El Consejero de Sanidad nombra a dedo y sin convocatoria pública a los directivos sanitarios, incumpliendo flagrantemente la ley

"Nosotros abogamos por la profesionalización de la gestión pública. Creemos que es preciso desarrollar una estrategia de formación orientada a la profesionalización de la gestión", decía Faustino Blanco, flamante Consejero de Sanidad, el 18 de julio de 2012 a la Comisión de Sanidad de la Junta General del Principado de Asturias para exponer su programa de actuación.

Pero esa cacareada profesionalización no se corresponde con los hechos. Todo lo contrario.

Así, mediante resoluciones de 28 de octubre (BOPA de 7 de noviembre)  y de 5 de noviembre (BOPA de 14 de noviembre), el Consejero de Sanidad, actuando como  Presidente del Consejo de Administración del Servicio de Salud del Principado de Asturias, procedió al apresurado nombramiento de seis puestos directivos (dos puestos de Subdirector de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área Sanitaria IV-Oviedo, la Dirección y Subdirección Económica y de Recursos Humanos de dicha Área y la Dirección y Subdirección Económico y de Recursos Humanos del Área Sanitaria V-Gijón), tras los correspondientes ceses.

El procedimiento utilizado en esos nombramientos, efectuados con total discrecionalidad y sin previa convocatoria pública, imposibilita la libre concurrencia que permita efectuar la selección de candidatos de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, constitucional y legalmente reconocidos. De este modo, se vulnera flagrantemente el régimen legal de nombramiento del personal directivo regulado en la Ley 7/2014, de medidas en materia de función pública, aprobada por la Junta General del Principado el 17 de julio, en la que se dispone:

 "El nombramiento para el desempeño de puestos directivos deberá realizarse entre empleados públicos que ostenten la condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo, atendiendo a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia"

Algo que, por  otra parte, ya exigía el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril)

En consecuencia, los nombramientos del personal directivo sanitario que acaba de realizar el Consejero de Sanidad, son nulos de pleno derecho al haber sido realizados prescindiendo total y absolutamnente del procedimiento legalmente establecido.

Esta actuación, llevada a cabo al margen de la ley, convierte al personal directivo sanitario en verdaderos cargos políticos, cuyo nombramiento no depende de la contrastación de méritos y capacidades, sino del dedazo político, toda vez que la única motivación existente que fundamenta el nombramiento de estos gestores es la previa propuesta del Director Gerente del SESPA, designado por el Consejero de Sanidad que, a su vez, motiva la resolución de nombramiento por parte de éste.

Estamos ante una descarnada politización de los nombramientos de los gestores públicos sanitarios y ante un ataque en toda regla a la profesionalización que debe regir en la selección de dichos nombramientos. A este respecto, recordamos que los puestos en cuestión se incardinan en el segundo nivel de la estructura periférica del SESPA -art. 25 del Decreto 14/2014, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio de Salud del Principado de Asturias-; estructura periférica dirigida por la Gerencia del Área Sanitaria correspondiente (cuyo titular también es nombrado a dedo, sin convocatoria pública, por el titular de la Consejería de Sanidad)

“El núcleo de los remedios contra la corrupción es la disponibilidad de una función pública objetiva, independiente y profesionalizada”

JOSÉ MANUEL OTERO NOVAS

Abogado y exministro con UCD

“El núcleo de los remedios contra la corrupción es la disponibilidad de una función pública objetiva, independiente y profesionalizada”

Oviedo, LNE, Marcos PALICIO

José Manuel Otero Novas (Vigo, 1940), jurista, escritor y dos veces ministro en los gobiernos de Adolfo Suárez, va a regresar al pasado siguiendo el hilo de la corrupción. Identifica en la expansión del margen de maniobra del poder político la falla esencial del sistema y en su condición de testigo directo puede explicar lo que ha pasado aquí. Fue abogado del Estado en la dictadura “y cuando el gobernador civil quería que hiciera determinadas cosas y yo me negaba, él, la autoridad política, se las tenía que tragar”. También fue diputado en los ochenta y recuerda haber asistido primero al proceso de desmontaje de algunos de aquellos controles a cargo de los gobiernos socialistas de Felipe González y después a la sucesiva negativa de sus herederos, empezando por Aznar, a reponer lo derribado.

