INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL SOBRE LA OPERACIÓN DE COMPRA DE LAS ALAS DEL EDIFICIO CALATRAVA PARA OFICINAS DEL PRINCIPADO (VER AQUÍ)
lunes, 31 de agosto de 2015
jueves, 27 de agosto de 2015
La Junta paga a personal que trabaja para los partidos
Fernando Romero / Periodista.
Alrededor de los grupos políticos de la Junta General del Principado revolotean un montón de empleados, colaboradores, asesores y secretarios que cobran sus buenos dineros. Muchos de ellos están dentro de la plantilla de personal eventual pero apenas pisan la moqueta del palacio regional. Fuentes del Parlamento aseguran que es una situación tolerada por todos, inclusive “la patronal”, es decir la Mesa de la Junta, cuya máxima responsabilidad recae en el presidente de la misma, Pedro Sanjurjo.
Alrededor de los grupos políticos de la Junta General del Principado revolotean un montón de empleados, colaboradores, asesores y secretarios que cobran sus buenos dineros. Muchos de ellos están dentro de la plantilla de personal eventual pero apenas pisan la moqueta del palacio regional. Fuentes del Parlamento aseguran que es una situación tolerada por todos, inclusive “la patronal”, es decir la Mesa de la Junta, cuya máxima responsabilidad recae en el presidente de la misma, Pedro Sanjurjo.
Pero tampoco dicen nada el equipo de juristas o el interventor, a
pesar de ser una situación que no pasa desapercibida a cualquiera que trabaje
en la sede del Parlamento autonómico. En el lenguaje laboral esta práctica se
llama absentismo, y está penalizado hasta con el despido. Pero nadie dice nada.
Y es que a los partidos no les vale con recibir suculentas sumas anuales de
la Junta para financiarse (dinero con el que podían pagar a esos empleados)
sino que, desde su poder en la Cámara, fueron consiguiendo crear nuevos puestos
de trabajo para sus colaboradores trasvasando la carga salarial a los
contribuyentes asturianos. Expertos en derecho laboral confirman que esta
práctica es irregular, cuando no ilegal, ya que “si están asignados al auxilio
de los grupos y cobran de la partida que la Junta otorga a dichas entidades su
trabajo tendría que dedicarse en su totalidad a dicha función, sin que puedan
desempeñar otras actividades propias de la asesoría o ayuda a los partidos
políticos”. Otros hablan de “prestamismo laboral”, por estar cobrando de una
empresa y trabajando para otra.
Las “empresas” en la que estos empleados deberían ejercer su actividad
laboral están en las calles ovetenses Fruela y en Cabo Noval, es decir, en la
sede de los grupos políticos parlamentarios. En esta lista de “personal
eventual” que es claramente “personal político a cargo de los presupuestos” hay
algunos destacados dirigentes de la política asturiana, como el coordinador
general de IU en Asturias Manuel González Orviz, quien declinó hacer
declaraciones a ATLÁNTICA XXII sobre este tema. Esta práctica, según las
fuentes consultadas, “es habitual en todos los partidos, en los tradicionales y
en los nuevos”.
Llama la atención cómo esta “legión” de asesores políticos a sueldo de la
Junta General ha crecido exponencialmente desde la primera legislatura, en la
que solo había un empleado eventual en calidad de jefe de gabinete. Ahora hay
47 y todos cobran sueldos que rondan los 3.000 euros al mes de media. Tiene
cierta lógica que los miembros de la Mesa, a quienes corresponde controlar
estas irregularidades, no actúen, dado que, como señalan las mismas fuentes,
“los mismos miembros de la Mesa de la Junta tienen personal que no aparece por
allí”.
Nombres hay muchos, además de Orviz. Unos más conocidos que otros. Por
ejemplo, el número 2 de UPyD, Pedro Herrero, viene solo de vez en cuando. Lo
mismo ocurre con el jefe de prensa de IU, que trabaja en la sede de la
coalición, y con el portavoz de Foro Asturias en Langreo, Pedro Leal, cuyo
lugar de trabajo no es precisamente la Junta General. Una secretaria del
diputado forista Pelayo Roces solo aparece cuando hay pleno para atender a
Francisco Álvarez- Cascos, mientras que el diputado de IU Aurelio Martín tiene
dos secretarias a su disposición a media jornada que tampoco acuden por la sede
parlamentaria.
Diego Comins, ex diputado y oficialmente secretario del diputado popular y
miembro de la Mesa del Parlamento José Cuervas-Mons, trabaja en Gijón y
tampoco se le ve el pelo por la Junta General, aunque en época electoral se
suele mover más. También hay un alcalde en la nómina del personal eventual. Es
el de Illas, Alberto Tirador, de IU, que está a medio sueldo y al que tampoco
se le ve mucho por la Junta. Del PSOE se sabe que solo trabajan cuatro en la
Junta, mientras que otros cuatro lo hacen fuera. El propio secretario del
presidente del Gobierno, Octavio Vázquez, se encuentra actualmente trabajando
en la campaña de las europeas, más cerca de Santa Teresa (sede de la FSA-PSOE)
que de Fruela.
Perdido en la Junta
Estos eventuales se reparten 1.840.000 euros entre 47. Una media de 39.148
euros al año por cada uno (3.000 euros mensuales). Antiguamente, estos
empleados estaban para asistir a los integrantes de la Mesa, debido a su mayor
trabajo. Solían ser dos funcionarios para los cuatro miembros de la Mesa, salvo
el presidente, que tenía su propio asesor. Ahora Pedro Sanjurjo demanda más
ayudantes y pasó a tener cuatro empleados a su disposición, mientras que el
resto de los miembros de la Mesa tiene derecho a dos personas.
Muchos de estos empleados tienen que mostrar su carnet de la Junta cuando
alguna vez acuden a la sede parlamentaria, porque los bedeles no les conocen.
Se dio incluso un caso curioso con uno de estos empleados “fantasmas” que
acudió al reconocimiento médico preceptivo. Nadie sabía quién era y tuvo que
identificarse. Pero además, se perdió por los pasillos de la Junta y no sabía
salir del edificio. Tan poco familiarizado estaba con su teórica “empresa”.
