La proliferacion de escándolos de corrupción con el denominador común de la percepción de retribuciones e ingresos fraudulentos por parte de dirigentes políticos, sindicales, empresariales etc., exige un ejercicio de transparencia fiscal por parte de los altos cargos de las diferentes Administraciones Públicas y de los parlamentarios electos, que vaya mucho más allá de las meras declaraciones de actividades, bienes y derechos, como la prevista en el proyecto de Ley de Buen Gobierno que actualmente tramita la Junta General del Principado.
La transparencia pública en materia fiscal, si se quiere tomar en serio, obliga a hacer públicas las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en cuanto que dicho impuesto debe comprender la renta del contribuyente, entendida como la totalidad de sus
rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de
renta que se establezcan por la ley, con independencia del lugar donde
se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador.
Recordamos que la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del IRPF, incluye dentro de la renta del contribuyente:
a) Los rendimientos del trabajo.
b) Los rendimientos del capital.
c) Los rendimientos de las actividades económicas.
d) Las ganancias y pérdidas patrimoniales.
e) Las imputaciones de renta que se establezcan por ley.
El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies pide que los altos cargos del Gobierno del Principado de Asturias -consejeros, directores generales, secretarios técnicos, personal eventual vinculado del Presidente y jefes de gabinete de los consejeros - , incluyendo también a los máximos responsables de los organismos públicos, empresas públicas y fundaciones con capital público mayoritario, y a los diputados de la Junta General y sus asesores, hagan públicas sus declariones del IRPF de los últimos tres años en las páginas web oficiales de estas Instituciones, con el objeto de disipar cualquier duda o sospecha sobre la cuantía y procedencia de sus ingresos.
No se trata en modo alguno de una petición novedosa, desproporcionada o fuera de lugar. El propio PSOE, por ejemplo, exigió en el año 2013 esta declaración pública del IRPF a los diputados del Parlamento de Extremadura ( ver aquí) y los diputados de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía difundieron en el presente año 2014 su declaración del IRPF de los últimos tres años (ver aquí)
Parece razonable, por tanto, exigir coherencia al PSOE asturiano, actualmente en el Gobierno, y a la coalición IU, con el objeto de que apoyen esta iniciativa, que es hoy una medida urgente de transparencia e higiene democrática.
No hay comentarios:
Publicar un comentario