–¿De aquellos polvos estos lodos?

–Sin duda. Es verdad que la corrupción tiene causas morales, pero además hay otras que yo llamo estructurales. El Estado empieza a incrementar muchísimo su actividad, sus funciones y sus decisiones en el siglo XIX, con la industrialización y el maquinismo. Los políticos, que antes tomaban una decisión al día, pasan a adoptar veinte, o doscientas, y la corrupción florece en ese momento de manera impresionante. Para defenderse, la humanidad inventa el derecho administrativo, las reglas que rigen en las decisiones de la Administración pública y que tratan de evitar la arbitrariedad. En la España de este siglo, eso floreció a partir de 1950 y, al morir Franco, no precisamente por obra suya, teníamos normas que prohibían la discrecionalidad en el nombramiento de funcionarios, leyes que regulaban el patrimonio del Estado o la contratación de las administraciones. Estaba la “intervención”, funcionarios de Hacienda destacados en todos los ministerios y delegaciones provinciales que examinaban todos los expedientes de gasto...

–¿Dónde se quiebra?

–En mi última legislatura en el Congreso, 1989-1993, siendo portavoz de Presupuestos del PP, fui examinando todas las leyes económicas y anotando cómo el gobierno del PSOE se cargaba en cada proyecto cinco, diez, quince controles del derecho administrativo. Lo denuncié. Y no les acusaba de querer la corrupción, lo hacían con la buena voluntad de quien creía no necesitar los controles. Decían: “Ya tenemos los del pueblo cada cuatro años”. Yo les respondía que si eliminaban esos controles acabarían en la corrupción más espantosa. Si un ministro puede dar el contrato a quien quiera, probablemente el primero lo dará a la persona mejor para el servicio, el segundo a los suyos porque considera que son los que más lo merecen, el tercero a sus amigos y el cuarto por dinero. Porque entre los seres humanos hay santos, pero no en todas las esquinas.

–González lanzó la reforma y Aznar, estando en la oposición, le solicitó un paquete de

medidas que prometió aplicar al llegar al gobierno. ¿Qué sucedió?

–Aznar nos pide un paquete de medidas contra la corrupción. Una batería de proyectos de ley que presentó en el Parlamento en una rueda de prensa en la que aseguró que si el PSOE los rechazaba impondría aquellas medidas en cuanto ganaran las elecciones. No se aplicó ni una.

–¿En qué consistían?

–Una de las fuentes típicas de corrupción son los “proyectos mejorados”. Uno presenta un contrato por un millón de euros a un concurso donde todos los demás son por dos, le adjudican el servicio y a continuación dice que el proyecto está mal hecho, que hay que hacer una mejora y acaba cobrando tres. Entonces, nosotros propusimos una fórmula: si se planteara una mejora de más del veinte por ciento se abriría un expediente para identificar al funcionario que se equivocó y la empresa podría quedar eliminada para el futuro.

–¿Qué más había?

–Un capítulo importantísimo relativo a la responsabilidad de las administraciones, porque el gobierno de González en 1989 había decidido tomar medidas muy rigurosas de responsabilidad hacia los consejeros de las sociedades privadas mientras mantenía para los administradores del Estado la obligación de responder sólo en casos de culpa grave. Nosotros proponíamos para las administraciones públicas lo mismo que para las empresas.

–¿Por qué tanta resistencia?

–Hay una explicación lógica. Llegas al gobierno y lo primero que piensas es “que no me aten a

mí”. Y lo puedes decir con toda la buena fe. “Es que soy muy bueno y no necesito estas limitaciones”. Ya se está viendo. En mi libro “Defensa de la nación española”, en 1997, escribí que estaba convencido de que el gobierno del PP quería actuar con limpieza, pero que como no había querido aplicar todas aquellas medidas, por mucho que lo intentara caería en la misma corrupción que sus antecesores.

–¿Por qué persiste la falta de voluntad?