Esta plantilla ausente solía acudir a la fiesta de Navidad y a los
reconocimientos médicos. Se les conoce el nombre por el envío de la nómina o de
la cesta navideña que se manda a sus domicilios. Miembros del personal de la
Junta no entienden que la lista de los eventuales no se publique con nombres y
apellidos, como el resto de la plantilla.
La Mesa de la Cámara aprobó la plantilla de personal eventual de la actual
legislatura el 4 de mayo de
2012, destinando 4 asesores a Pedro Sanjurjo, 8 a los secretarios de Mesa, 9 para el
grupo socialista, 8 para Foro Asturias, 8 para el PP, 6 para IU y 6 para UPyD,
partido éste que solo tiene un diputado.
PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 32, MAYO DE 2014
miércoles, 26 de agosto de 2015
Los interinos denuncian el grave colapso del sistema de petición de destinos
Oposiciones docentes.
La Asociación de Docentes Interinos de Asturias (ADIA) asegura que
"el cabreo es mayúsculo" y que la sensación de nerviosismo comienza a
extenderse. ADIA explica que el programa funcionó con normalidad en las
primeras horas, desde las tres de la tarde hasta las ocho,
aproximadamente. A partir de ese momento, comenzó el colapso. El
colectivo pregunta a la administración qué medidas está adoptando para
evitar este problema y exige una solución inmediata, ya que los plazos
son muy ajustados. Un portavoz de ADIA señala que hay compañeros
sentados delante de la pantalla de un ordenador intentando de forma
compulsiva formalizar su petición.
Sobre la corrección en bloque de las irregularidades detectadas en las listas de interinos no ha habido ninguna novedad. Un grupo de afectados se está organizando para llevar el caso a los tribunales.
viernes, 21 de agosto de 2015
PEDIMOS AL CONSEJO DE GOBIERNO LAS ACTAS DE SUS REUNIONES DE 13 Y 14 DE AGOSTO
Según portavoces anónimos del
Gobierno del Principado de los que se hace eco la prensa de hoy, el Consejo de
Gobierno se reunió el día 13 de agosto y, entre otros asuntos, aprobó la
estructura orgánica de las ocho nuevas consejerías.
Sin embargo, en la página web de la Administracióndel Principado de Asturias, dentro del apartado de información sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno, no figura ninguna referencia a acuerdos de
fecha 13 de agosto y, en flagrante contradicción con la versión oficial, sí se hace mención a los acuerdos de 14 de agosto, entre
los que se señala la aprobación “de la nueva estructura del Ejecutivo
autonómico, que tendrá ocho consejerías, dos viceconsejerías y 38 direcciones
generales”
¿A qué se debe este empecinamiento del Gobierno del
Principado en mantener una información pública que, según sus propias fuentes,
no es cierta?
La misma noticia de prensa indica que “la reunión del jueves 13 se convocó en la jornada precedente para las diez de la mañana del día siguiente en un documento firmado por el consejero de Presidencia y secretario del Consejo, Guillermo Martínez, en el que consta el orden del día del encuentro”. De haber realizado la convocatoria el secretario sería manifiestamente ilegal, pues debería efectuarla necesariamente el Presidente, de acuerdo con lo que dispone el artículo 26.1 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
Con el fin de clarificar todos
estos puntos oscuros y teniendo en cuenta que las actas de los Consejos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas son documentos públicos, como ha señalado
el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción en sentencia nº 2/2011, de 20 de septiembre de 2011,
el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ha solicitado en el día de hoy al Consejo de Gobierno del Principado copia de las actas de los Consejos de Gobierno celebrados los días 13 y 14 de agosto delaño en curso ( ver aquí)
Ni la aprobación de la estructura
orgánica de las consejerías del Principado es un asunto de trámite, ni la
transparencia en la información pública a los ciudadanos y ciudadanas puede
tomarse tan a la ligera para hacer públicos unos datos y sostener, al mismo tiempo,
que no son ciertos. Un poco de seriedad.
miércoles, 19 de agosto de 2015
El misterioso caso de la fecha de aprobación de las nuevas estructuras de las Consejerías del Principado. ¿Hubo una reunión secreta del Consejo de Gobierno el día 13 de agosto?
El Boletín Oficial del Principado de Asturias del 14 de agosto publicaba los Decretos de aprobación de las estructuras orgánicas de las ochos consejerías del Principado de Asturias. Los ocho Decretos dictados por el presidente del Gobierno autonómico, uno por consejería, llevan fecha 13 de agosto y, según su texto, se dictaron previo acuerdo del Consejo de Gobierno reunido ese mismo día.
Sin embargo, en la información sobre la actividad del Gobierno que figura en la página oficial de la Administración del Principado de Asturias no consta acuerdo alguno de fecha 13 de agosto, pero sí la relación de acuerdos del día 14 de agosto, en la que se indica: "El Consejo de Gobierno aprueba la nueva estructura del Ejecutivo autonómico, que tendrá ocho consejerías dos viceconsejerías y 38 direcciones generales"
Por tanto, de conformidad con la información oficial del Gobierno del Principado el Consejo de Gobierno aprobó las estructuras orgánicas de las consejerías el día 14 de agosto y no el día 13, como figura en los ocho Decretos dictados por el presidente.
Según publica hoy el diario La Nueva España, fuentes del
Principado indican que el jueves 13 de agosto hubo "un Consejo de Gobierno "no público", una reunión sin anuncio
previo ni constancia posterior convocada siguiendo un procedimiento
que, afirman las mismas fuentes, se utiliza con alguna frecuencia para
dar de paso asuntos de trámite o de mera formalidad administrativa que
precisan para ser aprobados el asentimiento del Gobierno"
Ahora bien, la versión dada por esas fuentes anónimas no cuadra con la información oficial que proporciona la página web del Principado Asturias. La cuestión, lejos de resultar anecdótica, afecta a la seriedad y rigor legal con el que debe actuar la Administración Pública y exige una clarificación oficial, sin que resulten de recibo las explicaciones clandestinas. La importancia y trascendencia de los acuerdos adoptados - la creación de la propia estructura del Gobierno entrante a través de la regulación de los órganos directivos de todas las consejerías - no permite calificarlos como un mero asunto de trámite y otorga mayor gravedad a la confusión generada por el propio Gobierno.
