vasco, Madrid y Valencia


La Asociación Defensa Turno Libre -compuesta por más de 1.000 funcionarios de carrera y opositores– ha presentado tres recursos contenciosos administrativos contra las convocatorias de estabilización de personal interino de País Vasco, Madrid y Valencia donde se han impugnado 9.438 plazas nuevas al considerar que se están regalando los puestos a los funcionarios interinos.

La  Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (más conocida como Ley de estabilización de interinos) relata que en las plazas que se encuentran vacantes en la administración pública desde antes de 2016 se valorarán por concurso una serie de méritos donde prime la experiencia. De forma que los interinos que echen la instancia y ganen la plaza, se conviertan en funcionarios de carrera.

Es decir, permite la conversión en fijos de todos aquellos interinos que están ocupando plazas de naturaleza estructural.

Además, dicha ley, según ha explicado el presidente de la Asociación, Antonio Requena Flores a Confilegal, se ofrece más puntuación a aquellas personas que pertenecen a la administración convocante de la oposición que a los que se encuentran en otra, por lo que también es desigual para ellos. Y aunque cree que “la temporalidad en el sector público es un problema que debe ser solucionado”, esta no es la manera.

Ha reclamado que esta situación no ha de mermar los derechos de todos los ciudadanos a acceder de manera justa y equilibrada a un empleo público que no restrinja los derechos de promoción, provisión y traslado de los que ya son empleados públicos y que garantice, en todos caso, la calidad de los servicios públicos.

OBJETIVO: CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ANTE EL TC

Confilegal ha atenido acceso a los tres recursos que han sido presentados por el abogado Antonio Benítez Ostos y Alonso Ramón Díaz, socio-director y «Of Counsel» de Administrativando Abogados, respectivamente.

El presidente de la Asociación ha relatado que están recurriendo las convocatorias para frenar los procesos y, a la vez, para plantear al juez una cuestión de inconstitucionalidad para que, si lo considera pertinente, lo eleve al Tribunal Constitucional. “Queremos que se tumben todos los procesos”.

En el caso de País Vasco se ha impugnado la orden del Consejero de Educación del País Vasco de 22 de septiembre de 2022 en la que se convocaba un proceso excepcional de estabilización de 1.532 plazas.

En concreto, de larga duración en los Cuerpos de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Música y Artes Escénicas, Plásticas y Diseño de la Comunidad Autónoma. Así como sus bases y anexos.

En cuanto a Valencia, se ha presentado el recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de la Comunidad Autónoma contra la Orden 66/2022 de la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana, de 15 de noviembre de 2022, de estabilización por concurso de méritos de 7.555 plazas.

Se convocó un procedimiento selectivo extraordinario de estabilización para el ingreso, mediante concurso de méritos, al cuerpo de maestros y a los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional, de escuelas oficiales de idiomas y catedráticos de música y artes escénicas.

Por último, se ha ampliado un recurso ya presentado contra el Ayuntamiento de Madrid ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº28 que fue interpuesto frente a la resolución de 7 de noviembre para proveer plazas que provienen de la Oferta de Empleo Público. Se han impugnado 351 plazas.

“LA ESTABILIDAD, TAL Y COMO ESTÁ PLANTEADA, NO SOLUCIONARÁ LA TEMPORALIDAD”

Desde la Asociación han apuntado que “la estabilidad, tal y como está planteada, no solucionará la temporalidad porque en el momento en el que la forma de acceder excluye a una sola persona que no ha trabajado en la función pública, no es igualdad”.

Por lo que proponen que se convoquen Ofertas de Empleo Público (OEP) amplias y con todas las plazas ocupadas por funcionarios interinos mediante la figura de la oposición libre, con un temario y un examen en el que la gente compita en igualdad de condiciones.

SI ES CONCURSO-OPOSICIÓN, PROPONEN 20-80 % DE PUNTACIÓN

Pero si esto no es posible y tuviese que hacerse por concurso oposición, consideran igualitario que la parte de oposición puntúe un 80% y que tenga carácter eliminatorio. Y, para que la fase de concurso no suponga “un regalo de la condición de funcionario de carrera” piden que puntúe un 20%.

