Posted by Julio González | Sep 28, 2020
Sostenibilidad del gasto público.
La COVID19 ha vuelto a poner encima de la mesa un problema estructural de la Administración española: su falta de ingresos. La pandemia lo ha transformado en una cuestión dramática en la medida en que del erario público tienen que salir no sólo el dinero para sanidad o educación sino medidas coyunturales como las de los ERTE.
Se puede pensar que no es el momento para una subida de impuestos. Yo creo, por el contrario, que es el momento para analizar la estructura de los ingresos públicos y las carencias que tiene nuestro sistema impositivo para garantizar un gasto público suficiente y que, además, resulte financierametente sostenible.
Dicho de otro modo, en función de la importancia de la economía española ¿recauda el Estado y las demás Administraciones públicas españolas lo suficiente? Porque, evidentemente, ingreso y gasto público son magnitudes paralelas: cuanto más se ingresa, más se puede gastar.
Por tanto, la pregunta que nos deberíamos hacer no es si las pensiones (o la educación, o la sanidad, o la investigación) son sostenibles o no sino, por el contrario ¿hace el Estado lo necesario para recaudar lo suficiente? Y el marco de comparación es bien sencillo: la Unión Europea. Los datos de los países de nuestro entorno nos darán una idea real de cuál es la política de ingresos de España y si resulta suficiente para afrontar el gasto del Estado del bienestar.
España tiene una presión fiscal mucho más baja que la media de la Unión Europea. Y recauda menos que la Unión Europea. Si tomamos los datos de la Oficina estadística de la Unión Europea, tenemos los siguientes datos: la media del porcentaje de recaudación fiscal en función del PIB es de más del 41,3% y en España es del 34,1%. Son en su mayor parte las bonificaciones fiscales a determinados colectivos lo que determina esa recaudación anormalmente baja en función del Producto Interior Bruto.
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Cuando nos plateamos por qué los servicios sociales en Alemania son mucho mejores que en España, la respuesta es sencilla: la presión fiscal en Alemania es del 40,4%. Pero todas las economías mayores que la nuestra en la zona euro tienen mayor presión fiscal: Francia el 47,6%, Italia el 42,9%. Hasta el Reino Unido, fuera de la zona euro, tiene más presión que nosotros, el 35,1%.
Si subiéramos la presión fiscal a la altura de Alemania, aumentaría la recaudación en casi 70.000 millones de euros.
Sin embargo, la evolución habida durante los Gobiernos del Partido Popular también marca que hay una voluntad de que la recaudación disminuya. El cuadro también está tomado de Eurostat y muestra como, a pesar de los problemas sociales y la falta de fondos para asumirlos, España forma parte del reducido conjunto de países que ha rebajado la presión fiscal.
De hecho, en medio de la pandemia, ha sido la respuesta, junto con el urbanismo, que han dado Gobiernos como el de Andalucía o la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica. Es exactamente el mismo problema que hubo en la crisis de 2008 y cuyos efectos fueron socialmente devastadores
Podríamos aquí entrar a discutir, además, cuál es la estructura de la presión fiscal y cómo se está impidiendo cumplir con el contenido del artículo 31 de la Constitución, cuando está exigiendo la redistribución de la riqueza. El aumento de la presión fiscal indirecta (la que pagamos con el mismo tipo fiscal) es una buena muestra de ello.
Pero en todo caso, fruto de todo lo anterior, de que se ingresa menos de lo que se debería ingresar, se deduce una consecuencia fácil de entender: somos de los países de la Unión Europea con menos gasto público, sin que lleguemos siquiera a la media de la Unión Europea. La crisis de la pandemia y la situación de la sanidad en muchos lugares, especialmente la Comunidad de Madrid es la mejor muestra de este problema
La escasez de la plantilla de la Administración es un problema añadido. Faltan inspectores de trabajo para paliar la economía sumergida. Falta personal para no tener que externalizar muchas actividades, que están suponiendo una gran transferencia de fondos al sector privado y costando más.
Pero es especialmente significativo el problema de la escasez de medios de la Administración tributaria, que repercute directamente en la recaudación y, por tanto, en la capacidad de ingreso para su distribución. Somos, por ejemplo, uno de los países de la Unión Europea que recauda menos IVA en función del Producto Interior Bruto. A la vista de esta tabla, realizada en función de los datos proporcionados por la OCDE, vemos que tenemos una plantilla tres veces inferior a Francia u Holanda y 2,5 veces inferior a Alemania.
Los datos anteriores muestran la falacia del argumento de que las pensiones, o la educación, o la sanidad, o la investigación no son sostenibles. No son sostenibles porque no se quiere tener una presión fiscal suficiente ni se quiere recaudar los suficiente porque no se prevé lo necesario para disponer de personal suficiente para evitar el fraude fiscal. El argumento populista de la bajada de impuestos -tan propio del PP o de Ciudadanos, que lo han aplicado y reclamado- no se sostiene si queremos mantener un Estado del bienestar razonable para un país de nuestras características.
Por su parte, la izquierda ha caído, en mi opinión, en la trampa de no abordar el debate de la recaudación de forma madura. Esto no es sólo un problema de subir los impuestos, sino también de establecer “un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad” tal como dispone el artículo 31 de la Constitución. Es, por otra parte, una exigencia de la configuración del Estado como social (artículo 1.1. de la Constitución) y del mandato de promover la igualdad de los individuos que está en alrtículo 9.
«Si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia», dijo en cierta ocasión Bork, el Rector de la Universidad de Harvard. Trasládelo a la sanidad, la investigación y las pensiones. Y a partir de ahí, extraiga consecuencias sobre los impuestos. Porque para tener mejores servicios en el marco de un Estado social, nos tenemos que dar cuenta de que hay que pagarlos. Y eso sólo se hace vía impuestos.
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