Recordamos que los acuerdos del Consejo de Gobierno deben constar en acta, que
extenderá el Consejero de Interior y Administraciones Públicas en su
calidad de Secretario del Consejo de Gobierno ( en la actualidad, el Consejero de Presidencia), conforme establece el artículo 30.1 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
La tan cacareada transparencia exige luz y taquígrafos para esclarecer este misterio de fechas: el Consejo de Gobierno debe hacer pública el acta en la que se recogen los acuerdos de aprobación de las nuevas estructuras orgánicas de las consejerías. Cuánto antes mejor.
martes, 18 de agosto de 2015
El PP avala a la cúpula del Tribunal de Cuentas pese a los enchufes
Cospedal reunió en un hotel con los seis de los siete consejeros propuestos por su partido
Resto importancia a los casos de nepotismo y les instó a renovar a Álvarez de Miranda
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Alvarez de Miranda, comparece en julio de 2014 en el Congreso de los Diputados. / LUIS SEVILLANO
La secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal,
ha impuesto que todo siga igual en el Tribunal de Cuentas. El pasado 21
de julio, dos días antes de la fecha legal en que debía renovarse la
cúpula dirigente del tribunal, incluida la presidencia, Cospedal citó,
en un hotel de Madrid, a seis de los siete consejeros que tiene
nombrados el partido en este organismo. Y les instó a que votasen para
otro periodo de tres años al actual presidente, Ramón Álvarez de Miranda, al tiempo que restó importancia a los casos de nepotismo que salpican al órgano que se encarga de fiscalizar a las 700 administraciones que hay en España.
Cospedal señaló que la decisión de que debía seguir en su puesto el
actual presidente partía del Gobierno, según fuentes conocedoras de esa
reunión. Los consejeros del PP, que antes de este encuentro estaban
divididos y al menos tres de ellos no querían que Álvarez de Miranda
repitiese, acataron las instrucciones y le renovaron en el cargo durante
la sesión plenaria que se celebró el jueves 23 de julio.
Álvarez de Miranda, que tiene a una concuñada y a un sobrino en el
tribunal, había comentado a sus compañeros que no quería presentarse a
la reelección. Decía estar cansado. También quería dejar el cargo por
las tensiones internas generadas tras publicar EL PAÍS que el centenar
de casos de supuesto nepotismo que salpican al organismo. De hecho, Álvarez de Miranda tuvo que comparecer
en el Congreso de los Diputados el 8 de julio de 2014 (obligado por el
PP y a instancias de los partidos de la oposición) para dar cuenta de
los lazos de parentesco en la plantilla del tribunal. Allí anunció una
batería de medidas de transparencia. Una de ellas fue (ya ha sido
realizada) que sometería al organismo a una fiscalización por parte del
Tribunal de Cuentas de Europa. Esta institución internacional acaba de
presentar su informe, en el que elude hablar del nepotismo y se limita a
exponer que debe haber un mayor control en las oposiciones.
Pero aun en el caso de que a última hora Álvarez de Miranda hubiese
decidido concurrir a la reelección, no las habría tenido todas consigo.
Una parte de su grupo (al menos tres de los siete consejeros) apostaban
por una renovación de la cúpula. Según fuentes conocedoras de la citada
reunión en el hotel, Cospedal restó importancia al asunto del nepotismo y
comentó que es normal que coincidan familiares trabajando en organismos
públicos. Cospedal hizo ese comentario, según las citadas fuentes,
cuando Javier Medina, vicepresidente del organismo, expresó su malestar
por las informaciones difundidas al respecto. Medina tiene en el
tribunal a su mujer, a un hermano, a una hermana y a una pariente de su
esposa. Pero hay muchos más casos de familiares. El exsecretario general
tiene, por su lado, a su hija y a su yerno, y los dos últimos
presidentes del comité de empresa de este órgano acumulan a una quincena
de familiares y conocidos, entre esposas, sobrinos, sobrinas, cuñados e
incluso amigos de la infancia.
Al final, y tras las indicaciones de Cospedal a los consejeros en el
sentido de que no era tiempo de cambios por la cercanía de las
elecciones, Álvarez de Miranda accedió a seguir en el cargo. El único
consejero del Tribunal de Cuentas que no asistió a la reunión, porque no
había sido avisado, fue Manuel Aznar, hermano del expresidente del
Gobierno José María Aznar. Es uno de los consejeros propuestos por el PP
para este organismo. El PP tiene siete de los 12 consejeros que hay en
este organismo. Ese número otorga a los populares mayoría de votos en
los plenos del Tribunal y, como ya sucedió en 2012, les permite designar
al presidente, cargo que debe renovarse cada tres años, del total de
nueve que conforman la legislatura. La oposición está en minoría con
cinco consejeros, cuatro propuestos por el PSOE y un quinto pactado
entre los socialistas e IU.
Álvarez de Miranda aceptó el nombramiento como “un sacrificio
personal” y se ofreció a seguir en el cargo “durante algún tiempo más”,
siempre según los citados medios. En la votación, que es secreta, obtuvo
once votos a favor, de los 12 posibles. Un consejero se abstuvo. Los
otros miembros de la cúpula reelegidos en sus cargos (los mismos que
había) fueron Javier Medina, presidente de la poderosa Sección de
Fiscalización, que logró nueve votos a favor, uno en contra y dos
abstenciones, y Felipe García, propuesto por el PSOE. Consiguió ocho votos a favor de su reelección. Hubo un voto en contra, uno nulo y dos abstenciones.
lunes, 17 de agosto de 2015
Las contrataciones en B de las Administraciones
Los casos de corrupción destapados en Asturias, primero el Marea y ahora
el Pokémon, no solo sacaron a la luz sobornos de empresarios a políticos y
funcionarios. También la utilización de empresas privadas como verdaderas
agencias de colocación por parte de los partidos y los políticos, que contratan
a través de ellas en las Administraciones a amigos, parientes y afines. El dedo
y el enchufismo que ocultan estas prácticas, a menudo consentidas por los
sindicatos, se ve en toda España. En Asturias tanto en el Principado como en
Ayuntamientos como el de Oviedo.