Por otro lado, a juicio de Antonio Benítez, los procesos de estabilización de interinos que recurren “vulneran a todas las costas los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que son indispensables para el acceso a la función pública y que bajo ningún concepto pueden ser soslayados”.

Asimismo, ha apuntado que “no podemos perder de vista, que todo proceso de selección al servicio público, tiene que basarse en un sistema que permita escoger a los mejores. Y a tal fin, como hasta ahora se ha venido realizando, se han de llevar a cabo rigurosas, complejas y objetivas pruebas técnicas. Por ello. rechazamos por completo las ofertas que proceden al amparo de las respectivas órdenes que ahora recurrimos, dado que contemplan convertir a buena parte de interinos en funcionarios de carrera de pleno derecho a través de un simple concurso de méritos”.


domingo, 8 de enero de 2023

¿Por qué fracasa Asturies?: a propósito del “No hay país” de Xuan Cándano


Pero Cándano no solo se propone contar la historia sociopolítica de Asturies de los últimos cuarenta años. También pretende articular una explicación razonada sobre las causas de la crisis permanente de este país que lo es, pero que según él, carece de proyecto, una tarea que lleva realizando en múltiples artículos de prensa ya desde el siglo pasado. Y a ello dedica un epílogo breve, pero denso, con el que quiere excitar el debate de ideas sobre la realidad asturiana, motivo por el cual el libro tiene ya un valor impagable.

Leo a Cándano con detenimiento y admiración desde bastantes años antes de la publicación del primer número de la revista Atlántica XXII, allá por el mes de marzo del año 2009, y dentro de ese corpus analítico sobre los problemas que lastran al país, siempre me pareció extraordinariamente certera su insistencia en lo que podríamos llamar el problema institucional de Asturies. En “La romería de la autonomía”, un artículo publicado en La Nueva España en septiembre de 2007, advierte que esta es una autonomía otorgada y no demandada, uno de cuyos hechos diferenciales más relevantes, si no el que más, es una clase política a la que califica como desmesurada y endogámica, sobre la que dice: “Esa masa, cada vez más numerosa y compacta, de políticos, cargos públicos, liberados, asesores y burócratas ha sido la gran beneficiada con la autonomía asturiana, y no precisamente los ciudadanos”

Esa idea sobre el carácter parasitario de las instituciones políticas asturianas, también está presente, con mayor o menor alcance, en artículos del sociólogo Holm-Detlev Köhler, del profesor y escritor Luis Arias Argüelles – Meres, del profesor de Estructura Económica David Rivas Infante o en algunas sabatinas intempestivas del escritor y periodista Gregorio Morán, en su característico estilo abrasivo. En el plano literario Xosé Nel Riesgo, en las novelas “Parque temáticu” y “Venti negrinos”, recreó en la llingua del país algunas facetas de esa realidad sórdida en clave de comedia negra.

Pero Cándano tiene el mérito incuestionable de haberla analizado in extenso, en especial, en los artículos del director de Atlántica XXII – y, además, de documentarla informativamente en los años de vida de la revista, con un evidente riesgo personal -, destacando el inaugural y memorable  “Una sociedad cableada” que anticipa, en buena medida, la noción de las instituciones políticas extractivas como causa principal del retraso económico de los países, que es una de las ideas fuerza del famoso e influyente libro de Acemoglu y Robinson “Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza”, publicado en el año 2012.

Según esta tesis los países con instituciones políticas controladas por grupos con intereses propios, dirigidos principalmente a mantener su posición de privilegio, generan instituciones económicas de la misma naturaleza, que no producen crecimiento sostenible, ni permiten la redistribución equitativa de las rentas; las cuales, a su vez, retroalimentan a las instituciones políticas extractivas. Una situación que dificulta la innovación e impide lo que el economista Schumpeter llamó la “destrucción creativa”. Todo ello termina por provocar el estancamiento y la crisis: un círculo vicioso.

En “La sociedad cableada” Cándano hablaba de una casta de políticos, allegados, parientes, altos funcionarios, liberados, periodistas y artistas que se repartían, cargos, influencias y silencios. Un retrato duro de esas instituciones extractivas asturianas o, si se quiere decir de otra manera, de un régimen estrictamente clientelar.

