HAY QUE ESCLARECER URGENTEMENTE POR QUÉ FALLARON LOS CONTROLES DE LEGALIDAD EN EL CASO DE LA JEFA DE SERVICIO CESADA POR INDICIOS DE CORRUPCIÓN

En el escándalo de adjudicación irregular de contratos que se acaba de conocer, la Administración asturiana apunta a una alta funcionaria como única responsable de un proceso continuado de corrupción administrativa, eludiendo toda referencia a las responsabilidades de los cargos políticos y funcionariales de los que dependen los sistemas burocráticos de control.

Pero esta maniobra de distracción no puede ocultar algunos datos esenciales.

De entrada, la funcionaria cesada ha desempeñado en los últimos once años, diferentes puestos de designación digital, es decir, de la confianza política del Gobierno, a saber:

Desde diciembre de 1999 hasta febrero de 2004, el de Jefa del Servicio de Prestaciones en la entonces Consejería de Sanidad.

Desde febrero de 2004 hasta agosto de 2007, el de Jefa del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Dirección General de Cultura, de nuevo de la mano del mismo director general y dentro de la Consejería de Cultura dirigida por la Sra. Migoya.

En la actual legislatura, con el desplazamiento de la Sra. Migoya hacia la Consejería de Administraciones Públicas, acompañada de su anterior Secretario Técnico, la funcionaria aludida es nombrada nuevamente “a dedo” como Jefa del Servicio de Procesos Administrativos, integrado en la Viceconsejería de Organización y Recursos Humanos dirigida por Luis Iturrioz

Estas situaciones exigen una urgente explicación, que deberá extenderse obligatoriamente a las razones por las cuales los responsables políticos y administrativos no detectaron una actividad ilícita tan flagrante.

En concreto, por qué fallaron tan estrepitosamente los controles jurídicos de los contratos que hubiera adjudicado ilegalmente, el control de intervención del gasto, el control sobre la situación de incompatibilidad en la que estaba incurriendo la funcionaria y el control político de los superiores jerárquicos.

Desde COFPA advertimos que la degradación a la que se ha llevado a los principales órganos de control de la legalidad – Servicio Jurídico, Intervención, Inspección de Servicios, Servicios de Contratación de las diferentes Consejerías – mediante el recurso masivo a los nombramientos “a dedo”, provisionales e interinos, es la causa principal de esta lamentable situación.

Uviéu, 24 de febreru de 2010

La Xunta Directiva de COFPA (Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies)

EL GOBIERNU ARECES TIEN LA OBLIGACIÓN D’ESPLICAR DARRÉU A LA CIUDADANÍA POR QUÉ FALLARON TOLOS CONTROLES DE LLEGALIDÁ NEL CASU DE LA XEFA DE SERVICIU –CARGU A DEU- CESADA POR ÑICIOS DE CORRUPCIÓN.

Nel escándalu de l´axudicación irregular de contratos que ta acabante de conocese, l´Alministración asturiana empobina pa escontra una alta funcionaria como única responsable d´un procesu continuáu de corrupción alministrativa, tapando cualquier referencia a les responsabilidaes de los cargos políticos y funcionariales de los que dependen los sistemes burocráticos de control.

Pero esta maniobra de distraición nun pue tapecer dalgunos datos esenciales:

1^u. La funcionaria acusada desendolcó nos caberos once años estremaos puestos de nomamientu dixital, ye dicir, de la confianza política del Gobiernu, a saber:

Dende avientu de 1999 fasta febreru de 2004, el de Xefa del Serviciu de Prestaciones na entós Conseyería de Sanidá, baxo la dependencia directa del Director Xeneral del ramu

Dende febreru de 2004 fasta agostu de 2007, el de Xefa del Serviciu de Promoción Cultural, Archivos, Biblioteques y Museos de la Dirección Xeneral de Cultura, otra vuelta de la mano del mesmu Director Xeneral y dientro, nesti casu, de la Conseyería de Cultura dirixida pola Sra. Migoya.

Na actual llexislatura, col desplazamientu de la Sra. Migoya fasta la Conseyería d´Alministraciones Públiques, acompañada del so anterior Secretariu Técnicu, la funcionaria mentada ye nomada, tamién “a déu”, Xefa del Serviciu de Procesos Alministrativos, integráu na Viceconseyería d´Organización y Recursos Humanos dirixida por Luis Iturrioz.

Esti aneciar de dellos políticos n’enfotase nuna funcionaria que fina protagonizando unos fechos que mos lleven a un escandalosu casu de supuesta corrupción esixen una esplicación urxente y clara.