Patricia del Gallo / Periodista.
Revista Atlántica XXII
El sumario del Caso Marea desveló que una de las empresas que hace servicios
informáticos para el Principado, ASAC Comunicaciones SL, dedicada a soluciones
y servicios de tecnologías de la información, contrataba a personas “por
indicación de responsables de la Administración”. El gerente de la compañía,
Maximino Fernández, imputado en esa causa, ha reconocido a ATLÁNTICA XXII que,
lejos de ser este un hecho aislado, se trata de “una práctica habitual que no
solo hace ASAC sino muchas otras empresas y en todo el país”. Solo que sepamos
por el sumario del Caso Marea, se llegó a contratar a petición expresa de la
principal imputada, la ex funcionaria Marta Renedo, al menos a siete personas
para distintos puestos en equipamientos del Principado, desde bibliotecarios a
guardas de seguridad.
Desde ASAC siempre reconocieron que era Renedo quien decía a quién y para
qué servicio era el contrato, aunque ésta apuntara a órdenes de sus “superiores”.
Luego los salarios se compensaban facturando las cantidadesen otros conceptos
como instalaciones informáticas o similares, que por supuesto nunca se
realizaban, según el sumario de la causa. Hay facturas que superan los 120.000
euros. Algunos de estos trabajadores han reconocido ante el juez que entraron a
trabajar simplemente enviando el currículum y que se enteraron de la oferta
laboral por la ex funcionaria. “No hubo entrevista ni proceso de selección ni
nada y solo fuimos a ASAC a firmar”, aseguraron en su día.
ASAC, que trabaja también para la Universidad de Oviedo, la Sindicatura de
Cuentas, el 112, la Junta General y quince Ayuntamientos asturianos de todo
signo, aceptaba estos encargos sin saber a veces cómo los iban a cobrar, pero
“no podíamos hacer otra cosa”, asegura el gerente, “si quieres trabajar para la
Administración”.
¿Y la Inspección de Trabajo?
Los motivos de los organismos públicospara actuar así son varios. Por un
lado está el interés por subcontratar serviciosque en teoría resultarían más
caros y complicados si los hicieran los propiosfuncionarios. “A veces les urgía
contratar a alguien y no podían esperar a hacer un proceso o convocatoria
pública de selección”, explica Maximino Fernández. Otras veces respondía a la
falta de presupuesto. Si no hay partida para personal, estas empresas se
encargan de contratar y luego cobran con cargo a otros trabajos.En ASAC se
sienten más víctimas que culpables. “¿Cómo es que Inspección de Trabajo no se
daba cuenta de ello, si trabajaban para la propia Administración?”, se
preguntan ahora en la empresa.Tampoco entiendenpor quéante esta “supuesta
ilegalidad” no actuaron tampoco los sindicatos. “Se sabía, pero todos
callaban”, reconoce Maximino.
Este tipo de contrataciones,que parecen ser una práctica habitual en toda
España y con todos los partidos, se han convertido además en la puerta B para
entrar a engrosar las filas del funcionariado público. Los elegidos entran “a
dedo”, sin entrevistas ni procesos de selección, como muchos de estos trabajadores
han reconocido. En la mayoría de los casos la empresa que les contrata solo
paga su sueldo, el material lo pone el Ayuntamiento o Consejería de turno y
realizan sus tareas en dependencias oficiales y a las órdenes de los mismos
jefes que sus compañeros. Al final hay denuncia del trabajador por cesión
ilegal y una sentencia judicial que le considerará indefinido no fijo, un
puesto que podrá mantener hasta queéstesalga a convocatoria pública, algo que
nunca ocurre. En el Ayuntamiento de Oviedo se ha jubilado recientemente una
trabajadora enesta situación, suegra de una concejala del PP.
Pero no es el único caso. En este Consistorio en los últimos años cerca de
70 trabajadores han entrado así, por la puerta B, a trabajar de forma
indefinida para el municipio. Y lo más preocupante es que se ha hecho a pesar
de la advertencia de la abogacía consistorial. Según un informe al que ha
tenido acceso ATLÁNTICA XXII, “no se trata, lamentablemente, de un hecho
aislado”, dice textualmente, y pone algunos ejemplos de distintas empresas como
Azvase SL, La Hora de Asturias, Musicaviva 21 Formación Musical SL o
Turismo y Aventura, sociedades que simplemente ponían el trabajador y el
sueldo. Los contratados realizan sus tareas en dependencias municipales, con
medios del Ayuntamiento y en algunos casos entran incluso a formar parte de las
parrillas de turnos y vacaciones como si fueran un funcionario más. Todos
ellos, tras denunciar cesión ilegal, se acaban convirtiendo en personal
indefinido no fijo. El informe dice además que esos puestos no pueden
mantenerse en el tiempo y que, si ese trabajadores necesario, su puesto debe
salir a convocatoria pública.
Llama además “especialmente la atención”, dice el informe de los abogados
municipales, que quienes autorizan o firman con las citadas empresas
intermediarias los contratos, sean quienes luego van a los juicios a reconocer
la relación directa entre el Ayuntamiento y el trabajador. En definitiva,
continúa el informe, “vienen a reconocer que son ellos mismos quienes propician
o consienten que la empresa adjudicataria del contrato se convierta en mera
“suministradora de mano de obra”.Y sentencia:“Es evidente, a nuestro juicio,
que tal conducta supone, como mínimo, una grave negligencia en los deberes de
policía, supervisión y control”.
Azvase
Los sindicatos señalan lo obvio: esta práctica, que parece habitual en la
Administración, a juzgar por los casos que han salido a la luz, elimina los
principios de mérito, capacidad e igualdad que establece la Constitución para
el acceso al empleo público.
