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jueves, 28 de agosto de 2014

Siete años de lucha




 Javier Álvarez Villa

A finales del año 2007 un pequeño grupo de funcionarios presentamos el primer recurso contencioso frente a una relación de puestos de trabajo (RPT) de la Administración del Principado de Asturias por la utilización abusiva y generalizada del sistema de libre designación (nombramientos a dedo). Desde entonces hasta ahora, actuando en nombre propio o con el amparo de la asociación Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, hemos obtenido siete sentencias consecutivas favorables del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, confirmadas en casación por otras tantas del Tribunal Supremo.

¿Qué se ha conseguido con esta pelea constante y mantenida en el tiempo? En el año 2007 había más de 400 puestos de trabajo de libre designación en la RPT del Principado (además de las secretarías de despacho, todas las jefaturas de servicio, todos los puestos de coordinadores, asesores, interventores, responsables, directores de parques naturales etc.). La carrera profesional basada en la igualdad de oportunidades y en la valoración objetiva de los méritos comenzaba y terminaba en las jefaturas de sección, para los funcionarios de los grupos A y B (A1 y A2) y en las jefaturas de negociado, para los funcionarios de los grupos C y D.

Hoy, siete años después y como consecuencia de la derrota judicial sin paliativos de la Administración del Principado de Asturias, enrocada durante todo este tiempo en la defensa numantina del clientelismo laboral como sistema para el ascenso profesional, disponemos de una ley (Ley 7/2014, de 17 de julio) que reduce notablemente el uso de los “nombramientos a dedo”. A partir de ahora, las secretarías de despacho de los Directores Generales, los jefes de Servicio, los interventores, letrados, coordinadores, asesores, responsables, directores de espacios naturales y otros puestos similares, deberán nombrarse obligatoriamente por concurso de méritos. Aunque no se trata de una ley perfecta, parece evidente que se ha producido un avance legislativo notable hacia la objetivación de una carrera profesional más justa y ajena al compadreo, el amiguismo y el enchufismo con los que se viene desenvolviendo hasta ahora. La aplicación práctica que se haga de esta ley irá dando cuenta del resultado real de los avances, pero no vamos ahora a dar pábulo a los pájaros de mal agüero que vienen repitiendo una y otra vez, como loros amaestrados, que ni las resoluciones judiciales, ni los cambios legales, servirán para nada. De lo que si estamos seguros es de que si dependiera de la iniciativa de estos comodones “sénecas” de chigre y anonimato, todo seguiría igual de podrido o quizá peor.

Siete años han tenido que pasar para llegar hasta aquí y el camino recorrido no ha sido fácil. Hubo que superar algunas dificultades y digerir algunas decepciones de desertores, celosos y pusilánimes, pero así suele ser la vida, especialmente cuándo uno decide asumir algún riesgo, por mínimo que sea.

Pero, en su conjunto, el balance de la lucha ha dejado más satisfacciones que sinsabores. Mi agradecimiento a un grupo fiel de compañeros que han sostenido la pelea por creer que merecía la pena, a principios del siglo XXI, defender la igualdad frente al privilegio, el mérito frente a la recomendación, la legalidad frente a la arbitrariedad, una Función Pública democrática frente al rancio corporativismo de castas burocráticas acostumbradas a promocionar a sus recomendados mediante gestiones telefónicas. Y todo ello, sin buscar ninguna prebenda como moneda de cambio, porque nosotros nunca tuvimos, ni tenemos, nada que negociar con esas castas de políticos – burócratas y burócratas – políticos. En nuestras demandas judiciales no había  ningún “otrosí” ofreciendo  tregua a cambio de concesiones.

Muchos han sido los correos y mensajes de apoyo durante este tiempo de compañeros que nos animaban porque estábamos defendiendo una causa justa. Las noticias sobre los éxitos judiciales conseguidos fueron, en muchas ocasiones, las más votadas en las ediciones digitales de los periódicos, siendo una buena muestra de que hemos contado con una corriente de simpatía nada desdeñable en una sociedad poco propensa a reconocer los éxitos ajenos.

Cuando en el mes de diciembre del año 2010 el Gobierno de coalición PSOE-IU impulsó y aprobó una ley para desactivar las resoluciones judiciales en su contra y otorgar patente de corso a la libre designación de jefes de servicio, letrados etc., nos quedamos en solitario recurriendo la nueva RPT aprobada en aplicación de dicha ley –  ningún sindicato tuvo a bien acompañarnos en esa incómoda tarea, pues todo eran excusas y evasivas: cómo se ha legalizado la libre designación ya nada se puede hacer, sólo cabría acudir al Tribunal Constitucional, pero ese camino es prácticamente inviable etc... -. Pero, a diferencia de todos los que tiraron la toalla antes de tiempo, nosotros sosteníamos que la Ley del arecismo terminal era una monumental chapuza, mal redactada y peor concebida, que debía interpretarse en consonancia con el Estatuto Básico del Empleado Público, norma básica estatal que seguía regulando la libre designación como un sistema de nombramiento excepcional a justificar caso por caso y puestos a puesto, cuando concurrieran razones de especial responsabilidad y confianza. Prontamente la Justicia vino a darnos la razón y la última muralla levantada por el Poder político – corporativo en defensa de la generalización de los nombramientos a dedo se vino a bajo con estrépito.

