El Fiscal del Tribunal de Cuentas considera delictiva la contratación de personal por las empresas públicas sin respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad

Así  se recoge en una noticia publicada en el día hoy en el diario El País (ver aquí), en la que señala que el fiscal del Tribunal de Cuentas ha descubierto presuntas “infracciones penales” y “responsabilidad contable” en expedientes de gasto de los Gobiernos de Cantabria y Extremadura relativos a los ejercicios 2010 y 2011. 

Entre las infracciones penales que se relacionan, una de ellas la pudo cometer la Sociedad Pública de Extremadura (Grupo GPEX), por “selección de personal y concesión de ayudas a fundaciones sin acreditar los principios de concurrencia, publicidad y objetividad”.  Y otras por parte de varias empresas públicas dependientes del Gobierno de Cantabria: “contratación de personal sin respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, en la empresa pública para el bienestar de los ciudadanos y dependiente del Gobierno cántabro Emprendinser, lo mismo que en la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, S. L. y en la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria”.

La noticia tiene un lado positivo y esperanzador, pues podría constituir un primer paso para poner coto, en serio (por la vía penal), a los sangrantes fraudes en el acceso al empleo público por la puerta de atrás y sus consecuencias: clientelismo político, sindical, agravios comparativos para el resto de los ciudadanos y ciudadanas, deterioro de la calidad de los servicios públicos, tráfico de influencias etc.

Pero de otra parte, también provoca cierta perplejidad y no poco asombro, por cuanto que esa práctica de acceso a las empresas públicas sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, se encuentra extendida a la práctica totalidad del sector público empresarial y fundacional del conjunto de las Administraciones Públicas del Estado.

¿ Va limitarse la Fiscalía a perseguir, en exclusiva, las infracciones penales cometidas por las empresas públicas de Cantabria y Extremadura, dejando impunes la comisión de idénticos delitos en el resto de Comunidades Autónomas y demás administraciones del Estado español?

Por centrarnos en Asturias, ¿cuántos "chiringuitos" convocan pruebas de acceso para trabajar en los mismos mediante convocatoria pública y procedimientos respetuosos con los principios de igualdad, mérito y capacidad?

Alejandro Nieto: “Hay muchos encantados con privatizar, sobre todo si se llenan los bolsillos por medio”

 lainformacion.com

 Entrevista al catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Nieto

Los escritos de Alejandro Nieto revelan un profundo respeto a la función pública y a la administración del Estado. Quizá eso haya llevado a este expresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a elevar su voz contra lo que denomina "desgobierno de lo público", un intento deliberado del Poder por pervertir el correcto funcionamiento del servicio público. "Suceden cosas tan graves, que no me creen cuando las cuento", afirma con resignación. Según él, "los medios son los únicos que tienen cierta influencia para cambiar el estado de las cosas".

“EL ESTADO QUIERE QUE LA JUSTICIA SEA UN CAOS Y LO HA CONSEGUIDO”

Quizá por este motivo usted ha escrito que “no existe una esfera pública libre y despejada sino intensamente desgobernada”. ¿Nuestro Estado está desgobernado?  
Sí, y lo afirmo con rotundidad: las cosas se hacen mal no sólo por incapacidad, sino porque deliberadamente se quiere que funcionen mal. Esto es lo más grave. Basta ver el estado de nuestra justicia. Se supone que los jueces están, entre otras cosas, para controlar el funcionamiento de la administración del Estado. Pero la Administración de Estado, que nombra a los jueces, no tiene el más mínimo interés en que la justicia funcione. Es más: lo que quieren es que haya un caos. Pues bien: lo han conseguido. Provocan el caos con toda intención para no estar controlados; lo mismo la Fiscalía, los inspectores...

Eso sólo puede derivar en más corrupción...
Lo curioso es que con las leyes en la mano es imposible cometer el menor fraude. Detrás de cada número y cada movimiento que hay en la administración hay cinco funcionarios vigilando. ¿Qué pasa entonces? Muy fácil: que no quieren que esos funcionarios controlen. A través de unas medidas de desgobierno se les coloca en una situación tan caótica que no pueden controlar. De manera que la administración, aunque está formalmente muy reglamentada, no puede cumplir su misión.