Aparece cuestionada así la independencia que se les presupone a los
funcionarios, que quedan más “endebles y al servicio del político de turno que
les metió a dedo”, como reconoce Xosé Nel Valdés, delegado de CCOO en el
Ayuntamiento de Oviedo, que lleva tiempo reprochando a algunos cargos
públicos esta práctica. Que lejos de desaparecer sigue instaurada en
el consistorio, como recientemente ha denunciado Foro Asturias. Este partido
lleva pidiendo desde el mes de noviembre la relación de trabajadores que
actualmente trabajan para el Ayuntamiento a través de ASAC y otras empresas
como Azvase,que tiene la gestión de la ayuda a domicilio, personal auxiliar de
congresos y animación sociocultural y cuyo director, Fernando Fernández-Kelly,
acaba de ser elegido presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo.
“Hasta ahora solo hemos obtenido un papel con un listado de doce personas ,
sin especificar qué hacen ni qué tipo de contrato tienen, aunque sospechamos
que hay más”, dicen desde Foro.También que la escasa información a la que han
tenido acceso “ha sido manipulada” y que los trabajadores contratados, la
mayoría sin previo proceso de selección,están en la misma situación de cesión
ilegal,aunque no ha habido por ahora denuncias. Desde esta revista también se
pidióinformaciónal Ayuntamiento sobre este tipo de contrataciones, sin que
hasta la fecha haya habido respuesta.
ASAC logró en 2008 la adjudicación delos servicios de gestión y operación de
los sistemas de TIC municipales, desarrollo de aplicaciones corporativas,
modernización administrativa, presencia en web, gestión y operación de red y
consultoría en LOPD y en seguridad de la información. El contrato fue por 10
millones de euros. Un contrato polémico porque la oposición se preguntó en su
día cómo es que a un contrato tan “jugoso” solo se presentara ASAC. Hace dos
años se prorrogó y está ahora pendiente de renovación.
PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 32, MAYO DE 2014
viernes, 14 de agosto de 2015
Los expertos detectan «falta de control» del dinero de los grupos parlamentarios
Juristas y politólogos critican la posibilidad que brinda la ley para que los partidos se beneficien de las asignaciones de sus representantes
La Nueva España, 12.01.2013 |
Oviedo, Álvaro FAES
«Falta de control», «perversión de la ley», destino inadecuado del dinero y «confusión» entre el grupo parlamentario y el partido al que representa. Así diagnostican los expertos la posible dedicación a la financiación de las formaciones políticas de parte de las asignaciones que reciben los grupos parlamentarios para su funcionamiento en el día a día de la Cámara en la que han obtenido representación. En la Junta General del Principado, los cinco grupos perciben por este concepto 2,79 millones de euros al año, al margen de las retribuciones de los diputados y de los trabajadores eventuales, los conocidos asesores.
«Falta de control», «perversión de la ley», destino inadecuado del dinero y «confusión» entre el grupo parlamentario y el partido al que representa. Así diagnostican los expertos la posible dedicación a la financiación de las formaciones políticas de parte de las asignaciones que reciben los grupos parlamentarios para su funcionamiento en el día a día de la Cámara en la que han obtenido representación. En la Junta General del Principado, los cinco grupos perciben por este concepto 2,79 millones de euros al año, al margen de las retribuciones de los diputados y de los trabajadores eventuales, los conocidos asesores.
La financiación de los partidos políticos en España está en entredicho. El caso de Unió Democrática de Cataluña (UDC) y la asunción por su parte de haber conseguido fondos por una vía ilegal (desvío de ayudas para formación) aviva el debate sobre la integridad de la clase política española, señalada en una de las últimas encuestas del CIS como una de las primeras preocupaciones de los ciudadanos. Los partidos ya asumen su alejamiento de la población como una de sus principales asignaturas pendientes, pero entre que la resuelven y no, las polémicas brotan a cada esquina. La denuncia del colectivo Democracia Real Ya contra 63 diputados con residencia en Madrid, pero que perciben las ayudas para el alojamiento, y el melón que el Partido Popular ha abierto en Castilla-La Mancha, donde ha retirado el sueldo a los parlamentarios, son otros de los desafíos a los que se enfrentan los políticos españoles.
En Asturias, los sindicatos denunciaron la subida del gasto de la Junta General para este año respecto al de 2011 (el anterior presupuesto aprobado), de 6,33 a 6,98 millones de euros al año, y esto llevó a los grupos parlamentarios (salvo el PP) a justificarlo por el aumento de diputados liberados y el mayor número de grupos en la Cámara tras las sucesivas apariciones de Foro y de UPyD. Esos casi siete millones se distribuyen en tres grandes apartados: salario de los diputados (2,35 millones); las retribuciones de personal eventual del gabinete, es decir, asesores y auxiliares, significan una partida que se lleva 1,84 millones y, por último, las asignaciones a los grupos parlamentarios (2,79 millones) que deben destinarse al funcionamiento de los mismos en el día a día de la Cámara.
Con el gasto del personal eventual ya cubierto por uno de los epígrafes, y también la mayor parte de los comunes (teléfono, electricidad, mobiliario...), generalmente a cargo de las respectivas Cámaras, las dudas recaen sobre el apartado de las asignaciones a los grupos parlamentarios. Así lo manifiestan los expertos consultados por este periódico que, si bien subrayan la ley prevé dedicar una parte a los partidos, señalan la inconveniencia de que un dinero público destinado al funcionamiento de un grupo parlamentario termine ayudando a la financiación de las formaciones políticas.
«Es una
perversión de la ley, que consiente que tenga ese destino», considera
Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Oviedo. «Es necesario que haya dinero para el grupo
parlamentario. Lo que no sé es si esas cantidades van al partido o el
partido se ahorra un dinero pagando salarios que tendría que asumir si
no tuviera representación. En todo caso, la justificación para que haya
financiación para los grupos es para su funcionamiento. Si va a las
arcas de los partidos es señal de que esa cantidad es excesiva», añade
Bastida, que rechaza recortes tajantes en los salarios de los
parlamentarios. «Hay que dignificar la función del diputado. Eso es una
cosa, y otra financiar el partido».