–Hay dos tipos de políticos, el que va a robar, y los hay en la vida pública igual que en la privada, y el honrado, que llega a la política porque le gusta. ¿Y qué es lo que gusta? Yo creo que eso que se ha llamado erótica del poder existe, y consiste en la facultad de tomar decisiones a favor de los amigos o de la gente que por su capacidad uno cree que merece apoyo. ¿Pero qué pasa con los controles? Que reducen la erótica del poder de cien a diez, que ya no los quieren. Con Filesa en los noventa ya olía mal y no se ha hecho nada por aumentar el control. Seguimos con medidas parciales. Ahora vamos a procurar que los enjuiciamientos sean más rápidos o que los imputados no vayan en las listas. Eso es engañarse, escaparse del asunto.

–¿Por dónde deberían ir?

–Por ejemplo, un verano de hace unos años propuse en LA NUEVA ESPAÑA volver a los

juicios de residencia del Imperio Español. John Elliott lo cuenta. A los virreyes, cuando acababan su mandato, se les examinaba no sólo de lo hecho desde punto de vista político, sino que se analizaba qué patrimonio tenía al llegar y cuál al marcharse.

–El problema es que necesitamos a los políticos para aprobar los controles sobre los políticos.

–No es que los necesitemos. Los políticos son los que tienen que aprobar los controles que se

les aplicarán a ellos mismos, y eso es muy difícil. Buscarán mil triquiñuelas para decir que no.

–¿Qué ve en las últimas propuestas anticorrupción?

–Por lo que voy leyendo, mucho me temo que van a lo anecdótico. En los años ochenta y noventa, cada vez que se destapaba un escándalo de este tipo, el gobierno y el parlamento hablaban siempre de ampliar las incompatibilidades. No se daban cuenta de que casi todos los casos de corrupción los cometen personas que trabajan en régimen de dedicación exclusiva, de que esa no es la solución. Eso es dar la impresión de que se toman medidas.

–¿Dónde está el núcleo de los remedios?

–Hay un punto de primer orden en la disponibilidad de una función pública objetiva, independiente y profesionalizada.

–¿Acabar con la discrecionalidad del poder político?

–El margen de discrecionalidad que se ha metido en la contratación pública es tremendo. Esa es una causa evidente, probablemente la mayor. Otra, nada despreciable, la moral. El político procede de la sociedad y ésta está desmoralizada, en el sentido de que, en términos generales, carece de determinados límites morales.

–¿Falta también una sanción ejemplarizante desde la administración de justicia?

–A eso le doy menos importancia. Es verdad que una de las reformas que acometió el llamado código penal de la democracia fue rebajar los plazos de prescripción de los delitos. Y no digo que fuera con mala intención, aunque entonces hubo quien pensó que era una manera de echarle un cable al gobierno del PSOE que estaba pringado con la corrupción. Pero yo no lo digo. Lo cierto es que ese descenso de plazos dificulta mucho la persecución de estos comportamientos. No creo que haga falta tipificar más delitos. Ya tenemos la estafa, la falsedad, la administración desleal...

–Hay quien le ve al fenómeno un componente cultural.

–Discrepo. Los españoles inventamos con fines turísticos aquello de que España es diferente y no es verdad. Somos iguales que todos los países de nuestra cultura al menos desde que Roma nos invadió. Hay corrupción en Estados Unidos, en Francia, en Alemania. Es posible que

en determinados momentos los controles sean mayores en un sitio que en otro, pero existe. En Estados Unidos tienen, por ejemplo, la ley del lobby, que sin evitarlo tal vez lo controla un poco

mejor, quizá lo tienen mejor regulado, pero no creo que haya en esto nada español ni atávico.

Así no se acaba con la corrupción

 Flor Fernández del Viso Torre, Salinas, Asturias13 NOV 2014, El País

Con las medidas que anuncia Rajoy para acabar con la corrupción (más fiscales, más inspectores tributarios y obligatoriedad de devolver lo robado) el mensaje que nos envía es: “Sabemos que ahí fuera hay muchos más corruptos”. Esta no es la manera de acabar con la corrupción política, sólo es una excusa para recuperar algunos votos en las próximas elecciones. Para acabar con la corrupción hay que sacar a los políticos de la gestión de los organismos públicos. 