¿Cuáles son esas medidas de desgobierno a las que usted alude?
Hay muchas. Te cito solo algunas. La primera ya la hemos comentado: introducir en la administración a individuos mal preparados. Segunda, imponer a aquellos funcionarios encargados del control obligaciones distintas que les agobien por completo; tercera, premiar con ascensos y destinos a aquellos funcionarios que hacen la vista gorda. Cuarta, distribuir mal el trabajo, de manera que los funcionarios que ejerzan de interventores no tengan ni siquiera tiempo material para revisar las cuentas, sino solo para firmar en blanco todo lo que le ponen. No les quitan el trabajo, pero les ponen en condiciones de que sea imposible cumplirlo a carta cabal. Si además se premia a aquellos funcionarios que hacen la vista gorda, al final tenemos un bloqueo efectivo del control. La lista puede ser mucho más larga.

¿Los sindicatos no ejercen un contrapeso a estos abusos?
En términos generales, el sindicato de funcionarios públicos funciona aceptablemente bien, sobre todo si lo comparamos con los otros sindicatos. Pero en este aspecto no pueden hacer nada. Lo denuncian todos los días, ¡docenas de veces! Pero no pasa absolutamente nada. Yo mismo llevo hablando de esto y denunciándolo públicamente en libros desde 1980; ¿ha pasado algo? ¡Nada! Quienes desconocen la situación, no me creen cuando se las cuento. Creen que exagero. Lo toman como si se tratase de una novela truculenta. Pero los que están dentro saben que me quedo corto. No se cuenta ni la cuarta parte de lo que ocurre.

“SE HA TENIDO QUE TIRAR UNA SEÑORA POR EL BALCÓN PARA QUE LOS POLÍTICOS TOMEN MEDIDAS POR LOS DESAHUCIOS”

¿Y qué hacen quienes tienen que decidir, que entiendo son los políticos?
Sencillamente lo ignoran. Los únicos que tienen algo de influencia (y es una influencia puntual) son ustedes, los medios de comunicación. Por poner un ejemplo actual y desgraciado, mire lo que ha pasado con los desahucios. ¿Quién no sabía que había desahucios todos los días? Ha tenido que tirarse una señora por un balcón en circunstancias extrañas, con la consiguiente repercusión mediática, para que los políticos se hayan puesto a tomar medidas. Pero lo que digan los funcionarios protestones no tiene el más mínimo efecto.

¿Y la sociedad, qué? ¿Está un poco anestesiada?
¿Dice un poco? ¡Muy anestesiada! Dicho lo cual, no merece la pena ponerse a pedir responsabilidades “a la sociedad”, así, en general, porque eso es como hacer un brindis al sol. Además, la sociedad no tiene criterio para discernir qué errores de la administración son pequeños y cuáles gravísimos. A veces los medios dan la misma relevancia a un caso muy importante que a una corruptela menor. Algo parecido ocurre con las huelgas. Cuando son esporádicas se da por supuesto que nos encontramos en una situación grave. Pero si las huelgas y manifestaciones ocurren todos los días, la gente pierde el sentido de la proporción.

“ES UN ERROR PENSAR DE ENTRADA QUE LA GESTIÓN PRIVADA ES MEJOR QUE LA PÚBLICA”

¿Está de acuerdo con la gestión privada de lo público, como se está planteando en algunos hospitales públicos?
No tengo nada ni a favor ni en contra. Sobre el papel todos son buenos. El problema no son los modelos, sino cómo se llevan a cabo. El mejor modelo puesto en manos de incapaces y corruptos, sobre todo si están en connivencia con quienes le han dado esa gestión, sería un desastre. Se quedarían con la mitad de los recursos. Y sucedería al revés, un modelo que sobre el papel es poco loable pero que cae en manos competentes. Si usted me pregunta, ¿es buena la privatización? y lo le contesto: “Póngame una enfrente para que yo puede ver en concreto cómo funciona”. Y entonces le diré si estoy a favor o en contra.

