El recorte de 1.000 contratos temporales en la Administración asturiana que acaba de anunciar el Gobierno del Sr. Fernández, supondrá un grave deterioro en el funcionamiento de los servicios públicos. Si tomamos como ejemplo el ámbito de la educación, los 500 empleos que se eliminan suponen un recorte de la plantilla existente próximo al 5 por 100 ( el total de trabajadores públicos de la enseñanza no universitaria en Asturias asciende a 12.137, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Registro Central de Personal para el año 2011)
El tajo que se propone dar el Gobierno del Sr. Fernández culmina una política de contratación del personal en la Administración asturiana que, en los últimos años, ha sido manifiestamente ilegal y profundamente hipócrita. Debemos recordar, entre otras cuestiones, que el Principado de Asturias cuenta desde hace tiempo con una temporalidad igual o superior a la del sector privado (el 20 % en el año 2011), mientras los responsables políticos de turno lanzaban proclamas a los empresarios para que desterrasen el empleo basura.
Esta temporalidad obedece a diversas razones, siendo especialmente relevantes el incumplimiento sistemático de la legislación en materia de oferta de empleo público y la política deliberada de precarización con el fin de comprometer la imparcialidad e independencia de los trabajadores y llegado el caso, como ahora sucede, disponer del margen de maniobra necesario para acometer drásticas reducciones de plantilla por razones puramente economicistas.
No podemos olvidar que el incremento incesante de las contrataciones temporales se ha hecho para cubrir puestos estructurales de plantilla, es decir, para atender a servicios permanentes, desvirtuando con ello el sentido y la finalidad del trabajo interino que es la cobertura de vacantes por razones de necesidad y urgencia.
Esta política de precarización intencionada del personal ha pervertido el sentido constitucional del empleo público, impidiendo el acceso fijo a los puestos de trabajo vacantes en condiciones de igualdad, mérito y capacidad y debilitando la situación de los trabajadores, a los que se hace más vulnerables frente a presiones de todo tipo como consecuencia de su inestabilidad laboral.
Ahora toca reducir gasto público a costa del empleo temporal, al que se utiliza como chivo expiatorio del recorte, abusando de su situación de extrema debilidad laboral. Lejos de reducir el extenso aparato de puestos de elite burocrática, creados a cientos en los últimos años para recompensar fidelidades personales y profesionales, se opta por una solución estrictamente clasista: cortar la cadena por el eslabón más débil.
Un recorte que, por otro lado, supondrá un ahorro poco significatvo en términos absolutos - en ningún caso superior a los 30 millones de euros - , pero que degradará severamente la calidad en la prestación de servicios públcos esenciales como la sanidad y la educación.
Este es el modelo de empleo público por el se decanta el Gobierno del Sr. Fernández, el mismo que también defiende, por ejemplo, la ultraliberal presidenta madrileña Esperanza Aguirre.
Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies
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