Se necesitan políticos en el Congreso y en el Gobierno, nada más. ¿Quiénes se llevan el dinero de todos? Personas con cargos públicos que han sido colocados a dedo por un partido político. La corrupción comienza cuando se coloca como gestor a un político sin capacidades ni conocimientos para realizar la gestión de un organismo. La corrupción continúa cuando ese gestor enchufa a familiares y amigos. Y, por último, entre toda esta pandilla bien situada se llevan el dinero porque ese pedacito de Administración pública se ha convertido en su hacienda particular. 

Los que somos funcionarios de carrera somos testigos del enchufismo y vemos con claridad que las medidas preventivas no se tomarán porque eso significaría renunciar a su parte del pastel, cosa que por el momento ningún partido político está dispuesto a hacer.— Flor Fernández del Viso Torre.

La corrupción y el mérito

El descrédito y el deterioro de la función pública favorecen el ejercicio de la arbitrariedad política y las decisiones corruptas. Construir una administración profesional, austera y eficiente es difícil, pero no imposible

Antonio Muñoz Molina 9 NOV 2014 - EL PAÍS 

El espectáculo ahora por fin visible de la corrupción no habría llegado tan lejos si no se correspondiera con otro proceso que ha permanecido y permanece invisible, del que casi nadie se queja y al que nadie parece interesado en poner remedio: el descrédito y el deterioro de la función pública; el desguace de una administración colonizada por los partidos políticos y privada de una de sus facultades fundamentales, que es el control de oficio de la solvencia técnica y la legalidad de las actuaciones. Cuando se habla de función pública se piensa de inmediato en la figura de un funcionario anticuado y ocioso, sentado detrás de una mesa, dedicado sobre todo a urdir lo que se llama, reveladoramente, “trabas burocráticas”. Esa caricatura la ha fomentado la clase política porque servía muy bien a sus intereses: frente al funcionario de carrera, atornillado en su plaza vitalicia, estaría el gestor dinámico, el político emprendedor e idealista, la pura y sagrada voluntad popular. Si se producen abusos los tribunales actuarán para corregirlos.

Está bien que por fin los jueces cumplan con su tarea, y que los culpables reciban el castigo previsto por la ley. Pero un juez es como un cirujano, que intenta remediar algo del daño ya hecho: la decencia pública no pueden garantizarla los jueces, en la misma medida en que la salud pública no depende de los cirujanos. Los ánimos están muy cargados, y la gente exige, con razón, una justicia rápida y visible, pero no se puede confundir el castigo del delito con la solución, aunque forme parte de ella. El puesto de un corrupto encarcelado lo puede ocupar otro. El daño que causa la corrupción puede no ser más grave que el desatado por la masiva incompetencia, por el capricho de los iluminados o los trastornados por el vértigo de mandar. Lo que nos hace falta es un vuelco al mismo tiempo administrativo y moral, un fortalecimiento de la función pública y un cambio de actitudes culturales muy arraigadas y muy dañinas, que empapan por igual casi todos los ámbitos de nuestra vida colectiva.

El vuelco administrativo implica poner fin al progresivo deterioro en la calidad de los servicios públicos, en los procesos de selección y en las condiciones del trabajo y en las garantías de integridad profesional de quienes los ejercen. Contra los manejos de un político corrupto o los desastres de uno incompetente la mejor defensa no son los jueces: son los empleados públicos que están capacitados para hacer bien su trabajo y disponen de los medios para llevarlo a cabo, que tienen garantizada su independencia y por lo tanto no han de someterse por conveniencia o por obligación a los designios del que manda. Desde el principio mismo de la democracia, los partidos políticos hicieron todo lo posible por eliminar los controles administrativos que ya existían y dejar el máximo espacio al arbitrio de las decisiones políticas. Ni siquiera hace falta el robo para que suceda el desastre. Que se construya un teatro de ópera para tres mil personas en una pequeña capital o un aeropuerto sin viajeros en mitad de un desierto no implica solo la tontería o la vanidad de un gobernante alucinado: requiere también que no hayan funcionado los controles técnicos que aseguran la solvencia y la racionalidad de cualquier proyecto público, y que sobre los criterios profesionales hayan prevalecido las consignas políticas.