Lo pregunto porque no poca gente entre la clase política plantea las privatizaciones como solución a los problemas.
Porque parten de un error anterior. Creen que la administración pública gestiona peor que la empresa privada. Eso no tiene por qué ser así necesariamente. Hay administraciones públicas que funcionan igual o mejor que las privadas. Pero si la administración pública está en manos de incompetentes, está claro que cualquiera lo hará mejor. Muchos políticos razonan así: “como nosotros lo hacemos mal, vamos a privatizarla”. De acuerdo, puede ser una solución. Pero otra podía ser: “oiga, ¿y por qué no lo gestionan mejor, ya que está en sus manos?” Lo que pasa es que a muchos les encanta privatizar, sobre todo si de paso se llenan algunos bolsillos particulares. Claro, así es lógico que digan “¡bendita privatización!” ¿no?

“SE HA LLEGADO A FALSEAR LAS OPOSICIONES PARA AYUDAR A AMIGOS O PAGAR FAVORES POLÍTICOS”

Usted sostiene que estamos asistiendo “al desmantelamiento de la función pública”. ¿Desde cuándo ocurre esto?
Desde el momento en que se pueden nombrar empleados públicos sin pasar por el tradicional sistema de oposiciones. Todavía hay oposiciones, pero ya no es el único medio de entrada al empleo público. Con los nombramientos “a dedo” se han creado puestos de trabajo sólo para favorecer a amigos o para pagar favores políticos. Incluso falseando el mismo sistema de oposiciones.

Falseando, ¿cómo?
Por ejemplo, otorgando más puntos a aquellos que ya han trabajado un tiempo en el sector público, aunque en su momento hayan sido puestos “a dedo”. De manera que estos últimos parten con una enorme ventaja respecto a otros que no han tenido esa oportunidad pero que sí están muy bien preparados para el examen de acceso.

¿Eso no es un fraude a todos los funcionarios y a toda la sociedad?
En términos generales, se nota que los funcionarios por oposición están mejor preparados que los que no han pasado por ella. Pero esto no se puede decir en términos absolutos, porque también hay empleados públicos muy válidos y profesionales y funcionarios que son incapaces y vagos.

Sea como sea, el gasto que todo esto supone al contribuyente es enorme.
Sí, sobre todo si los empleados públicos no están bien preparados y no han pasado por la vía estrecha y áspera de las oposiciones. No hay garantía de que tengan el mínimo de conocimientos. Esto repercute en toda la administración pública: baja la calidad del servicio y se produce una desmoralización entre aquellos que se han capacitado y ven que no les sirve para nada.

“A FINALES DE LOS SETENTA SE NOS DIJO QUE LAS AUTONOMÍAS NO IBAN A COSTAR NADA”

Lo que todo el mundo dice ahora es que hay demasiados funcionarios. ¿Es así?
Siempre se ha dicho que hay demasiados empleados públicos, pero lo cierto es que ahora hay muchísimos más que antes. La reorganización del Estado que trajo la Constitución de 1978 disparó el número, cosa que entonces se negaba una y otra vez. Se dijo que no iba a costar nada, que se trataría simplemente de una transferencia de los empleados estatales a las Comunidades autónomas y que no habría que aumentar su número.

¿Y la gente se lo creyó?
Eran unos momentos de tantas esperanzas como caos. Efectivamente, muchos lo creyeron. La realidad resultó distinta: cuando se discutían qué servicios seguirían dependiendo del Estado central y cuáles pasarían a las comunidades autónomas, muchos funcionarios no quisieron pasar a depender de las comunidades.Y éstas tampoco quisieron recibir a los antiguos funcionarios del Estado. Prefirieron meter nuevos empleados públicos.

¿No se dieron cuenta del peligro que eso suponía a largo plazo?
Al principio no les pareció tan grave que se duplicara cierto número de empleados, y que algunos funcionarios estatales se quedaran sin nada que hacer. Se pensó que unos se jubilarian pronto y que al resto se les podría recolocar en otros destinos. Eso no fue lo más grave todo.