2^u. Esplicación que tien d’estendese obligatoriamente a les razones poles cuales los responsables políticos y alministrativos nun se dieron cuenta d´una actividá illícita tan bultable. O lo que ye lo mesmo, esplicar a la ciudadanía por qué falló tan escandalosamente el control de la llegalidá de los contratos que se veníen axudicando irregularmente (responsabilidá del Serviciu Xurídicu); el control d´intervención del gastu (responsabilidá del Serviciu d’Intervención); el control sobre la situación de incompatibilidá na que taba incurriendo la funcionaria (responsabilidá del Serviciu d’Inspección); y el control burocráticu y políticu de los superiores xerárquicos.

Dende COFPA camentamos que la causa principal d´esta situación ye la llaceriosa degradación de los principales muérganos de control –Serviciu Xurídico, Intervención, Inspección de Servicios, Servicios de Contratación de las diferentes Conseyeríes– consecuencia de la política de nomamientos “a deu” practicada por el Gobiernu Areces, porque ye imposible qu’un funcionariu pueda fiscalizar con independencia y llibertá al políticu que lu pon y quita cuando-y peta.

Uviéu, 24 de febreru de 2010

La Xunta Directiva de COFPA (Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies)

El país de la chequera

Javier Álvarez Villa

En el Capítulo VII de El Dieciocho de Brumario de Luis Bonaparte Marx traza una descripción histórico – sociológica de la Burocracia y de sus relaciones con el poder político, que resulta de plena actualidad. Aunque el análisis se refiera al Estado francés, en él se contienen claves fundamentales para entender el presente, sin ir más lejos, para comprender la estructura y funcionamiento del sistema sociopolítico asturiano.

Señala Marx como la Monarquía absoluta, primero, y la Revolución francesa, más tarde, terminaron con el Estado feudal, disgregado en señoríos locales particulares, mediante la centralización del poder. En este proceso, las potestades de los dignatarios feudales pasan a manos de funcionarios retribuidos, lo que comporta el incremento de las atribuciones y del número de servidores del Gobierno.

Napoleón “perfeccionó esta máquina del Estado”, que fue ganando en extensión con la Restauración monárquica, hasta el punto de engendrar un Estado hipertrofiado, en el que "cada interés se desglosaba inmediatamente de la sociedad, se contraponía a ésta como interés superior, general (allgemeines), se sustraía a la propia iniciativa de los individuos de la sociedad y se convertía en objeto de la actividad del Gobierno, desde el puente, la escuela y los bienes comunales de un municipio rural cualquiera, hasta los ferrocarriles, la riqueza nacional y las universidades de Francia"

En la República parlamentaria, la actividad política se asemejaba a la de la democracia representativa actual: "Los partidos que luchaban alternativamente por la dominación, consideraban la toma de posesión de este inmenso edificio del Estado como el botín principal del vencedor”

La culminación de esta invasión burocrática de la sociedad se produce tras el golpe de diciembre de 1851 de Luis Bonaparte (Napoléon III), cuando el poder ejecutivo “con su inmensa organización burocrática militar, con su compleja y artificiosa maquinaria de Estado, un ejército de funcionarios que suma medio millón de hombres, junto a un ejército de otro medio millón de hombres”, se convierte en un “ espantoso organismo parasitario que se ciñe como una red al cuerpo de la sociedad francesa y le tapona todos los poros”

Apoyándose en este repaso histórico, Marx explica como la Burocracia pasó de ser el medio para preparar la dominación de la burguesía, durante la Revolución y con Napoleón, al instrumento de la clase burguesa dominante, bajo la restauración monárquica y en la república parlamentaria; para convertirse, finalmente, con Napoléon III y como consecuencia de la expansión incontenible del aparato del Estado, en una clase completamente autónoma.

De ahí la ineludible necesidad de aquél régimen político de sostenerse sobre la clase burocrática y de gobernar para sus intereses, adoptando para ello dos tipos de medidas: aumentar los sueldos e incrementar los puestos “a dedo” (por lo demás, copiadas al pie de la letra por el actual Gobierno asturiano, mediante la falsa “carrera profesional”, la hipertrofia de puestos de libre designación, de nombramientos provisionales y de empresas y entes de Derecho privado). En palabras de Marx: "Y de todas las idées napoléoniennes, la de una enorme burocracia, bien galoneada y bien cebada, es la que más agrada al segundo Bonaparte. ¿Y cómo no había de agradarle, si se ve obligado a crear, junto a las clases reales de la sociedad, una casta artificial, para la que el mantenimiento de su régimen es un problema de cuchillo y tenedor? Por eso, una de sus primeras operaciones financieras consistió en elevar nuevamente los sueldos de los funcionarios a su altura antigua y en crear nuevas sinecuras"

El análisis de El Dieciocho de Brumario de Luis Bonaparte se remata con una descripción sociológica demoledora: "En la corte, en los ministerios, en la cumbre de la administración y del ejército, se amontona un tropel de bribones, del mejor de los cuales puede decirse que no sabe de dónde viene, una bohème estrepitosa, sospechosa y ávida de saqueo..."