Son muchos los ejemplos que podrían ponerse sobre el funcionamiento de este sistema extractivo en Asturies. David Rivas publicó una excelente serie de artículos en La Nueva España en los que desvelaba que el modelo económico implantado aquí era de ese cariz. En el resumen que el mismo hace, la principal obra pública, la ampliación del puerto de El Musel, solo beneficiaba a los intereses empresariales de Arcelor y de Hidroeléctrica del Cantábrico, el modelo energético y el sistema de infraestructuras viarias eran una aberración, la política ambiental y la política rural estaban integradas de forma deficiente, los fondos mineros fueron un despilfarro malgastado en campus universitarios llamados a la marginalidad o en grandes centros comerciales que destrozaban el tejido económico de los concejos mineros.

Por mi parte, sostengo la tesis de que el tinglado institucional del Principado de Asturias hunde sus raíces en las instituciones del tardofranquismo y participa de su naturaleza y estructura clientelar. Aunque el Gobierno Civil y la Diputación provincial se extinguieran con la Autonomía, la estructura de poder encarnada en la alta burocracia  facilitó la subrogación de la nueva clase política en las relaciones de intercambio de favores con los poderes fácticos.

La lectura de “No hay país”  permite deducir, a mi juicio, que para Xuan Cándano ese sistema extractivo se identificaba, sustancialmente, con el régimen político – sindical del SOMA, en el que José Ángel Fernández Villa hacía y deshacía como un déspota caprichoso, hasta su caída a los infiernos precipitada en octubre del 2014 por la publicación en el diario El País de que estaba siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por haber ocultado a la Hacienda Pública 1,4 millones de euros. Pero lo que no queda claro en el libro es cómo se está desinstalando el “cableado” tras la desaparición del capo y en qué consiste el proyecto regenerador del presidente Barbón, tras ese giro “asturianista” que detecta en la Federación Socialista Asturiana y que también parece resultar esperanzador para Cándano, más allá de afirmaciones vagas sobre la necesidad de potenciar la autoestima y superar el tradicional inmovilismo.

A mi modo de ver, el relato de la última etapa de la historia política de Asturies de “No hay país” pierde la intensidad previa que atrapa al lector y se transforma en una narración un tanto difuminada. Se echa en falta algún análisis sobre el papel de Juan Cofiño, antiguo diputado villista según señala Cándano en el capítulo dedicado al arecismo,  como  “hombre fuerte” del Gobierno de Barbón y principal impulsor de las iniciativas políticas de mayor calado; o sobre la influencia gubernamental como grupo de presión de un ente corporativo como la Cámara de Comercio de Uviéu; o  acerca de las campañas publicitarias permanentes disfrazadas de información con el fin de manipular la opinión pública en concejos de tanta relevancia social y económica como Uviéu y Siero, que nos retrotraen a los peores tiempos del “Pacto del Duernu”. O, en fin, de los pormenores del proceso todavía inexplicado por el cual el establishment “regional” torció el brazo al presidente Barbón en su proyecto de reforma estatutaria para establecer la oficialidad de la llingua.

También pasa desapercibida la televisión pública autonómica, más allá de una breve referencia a la incomprensible ausencia en su programación de Jerónimo Granda y Maxi Rodríguez, que no ha sido precisamente un modelo de excelencia en sus funciones de servicio público en  cuanto a la transparencia en la gestión, la diversidad lingüística y el impulso de una industria audiovisual autonómica. La demoledora tesis doctoral de Azahara Cañedo, de julio de 2018, es una fuente inestimable para documentar todos estos extremos.

Decíamos al empezar este artículo que Xuan Cándano dedicaba el epílogo de “No hay país” a ofrecer una teoría explicativa sobre los motivos de la crisis perpetua de Asturies, que se resumirían así: no hay un proyecto de país, la sociedad civil organizada es muy débil y falta autoestima individual y colectiva.