¿Y entonces qué fue?
Que los entes autonómicos empezaron a crear más plazas de empleo público hasta cifras increíbles: consejerías, empresas públicas, diputaciones.. No es que el empleo público aumentase un 10, un 25 o un 50 por ciento... ¡es que se llegó al 400 por ciento! Lo cual significa un coste fabuloso que no fue acompañado de un aumento de efectividad. Dejó de ser un problema de administración para convertirse en otro de naturaleza política.

“LA TENSIÓN ENTRE PARTIDOS POLÍTICOS Y SOCIEDAD TIENE DIFÍCIL SOLUCIÓN, QUE SE LLAMA HONESTIDAD”

Usted habla en sus libros de un enfrentamiento ideológico dentro de la sociedad.
Ocurre el siguiente fenómeno. Por una parte, la gente no quiere saber nada de política. Se siente engañada. Hay un desencanto general. Pero por otra parte, aquellos que sí están interesados en política, lo están de una manera apasionada, de uno u otro signo. Provocan tensiones tremendas que contrastan con la indiferencia total de una gran parte de la población. Eso se refleja en los bloques de absentismo tan grandes que vemos en las elecciones. Mientras a unos todos les da igual, otros se insultan.

No hemos hablado de ellos directamente, pero entiendo que no tiene muy buena oponión del papel actual de los partidos políticos.
Efectivamente. Cuando no había partidos políticos todos creíamos que ellos iban a arreglar los problemas, pues el pueblo nombraría a sus gestores. Pero hoy vemos que los partidos no escuchan al electorado: sólo le halagan para obtener su voto. No hay conexión entre elector y partido.

Pero a la vez las encuestas indican que queremos partidos porque son necesarios para la democracia.
Esta tensión tiene un difícil arreglo, que se llama honestidad. Y esto, en política es fruta rara. Los partidos deberían de ser un mero instrumento, pero ellos se consideran un fin en sí mismos. Quieren ganar las elecciones para ocupar el Estado, dar trabajo a los suyos y llenarse el bolsillo. Para eso necesitan votos, y tratan de conseguirlos aunque tengan que hacer lo contrario que lo que han prometido. Ponen su voluntad por delante de los ciudadanos

Es un problema ético, entonces.
Sí, pero hablar de eso nos llevaría hasta altas horas de la noche.

El informe PISA de adultos derriba un mito: los funcionarios son los más competentes

lainformacion.com
Jueves 20/03/2014

• Los empleados públicos dan sopas con honda a los asalariados del sector privado tanto en comprensión lectora como en habilidades matemáticas.
• Los empresarios españoles sacan peor nota que sus empleados y mucho peor que sus directivos

Los principios de mérito y capacidad rigen, según las leyes, la selección de los empleados públicos en España. Y todo apunta a que es cierto.

Los resultados del Informe PIACC, una especie de Informe PISA de adultos cuyo principal objetivo es evaluar las competencias del capital humano de los principales países desarrollados, desvelan que los funcionarios superan holgadamente en las disciplinas analizadas -comprensión lectora y habilidades matemáticas- a sus muchas veces críticos colegas del sector privado.

En líneas generales, los empleados del sector privado obtienen un resultado agregado bastante pobre, que les sitúa en un nivel de competencia entre medio y bajo (nivel 2 sobre 5), identificado por la capacidad para realizar cálculos simples y comprender textos más o menos sencillos.

Por el contrario, los empleados públicos rozan el nivel 3, que identifica la capacidad para manejarse con operaciones más complejas tanto en el ámbito matemático como lingüístico.

El resultado, por supuesto, tiene matices. "La casuística es muy diversa y hemos detectado que la dispersión dentro de cada subsector puede ser grande", señala Nuria Hernández, investigadora del Instituto Valenciano de Investigaciones Tecnológicas (IVIE) y una de las autoras del informe.

Los primeros matices llegan al analizar la enorme diversidad dentro del propio sector privado, donde las diferencias superan los 40 puntos, lo que según PIACC equivale a alrededor de un año entero de formación.

Sorprende que en la parte más baja del espectro formativo se sitúen los empresarios, tanto en temas lingüísticos como matemáticos.