 El cambio, el vuelco principal, es la exigencia y el reconocimiento de la capacidad personal

En cada ámbito de la administración se han instalado vagos gestores mucho mejor pagados siempre que los funcionarios de carrera. Obtienen sus puestos gracias al favor clientelar y ejercen, labores más o menos explícitas de comisariado político. Pedagogos con mucha más autoridad que los profesores; gerentes que no saben nada de música o de medicina pero que dirigen lo mismo una sala de conciertos que un gran hospital; directivos de confusas agencias o empresas de titularidad públicas, a veces con nombres fantasiosos, que usurpan y privatizan sin garantías legales las funciones propias de la administración. En un sistema así la corrupción y la incompetencia, casi siempre aliadas, no son excepciones: forman parte del orden natural de las cosas. Lo asombroso es que en semejantes condiciones haya tantos servidores públicos en España que siguen cumpliendo con dedicación y eficacia admirables las tareas vitales que les corresponden: enfermeros, médicos, profesores, policías, inspectores de Hacienda, jueces, científicos, interventores, administradores escrupulosos del dinero de todos.

Que toda esa gente, contra viento y marea, haga bien su trabajo, es una prueba de que las cosas pueden ir a mejor. Construir una administración profesional, austera y eficiente es una tarea difícil, pero no imposible. Requiere cambios en las leyes y en los hábitos de la política y también otros más sutiles, que tienen que ver con profundas inercias de nuestra vida pública, con esas corruptelas o corrupciones veniales que casi todos, en grado variable, hemos aceptado o tolerado.

El cambio, el vuelco principal, es la exigencia y el reconocimiento del mérito. Una función pública de calidad es la que atrae a las personas más capacitadas con incentivos que nunca van a ser sobre todo económicos, pero que incluyen la certeza de una remuneración digna y de un espacio profesional favorable al desarrollo de las capacidades individuales y a su rendimiento social. En España cualquier mérito, salvo el deportivo, despierta recelo y desdén, igual que cualquier idea de servicio público o de bien común provoca una mueca de cinismo. La derecha no admite más mérito que el del privilegio. La izquierda no sabe o no quiere distinguir el mérito del privilegio y cree que la ignorancia y la falta de exigencia son garantías de la igualdad, cuando lo único que hacen es agravar las desventajas de los pobres y asegurar que los privilegiados de nacimiento no sufren la competencia de quienes, por falta de medios, solo pueden desarrollar sus capacidades y ascender profesional y socialmente gracias a la palanca más igualitaria de todas, que es una buena educación pública.

Una cultura civil muy degradada ha fomentado en España el ejercicio del poder sin responsablidad

Nadie se ha beneficiado más del rechazo del mérito y de la falta de una administración basada en él que esa morralla innumerable que compone la parte más mediocre y parasitaria de la clase política, el esperpento infame de los grandes corruptos y el hormiguero de los arrimados, los colocados, los asesores, los asistentes, los chivatos, los expertos en nada, los titulares de cargos con denominaciones gaseosas, los emboscados en gabinetes superfluos o directamente imaginarios. Unos serán cómplices de la corrupción y otros no, pero todos contribuyen a la atmósfera que la hace posible y debilitan con su parasitismo el vigor de una administración cada vez más pobre en recursos materiales y legales y por lo tanto más incapaz de cumplir con sus obligaciones y de prevenir y atajar los abusos. Una cultura civil muy degradada ha fomentado durante demasiado tiempo en España el ejercicio del poder político sin responsabilidad y la reverencia ante el brillo sin mérito. Caudillos demagogos y corruptos han seguido gobernando con mayorías absolutas; gente zafia y gritona que cobra por exhibir sus miserias privadas disfruta del estrellato de la televisión; ladrones notorios se convierten en héroes o mártires con solo agitar una bandera.

Esta es una época muy propicia a la búsqueda de chivos expiatorios y soluciones inmediatas, espectaculares y tajantes —es decir, milagrosas—, pero lo muy arraigado y lo muy extendido solo puede arreglarse con una ardua determinación, con racionalidad y constancia, con las herramientas que menos se han usado hasta ahora en nuestra vida pública: un gran acuerdo político para despolitizar la administración y hacerla de verdad profesional y eficiente, garantizando el acceso a ella por criterios objetivos de mérito; y otro acuerdo más general y más difuso, pero igual de necesario, para alentar el mérito en vez de entorpecerlo, para apreciarlo y celebrarlo allá donde se produzca, en cualquiera de sus formas variadas, el mérito que sostiene la plenitud vital de quien lo posee y lo ejerce y al mismo tiempo mejora modestamente el mundo, el espacio público y común de la ciudadanía democrática.