Siete años en los que algunos conspicuos representantes de la alta burocracia beneficiaria del sistema dedocrático no han dudado en propalar infundios insidiosos, eso sí, en la pequeña escala de los conspiradores de cafetería, tachándonos de resentidos, grupo de reventadores del sistema, abertzales disfrazados etc. A estos ignorantes autocomplacientes sólo cabe responderles con la conocida frase de Orwell: “en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario”

Siete años, en fin, en los que la pasividad y la complacencia de las organizaciones sindicales, salvo honrosas excepciones, ha resultado patética. Poco podíamos esperar de los grandes aparatos sindicales, que han sido en buena medida colaboradores necesarios, por acción u omisión, de la degeneración del sistema constitucional de Función Pública, tolerando que no se convocaran concursos de mérito dentro de los plazos legales establecidos, que se mantuvieran nombramientos provisionales de duración indeterminada, que se constituyeran tribunales de selección con criterios estrictamente políticos etc. Más sorprendente resulta, sin embargo, el comportamiento de algunos sindicatos alternativos, que durante todo este tiempo se han limitado a gritar de boquilla lo malo que era el abuso de los nombramientos a dedo, a divulgar panfletos con rancias soflamas, pero sin adoptar ninguna medida resolutiva, dando siempre la impresión de que utilizaban a drede un arma con la espoleta desactivada.

Por experiencia propia conozco bien que estos pequeños sindicatos alternativos no escapan a la ley de hierro de las oligarquías: sus elites de mando – muy poco numerosas, sin duda, en comparación con las de los grandes dinosaurios sindicales – también tienen sus propios intereses personales, que pasan casi siempre por mantener las buenas relaciones con los señoritos del cortijo, especialistas consumados en el reparto de pequeñas prebendas y en el trato deferente y cortés hacia los representantes sindicales.

Siete  años de lucha que no son el fin de nada, ni nos dan derecho a cantar ninguna victoria. La pelea por una Función Pública profesional, imparcial y objetiva debe seguir más viva y enérgica que nunca. Pero sólo los miopes, los acólitos de la casta de burócratas - políticos y los envidiosos apáticos pueden seguir sosteniendo que nada ha cambiado y que todo sigue igual.



5 comentarios:

  1. Lo primero felicitaros por estos siete años de hacer cosas en contra del clientelismo en la administración… Y mucho más habría que hacer.

    No obstante, en lugar de caer en la autocomplacencia que parece caer el artículo y en el insulto a la crítica recibida, sí que habría que reconocer que las muchas victorias judiciales siguen siendo pírricas en las ejecuciones de las mismas, y lo conseguido en cuanto a que el personal de libre designación se reduzca, seguramente se traducirá en una entrada en la libre designación de personal directivo no funcionario (y no necesariamente independiente), en el acceso ahora en destino definitivo a los puestos de jefes de servicio y secretarios de directivos de los mismos que estuvieron en libre designación (que son los que tendrán los méritos), y en el aumento de los jefes en detrimento de los “indios”, pues al no poder aumentarse el coste en personal, el hecho de que ahora haya más jefes no puede salir de otro sitio.

    Por ello, echo en falta esto en el artículo y, a riesgo de caer en todos los calificativos que se reparten a los que ven ambas caras de la moneda, no puedo por menos que hacer ver que los avances a veces son como en la canción: “1,2,3, un pasito p’alante María,… 1,,2,3 un pasito p’atrás”.

    Pd. Y el anonimato no es más que otra forma de mantener la independencia.

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  2. Javier Álvarez Villaseptiembre 01, 2014

    Al comentarista anónimo:

    Pretender que en unos pocos años el sistema de carrera profesional vigente en la Administración del Principado, basado en la confianza (personal, profesional, política, sindical etc.), se sustituya por un sistema de igualdad y mérito estricto, sin que la reallidad preexistente y vigente durante décadas tenga consecuencias o efecto alguno y se borre de un plumazo, es - a mi juicio - cuando menos un planteamiento ingenuo. Esa sería la solución ideal. pero la vía por la que nosotros hemos optado, a saber, la defensa de la legalidad en el marco de las posibilidades que ofrece hoy el Estado de Derecho, deja escaso margen a las soluciones revolucionarias, por muy deseables que fueran ( las sentencias conseguidas y las ejecuciones pedidas han dado un resultado concreto, que no cabe minusvalorar)

    Más bien creo que el cambio será lento, que exigirá no sólo reformas legislativas, sino también cambios de mentalidad en la elite burocrática, pero por algo hay que empezar.