Empezando por el último de ellos, soy escéptico sobre las explicaciones de tipo cultural o, incluso, psicológico, como justificación de la falta de iniciativa económica (y política). En “Por qué fracasan los países” Acemoglu y Robinson ofrecen ejemplos ilustrativos acerca de que este tipo de razones son más bien la consecuencia y no la causa del mal funcionamiento de las instituciones. El hecho de que cientos de asturianas y asturianos tengan carreras profesionales exitosas fuera de su tierra prueba, a mi juicio, que el problema no es tanto la falta de confianza en uno mismo, como el fracaso de un marco institucional que no ofrece posibilidades de desarrollo, ni incentiva a los emprendedores.

En cuanto al papel de lo que el autor denomina sociedad civil, es decir, los movimientos ciudadanos organizados al margen de las estructuras gubernamentales o de la tutela de entes corporativos de cualquier tipo, me parece imprescindible matizar su diagnóstico. A mi entender, la etapa democrática de Asturies está jalonada de acciones reivindicativas protagonizadas por asociaciones y colectivos ciudadanos que han logrado éxitos notables en diferentes ámbitos: desde la lucha vecinal contra la especulación urbanística e inmobiliaria en concejos como Llanes y Xixón, que llevaron a la anulación en vía judicial de varios planes generales; pasando por plataformas como la de afectados por la incineradora de Serín, que consiguió su paralización, o las actualmente constituidas contra la invasión de los parques eólicos en el occidente o la mina de oro de Salave; a la asociación Asturias Ganadera, que articuló un potente movimiento reivindicatorio alternativo a los sindicatos tradicionales, con movilizaciones masivas en la calle; o a asociaciones con una muy relevante influencia social como la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias o la Unión de Consumidores de Asturias.

¿Acaso éxitos tan notables como el recorte del “catastrazo” planeado por Gabino de Lorenzo, el frustrado proyecto de la torres de viviendas de la parcela de El Vasco o la ya bien visible capacidad de influencia y movilización de la plataforma “Salvemos La Vega”, no son una manifestación inequívoca de la vitalidad del movimiento ciudadano en Asturies? Podrían ponerse bastante más ejemplos en otros campos y sectores para probar que, en este aspecto concreto, “No hay país” tiene una laguna evidente.

Otra cuestión distinta es determinar por qué esos movimientos asociativos no generaron nunca un caldo de cultivo capaz de articular un movimiento político en clave asturiana (o asturianista) con capacidad de gobernar el país o, cuando menos, de influir de manera decisiva en las políticas de gobierno, circunstancia en la que, a mi juicio, tiene mucho que ver la pervivencia del centralismo uniformador de las instituciones políticas, educativas y culturales del franquismo en los instrumentos de legitimación de la etapa democrática: medios de comunicación, sistema educativo, élite burocrática etc. Habrá quien pueda defender que Foro Asturias llevaba dentro ese germen, pero yo no lo percibo por ninguna parte, al menos en la breve etapa del Gobierno formada por ese partido.

Llegamos al final. Coincidimos con Xuan Cándano en que Asturies necesita un proyecto de país para salir de la crisis. Seguramente ese proyecto debería gravitar sobre una concepción política asturianista, en el sentido apuntado recientemente por Xune Elipe en un artículo publicado por Nortes, en el que hablaba de la necesidad de constituir un sujeto político no tutelado desde los aparatos partidistas madrileños. Teniendo bien en cuenta también que una visión identitaria de un proyecto político no garantiza necesariamente la pureza democrática de las instituciones resultantes, como da buena prueba de ello el régimen “pujolista” en Cataluña.

Una enorme tarea pendiente que requiere mucha generosidad y un proceso amplio de acumulación de fuerzas, de convergencia de movimientos sociales, excluyendo toda tentación de sectarismo y apostando por la radicalidad democrática como elemento de transversalidad.


miércoles, 4 de enero de 2023

Asturias tiene la ley de organización administrativa más vieja y desfasada del conjunto de Comunidades Autónomas del Estado


En plena vorágine sobre la necesidad de reformar la burocracia en la Administración asturiana para ganar en agilidad y mejorar significativamente los plazos de respuesta ante las solicitudes de las ciudadanas y ciudadanos, es imprescindible advertir que el modelo de organización administrativa vigente en el Principado de Asturias  se fundamenta en la ley más vieja y desfasada en el conjunto de Comunidades Autónomas del Estado, a saber, la Ley 8/1991, de 30 de julio.