Antonio Muñoz Molina es escritor.

Plataforma NoGracias (PNG)

 

 Plataforma Nogracias

 La Plataforma NoGracias (PNG) es una asociación civil, sin ánimo de lucro, cuyo fin último es el de promover y fomentar un sistema de salud democrático y al servicio de la sociedad, esto es, público, sostenible, basado en el mejor conocimiento científico y en el que la transparencia presida la actuación de todos su agentes.

La actividad de PNG se fundamenta en el trabajo cooperativo y participativo de sus socios y simpatizantes así como en la articulación de una red formal e informal de personas y organizaciones con fines compartidos con los objetivos últimos de movilizar ciudadanos, profesionales e instituciones, generar opinión informada (basada en el mejor conocimiento científico cuantitativo y cualitativo) e influir en los decisores y legisladores para obtener cambios significativos en el funcionamiento democrático del entramado ciencia-sociedad-empresa del sector sanitario.

Los valores que guían y en que se sustentan todas las actividades de PNG son:

• El compromiso con la sociedad democrática, la equidad y la solidaridad que representa el Sistema Nacional de Salud.
• El compromiso con las personas como valor esencial de PNG, respetando su autonomía, implicándolas en su autocuidado y asegurando su derecho a una atención sanitaria basada en el mejor conocimiento científico
• La independencia respecto a las instituciones públicas y privadas que participan en el Sistema Nacional de Salud.
• Los valores éticos del altruismo (los intereses de la sociedad y los ciudadanos por encima de cualquier otro), la integridad, la objetividad, la responsabilidad, la transparencia, la honestidad, la eficiencia, la cooperación y el liderazgo

Nogracias se presentó públicamente en Madrid, en el mes de Mayo de 2008. Entre sus impulsores cabe mencionar a la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública (FADSP). La plataforma, denominada “nogracias.eu”  está integrada en el movimiento internacional “Healthy Skepticism” y “Nofreelunch”, con filiales en  USA, Reino Unido, Italia (“No Grazie, Pago Io”), Holanda (“Gezonde Scepsis”),  Francia (Prescrire, Formindep), etc. La plataforma se reconoce en la iniciativa de la OMS del “Buen Gobierno de los Medicamentos”: un nuevo marco ético para poner en valor el ejercicio profesional, el uso racional de los medicamentos y el buen gobierno de las instituciones públicas.

Como objetivos concretos, entre otros,  se encuentran: 

1. Fomentar la independencia y ética profesional con regulación socialmente responsable de las relaciones con los proveedores de los servicios públicos, cuya influencia y costes son determinantes en el funcionamiento del sistema sanitario.
2. Fortalecer la transparencia como norma de conducta profesional e institucinal
3. Impulsar el acceso a una información veraz, contraria al predominio de la promoción sobre la información.
4. Promover la formación y la investigación independientes. 
5. Colaborar con la viabilidad del Sistema de Salud
6. Aportar argumentos al debate público, proponer alternativas, difundir buenas prácticas e iniciativas así como opinar acerca de las iniciativas de los diferentes actores

Ciudadanos por Asturias denuncia en el juzgado las supuestas irregularidades de la ampliación de El Musel

La denuncia se centra en el acuerdo de modificación de los precios para las obras de extracción y acarreo de material de cantera

LNE

06.11.2014 | 14:34

La Asociación Ciudadanos por Asturias, que preside el expresidente del puerto de Avilés, Raimundo Abando, ha presentado denuncia en el juzgado contra el ex presidente de El Musel Fernando Menéndez Rexach; el exdirector José Luis Díaz Rato; el consejo de administración de la Autoridad Portuaria y los representantes de las empresas que realizaron la polémica obra de ampliación del puerto, Dragados, Drace, Fomento de Construcciones y Contratas, Avargonzález Contratas y Sato, por las presuntas irregularidades cometidas durante el desarrollo de esos trabajo "ya que en las mismas puede deducirse claramente la existencia de infracciones penales", según especifica el texto de la denuncia.

