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sábado, 17 de octubre de 2015

La Defensora del Pueblo apoya a los policías nacionales que pelean contra los enchufes

Becerril admite irregularidades en las comisiones de servicio y critica el "uso abusivo" de la competencia de organización

El colectivo de policías nacionales que ha denunciado el enchufismo en la concesión de comisiones de servicio en Asturias ha recibido un nuevo espaldarazo. La Defensora del Pueblo, Soledad, Becerril, considera que el cuerpo no está respetando la normativa que regula la provisión de puestos de trabajo y también que se está haciendo "un uso abusivo de la potestad de auto-organización" a la hora de mantener y otorgar estas comisiones de servicio. También considera que no se motiva en los concursos anuales de traslados la no convocatoria de plazas que están cubiertas por este sistema. Becerril reconoce que hay comisiones de larga duración, incluso desde 2007, que se prorrogan reiteradamente y se sorprende del elevado número de puestos que están en estas condiciones y a los que no pueden optar los agentes que quieren trasladarse.

Este caso está judicializado. Hay un recurso presentado en el 2014 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En una prueba practicada durante el proceso, la Dirección General de la Policía reconoció que en la convocatoria de traslados de 2014, además de las siete plazas ofertadas en Asturias, había otras 80 más del catálogo de puestos de trabajo que no se convocaron. La plataforma de policías nacionales explica que, a día de hoy, el recurso está pendiente de sentencia.



En el concurso de traslados de este año 2015, el colectivo denuncia que la Dirección General de la Policía ha seguido el mismo criterio y solo ha sacado cuatro plazas para toda Asturias. Por este motivo, han vuelto a presentar un nuevo recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta ha sido la sede elegida por "un nutrido grupo de policías de toda España, aunque la mayoría procede de la Jefatura Superior de Navarra".

Los agentes denunciantes aseguran que el informe de la Defensora del Pueblo les ha supuesto "una inyección de optimismo", tanto para los asturianos como para los que han denunciado comisiones de servicio ilegales en Galicia o en Ceuta. Ahora están pendientes de que se dicte sentencia sobre el primer contencioso de 2014. Anuncian, además, que continuarán dando la batalla en los tribunales mientras la política de la Dirección General de la Policía no cambie.
 

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