El destino final de las
asignaciones y su cuantía es una preocupación común entre los expertos
consultados, como así lo manifiesta el catedrático de Derecho
Administrativo Alejandro Huergo. «Las asignaciones a los grupos deberían
quedar en los grupos. Si pueden dedicarlo al partido es que sobra. Es
obvio que cada cosa debe ser para su finalidad. En algunos partidos los
diputados entregan parte de su sueldo. Eso está bien, siempre que sea
transparente, pero habiendo una vía directa de financiación pública de
los partidos y luego una asignación para gastos, debería quedar en eso,
en gastos parlamentarios».
El politólogo Óscar Buznego señala
a los partidos como protagonistas de una «confusión» entre el grupo
parlamentario y la propia formación. «Falta de claridad», dice, motivada
por una circunstancia. «Ellos mismos establecen las asignaciones, la
pescadilla que se muerde la cola». Igual que la ley expone cómo debe ser
la financiación de los partidos, Buznego echa de menos «una regulación
equivalente respecto a los grupos parlamentarios». Y aclara. «El grupo
tiene unas funciones en la sociedad, y los partidos, otras».
Para
Miguel Ángel Presno, profesor titular de Derecho Constitucional, el
problema va más allá. «La ley prevé que los ingresos del grupo pueden
revertir en el partido. El problema es que han venido utilizando también
el dinero de las entidades locales e incluso el que reciben del
Parlamento europeo, me consta que es así. Es una distorsión del dinero
institucional, que debe dedicarse al funcionamiento del grupo y no al
servicio de un partido». El profesor es partidario de que las
formaciones reciban financiación pública, pero señala como un problema
«la falta de control, como así lo dicen los informes del Tribunal de
Cuentas». No entiende que este órgano actúe «con cuatro o cinco años de
retraso» y tampoco que la legislación exprese que, en caso de
irregularidades, «pueda» sancionar. «Debería decir que sancionará»,
lamenta Presno, partidario de «suprimir las subvenciones a los grupos
parlamentarios».
martes, 4 de agosto de 2015
Crisis y corrupción (también) en los medios de comunicación
En el repaso regeneracionista que este blog
está realizando a todas las instituciones cuyo funcionamiento deja
bastante que desear en nuestro país, creo que debe llegarle también su
merecido turno -nadie se salva de nuestro afilado bisturí- a los medios
de comunicación. Poca gente habrá capaz de discutir el fundamental papel
que los medios desempeñan en cualquier nación o sociedad moderna. De
hecho, resulta oportuno recordar la famosa reflexión del autor de la
Declaración de la Independencia, tercer Presidente y eminente filósofo
político norteamericano Thomas Jefferson, uno de los más grandes pensadores que han dado los Estados Unidos de América, cuando dijo: “si
tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o
periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo”. Y la frase no venía, precisamente, de un don nadie en materia política. De hecho cuando su sucesor John Fitzgerald Kennedy dio la bienvenida en su residencia a los 49 ganadores del Premio Nobel en al año 1962, dijo muy gráficamente: “creo
que ésta es la colección más extraordinaria de talento y del saber
humano que jamás se haya reunido en la Casa Blanca, con la posible
excepción de cuando Thomas Jefferson cenaba solo “.
En esa misma línea argumental no podemos olvidar, especialmente en
una época y en un Estado como el nuestro cuyos mecanismos de control y
regulación -los denominados “checks and balances” en el mundo
anglosajón- han sido notoria y concienzudamente desactivados durante las
últimas décadas, que la prensa, la radio y la televisión han jugado un
papel esencial, como un verdadero “cuarto poder”, en su función de
investigar, denunciar y poner negro sobre blanco el detallado relato de
las disfunciones, imperfecciones y corruptelas que afectan a nuestro
sistema político. Pero, asumido lo anterior, es también necesario
comentar, y este blog resulta especialmente adecuado para ello, que no siempre es oro todo lo que reluce en el mundo de los medios de comunicación,
especialmente tras estos difíciles tiempos de crisis económica. El
interesado y prolongado silencio por parte de un buen número de medios, e
incluso su ensalzamiento durante años, ante conocidos políticos
notoriamente corruptos, y su complicidad manifiesta con situaciones
anómalas que ahora están empezando a salir a la luz debe movernos a
realizar una reflexión profunda sobre su verdadera función en la
sociedad, sobre las causas de esta situación, y sobre sus delicadas
consecuencias para todos nosotros.
Antes que nada es preciso aclarar, para los más ingenuos o menos
avisados, que los coloquialmente llamados “medios de comunicación” son
en realidad “empresas” o “grupos” de comunicación a
todos los efectos. Esta aclaración es fundamental para entender que la
mayoría de medios actúa básicamente –aunque a unos se les nota bastante
más que a otros- no en la búsqueda y publicación de la “verdad”
en sí misma, sino bajo estrictos criterios económicos, defendiendo una
línea editorial próxima a aquellas opciones políticas que más convienen a
la supervivencia y a los intereses de su grupo empresarial. Resulta de
gran importancia contar todo esto porque sigue habiendo en España mucha
gente de buena fe que, en sus conversaciones cotidianas, dice “lo he oído en la tele (o en la radio)” o “lo dice el periódico”
como muestra de indiscutible autoridad en los argumentos que utiliza,
sin pararse a pensar, con la mirada un poco más allá de lo que ha leído u
oído, en quién lo dice, o en quién lo escribe, y con qué
verdaderas intenciones lo publica en este concreto momento. Y ello se
aprecia mucho no sólo en las pequeñas empresas de prensa local, siempre
más cercanas necesariamente al gobernante de turno, sino también en los
grandes grupos multimedia -aquéllos que agrupan prensa escrita, radio,
televisión e internet- y cuyo devenir económico-financiero depende en
gran medida de la generosidad, directa o indirecta, de los gobiernos
centrales, autonómicos o municipales del momento. En pocas palabras,
cuando la economía o la propia viabilidad financiera del “controlador”
(el medio de comunicación) deja de ser autónoma y pasa a depender de sus
“controlados”(los políticos que gobiernan en su territorio), la
tentación de acomodarse o dejarse influir en lo que se publica o se deja
de publicar se hace realmente grande, por no decir inevitable.