El eje de la denuncia se centra en el acuerdo de modificación de los precios para las obras de extracción y acarreo de material de cantera, que provocó unos cuantiosos sobrecostes a la actuación. Se refieren los denunciantes a la corrección de precios con la cantera de Aboño, de la que era propietaria HC, con posterioridad a la adjudicación de la obra. A juicio de Ciudadanos por Asturias, "contraviniéndose todas las normas sobre contratación pública, se variaron sustancialmente las condiciones de contratación, vulnerando los derechos de los demás licitadores en beneficio de la empresa adjudicataria". Conductas que a juicio de la entidad demandante podrían constituir ilícitos penales tales como corrupción entre particulares, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.

NOTICIA EN EL DIARIO EL COMERCIO

El informe de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre la ampliación de El Musel revela delitos sin que, hasta ahora, nadie se haya querellado

 

Así lo ha reconocido la Abogacía del Estado quien admite que «los hechos descritos en el Informe de la OLAF, de ser ciertos, deberían ser calificados como delito».

Ello es la constatación de la absoluta inoperancia del Gobierno estatal en la lucha contra la corrupción.

Esta desidia, que pone incluso en riesgo la capacidad judicial de perseguir los delitos relacionados con la corrupción al poder declararlos prescritos,  es de tal magnitud que la Comisión Europea ha enviado escritos en los que de forma directa acusa a España de dificultar la persecución de prácticas delictivas relacionadas con la corrupción.

Esto es lo que se recoge en uno de ellos:

«ante indicios de graves irregularidades y/o fraude, demora la acción penal a la espera de la eventual presentación de una querella criminal o denuncia ante la jurisdicción penal por la Fiscalía Anticorrupción. Los servicios de la Comisión no advierten razones que expliquen dicha demora, que podría dificultar la prueba del presunto delito y facilitar su eventual prescripción» 

La Comisión Europea, también recuerda al España lo siguiente:

«ninguna norma de procedimiento parece impedir a la Autoridad de gestión la presentación de una querella criminal o denuncia en este momento, sin necesidad de esperar al pronunciamiento de la Fiscalía Anticorrupción. Dicha inactividad del Estado miembro impide que se pueda realizar de manera eficaz el control financiero»

Hoy el diario El Comercio publica, como titular en su primera página, que   “88.765 transportes fueron registrados con «doble contabilidad» en la obra de El Musel”  sin que la Fiscalía Especial para los Delitos Económicos Relacionados con la Anticorrupción se decida a interponer una denuncia ante los tribunales.

Esta intolerable situación no debe ser soportada ni un minuto más.

El Gobierno español debe actuar instando a la Abogacía del Estado a que cumpla su función ejerciendo las correspondientes acciones judiciales.

Lo mismo cabe decir del resto de instituciones (Fiscalía, Ayuntamiento de Gijón, Principado de Asturias o la Autoridad Portuaria de Gijón) que no se cansan de proclamar una actitud beligerante contra actos que puedan suponer la existencia de corrupción y, sin embargo, no han movido ficha denunciando judicialmente este asunto, en el que parece traslucir un fraude multimillonario a las arcas públicas.

La postura de enroque institucional en concreto la del Gobierno estatal o, lo que es más impresentable, la de la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón que se atreve incluso a declarar públicamente que el informe de la OLAF “es un ataque en toda regla a las autoridades españolas” no es de recibo.

Debe exigirse de forma inmediata que, en sede judicial,  se efectúe una investigación a fondo que aclare si se han cometido los delitos que denuncia la OLAF y, en su caso, que se depuren las responsabilidades penales correspondientes.

Noticias relacionadas:

“La CE censura a España por no llevar ya la gestión de la ampliación a los tribunales”

http://www.elcomercio.es/gijon/201411/05/censura-espana-llevar-gestion-20141105001403-v.html

“88.765 transportes fueron registrados con «doble contabilidad» en la obra de El Musel”

http://www.elcomercio.es/gijon/201411/05/olaf-detecto-transportes-doble-20141105001402-v.html

“Irregularidades y fraude: delitos en la Ampliación del Puerto de Gijón”

http://www.asturbulla.org/index.php?option=com_content&view=article&id=24850:irregularidades-y-fraude-delitos-en-la-ampliacion-del-puerto-de-gijon&catid=48:asturias&Itemid=63