No es difícil encontrar analogías entre la situación del segundo Imperio francés, descrita por Marx, y la realidad política asturiana del presente, en la que la Administración Pública, sujeta a un férreo control partidista al servicio de la oligarquía económica, mediatiza todo el proceso de producción, distribución y demanda de mercancía y servicios, desde el sector de la construcción hasta el de la producción de noticias, pasando por los diferentes negocios y actividades vinculadas a la gestión del tiempo de ocio; de tal manera que resulta casi imposible encontrar aquí algún tipo de actividad que pueda reputarse propiamente como independiente.

Cualquier iniciativa que se desarrolle en la sociedad asturiana depende de la gran chequera del presupuesto público, que se administra mediante una red capilar de instrumentos burocráticos convenientemente orientados por el partido gobernante, para demostrar a todos los ciudadanos – clientes que lo que se ofrece es siempre un bien graciable y, por tanto, que deben estar agradecidos al benefactor. Aquí nadie debe creer que tiene derecho al subsidio en condiciones de igualdad, sino que aquél debe presentarse siempre como una posibilidad que se obtiene por la atenta concesión del poder.

En un sistema político dominado por el intercambio de favores la sociedad civil sólo puede articularse a través de redes de influencias, que son las vías de acceso obligatorias a los bienes públicos escasos. Toda la espesa maraña de complicidades que se asocian a los intercambios clientelares genera fidelidades a largo plazo, para toda la vida, porque el que debe la viabilidad de su negocio a las concesiones del patrón, sabe que también está ligado a aquél por una relación de fidelidad que se parece al vasallaje feudal.

Un régimen político como el descrito precisa, indefectiblemente, de un ejército de funcionarios de confianza, en cada una de sus diferentes especialidades: desde los burócratas de élite hasta los conductores de altos cargos, pasando por los maestros, médicos, policías etc.

Allí dónde pueda haber un grupo de empleados públicos en condiciones de actuar con imparcialidad, allí intervendrá de urgencia el aparato de control, ofreciendo alguna prebenda anestesiante y, en su defecto, utilizará alguna fórmula más o menos expeditiva de disolución u ocultación. Cualquier sospechoso de actuar “por libre” recibe, rápidamente, una oferta de ascenso y en el improbable caso de que pueda rechazarla, será aislado mediante el “cordón sanitario” de la sospecha institucional.

Sin esta extensísima estructura de funcionarios “comprometidos con la organización”, utilizando el eufemismo actualmente en boga para referirse a los trabajadores serviles, que hace posible la gestión política de los asuntos públicos “ a la carta” ( informes convenientes, omisiones oportunas…), resultaría inviable el clientelismo político de partido.

Pero, en un sistema en el que el partido alternante sólo aspira a apoderarse del gran botín de la Administración, mientras disfruta de la cuota de reparto asignada a la “leal oposición”, ¿quién está en condiciones de ofrecer una solución realmente democrática para el gobierno de los asuntos públicos?

Como argumentaba La Boétie, hace más de cuatro siglos, en el Discurso de la Servidumbre Voluntaria, después de que la mayoría se ha acostumbrado a la obediencia autoritaria, el principal desafío del tirano es reducir la disidencia, fundamentalmente, mediante el control de la información.

En cualquier caso, el mismo La Boétie advertía que no es posible un régimen despótico sin la servidumbre voluntaria de los individuos, pero bastaría para derribarlo que éstos “ya no le apoyen más; entonces lo verán, como un gran Coloso, cuyo pedestal ha sido apartado, caer por su propio peso y romperse en pedazos”

LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA Y LOS RESIDUOS TÓXICOS

Gatopardo

La exquisita amalgama de políticos corruptos, funcionarios mal pagados y sobornables, organismos estatales y gubernamentales colapsados por leyes estrambóticas y una burocracia churrigueresca, Juzgados sumergidos bajo toneladas de papel, que sólo conocen el editor de textos de los pocos ordenadores que les han sido asignados, unos ciudadanos que aguantan heroicamente su cobardía, Ayuntamientos formados por ediles displicentes con la Ley de Administración Local, el Derecho Administrativo y desconocedores de la Contabilidad Pública, de costos, Fiscal, Administrativa, por actividades, de flujo, fiduciaria, e incluso de la contabilidad general de empresa, porque lo que los aupó al cargo fue el dominio de la zancadilla, la zorrería, el espíritu de secta, la falta de sentido del ridículo y el desprecio al bien común y no sus dotes como gestores, han contribuido a crear una democracia al servicio de los intereses mafiosos, en la que la principal riqueza no proviene de la industria sino de la especulación, que no está basada en las leyes de mercado, en el precio real de la mercancía, sino en su encarecimiento artificial, que permite repartir dividendos entre los corruptos que han contribuido a despojar los bienes y necesidades de su dimensión real.