Si nos centramos en las Comunidades Autónomas de la cornisa cantábrica, Galicia tiene una ley de organización administrativa  del año 2010, Cantabria  del 2018 y el País Vasco  del año 2022.

La ley asturiana de 1991 está anclada en un modelo rígido de estructura administrativa, integrado en cada Consejería por órganos centrales, órganos desconcentrados y órganos de asesoramiento y apoyo, siendo los órganos centrales de las Consejerías la Secretaría General Técnica, las Direcciones Generales y la Intervención General, cuyos titulares tienen la consideración de altos cargos.

Los órganos centrales se estructurarán orgánicamente, con carácter ordinario, en servicios, secciones y negociados.

Este modelo de estructura administrativa copia casi literalmente el que ya establecía previamente la Ley 1/1982, de 24 de mayo, de Organización y Funcionamiento de la Administración del Principado de Asturias., por lo que puede decirse que la Administración asturiana actual está organizada con el mismo esquema con el que se montó la Comunidad Autónoma hace ya 40 años.

 

Un modelo de organización administrativa rígido y extremadamente jerarquizado y centralizado, que impide dar respuestas rápidas a problemas complejos que afectan a áreas funcionales distintas o que son de una gran relevancia económica y/o social. Y que, por otra parte, ha generado una hipertrofia de puestos de jefatura, en la medida en que la creación de nuevos puestos dentro de la jerarquía administrativa se ha utilizado sistemáticamente como mecanismo de incremento salarial de los empleados públicos.

 

A ello debe añadirse que no habido durante ese largo periodo una voluntad política de aprovechar las fórmulas de organización más flexible previstas en la ley, como es el caso de la posibilidad de crear Agencias conforme al artículo 13 de la  Ley 8/1991, de 30 de julio, que no han tenido ningún desarrollo práctico.

 

A este respecto, procede recordar que, en el ámbito de la Administración del Estado, la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, estableció un nuevo enfoque organizativo y funcional de los organismos públicos con el fin de intensificar la calidad y eficacia de las prestaciones. En ese marco, la actuación de las Agencias Estatales se desarrolla con arreglo a un  plan de acción anual y  conforme al pertinente contrato plurianual de gestión.

 

Algunas Comunidades Autónomas, como el caso significativo de la de Galicia, potenciaron ese nuevo marco organizativo desconcentrado, creando las agencias públicas autonómicas como entidades a las que, para el cumplimiento de programas específicos correspondientes a políticas públicas, se les encomienda la realización de actividades en régimen de descentralización funcional y gestión por objetivos.

 

La actuación de las agencias públicas autonómicas se produce, de acuerdo al plan de acción anual, conforme al pertinente contrato plurianual de gestión. En el contrato plurianual de gestión se incluyen los mecanismos que permiten la exigencia de responsabilidades por incumplimiento de objetivos.

 

En la Comunidad Autónoma gallega se encuentra implantada una muy relevante estructura administrativa de Agencias, en ámbitos como las infraestructuras, los servicios sociales, la innovación, la industria forestal, las industrias culturales, la modernización tecnológica etc.

 

Por su parte, la Ley vasca de organización administrativa del año 2022 introduce la figura organizativa de los Centros de gestión unificada, que  son órganos administrativos que se pueden crear para la gestión unificada de aquellos procesos complejos en su tramitación o de gran incidencia económica o social, y que van más allá de la distribución administrativa funcional común y posibilitan la adecuación a las necesidades de las personas receptoras y usuarias de los servicios públicos, ofreciendo una atención rápida, por medio de un único punto de contacto y con un plazo de respuesta más breve.

 

Asimismo, la ley vasca establece la obligación de que las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma estén sujetas a una evaluación de la eficacia económica y eficiencia para contrastar el grado de cumplimiento de los objetivos y fines de la entidad en función de los recursos empleados, la relación coste-beneficio y la optimización de los recursos empleados; y de la eficacia material y de la actividad de las entidades del sector público en relación con su impacto en el ámbito al que dirige su acción y a la ciudadanía en general.