El dato está sin duda condicionado por la consideración como tales tanto de los gestores de microempresas como de los trabajadores autónomos, que presentan la mayor concentración de trabajadores sin estudios superiores.

Cuánto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es también el grado de capacitación de empleados y empresarios.

Con todo los empresarios aparecen en el informe PIACC por debajo en conocimientos básicos de sus empleados y muy por debajo de sus directivos, que son los que presentan una mayor capacitación y unos mejores resultados en ambas categorías analizadas.

 

El factor formación

Uno de los factores que puede explicar esta mayor capacitación de los empleados públicos respecto a los del sector privado es su nivel de formación.

El 55% de los funcionarios tiene una titulación universitaria y dos de cada tres han completado estudios superiores ya sea en la Universidad o en Formación Profesional.

Ni siquiera los directivos tienen semejante concentración de universitarios.... aunque, sin embargo, obtienen mejores resultados en el informe PIACC, lo que también nos remite al aprovechamiento de la etapa académica o a las diferentes inquietudes de unos y otros por mejorar su formación.

Otro dato llamativo. Apenas el 25% de los empresarios españoles tiene una titulación universitaria y sólo un tercio ha completado sus estudios superiores. Entre sus empleados, por ejemplo, estos porcentajes son del 29% y el 39%, respectivamente.

Una trama urdida por el propio Ayuntamiento contra el Sargento Jefe de la Policía Local de Cudillero

Así lo afirma la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº 4 de Oviedo, de 7 de marzo de 2014 (ver aquí), a la que ha tenido acceso el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, en la que se declara nula la sanción de separación del servicio impuesta por el Alcalde de Cudillero en marzo del año 2010 al Sargento Jefe de la Policía Local, por una infracción grave que consistía en el abuso de atribuciones del funcionario y la prevalencia de la condición de empleado público para obterner un beneficio indebido para sí o para otro.

Señala la sentencia comentada (fundamento de derecho quinto) que los mismos hechos que originaron el expediente disciplinario fueron objeto de un enjuiciamiento penal (sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 15 de mayo de 2012, confirmada en apelación por sentencia de 23 de noviembre de 2012 de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y en casación por la sentencia de 25 de noviembre de 2013 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo), conforme a las cuales:

Se declaran HECHOS PROBADOS que Prudencio Iván Flórez María, Sargento Jefe de la Policía Local de Cudillero, decidió poner coto a una serie de prácticas ilegales en la Policía consistentes en que los Agentes recibían pagos por medio de abonos de las comisiones de festejos y de los hosteleros que, tradicionalmente, entregaban el dinero a la tesorería municipal, en mano a los anteriores jefes de policía, a concejales o al propio alcalde. Tras detectare esas práctica Prudencio Iván rechazó cualquier pago en dinero negro a los Agentes, expresando que estos deberían cobrar sus emolumentos por medio de complementos salariales cuando hacían horas extras durante las fiestas locales, en lugar de aquella forma de retribución. Como represalia el Alcalde de Cudillero urdió una trama contra Prudencio Iván que desembocó en las presentes actuaciones penales.

Pues bien, el expediente disciplinario que terminó con la separación del servicio de dicho funcionario fue, según señala la sentencia del Juzgado de lo Contenciso - Administrativo nº 5 de Oviedo (fundamento de derecho sexto), un elemento más de la trama urdida contra el referido Sargento por el propio Ayuntamiento y en reperesalia por su actuación contraria a prácticas ciertamente graves e incompatibles con la decencia de la vida pública.

Unos hechos realmente espeluznantes los que relata esta sentencia , más propios de una película de gansters que de un Estado de Derecho.

SENTENCIA COMPLETA

Capitalismo de amiguetes

 Antón Losada

eldiario.es

 Hemos aprendido que lo que realmente hace funcionar España es la amistad. Los mails de Blesa ofrecen un acabado manual sobre cómo opera por aquí el llamado 'capitalismo de amiguetes'.