Un ejemplo: España produce más de treinta millones de toneladas anuales de residuos tóxicos y peligrosos, lo que implica unos 350 kilos al año por habitante, y mueve más de dos mil millones de euros al año.

En Italia, dice Francesca Colombo , el tráfico de residuos tóxicos, peligroso para la salud de los habitantes y del medio ambiente de este país, -entre basura urbana y desechos peligrosos-, (...) está en Italia en en manos de organizaciones criminales, como la "cosa nostra" de Sicilia, "La ’ndreghetta reggina" de Calabria, la "sacra corona" de Puglia o la "camorra" napolitana, encargadas de la recogida, el almacenamiento y el reciclaje.

En España, la mafia tiene un su paraiso de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado, gracias a las deficiencias de los organismos de control. Su dinero sucio se lava en el sistema financiero, en el sector inmobiliario, en el comercio, en el sector terciario y la industria, y, desde hace un tiempo, también en las empresas de basuras y de tratamiento de residuos peligrosos, que trabajan bajo contratas y mediante concurso público, con las consabidas comisiones a los políticos y sus partidos. Las empresas que no participan en estos enjuagues suelen quedar, antes o después, marginadas.

La eliminación de basura tóxica es un negocio en auge, y las empresas encargadas pueden utilizar diversos procedimientos para deshacerse de residuos tóxico o peligrosos, como los de la industria metalúrgica, la escoria procedente de los filtros, consistente en metales pesados, los transformadores con refrigerantes peligrosos como el PBC, los vertidos de curtición, los productos químicos y farmacéuticos, las pilas, el aceite industrial, etc. El método más usual es falsificar los certificados y convertirlos en residuos domiciliarios, y alterar los permisos de transporte para trasladarlos de una región a otra y descargarlos en canteras de construcción, parques naturales protegidos, ríos, grutas, excavaciones en montañas, terrenos agrícolas abandonados. Aquí como en Italia, hacen un agujero, los depositan, y los cubren con tierra. Y se inicia el proceso irreversible que acaba, por filtración, en las aguas subterráneas. (1) El ciclo letal termina cuando usamos esa agua contaminada para beber o regar los campos de cultivo, y se disparan los casos inexplicables de cáncer y enfermedades de etiología desconocida.

Nuestros ríos contienen cantidades alarmantes de ibuprofeno , uno de los analgésicos estrella, y de estrógenos , provenientes de la orina de los millones de mujeres en edad fértil que toman anticonceptivos, pesticidas y herbicidas agrícolas, tan fuera de control como si nunca hubiéramos oído hablar de sus efectos nocivos, y todo eso desemboca al mar, degradando al extraordinario mosaico que guarda los secretos de la vida en nuestro planeta, aún por desentrañar, como el efecto anticanceroso del tunicado marino Ecteinascidia turbinata, que la empresa farmacéutica Zeltia, con la marca Yondelis tiene en fase avanzada de investigación para el tratamiento del cáncer.

Actualmente, a las playas y las costas españolas llegan numerosos cadáveres de especies marinas, y en nuestros campos también han aumentado significativamente los cadáveres de aves, y de mamiferos, que son augurios de lo que se está desencadenando en nuestro medio. No parece una casualidad que en una de las playas más degradadas de la costa mediterránea, y una de las ciudades víctima de la especulación urbanística, Torrevieja , se den casos cada vez mayores de afecciones víricas y dermatológicas, con un aumento significativo de cáncer, y que, a pocos kilómetros, en Orihuela, se hayan detectado más de treinta vertederos incontrolados en una inspección realizada por los alumnos de un Instituto de Enseñanza Media , mientras que los responsables de Sanidad y Medio Ambiente los ignoran.

Quizás porque si se investigara tendrían que controlar a las empresas que reciclan y eliminan los residuos tóxicos y peligrosos, en aplicación de la batería de leyes que no se cumplen, y tendrían que responder ante los tribunales los que se enriquecen con su tolerancia en el ámbito político, los empresarios mafiosos que se benefician, y los ciudadanos que se toman a chufla a los ecologistas, y cobran para que puedan enterrar en sus barbechos los residuos tóxicos y peligrosos. Y porque los mismos políticos que legislan y aprueban las leyes son los que impiden que funcionen los organismos de control, se lucran con las empresas que reparten sobornos y abaratan costos incumpliendo las normas.