Muchos medios de comunicación se habían habituado en los últimos
tiempos en nuestro país, tanto en el ámbito estatal como en los
autonómicos o locales, a sobrevivir y cuadrar sus balances directamente gracias a las subvenciones públicas y a la publicidad institucional,
especialmente ante el enorme bajón que experimentó la publicidad
procedente de las empresas privadas y de las actividades comerciales en
general. Ello generó una peligrosa dependencia de los gobernantes de
turno, pues resulta muy difícil –en España realmente casi heroico- que
los periodistas critiquen a las instituciones con cuyo dinero se
sustenta el equilibrio económico de su empresa y, en definitiva, su
propio puesto de trabajo. Y a la hora de los recortes, que dada la
situación del país han ido llegando inexorablemente a todos los ámbitos
de la actividad económica, ha sucedido algo todavía más peligroso.
Cuando la esencia del buen periodismo consiste en ser crítico con el
poder, del color que sea, para corregir sus disfunciones, en España se
está produciendo, de una forma lamentable, justo el fenómeno contrario:
los gobernantes que han derrochado el dinero público a manos llenas
regando generosamente a muchos medios de comunicación se han acabado
convirtiendo para éstos en los héroes, mientras que los que han venido
después con las tijeras en la mano, racionalizando, reduciendo y
poniendo orden en el anterior despilfarro económico-mediático han sido
tratados como los villanos. Justo lo contrario de lo que debería ser.
Hace escasos días un amigo metido en política me comentaba que su
partido, ahora en el poder en la autonomía en la que vivo, vive una
complicada situación porque ha colocado involuntariamente en estos
últimos años a casi todos los medios locales en contra, no tanto por el
contenido de su actuación política -que con sinceridad no ha sido tan
mala dada la situación general y las cuentas heredadas- sino porque las
circunstancias económicas actuales les han convertido en el “partido de los recortes”,
de forma que, al haber eliminado las millonarias cantidades que
percibían los grupos mediáticos locales, se han transformado para la
mayoría de los medios y, consecuentemente, para sus lectores y
espectadores, en “los peores políticos de la democracia”. Y
eso, dado el enorme poder que acumulan los medios de comunicación,
resulta tremendamente peligroso, y revelador, en el fondo, de una
mezquina y torticera irresponsabilidad. Únase a ello el hecho de que,
como antes hemos comentado, la mayoría de los lectores, oyentes y
espectadores de prensa, radio y televisión resultan de una notable
credulidad, no siendo muchos de ellos capaces de realizar una lectura
comparativa crítica de toda la diversa información que continuamente
reciben. Por ello, ante esta lamentable actitud de algunos medios, la
mayoría de las personas que a diario abren un periódico, ponen la radio o
encienden su televisor con su mejor buena fe resultan, en muchas
materias importantes, realmente engañadas. Ello significa, sin más
rodeos, que muchos medios de comunicación no critican a los políticos
que lo hacen realmente mal en su gestión o derrochan dineros públicos,
sino a aquéllos que, aunque actúen con responsabilidad, perjudican los
intereses económicos de su grupo empresarial. Y eso, que muy pocos lo
saben o son capaces de intuirlo, nos lo desayunamos todos los españoles
un día detrás de otro en los últimos años. También es cierto que existen
honrosas excepciones en el mundo de los medios, que dignifican
enormemente a su profesión, y que muchos periodistas de a pie se
encuentran colocados en una comprometida posición laboral y profesional,
no siendo ellos responsables de la mayoría de sesgos informativos, que
emanan directamente de las directrices dadas por sus empresas.
Pues bien, esta situación, como muchas otras existentes en nuestro país, no puede sostenerse más, y debe ser denunciada de forma pública y contundente.
Ya sé que resulta harto difícil que todo esto se publique en los
propios medios de comunicación, pues en el fondo atenta contra sus más
íntimos intereses, especialmente los económicos, pero debemos hacerlo
aquí. Por algo somos independientes, y para ello existe este blog. Queda
formulada esta denuncia y planteada esta delicada reflexión. ¿Qué
podemos hacer para corregirla?
domingo, 2 de agosto de 2015
Asturias. Ni Paraíso, ni natural, de Gregorio Morán en La Vanguardia
Si hubo un lugar donde la leyenda apenas cubría una realidad
combativa, ese fue Asturias. Un país pequeño, de deficientes
comunicaciones, con un clima para optimistas meteorológicos –que los
hay; ya pueden estar cayendo chuzos de punto que le dirán que “orbaya” o
“está escampando”–. La clase obrera española siempre tuvo un punto de
referencia asturiano y ese era la tradición combativa de una profesión
cargada de riesgos, la minería, que dio vida, junto a una metalurgia más
modesta, a lo que los antiguos denominamos clase obrera. Es verdad que
Asturias aportó líderes de la derecha incontestables, desde el gran
Pidal, don Pedro, más conocido como “el zar”, un ultramontano belicoso y
manipulador. El discreto Melquiades Álvarez, un pico de oro, que tuvo
una carrera política oblicua liquidada en una muerte ominosa. La gama de
líderes de la izquierda asturiana es ilimitada; Indalecio Prieto,
Santiago Carrillo, Quintanilla, y decenas de modernos.
Ya sé que a los asturianos de pro les complace la mirada al pasado
supuestamente glorioso, desde el Don Pelayo aquel, que según los
posmodernos ya comía fabada, hasta la brutalidad del Favila echándole un
pulso mortal al oso. Lo peor de todo esto es que Asturias se amamanta
de las leyendas como si fueran patrimonio de la humanidad, y resulta
ridículo que esta nueva Andorra dominada por el Partido Socialista
durante toda la transición, casi sin interrupciones, se haya convertido
en algo desdeñable para la ciudadanía que no la sufre, incluso para
quien la sufre, lo cual viene a ser más grave, porque sus pautas de
comportamiento han roto todos los esquemas que alimentaron otrora la
leyenda. A nivel económico sigue el crecimiento de Ceuta y Melilla, pero
la gente apenas es consciente de que ese pequeño país, que elogiaron
personajes tan dispares como Ortega y Gasset y Albert Camus, ha entrado
en un período de vasallaje y corrupción que cada vez me recuerda más
aquellas visitas a Sicilia en los años sesenta, cuando los audaces
preguntaban discretamente, para no ofender en los bares de
Caltanissetta, o Palermo, o Catania: “¿Qué es la mafia?”. Y el paisano
local, sonriente ante la candidez, respondía: “Una invención de la
prensa”.