Gracias a las informaciones publicadas en exclusiva por eldiario.es sobre los ya famosos correos de Miguel Blesa, esta semana hemos podido comprobar cómo funciona España de verdad. Lo primero que hemos aprendido ha sido una lección de Historia. Miguel Blesa, Luis de Guindos, José María Aznar, los consejeros Moral Santín, Bendía o Romero, Alberto Ruíz Gallardón o Esperanza Aguirre han estado viviendo claramente por encima de sus posibilidades. Pero usted no. Usted solo ha trabajado como un animal para llegar a fin de mes como podía mientras ellos cazaban osos en Rumania, colocaban parientes con la educación básica aprobada por los pelos, se prestaban unos a otros el dinero que a usted tanto le costaba ahorrar, o se repartían tarjetas de crédito en negro mientras coleccionaban arte o bebían vino del caro.

También hemos aprendido cómo lo que realmente hace funcionar España es la amistad. Los mails de Blesa ofrecen un acabado manual sobre cómo opera por aquí el llamado 'capitalismo de amiguetes'. Es sencillo. No esconde secreto o ciencia alguna. No tiene usted que acreditar preparación, carrera profesional o experiencia. Lo único que debe probar es una buena, entrañable y sincera amistad con el responsable político que deba regular su actividad, vigilar su negocio, repartir concesiones y recursos públicos y promover nuestros derechos. Ayuda mucho a fortalecer ese sentimiento haber contribuido generosamente a la campaña electoral, o estar siempre dispuesto a colocar a un pariente tonto o hacer un regalo caro y hortera.

En nuestro 'capitalismo de amiguetes cañí', los negocios se hacen al bulto, los miles de millones se cuentan de oído y las decisiones se toman con la desidia de quien sabe que serán otros quienes paguen sus consecuencias. Para triunfar realmente en el 'capitalismo de amiguetes' conviene demostrar mal gusto, ser bastante choni y gestionar la empresa o la Administración de turno pensando única y exclusivamente en el tamaño del bonus que se puede percibir a fin de año. Cuantos más accionistas, contribuyentes, trabajadores o clientes caigan reventados por el camino, mejor y más grande será la recompensa.

Caja Madrid no representa una excepción. Hay que reconocerlo. Somos una potencia mundial en 'capitalismo de amiguetes'. Así se rigen las grandes empresas en España y así se escriben sus relaciones con las administraciones. Miren en los consejos de de Telefónica, Repsol, Endesa u otra cualquiera. Comprobarán hasta qué punto España es el país donde todos quieren tener un millón de amigos y así más fuerte poder caciquear. Se privatizaron entonces las empresas públicas y se privatizan ahora los servicios públicos solo a beneficio de los amigos y solo porque es bueno para los amigos. Estamos en manos de piratas de lo público y nosotros somos sus prisioneros.

No ha sido el único descubrimiento de la semana. La fiesta no termina jamás en España. Primero descubrimos que un puñado de inversores en Bolsa y burócratas comunitarios sí están legitimados para exigir un cambio constitucional. Pero si lo plantean unos cientos de miles de catalanes, o vascos, o gallegos, resulta ilegal, ilegítimo, engorda, es pecado y además fractura a la sociedad. Luego descubrimos que invocando un mal acuerdo entre los medios para hacer preguntas tasadas al presidente, Moncloa ha impuesto otro peor dónde no solo dice cuántas sino quién pregunta. Una regalía que la prensa agraciada ha celebrado con champán. 'Capitalismo de amiguetes', constitucionalismo de amiguetes o periodismo de amiguetes. Es España, el país donde la exaltación de la amistad es arte.

El TSJ de Andalucía anula una plaza de catedrático que favorecía a uno de los candidatos

 El País, 3/3/2014

El tribunal cree que la oferta favorecía al docente que ya trabajaba en el departamento

La selección de profesores para la universidad española no ha podido desligarse nunca de la endogamia, esa enfermedad por la que los aspirantes locales suelen ganar las plazas, muchas veces diseñadas a la medida de sus currículos. De tanto en tanto, salta un caso a los tribunales. Este lunes se ha conocido el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anuló la concesión en 2009 de una plaza de catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO).