El ciclo de la corrupción abarca suficientes aspectos de la realidad como para que ya sea indiscriminadamente letal. (2)

Gatopardo

(1) Una investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha revelado que hay entre 200.000 y 360.000 toneladas de residuos tóxicos en el cauce y en la orilla del río Ebro entre Riba-roja y Flix. El estudio incluye tres posibles medidas para paliar esta situación: construir un muro de contención para trasladar los residuos, desviar el río o construir un sarcófago para sellar los residuos. El problema que se plantea es que todas las propuestas son muy caras, unos 90 millones de euros, por lo que podría financiarse con fondos europeos. Por otro lado, el informe revela que el agua aún no está contaminada, pero que los restos son visibles en la superficie.
Por ello los autores del informe estiman que el material radioactivo no presenta, por el momento, peligro inmediato, pero sí lo tendría en caso de tormentas importantes o algún incidente o escape en el pantano de Flix. Los residuos se reparten de la siguiente manera: hay de 90 a 180 toneladas de metales pesados, como el mercurio, y unas diez de organocloratos como el DDT, así como miles de toneladas de materiales radioactivos como la fosforita, utilizada en la fabricación de piensos animales.

(2) En el Río Tinto, en Huelva, debido a las toneladas de vertidos altamente contaminados de las empresas químicas, se acumulan más de 120 millones de toneladas de residuos tóxicos y radiactivos, que hacen que Huelva sea la zona de España con mayor tasa de morbilidad por cáncer. A la par se sitúa la cuenca del Ebro, con las 300.000 toneladas de residuos peligrosos de Ercros depositadas dentro del cauce del río, del que se abastece una población cercana al medio millón de personas.

Foto: Petirrojo vía www.fotolibre.org

Partitocracia

Juan Varela
Periodistas 21

La partitocracia es una pandemia crónica en España, como bien dice Emilio Lledó en un atinado artículo en El País. Es difícil encontrar otro país donde una democracia tan burocratizada y profesionalizada como la nuestra cuente con tantos recursos para sostener su poder.
Y crecen.

Por eso no es una sorpresa ver cómo una mayoría de políticos mantienen silencio sobre la reducción de los cargos políticos y de libre designación. Callan también sobre una necesaria reducción del gasto político: el empleado en objetivos, acciones y personal ajenos a la gobernación. Gastos cuyos fines son la propaganda y el tejido de un sistema clientelar y burocrático que justifica una gran parte del personal y gastos de la abultada administración pública (estatal, autonómica y local).

Un sistema defendido con uñas y dientes por todos en un reparto de cargos y prebendas muy pocas veces cuestionado y que crea absurdos pactos y discusiones como las protagonizadas por los sillones senatoriales de las dos portavoces del PSOE, Leire Pajín, y el PP, María Dolores de Cospedal. Sillones con abultada retribución y poca responsabilidad para dedicarse a sus cargos en los partidos. Vergonzoso.

Las cifras son apabullantes.


La Administración del Estado cuenta con 409 altos cargos y más de 6.100 empleados que no son funcionarios ni personal laboral, categoría donde se ubican la mayoría de puestos de libre designacion. Casi el 3% de sus empleados.
Pero la cifra, como cualquiera que conozca la administración y el tejido clientelar español, es ridícula si se compara con el 23% del personal de las autonomías ocupado por eventuales, interinos, contratados y demás puestos y cargos que dependen de la decisión política.

Son más de 307.000 personas de los 1,33 millones de empleados por las autonomías. A la cabeza en el ránking de personal no laboral está Andalucía, con un 25% de sus empleados autonómicos; la Comunidad Valenciana, con más del 23%; seguidos por Cataluña y Madrid, con ambas superando el 22%, según datos del Ministerio de Política Territorial.

Pero la partitocracia no acaba ahí. Esas cuentas no incluyen los altos cargos de los gobiernos autonómicos y los municipales. Junto a los más de 409 altos cargos del Estado hay que sumar promedios de un centenar de puestos en cada una de las autonomías menos pobladas y cifras de entre 300 y 550 en las más grandes y poderosas, según los datos de cada autonomía.
Y pocos gobiernos han reducido ese número en estos años de crisis.

La poltrona sigue siendo un mal hereditario retratado reiteradamente en la literatura española desde la era de la alternancia bipartidista decimonónica.
Y seguimos, con la única incorporación de los partidos nacionalistas a la nómina.
Una gran parte de los males de la vida pública española vienen de esta situación. Además de la corrupción económica que desde hace meses llena los titulares de los periódicos, lo peor, como dice Lledó, es la "corrupción de la mente, de la conciencia, de la sensibilidad, y del compadreo para defender los intereses casi siempre oligárquicos".

