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martes, 24 de abril de 2012

Y nos podía haber salido gratis


Cómo la aplicación del principio constitucional de participación de la sociedad en las plusvalías urbanísticas habría permitido al Ayuntamiento de Oviedo obtener Villa Magdalena de forma totalmente gratuita.

Manuel Carrero de Roa, doctor arquitecto.
http://noaladeudadevillamagdalena.wordpress.com/articulos/

0,00 euros. Ése podría haber sido el importe desembolsado con cargo al erario municipal de Oviedo –y por extensión, a toda la ciudadanía ovetense- a cambio del palacete “Villa Magdalena”. Y no hablamos de confiscación, incautación, expolio ni nacionalización del suelo. Se trataba únicamente de utilizar unas herramientas sencillas que la legislación pone en manos de las administraciones públicas para que toda la sociedad –y no sólo los promotores privados- participe en las plusvalías generadas por el desarrollo urbanístico, tal y como establece el artículo 47 de la Constitución Española.

Es un principio muy arraigado ya en nuestra práctica urbanística el deber que tienen los propietarios de suelo de ceder obligatoria y gratuitamente los terrenos destinados a dotaciones públicas. De esta manera, a medida que la ciudad se va desarrollando, se obtiene el suelo necesario para satisfacer las necesidades colectivas de equipamientos, espacios libres y zonas verdes. Nada impedía que este sistema –empleado, por ejemplo, en el palacete deLa Lila, hoy equipamiento público- se hubiera aplicado a Villa Magdalena para integrarla así sin desembolso alguno en el Patrimonio Municipal. El planeamiento general podría haber atribuido al propietario de los terrenos un determinado aprovechamiento urbanístico –metros cuadrados edificables-, y en justa compensación por esas plusvalías, el Ayuntamiento habría recibido gratuitamente el jardín y el palacete.

De hecho, este método se intentó en un primer momento, mediante una operación urbanística que incluía también terrenos del Club de Tenis, pero al poco fue desechado sin explicación oficial alguna. No resulta aventurado suponer que en esta renuncia las prácticas oscurantistas y las sospechas de movimientos especulativos que involucraron incluso ala CasaReal–recuérdese que el Ayuntamiento pretendía destinar el palacete a residencia del Príncipe de Asturias- hayan jugado un papel determinante. De manera que, finalmente, el Ayuntamiento –con el apoyo de todos los grupos políticos municipales- optó por la expropiación, embarcando a la ciudad en un penoso proceso de tasaciones, retasaciones, demandas y recursos cuyo final, catorce años después, es aún incierto. Para dar idea de las proporciones del escándalo, baste señalar que en abril de 2010, Ayuntamiento y propietario firmaron un convenio –recientemente anulado por sentencia judicial- en el que se valoraba en 29,5 millones de euros una finca que el expropiado adquirió en 1997 por 2,6. En este momento se desconoce el importe de la indemnización a la que habrá de hacer frente el Ayuntamiento, pero la tasación presentada por la propiedad asciende a 62,8 millones de euros.

La solución de este contencioso amenaza con hipotecar gravemente la hacienda municipal, y sería como siempre la ciudadanía la que sufriría las consecuencias en forma de recortes en gasto social, deterioro de los servicios públicos e incremento de la presión fiscal. Así las cosas, constituye un auténtico deber cívico negarse a que los platos rotos de esta nefasta gestión municipal sean pagados por los ciudadanos y ciudadanas de Oviedo.

Villa Magdalena, paradigma de la especulación inmobiliaria
La ya abrumadora y larga crisis económica, política, social y ecológica que estamos soportando en Europa y en general en la mayoría de los países “ricos” del planeta tiene una componente financiera que desde los órganos de poder político y económico nos presentan interesadamente como una crisis de deuda pública que, en el caso español, es de unos 700 mil millones de euros pero sólo representa una sexta parte de la deuda total del país siendo la deuda privada de bancos, cajas , inmobiliarias y familias de unos 3,65 billones de euros; sin embargo, las medidas “anticrisis” que se están tomando por parte de los poderes públicos únicamente contemplan la crisis de la deuda pública.