    ¿ Cuál era la alternativa, a tu juicio, a la judicialización del sistema clientelista que hemos iniciado hace siete años? Si la hay y puede ofrecer mejores resultados, estamos abiertos ya a ponerla en práctica. Solo falta que nos la comuniques.

    Sobre la comparación entre lo que había y lo que habrá si se aplica correctamente la nueva Ley, los datos son contundentes: de más de 400 puestos de libre designación se pasaría a 72 de personal directivo - figura que rechazamos, como ya hemos venido exponiendo públicamente en los últimos tiempos-

    Que los méritos consolidados por los nombrados a dedo les servirán para consolidar ahora los puestos que ya ocupan está por ver ( no adelantemos acontecimientos). Pero aunque así fuera, a mi juicio lo fundamental es que el cambio del sistema de libre designación a concurso - si se aplica correctamente - impedirá repitir esta situación de cara al futuro: la realidad de que los libres designados se elijan al margen y antes de la convocatoria pública del puesto, por ejemplo, podría desaparecer.

    Finalmente, no pretendo ser en modo alguno autocomplaciente. Claro que queda mucho por hacer y claro que se puede hacer más. Pero para ello necesitamos más brazos y más aportaciones, que permitan poner en marcha otras y mejores iniciativas. Por ello te invito a participar en esta asociación, con la garantía del anonimato, por supuesto.

    Si somos muchos con los mismos proyectos, sin duda conseguiremos más.

    Un saludo

    Javier Álvarez Villa

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    Respuestas
    1. ¿Cuál es la alternativa? ¿He dicho yo que la haya?. Por desgracia no hay muchas, con unos sindicatos divididos y sin apoyo del personal, con un personal en general complacido o quemado de que no sirvan de nada las medidas, cuando no participante en el juego y del que saca beneficios y con una sociedad manipulada que cree que los funcionarios son una lacra en lugar de un personal cualificado e independiente… La única opción individual es la judicialización, y ya casi ni esa, cuando nos han quitado a los no letrados la capacidad de representarnos a nosotros mismos y nos meten tasas y costas (por cierto yo ya he pagado alguna). En fin, creo que individualmente no nos queda ni esa alternativa, que como te digo, cuando nos daba victorias nos las daba pírricas.

      Pero de ahí a entrar en la descalificación de los que intentan ver un poco más allá y en la complacencia con lo ¿logrado? (¿Seguro que se ha logrado por las sentencias?) hay una distancia. Y en ese sentido y no en otro iba el comentario. Posiblemente sea un desencantado más que alguien que proponga alternativas. Realmente no las tengo. Posiblemente la única alternativa sería la lucha desde dentro del sistema entrando en el juego de la política, pero tal y como está el percal, desde luego no es la que se puede proponer, sobre todo cuando estoy cansado de ver cómo los ratones, cuando son elegidos, se vuelven gatos. Lo cierto es que estamos al borde del abismo, por eso no seré yo quien proponga “un paso al frente”. Ya no creo más que en unas pocas personas, pero si algo se puede cambiar es desde uno mismo.

      Un saludo, y sin la más mínima acritud ;-)

      Pd, lo de los ratones y los gatos, si no lo conocéis, va en este vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=e-fEX3_GBsc

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  3. Javier Álvarez Villaseptiembre 01, 2014

    Compañero anónimo:

    No veo ninguna diferencia entre tu fatalismo crítico y los defensores de la dedocracia funcionarial. Ambas posiciones conducen al mismo resultado: mantener el statu quo y que nada cambie.

    En todo caso, constato tu deficiente conocimiento del alcance jurídico de las resoluciones judiciales recaídas sobre la libre designación abusiva y, en particular, sobre las consecuencias legales de la suspensión cautelar del sistema. Allá tú.

    Doy por cerrado el debate

    Javier Álvarez Villa

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  4. Que la función pública asturiana adolece de graves males nadie lo puede poner en duda. Pero que el Conceyu ha hecho mucho por solucionar males estructurales tampoco. Si no fuera por esas sentencias, así como las de USIPA, que se ha sumado al carro de las impugnaciones de las RPT, no hubiéramos llegado a la situación actual.
    Como al anterior anómino, a mí también me tocó pleitear, pero las sentencias judiciales a favor de las tesis del Conceyu y USIPA allanaron el camino.
    Ahora bien, sigue quedando mucho aún por hacer, pero más bien será una lucha dentro de la propia organización. Y hay gente muy dispuesta a dar la batalla desde dentro. No sé si muchos o pocos, pero en todo caso, suficientes para mejorar el funcionamiento.
    Por supuesto que poco o nada podemos esperar de las organizaciones sindicales (salvo alguna honrosa excepción), y máxime ahora que se acercan las elecciones sindicales, pero eso no quita para que sigamos intentando mejorar lo mejorable, cambiar lo que no funcione y destruir lo que atenta contra la dignidad de la Función Pública.
    Excelente

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