La Fundación para el Progreso de Soft Computing pagaba sueldos estratosféricos a un grupo selecto de empleados

La reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJPA) dictada el pasado 29 de marzo, a la que ha tenido acceso esta asociación (ver aquí), en la que se declaran nulos los despidos de los trabajadores de la Fundación para el Progreso de Soft Computing, refleja como pocas un modo de gestionar los fondos públicos en los llamados “chiringuitos”, caracterizado por el despilfarro económico y el enchufismo laboral.

La relación de los salarios que  dicha Fundación – creada y sostenida con dinero público del Principado de Asturias - pagaba a sus trabajadores, recogida en el cuadro que extraemos de la sentencia, revela la existencia de un grupo selecto de ocho (8) empleados con salarios mensuales muy superiores a los del Presidente del Gobierno del Principado:

Investigador asociado	4.250 euros
Secretaria dirección	2.096,87 euros
Responsable desarrollo	2.692,27 euros
Investigador principal	7.558,92 euros
Investigador asociado	3.833,33 euros
Ayudante de investigación	1.816,66 euros
Investigador principal	7.558,91 euros
Gerente	4.583,33 euros
Ayudante de investigación	1.816,66 euros
Administrador de sistemas	1.958, 33 euros
Director TIC	3.166,67 euros
Contable financiero	2.042,78 euros
Documentalista	1.429,13 euros
Director General	10.959,50 euros
Investigador emérito	2.520 euros
Técnico gestor proyectos	2.125,01 euros
Investigador predoctoral	1.666,68 euros
Ayudante de investigación	1.816,66 euros
Arquitecto de software	2.320,01 euros
Auxiliar administrativo	1.672,55 euros
Investigador asociado	3.333,33 euros
Analista técnico	2.045,85 euros
Ayudante investigación	1.916,67 euros
Investigador emérito	6.279,08 euros
Investigador principal	7.558,92 euros
Investigador postdoctoral	2.250 euros

No nos extraña que la Fundación Soft Computing tuviera que terminar cerrando por insostenibilidad financiera, a la vista de este desmadre salarial más propio de ejecutivos de la gran banca.

Pero, además, la sentencia del TSJPA pone de manifiesto, con toda crudeza, una manera de adoptar decisiones políticas absolutamente irresponsable, cuando describe el comportamiento del consejero de Empleo, Industria y Turismo, D. Francisco Blanco, que decide por su propia cuenta y riesgo y a través de una llamada telefónica, conceder a los trabajadores que estaban negociando el Expediente de Regulación de Empelo (ERE) una indemnización de 30 días de salario por año de servicio, por encima de los 24 días que ofrecía el representante de la patronal en la negociación, cuando debía conocer que ello no era legalmente posible porque la Intervención General del Principado advertía que no se podía asumir pagos públicos a entidades privadas.

Con este modo de proceder el Sr. Consejero engañó a los trabajadores, como expresamente reconoce la sentencia, cuando afirma que "el Consejero, que a la postre obtuvo con su compromiso la aceptación de los trabajadores, no podía legalmente hacer el ofrecimiento, pues tenía que saber que la Administración a la que pertenece le iba a negar, a través de la Intervención, la posibilidad de cumplir" y que “ese compromiso sin esperanza de ser materializado produjo el efecto de un engaño a la parte social, que aceptaron poner fin al periodo de negociaciones sobre la base de una contraprestación asumida por quien conocía de antemano la imposibilidad de cumplir lo que iba a acordar. ” (fundamento de derecho tercero), engaño que trajo como consecuencia la nulidad de los despidos.

¿Va a asumir alguna responsabilidad política el Sr. Blanco por  este patinazo monumental o los ofrecimientos ilegales no tienen ninguna consecuencia política para el Gobierno del Principado?

 SENTENCIA COMPLETA