La reducción del gasto por parte de las administraciones públicas estatales, autonómicas, y municipales es el eje sobre el que gira toda la política del gobierno, obligando a cada una de las administraciones a tomar las medidas oportunas para no superar el techo de gasto que desde la UE se nos ha impuesto y que el bipartidismo ha constitucionalizado. La superación de ese techo por parte de los ayuntamientos o autonomías justifica las políticas de recortes de gasto con la excusa de recuperar rápidamente el “equilibrio presupuestario”, de esta manera estamos asistiendo a una pérdida y/o deterioro de servicios esenciales como la educación o la sanidad en algunas autonomías y ayuntamientos a la vez que se introducen nuevos impuestos y “re-pagos” de algunos bienes como es el caso de la sanidad. El endeudamiento de ayuntamientos y comunidades autónomas ha de ser pagado con lo recaudado en esa comunidad o municipio apreciándose ya, dentro del estado español, diferencias en la calidad de algunos servicios y también derechos según el lugar donde nos haya tocado vivir.

¿Cómo se ha contraído gran parte de esa deuda pública que desde las diferentes administraciones se nos atribuye a los ciudadan@s?. El caso de Villa Magdalena en Oviedo es un aleccionador ejemplo de cómo funciona la especulación financiera e inmobiliaria y cómo el pago de la deuda por parte de las personas que viven en una localidad es un mecanismo más de desposesión que se utiliza para redistribuir la riqueza generada por el trabajo de las clases populares hacia las oligarquías.

La historia comienza en el año 1995 con la adquisición de la villa-palacio, diseñado por el arquitecto Juan Miguel de la Guardia en 1902, por parte de la empresa ASTURCOSA por 3,4 millones de euros, el Ayuntamiento de Oviedo lo expropia en el año 1997 por 3,1 millones de euros, y al año siguiente el Jurado Provincial de Expropiación tasa la finca en 11,2 millones de euros, más tarde en el año 2007 el Tribunal Supremo desestima el recurso del Ayuntamiento y confirma la tasación del Jurado de Expropiación. Después de contenciosos, retasaciones y fracasadas operaciones de pago de la deuda con el subsuelo de la calle Uría y el Parque San Francisco, la empresa (ahora denominada COMANSA) presenta una nueva retasación de 63 millones de euros que es lo que considera que debe cobrar del ayuntamiento. En estos momentos estamos a la espera de una nueva tasación por parte de Jurado Provincial de Expropiación que confirme la propuesta de la empresa o dé un nuevo valor al inmueble.

Si la única modificación que ha sufrido el inmueble a lo largo de este tiempo ha sido su rehabilitación y esta ha sido pagada por el ayuntamiento, ¿cómo es posible que un bien pueda pasar de tener un valor de 3,4 millones de euros a 63 millones, como pide la propiedad, en tan sólo unos pocos de años?, ¿no es este tipo de operaciones las que le dan el carácter especulativo al modelo económico que hemos sufrido durante los últimos años e incluso décadas?. ¿Quién ha de pagar esa plusvalía y a quien?. La cuestión está clara: somos las personas que vivimos en el municipio de Oviedo quienes tendremos que pagar y es Miguel Angel del Fueyo, dueño de COMAMSA, quien se va a beneficiar de ello junto con los responsables del gobierno municipal que lo han permitido y alentado en perfecta simbiosis del neocaciquismo de apariencia democrática que nos gobierna y los sectores de las oligarquías locales.

¿A qué reducciones de servicios, nuevas tasas, y aumento de impuestos nos veremos sometidas las personas de la ciudad de Oviedo para pagar esta deuda?. Si a ella añadimos otras, que aún no se conocen bien, como pueda ser la de Cinturón Verde, y algunas obras financiadas por el método alemán como el campo de futbol, etc, la situación en nuestro municipio puede volverse insostenible.

Quienes formamos parte de la Plataforma Villa Magdalena creemos que, legítimamente, no pueden hacernos pagar deudas contraídas por un gobierno municipal que actuó con total opacidad y sin ningún control democrático, ya que sistemáticamente ha negado la información tanto a la ciudadanía como a los grupos municipales de la oposición, y todo ello a pesar de que en Oviedo ya tendrían que estar funcionando los consejos de distrito y la participación ciudadana desde enero del 2004 tal como obliga la llamada “ley de grandes ciudades”. La democracia participativa es desde hace tiempo realidad en muchos ayuntamientos españoles y surge hace ahora 20 años en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro; creemos que el ayuntamiento ha tenido tiempo para desarrollar formas de participación que permitan la implicación de las personas que viven en el municipio en la vida pública local.

 


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