 

En Asturias, el proceso legislativo para la imprescindible reforma de la organización administrativa sigue estancado por falta de iniciativa política. Más allá de las declaraciones altisonantes sobre la declaración de guerra a la burocracia, que no se traducen más que en titulares de prensa, los derechos sociales básicos de los solicitantes de la valoración de la discapacidad, de las ayudas por alquiler de vivienda o de las ayudas con fondos PAC, entre otros muchos, siguen siendo triturados por una maquinaria administrativa ineficiente, mal dotada y pésimamente organizada.

 

viernes, 30 de diciembre de 2022

Barbón esconde el fracaso de sus políticas con ataques a la "burocracia"

 El presidente Adrián Barbón redobló, en su última comparecencia pública del año, los ataques a la burocracia y a las burócratas, que serían la amenaza, según él, para que "la política sea útil". De acuerdo con lo señalado por algunos medios, el Sr, Barbón llegó a afirmar que la Comunidad Autónoma estaba condicionada por "burócratas que viven felices mareando papeles"

Pero, ¿de qué burocracia y de qué burócratas está hablando el presidente del Principado? La burocracia incluye, por definición, los procedimientos administrativos para tramitar las prestaciones y servicios públicos a los ciudadanos y ciudadanas, la organización administrativa establecida con ese fin y los medios personales, es decir, los empleados públicos disponibles a tal efecto. Dicho de otro modo, la burocracia, en cuanto organización regulada por normas que establecen un orden racional para gestionar los servicios públicos, es la propia Administración Pública.

Por tanto, el Sr. Barbón, cuando ataca a la burocracia y a los burócratas, está cuestionado directamente la organización y funcionamiento de la Administración Pública que dirige como máximo responsable del Gobierno asturiano. ¿Qué ha hecho el presidente para reformar lo que funciona mal, organizando mucho mejor los medios materiales y personales y depurando los procedimientos administrativos de trámites innecesarios, redundantes o solapados con otros?

Dice el presidente del Principado que se ha dado cuenta tarde de la "amenaza de la burocracia". Peor nos lo pone. La organización y funcionamiento de la Administración Pública asturiana es responsabilidad exclusiva de su Gobierno y si en los casi cuatro años que lleva al frente de aquella no ha conseguido implantar cambios sustanciales, más de allá de anunciar planes y proyectos que nunca terminan de concretarse, quien debe asumir el fracaso es exclusivamente él y su consejeras y consejeros, no esconderse detrás de una crítica populista y demagógica que, además, desprestigia de forma injusta e innecesaria a las y los trabajadores de la Administración asturiana. Justo lo que quieren los amigos de las privatizaciones y de la desregulación ( en beneficio de sus intereses económicos particulares, por supuesto)

Si los expedientes de valoración de la dependencia, los de subvenciones al alquiler o los de pago de los anticipos de las ayudas PAC a agricultores y ganaderos, por citar algunos concretos, llevan retrasos inadmisibles, que están lesionado gravemente derechos sociales y económicos básicos de miles de personas, o si se incrementan las listas de espera quirúrgicas o de acceso a establecimientos residenciales para ancianos; ¿ cómo es posible que el Gobierno de Barbón no haya articulado, en estos últimos cuatros años, medidas organizativas, procedimentales y de gestión de recursos humanos para hacer frente, de manera real y efectiva, a estos graves problemas burocráticos?

Pero es más fácil esconderse detrás de una crítica de brocha gorda a la burocracia y a los burócratas, es decir, a la Administración que él mismo dirige y a sus trabajadores públicos; que reconocer el fracaso propio.

sábado, 24 de diciembre de 2022

viernes, 23 de diciembre de 2022

El Gobierno del Principado vuelve a engañar a los empleados públicos con la implantación del teletrabajo

A fines del pasado mes de junio la Dirección General de Función Pública del Gobierno del Principado anunciaba que el teletrabajo estaría implantado en la Administración asturiana en otoño. Ya estamos en invierno y el Decreto regulador sigue sin estar aprobado, sin que nadie de explicaciones sobre las causas del retraso.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, en un comunicado difundido el paso 10 de agosto con ocasión del anuncio de medidas de ahorro energético por parte del Gobierno del Sr. Barbón, entre ellas, la aplicación del teletrabajo, ya advertía que ese anuncio era una burla en toda regla hacia sus trabajadores públicos.