Esa corrupción infecta a muchos políticos, gestores de subvenciones y adjudicaciones, pero también de la propaganda y la mentira. Se extiende entre sus partidarios, por clientelismo o adoctrinamiento. Una ojeada a los comentarios de la mayoría de los diarios digitales es suficiente para ver los síntomas del mal en la ciudadanía.
La partitocracia deteriora además terriblemente la política porque encuentra en la discusión y el debate ideológico la materia adecuada para su podredumbre.

El resultado es la nefasta falta de ideas de la política actual, el mito de la centralidad que expulsa todo lo incómodo y arriesgado del debate político y la explotación demagógica de ciertas causas, las más poderosos para crear filiaciones en los ciudadanos con objetivo de sostener la falsedad partitocrática.
Todo para encubrir la lucha por el mantenimiento del poder burocratizado.

Cómplices: los medios de comunicación. Primero los públicos, manipulados y utilizados como herramientas de poder. Pero también la gran mayoría del resto, atrapados en la tiranía de una escala de valores y una jerarquía informativa que depende más de lo que se dice y de quién lo dice, que de lo que se hace, para qué y con qué resultados.

El problema no es sólo la investigación de la corrupción, sino ese ensimismamiento en lo convencional, lo políticamente correcto. Esa esfera de poder y dominación que la política y las instituciones (incluidas las grandes empresas) marcan. Una masa informe de dominación que se difunde como una epidemia en un tejido social y ciudadano mucho más pasivo y dependiente del poder político y su poder económico y discrecional de lo que muchos quisieran.

LA PROCURADORA GENERAL DEL PRINCIPADO COLOCÓ A DEDO A TODA LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ESE ORGANISMO

LA PROCURADORA GENERAL DEL PRINCIPADO COLOCÓ A DEDO A TODA LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ESE ORGANISMO

Transcurridos ya cuatro años desde la creación y funcionamiento del Procurador General del Principado de Asturias, todavía no se ha efectuado ninguna convocatoria pública para acceder a los puestos de trabajo dependientes de ese Organismo. Ello supone que, en la práctica, la totalidad de la plantilla, que se puede consultar en la dirección www.procuradorageneral.es/es/pg/pgorganigrama.php, integrada por diez trabajadores, ha sido designada “a dedo”

Esta situación resulta especialmente grave en una Institución cuya función es la defensa de los derechos fundamentales de los asturianos y asturianas, entre los que se encuentra, el derecho de acceder a los puestos de trabajo del sector público en condiciones de igualdad, reconocido en los artículos 23.2 de la Constitución y 21.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Asimismo, resalta la hipocresía en la que incurre ese Organismo, dedicándose a promover cátedras para la Defensa de los Derechos Fundamentales, mientras machaca el ejercicio de aquellos que dependen de su exclusiva voluntad política.

Con el fin de poner coto a esta lamentable situación, el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies acaba de presentar denuncia ante la Comisión de Peticiones y de Relaciones con el Procurador General de la Junta General del Principado de Asturias, a la que corresponde la supervisión de la observancia de los derechos fundamentales y de las buenas prácticas en la actividad administrativa del Procurador General.

Uviéu, 9 de febreru de 2010

La Xunta Directiva del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies

LA PROCURADORA XENERAL DEL PRINCIPÁU COLOCÓ A DEU A TOLA PLANTILLA DE PERSONAL D´ESI MUÉRGANU

Cuando van yá cuatro años dende la criación y funcionamientu del Procurador Xeneral del Principáu d´Asturies, entovía nun se fizo convocatoria pública dala pal accesu a los puestos de trabayu dependientes d´esi Muérganu. Ello supón que, na práutica, la totalidá de la plantilla, que se pué consultar na dirección www.procuradorageneral.es/es/pg/pgorganigrama.php, integrada por diez trabayadores, fue nomada “a déu”.

La situación ye especialmente grave nuna Institución que tien como función la defensa de los derechos fundamentales de los asturianos y asturianes, pente los que s’alcuentra’l derechu d’acceder a los puestos de trabayu del sector públicu en condiciones d’igualdá, reconocíu nos artículos 23.2 de la Constitución y 21.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Asinamesmo, rescampla la hipocresía na qu’incurre esi Muérganu, al promover cátedres pa la Defensa de los Derechos Fundamentales mientres fraya l´exerciciu d´aquellos que dependen de la so esclusiva voluntá política.

Cola fin de poner torga a esta llaceriosa situación, el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ta acabante de presentar denuncia énte la Comisión de Pidimientos y de Rellaciones col Procurador Xeneral de la Xunta Xeneral del Principáu d´Asturies, a la que-y correspuende controlar l´observancia de los derechos fundamentales y de les bones práctiques n´actividá alministrativa del Procurador Xeneral.