Fuera de un crimen llamativo o un accidente notable, Asturias no
entra en las redes informativas españolas. Lugar turístico de paisaje
encantador y comida contundente. Punto. Pero las elecciones autonómicas y
municipales han introducido variantes significativas en esta Andorra
del lavado general de materiales procedentes de la corrupción y el
narcotráfico. Hay un paralelo entre Andalucía y Asturias. El control de
todos los mecanismos institucionales por el PSOE y su capacidad para
ejercer de poder fáctico, independientemente de que sea legal o lo
parezca. Si el presidente de CajAstur, Manuel Menéndez, en vísperas de
la quiebra fraudulenta de su entidad, saca dos millones de euros
personales y los coloca en el Santander, digamos como una metáfora,
nadie podrá reprochárselo. Está en su derecho; es legal y despreciable.
El responsable del sindicato minero, el inefable Fernández Villa, un delincuente con antecedentes que le llevaban hasta los bordes de la policía franquista –en palabras claras, confidente– se descubre poseedor de una fortuna superior al millón de euros en el extranjero. Intocable. Era el hombre del PSOE, del SOMA-UGT, y Alfonso Guerra en los mítines obreros con cordero a la estaca en la explanada de Rodiezmo. No puede aclarar cómo afanó su dinero porque un alzheimer repentino le ha encerrado en su casa. La exalcaldesa de Llanes, lugar donde cualquier corrupción tenía su asiento, Dolores (Álvarez) Campillo, la que consiguió que sus hermanos se hicieran ricos, ella aún más, la que decía que sus decisiones las tomaba “porque me sale del higo”, gente como se ve del bronce socialista, ha sido aforada retirándose de la alcaldía y pasando a parlamentaria local. ¡Ay, Dolores, ya nadie se acordará de la frase del presidente Rubalcaba cuando en sus veranos de Celorio (Llanes) te decía en señal de bienvenida: “Sigue así, alcaldesa, sigue así”
Los resultados electorales son aleccionadores pero no lo suficiente.
Podemos se ha constituido en tercera fuerza, tras PSOE y PP, pero el
juego político está entre los dos partidos corruptos. La evidencia de
que el PSOE iba a gobernar de nuevo en minoría, habiendo perdido 3
escaños y quedándose en 14, era tan evidente que el periódico del
monopolio local, La Nueva España, en un alarde periodístico que debería
ser incluido en el guiñes de las genialidades, tituló en primera página
“Mañana será presidente Fernández” (el candidato del PSOE). Lo que no
había previsto es que Foro, aquel partido que montó Álvarez Cascos hoy
en trance de disolución, le concediera sus tres votos al PP y quedaran
empatados PP y PSOE. La cara del secretario general socialista ante el
dilema irresoluble del empate deberá figurar en el catálogo de imágenes
folklóricas de Asturias. ¡O sea que podemos perder por culpa de estos
hideputas de la derecha! Una estupidez, porque la derecha en Asturias es
tanto el PSOE como el PP y así han convivido en buena compaña desde la
muerte de Franco repartiéndose el botín. Hay que decir que más inclinado
a los socialistas que a los peperos, como en Andalucía, pero a escala
asturiana. Un Musel de Gijón que habrá hecho ricos a muchos, ahora
aforados por el PSOE, un Niemeyer en Avilés que haría las delicias de
Walt Disney, una Universidad Laboral convertida en laboratorio de
sacamantecas, un Montepío Minero que no resistiría una revisión de
cuentas, un campus en Mieres que clama al cielo, una autopista minera
cuyo argumento más sólido era el derecho de los mineros jubilados a ir a
la playa de Gijón en veinte minutos…
Cuando en su intervención parlamentaria por la presidencia del principado el candidato socialista Javier Fernández se refirió a lo innecesario de abrir una Causa General de los 30 años abundantes de gobierno socialista en Asturias, ya tiene que ser bestia el material del delito acumulado. “No hay una podredumbre sistémica”, afirmó, y aprovechó para negar que la política asturiana sea un lodazal (son palabras suyas).
Los optimistas dicen que hay signos de cambio. Entretanto, el único
vehículo en papel digno de tal nombre, Atlántica XXII, un bimensual,
explica en su último número el significado de la introducción en
Asturias de dos personajes que nos llenan de zozobra. Una vez retirado
por acusaciones directas de irregularidades urbanísticas, García Simón,
un paisano hecho rico en México gracias, entre otras cosas, al petróleo y
socio putativo de la familia que controlaba Llanes y sus alrededores,
ha aparecido Slim. El fantasma que recorre España de la mano del gran
jugador de billar, Felipe González. Ahora estos se dedican al fútbol con
gran éxito del personal aficionado, como si se tratara de una tarea de
mecenas para gente que necesita contentarse con victorias futboleras que
añoren tiempos pasados. ¡Como Berlusconi
Del arte y las grandes colecciones de García Simón,
significativamente cedidas a los grandes museos hispanos –dudo mucho que
él sepa diferenciar a Ribera de Zurbarán, pero tiene dinero sin color
para comprarlos–, hemos pasado a Slim. El símbolo de los nuevos tiempos
de filibusterismo económico. Todos somos griegos. Eso debemos
grabárnoslo en nuestro ADN íntimo. Nos evitará disgustos y nos
consentirá ser discretos y no pisar la manguera del Gran Bombero. Y de
no ser así, descubran los buchos, la gran novedad gastronómica
asturiana, el cúbrelo todo, lo que antaño fue la invención de las
alubias con almejas de éxito mundial. Sencillamente callos de merluza,
como preparan en Cudillero desde hace décadas, lo mismo que los llamados
callos del bacalao; el aprovechamiento de la aleta natatoria. Buchos.
Asturias da para mucho. Es verdad que se acabaron los pozos mineros y el
único que se mantiene ya tiene nombre, pozo corrupción, por eso puede
mantenerse sin gobierno el tiempo que haga falta.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)