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A instancia de varios miembros del Conceyu por Otra Función Pública N´Asturies, el Tribunal Superior de Justicia ha condenado, otra vez, a la Administración del Principado de Asturias, mediante sentencia dictada el pasado 22 de junio, por utilizar el sistema de libre designación como sistema de provisión de los puestos de trabajo de Coordinadores, Asesores y Analistas.
De nuevo -la Administración autonómica ya sufrió otro varapalo judicial por las mismas causas, mediante la Sentencia de 30 de mayo de 2009 que anuló la utilización del sistema de libre designación en la provisión de 161 puestos de Jefaturas de Servicio- el Tribunal Superior de Justicia recuerda al Gobierno asturiano que el sistema de provisión ordinario para proveer plazas adscritas a funcionarios es el concurso de méritos, sistema en el que de un modo objetivo los empleados públicos pueden concurrir en igualdad de condiciones a ocupar los puestos de trabajos ofertados, y no la libre designación que es, precisamente, el utilizado por el poder partidista para nombrar discrecionalmente -o sea, a dedo- a los funcionarios que los cargos políticos elijan y que, como se comprenderá, no suelen ser precisamente los menos afines políticamente….
El caso es que nuestros gobernantes, obstinadamente, parecen estar interesados en mantenerse en una situación de rebeldía jurídica, no asumiendo una cosa tan obvia como el imperativo legal de emplear el sistema de concurso de méritos como modo ordinario para la provisión de puestos de trabajo de los empleados públicos en la Administración autonómica.
Al parecer, no les interesa utilizar un sistema que valore objetivamente la trayectoria de los empleados, su currículum, sus títulos académicos, su formación específica, la experiencia demostrada u otros parámetros objetivos y prefieren emplear un procedimiento absolutamente discrecional en cuanto al nombramiento y cese en los puestos de trabajo, basado en la confianza política, como es la libre designación.
En el contexto actual de descomposición de la gestión autonómica en materia de función pública, la situación causada por esta nueva sentencia pone en evidencia a la clase política gobernante, que justificaba la malograda y mal denominada “carrera profesional”, cuyo grotesco proceso fue anulado también por otras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la imperiosa necesidad de “evaluar el desempeño” de los empleados públicos, toda vez que los mismos responsables tratan de eludir de un modo ilegal la aplicación del sistema de concurso de méritos como sistema normalizado y ordinario en la provisión de puestos de trabajo.
Un excelente trabajo, muchas gracias por todo
ResponderEliminarRecibid un cordial saludo