Uviéu, 9 de febreru de 2010
La Xunta Directiva del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL REFUERZA LA TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES

Información pública en Internet

Además de ser un derecho constitucional, el acceso a la información gubernamental refuerza la transparencia de las instituciones

Fuente: Consumer Eroski
Autor: Antonio Delgado

Contratos, bienes de cargos públicos, sueldos de los ediles y concejales o presupuestos destinados a determinadas obras. Las administraciones e instituciones públicas disponen de mucha información y documentos oficiales que, por ley, están abiertos a todos los ciudadanos. El acceso a estos datos se considera un derecho constitucional, aunque una barrera burocrática ha dificultado desde siempre el acceso a esta información. En la actualidad, Internet y los diferentes avances en "gobierno electrónico" facilitan este acceso, pero al carecer de una legislación al respecto, el silencio administrativo es la respuesta que reciben a menudo los ciudadanos que requieren conocer por vía telemática este tipo de información.

El Gobierno español prepara una Ley de Transparencia Pública que facilitará a los ciudadanos el acceso a cualquier información oficial que no esté sujeta a restricciones, como razones de Estado o protección de la intimidad. Esta ley obligará a las instituciones y administraciones públicas a dar las informaciones que les pidan los ciudadanos y se eliminará el silencio administrativo que hasta la fecha ha reinado.

De momento, no se tiene noticia de que haya un anteproyecto, aunque se espera que a medio plazo se ponga en marcha esta iniciativa, común en muchos países de la Unión Europea como Reino Unido, Alemania o Francia. España es el único país de más de un millón de habitantes que no tiene ley de acceso a la información pública. En 2008, el Consejo de Europa adoptó una convención sobre esta materia en la que se recomienda facilitarlo en la medida en que la tecnología lo permita.

Movimientos ciudadanos "pro acceso"

España tendrá que aprobar tarde o temprano una ley de acceso a la información si quiere poder firmar y ratificar esta convención. Según la plataforma Coalición Pro Acceso, que agrupa a 29 entidades y grupos defensores del derecho a la información, sólo cinco países de la Unión Europea no disponen de una legislación sobre el acceso a los datos públicos, y España es el único que todavía no tiene un anteproyecto.

Para esta organización ciudadana, Internet es la herramienta fundamental para facilitar la información pública y gubernamental, ya que es la vía mas adecuada para canalizar las consultas, al estar accesible de forma permanente. Por otra parte, no basta sólo con publicar la información, siempre según la coalición, sino que se debe facilitar la localización de la misma, ya que en la mayoría de las ocasiones la información gubernamental publicada en la Red es de difícil acceso, al no estar visible para buscadores o publicarse en diferentes páginas sin vínculos visibles.

Ver el artículo completo

Nueve principios que deberían recogerse en la Ley de Acceso a la Información

Para saber más

Desmontando la propuesta del PSOE de retrasar la edad de jubilación a los 67 años. A grandes males, grandes remedios

Héctor Illueca Ballester
Inspector de Trabajo y Seguridad Social
Rebelión

El pasado 29 de enero de 2010 el Consejo de Ministros aprobó una Declaración política (“Declaración”, en adelante) que ha provocado un ambiente de inseguridad en los trabajadores de nuestro país, alentando una conciencia de precariedad en el acceso presente a, y en el mantenimiento futuro de, la protección dispensada por el poder público a través de la pensión de jubilación. La “Declaración”, de carácter eminentemente programático [1], establece las orientaciones y criterios que, en un futuro cercano, deben regir la acción del Gobierno en el universo de la protección social. Esa intención se deduce de la propia literalidad del lenguaje utilizado en la “Declaración ”, que se refiere a la “presentación de un documento que sirva como referencia de la posición del Ejecutivo”, susceptible de “ traducirse en el plazo más breve posible en reformas legales concretas”.

La “Declaración” se muestra abiertamente partidaria de introducir modificaciones en el régimen jurídico de las prestaciones de Seguridad Social que integran el núcleo duro del sistema asegurativo-contributivo de protección social, con el fin de garantizar “tanto su sostenibilidad como su adecuación y suficiencia protectora, todo ello en un contexto de presión sobre las finanzas públicas y de progresivo acercamiento de los desafíos planteados por el envejecimiento demográfico”. Sin embargo, como vamos a ver enseguida , bajo las nociones aparentemente neutras de “racionalización”, “sostenibilidad” o “adaptación”, se esconden intereses muy concretos en favor de una reforma neoconservadora que acaso constituya el mayor retroceso en la protección de los trabajadores desde el advenimiento de la democracia.