La había ganado Eduardo Gamero, tras presentarse a una convocatoria que premiaba un perfil muy definido: ser “especialista en Derecho del Deporte”. El tribunal considera que este profesor, que pertenecía al departamento convocante, partía con ventaja, al incluirse ese requisito. El TSJA asegura que se “privilegiaba a quien reunía una específica condición: haber cultivado el Derecho del Deporte” y “por ende, situaba a los posibles partícipes en el concurso en diferentes posiciones de partida”. Al favorecer al “candidato local”, añade el tribunal, “se contradicen de lleno las condiciones de igualdad, mérito y capacidad que se han de garantizar en todas las convocatorias”, tal y como dicta la Ley Orgánica de Universidades (LOU).

El fallo dice que no se dan “condiciones de igualdad, mérito y capacidad”

Otro aspirante a la plaza, Javier Barnés, recurrió a los tribunales porque le molestó aquel requisito tan a medida: “Era una distinción artificial en perjuicio de cualquier otro potencial candidato que, casualmente, encajaba con el perfil de la actividad desarrollada por el candidato local”, argumentaba en su escrito.

Barnés, que ahora es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva, aseguraba que en la convocatoria no se justificaba el porqué de esa especialización y que dicha plaza carecía de asignación presupuestaria como se exige en la LOU.

En la universidad no quisieron ayer hacer declaraciones, se limitan a acatar una sentencia que es firme. Pero en su día justificaron la convocatoria de dicha plaza porque respondía, por un lado, a la creación en 2004 de la Facultad de Ciencias del Deporte; y, por otro, a su plan estratégico para promocionar el deporte y apostar por la “transversalidad de las titulaciones que ofrece”. También argumentaron que dicha plaza, la tercera que se creaba en ese centro, obedecía a la necesidad de “asumir en mejores condiciones de calidad la docencia e investigación en ese ámbito”. Pero sus argumentos, no convencieron al alto tribunal andaluz.

En la normativa universitaria se establece que las comisiones de selección del profesorado que han de determinar quien gana una plaza fija se compondrán en función de los estatutos de cada universidad, eso sí, garantizando “la necesaria aptitud científica y docente de sus componentes”. “El problema es cuando el departamento que convoca la plaza es el que elige a los miembros de esa comisión de selección, que todo queda en casa”, explica Barnés. Según un trabajo de los investigadores Luis Sanz-Menéndez, Laura Cruz-Castro y Kenedy Alva, del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, publicado el año pasado en la revista Plos One, el sistema universitario español se rige por una premisa: “Va entrando el que más tiempo lleva en la cola, al que le toca”. “El sistema de contratación en España se ha movido entre la desconfianza de un poder centralizado que controlaba el acceso con exámenes nacionales y la autonomía total de las universidades en el que predomina la fuerza del gremio y las estructuras de poder interno”, explica Sanz-Menéndez.

 

Luis Sanz-Menéndez

“Es muy difícil precisar si ha aumentado el número de casos en los últimos años y más teniendo en cuenta las escasas convocatorias públicas que hay”, precisa el responsable de Educación de CC OO, Julio Serrano.

Hace años, en 2006, y no hay datos más recientes, un estudio del CSIC cifraba en un 70% los casos en los que el profesor que ganaba su plaza había concursado sin competencia y el 96% de ellos ya trabajaba en la universidad donde se colocó de forma indefinida, algo que prácticamente no ocurre en otros países donde los aspirantes que ganan provienen de otros centros.

“Las cosas no han cambiado mucho desde aquel año en que se hizo ese estudio”, señala Luis Sanz-Menéndez. “Ahora hay una acreditación por puntos que es un despropósito, hay que procesar toneladas de papel, sin una entrevista personal, ni un examen. Después, cada universidad es completamente autónoma para seleccionar al tribunal y establecer requisitos. Creo que el localismo se ha agravado, lo que pasa que el contexto es muy distinto, no se convocan apenas plazas”. Entiende que hay un exceso de funcionarios en la universidad. ¿Por qué no es bueno eso? “Porque la universidad debe adaptarse a las demandas sociales y para eso hay que contratar perfiles diversos con el tiempo. Pero ahora es todo muy político. Si tienes que ganar unas elecciones acabas dando prebendas a quienes te van a votar”, se queja Sanz-Menéndez.