Además de ser un derecho constitucional, el acceso a la información gubernamental refuerza la transparencia de las instituciones
Fuente: Consumer EroskiAutor: Antonio Delgado
Contratos, bienes de cargos públicos, sueldos de los ediles y concejales o presupuestos destinados a determinadas obras. Las administraciones e instituciones públicas disponen de mucha información y documentos oficiales que, por ley, están abiertos a todos los ciudadanos. El acceso a estos datos se considera un derecho constitucional, aunque una barrera burocrática ha dificultado desde siempre el acceso a esta información. En la actualidad, Internet y los diferentes avances en "gobierno electrónico" facilitan este acceso, pero al carecer de una legislación al respecto, el silencio administrativo es la respuesta que reciben a menudo los ciudadanos que requieren conocer por vía telemática este tipo de información.
El Gobierno español prepara una Ley de Transparencia Pública que facilitará a los ciudadanos el acceso a cualquier información oficial que no esté sujeta a restricciones, como razones de Estado o protección de la intimidad. Esta ley obligará a las instituciones y administraciones públicas a dar las informaciones que les pidan los ciudadanos y se eliminará el silencio administrativo que hasta la fecha ha reinado.
De momento, no se tiene noticia de que haya un anteproyecto, aunque se espera que a medio plazo se ponga en marcha esta iniciativa, común en muchos países de la Unión Europea como Reino Unido, Alemania o Francia. España es el único país de más de un millón de habitantes que no tiene ley de acceso a la información pública. En 2008, el Consejo de Europa adoptó una convención sobre esta materia en la que se recomienda facilitarlo en la medida en que la tecnología lo permita.
Movimientos ciudadanos "pro acceso"
España tendrá que aprobar tarde o temprano una ley de acceso a la información si quiere poder firmar y ratificar esta convención. Según la plataforma Coalición Pro Acceso, que agrupa a 29 entidades y grupos defensores del derecho a la información, sólo cinco países de la Unión Europea no disponen de una legislación sobre el acceso a los datos públicos, y España es el único que todavía no tiene un anteproyecto.
Para esta organización ciudadana, Internet es la herramienta fundamental para facilitar la información pública y gubernamental, ya que es la vía mas adecuada para canalizar las consultas, al estar accesible de forma permanente. Por otra parte, no basta sólo con publicar la información, siempre según la coalición, sino que se debe facilitar la localización de la misma, ya que en la mayoría de las ocasiones la información gubernamental publicada en la Red es de difícil acceso, al no estar visible para buscadores o publicarse en diferentes páginas sin vínculos visibles.
Nueve principios que deberían recogerse en la Ley de Acceso a la Información
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