En general, puede afirmarse que el documento al que nos referimos está al servicio de dos grandes objetivos, que son complementarios y responden a un propósito común. El primero consiste en abrir al mercado el sistema español de protección social, acreciendo y extendiendo la importancia de la previsión social complementaria que se desarrolla en el ámbito privado. La “ Declaración” admite este planteamiento con sorprendente naturalidad, reservando “un papel reforzado para la previsión social complementaria, que no solo debe articular sus funciones en relación con la prestación por jubilación, sino que puede ayudar a los contribuyentes a mejorar su protección social, reforzando la sostenibilidad del conjunto del sistema”. El segundo objetivo, complementario del anterior e íntimamente ligado al mismo , consiste en establecer restricciones subjetivas y limitaciones objetivas en el régimen de acceso o de disfrute de determinadas prestaciones, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, la prestación económica por causa de jubilación .

En efecto, lo primero que señala la “Declaración” es la necesidad de incrementar la edad de jubilación legalmente establecida “desde los 65 hasta los 67 años”, a través de un proceso gradual y progresivo que comenzaría en el año 2013 y se prolongaría durante un período no determinado, afectando de manera más intensa a los trabajadores que se jubilasen al finalizar dicho período. Según diversas fuentes periodísticas, se trataría de aumentar la edad de jubilación a razón de dos meses por año a partir de 2013, de forma que alcanzase los 67 años de edad en 2024 [2].

Además, la “Declaración” defiende la ampliación del período de cotización que se toma en consideración para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación, lo que podría traducirse en una sensible disminución de la cuantía de la pensión para una mayoría de trabajadores que obtienen mejores salarios en el último período de su carrera profesional. El documento no concreta el alcance de esta medida, aunque las fuentes anteriormente citadas señalan que, en un primer momento, el período de cotización podría ampliarse de 15 a 20 años, extendiéndose progresivamente hasta abarcar toda la vida laboral del trabajador. De aplicarse esta medida, se produciría un efecto particularmente pernicioso por su carácter discriminatorio, perjudicando a las mujeres q ue dejan de trabajar unos años debido a la maternidad y neutralizando, al menos en parte, los avances contenidos en la disposición adicional decimoctava de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Como puede observarse, la tan citada “Declaración” del Ejecutivo no se limita a proponer una simple “adaptación” o “ajuste” del régimen jurídico de la pensión de jubilación, sino que pone sobre la mesa una estrategia calculada y diseñada para reducir la cobertura que dispensa el sistema de Seguridad Social frente a la situación de necesidad que doctrinariamente se conoce con el nombre de jubilación. Lógicamente, el Gobierno era consciente del rechazo popular que iba a provocar esta propuesta, por lo que introdujo dos matizaciones en la concepción política que articula la “Declaración”. Por un lado, se prevé que las medidas anteriores sean aplicadas de manera gradual y paulatina “para permitir a los ciudadanos adaptarse a la nueva configuración legal de forma que no disminuyan sus niveles de protección social”. Por otro , se afirma que la reforma no puede afectar “ a quienes han consolidado sus derechos como beneficiarios” , garantizando el percibo de la prestación a las personas que tuvieran reconocida la condición de pensionista cuando se produzca su entrada en vigor . Lo que se pretende, en realidad, es difuminar las consecuencias sociales que provocará una reforma económica de corte radical y antigarantista , para que la reacción de la población sea más contenida y acabe por desdibujarse con el transcurso del tiempo .

La “Declaración”, que ha merecido el inmediato aplauso de la patronal [3], plantea el endurecimiento de las condiciones que permiten el acceso a la pensión contributiva de jubilación y trasluce la intención de reducir notablemente la cuantía de la prestación. Pero, más allá de todo ello, el documento aprobado por el Gobierno representa un claro alineamiento con las tendencias más radicales que defienden la ruptura del modelo público de protección social vigente en nuestro país, aproximándonos a un escenario que aparece caracterizado por dos rasgos significativos: una seguridad social pública muy debilitada, de naturaleza crecientemente asistencial, y una protección complementaria que se encomienda a la iniciativa privada y al esfuerzo individual de los trabajadores. Desde este punto de vista, la “Declaración” que hemos analizado constituye un giro político mayor y crea las condiciones para que la clase obrera, a través de sus organizaciones representativas, se oponga a esta ofensiva procediendo a la convocatoria de una huelga general. De lo contrario, la seguridad social de los trabajadores, hasta cierto punto inalcanzable y contradictoria con la reproducción del sistema, se teñirá completa mente de utopía.

Notas:

[1] El texto completo puede obtenerse en http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201001/29/economia/20100129elpepueco_2_Pes_PDF.pdf

[2] http://www.elpais.com/articulo/economia/Gobierno/propone/retrasar/67/anos/edad/legal/jubilacion/elpepi%20e%20%20co/20100129elpepieco_2/Tes?print=1

[3] http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idtipusrecurs_PK=7&idnotici%20a%20_PK=682843

Héctor Illueca Ballester es Inspector de Trabajo y Seguridad Social