En efecto, en el mes de mayo del año 2021 el vicepresidente Cofiño declaraba en la Junta General que “en muy pocas semanas” se publicaría en el Boletín Oficial el Decreto que regularía el teletrabajo en la Administración del Principado de Asturias (ver aquí)

Más de un año después el Gobierno continuaba sin aprobar dicho Decreto, que ha sido tramitado con una lentitud irritante, buscando retrasar el mayor tiempo posible la aprobación y entrada en vigor de la norma reguladora. No deja de ser llamativo que el Gobierno que dice haber declarado la “guerra a la burocracia”, haya puesto todos los obstáculos burocráticos posibles para impedir la rápida implantación del teletrabajo en la Administración asturiana. 

El anuncio de mayo de 2021 se incumplió flagrantemente y el del pasado verano también. 

Si tenemos en cuenta que el Decreto que actualmente tramita el Gobierno del Principado (ver aquí) ni siquiera contempla su entrada en vigor inmediata, si no que lo hará a los veinte días de su publicación y, además, impone como obligación que la solicitud se presente, al menos, con una antelación de 2 meses al comienzo del periodo de prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo que se solicita (artículo 5.1), es evidente que tampoco se podrá aplicar durante el invierno que acabamos de estrenar.

¿Pretende el Gobierno del Sr. Barbón utilizar el teletrabajo de los empleados público como una mercancía electoral, haciendo coincidir su puesta en marcha con la precampaña de la próxima primavera? Todo apunta a que por ahí va su estrategia, usando un derecho reconocido en el Estatuto Básico del Empleado Público como instrumento clientelar para la captura de votos.

Una maniobra populista y demagógica, especialmente deleznable cuando el Gobierno del  Principado acaba de anunciar hace unos días la puesta en marcha de una campaña para captar nómadas digitales, es decir, profesionales vinculados al ámbito de las nuevas tecnologías que quieran teletrabajar desde Asturias. 

¿Cómo se puede creer en la fiabilidad de esta campaña si el Gobierno del Principado ni siquiera cumple con los compromisos adquiridos sobre el teletrabajo con sus propios trabajadores? 


viernes, 16 de diciembre de 2022

LA DIRECCIÓN PÚBLICA EN UN ESTADO CLIENTELAR DE PARTIDOS

Rafael Jiménez Asensio (Consultor Institucional/Catedrático acreditado de Universidad) 

“El método democrático crea políticos profesionales, a los que convierte después en administradores y ‘hombres de Estado’ amateurs. Peor aún (…) las cualidades de inteligencia y de carácter que convierten a alguien en un buen candidato no son necesariamente las mismas que le convierten en un buen administrador” (Schumpeter, 2015, 98). 

El presente artículo tiene por objeto analizar las dificultades materiales en la implantación de la dirección pública profesional en un sistema político administrativo asentado sobre bases del clientelismo político o del patronazgo. El hilo conductor de este trabajo es el papel que, directa o indirectamente, han tenido y tienen los partidos políticos en el control de la alta Administración, una tendencia generalizada, pero que adquiere unas dimensiones cuantitativas y cualitativas muy superiores en nuestro contexto institucional, que bien se puede calificar, así, como un “Estado clientelar de partidos”. Este contexto descrito es una de las principales causas que explica el fracaso de los tímidos intentos de profesionalización de los niveles directivos ensayados en España en la última década y, por tanto, muestra las dificultades efectivas para que las Administraciones Públicas españolas se homologuen, en este punto, a las democracias avanzadas, rompiendo un pesado legado institucional, cuyos efectos patológicos no han hecho sino incrementarse con el paso del tiempo. 

SUMARIO 
1.- Preliminar 
2.- Los partidos y sus mutaciones: un breve apunte 
3.- Las tesis de García Pelayo sobre el Estado de partidos, la alta Administración y los altos cargos: planteamiento y (parcial) refutación.
4.- Evolución reciente del Estado de partidos y su incidencia sobre la alta Administración. 
5.- Final: ¿Es posible implantar una Dirección Pública Profesional en el marco de un Estado clientelar de partidos?