Empleo público para paliar el deterioro del Estado social en Asturias

 El proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias crea 2.983 plazas de personal fijo para reforzar los servicios esenciales de sanidad, bienestar social, educación y justicia 

Javier Álvarez Villa

Nortes, 3 diciembre 2022

La creación de 2.983 plazas de personal fijo en la plantilla de empleados públicos de la Administración autonómica para el año 2023 en sustitución de contrataciones temporales y precarias, prevista en los Presupuestos Generales del Principado en tramitación, ha desatado la reacción de medios y voceros de grupos de presión, que ven insoportable el incremento del gasto público en personal para la economía de una Comunidad Autónoma que solo crecería en el número de funcionarios y pensionistas.

Primero se escandalizan por los retrasos en las listas de espera quirúrgicas, por los colapsos en los centros de salud, la escasez de médicos de atención primaria y el agotamiento de la plantilla, por las demoras intolerables en la valoración de la discapacidad y en la gestión de las ayudas al alquiler, por las deficiencias estructurales de la red pública de residencias de la tercera edad o la lentitud insoportable del aparato judicial; pero luego rechazan con vehemencia el aumento de las plantillas de trabajadores fijos cuando es un hecho incuestionable, incluso para esos críticos furibundos, que la falta de personal y la precarización esclavista del existente es una de las causas principales de ese funcionamiento defectuoso que  está  erosionado la salud y los derechos sociales más básicos de las ciudadanas y ciudadanos de Asturias, aunque no sea la única.

No descubrimos el mediterráneo señalando que, detrás de todas estas campañas mediáticas que denuncian la perversión económica que supondría el aumento del gasto público en personal para afrontar las deficiencias en el funcionamiento de servicios públicos esenciales que previamente han aventado esos mismos medios, se agazapan los intereses de poderosos grupos empresariales que buscan ampliar sus oportunidades de negocio a costa de ese deterioro. La mercantilización de los servicios públicos es un proceso con una larga trayectoria, que ha propiciado la transferencia millonaria de rentas públicas hacia el sector privado y, simultáneamente, el detrimento de la calidad asistencial. Una estrategia y un proceso bien conocidos, pero que es imprescindible recordar en cada nuevo movimiento de intensificación.

Pero, además de desvelar esos intereses espurios, es imprescindible bajar al terreno de los datos para conocer qué hay de cierto en ese alarmismo sobre el aumento de la plantilla pública y el consiguiente incremento del gasto de personal. ¿Es excesivo el número de empleados públicos en España y, en particular, en Asturias?, ¿es desmesurado e insoportable el gasto destinado al personal en los Presupuestos para el año 2023?

La fuente más solvente sobre los indicadores de empleo público comparado entre la democracias liberales es el informe bianual, de acceso libre, publicado por la OCDE con el título de Government at a Glance (Panorama des administrations publiques, en la edición en francés), el último de ellos en el año 2021. El volumen de empleo en las administraciones públicas varía de forma sustancial entre los diferentes países de la OCDE, desde la tasa más alta que corresponde a los países nórdicos (Noruega, Suecia y Dinamarca), por encima del 30% del empleo total, hasta Japón y Corea que presentan los porcentajes más bajos (6 y 8% respectivamente). La media de los países de la OCDE es del 17%, situándose el porcentaje de España por debajo de esa media (el 15,58 %), inferior a la de Francia o Reino Unido y algo superior a la de Portugal o Italia.

Uno de los datos más llamativos del informe de la OCDE sobre España es el del envejecimiento de la plantilla, siendo el segundo país con mayor porcentaje de trabajadores públicos mayores de 55 años. Una consecuencia dramática de la congelación de las ofertas de empleo público en la última década, que percute como un ariete sobre la calidad y suficiencia de los servicios públicos prestados.

A la luz de estos datos, hay que concluir que en España no existe un sobredimensionamiento cuantitativo del empleo público.

Situándonos ahora en el marco español, la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística ofrece unos datos sobre el empleo público, en el que comprende a todos los asalariados de empresas públicas y de las Administraciones Central y Territoriales, incluidos tanto los trabajadores que cotizan al régimen general de la Seguridad Social como los adscritos a Mutualidades, que muestran que en Asturias se ha producido una evolución claramente a la baja desde el año 2021. Así, examinado el banco de series se comprueba que en el año 2021 se habría alcanzado la cifra de 90.400 personas ocupadas en el sector público, mientras que en la última serie publicada, correspondiente al tercer trimestre de este año 2022, la cifra desciende significativamente hasta las 77.700.

La otra gran fuente de datos sobre el empleo público en España, el Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas publicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que tiene como objetivo presentar la información que facilite el conocimiento de los efectivos al servicio de las distintas Administraciones Públicas, refleja en la última edición publicada, la de enero de 2022, unos datos muy dispares a los de la EPA. El número total de efectivos de las diferentes Administración Públicas en Asturias, asciende a 61.218, cifra inferior a la reflejada en el boletín de enero de 2021, que era de 61.381 efectivos. En consecuencia, observamos de nuevo que el número total de trabajadores públicos en Asturias ha  descendido en el último año.

Por lo que se refiere al porcentaje que supone el gasto de personal sobre el conjunto del gasto público, el digital Vózpopuli publicaba el pasado 17 de abril un estudio comparativo basado en los datos ofrecidos en la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística referidos al año 2021, en el que las Comunidades Autónomas de Castilla–La Mancha, Extremadura, Murcia, Aragón, Andalucía y País Vasco superaban a la Comunidad asturiana.

Aterrizando ya en el proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2023, el mismo incluye, como ya hemos adelantado, un incremento de plantilla de 2.983 plazas, que va acompañado de una disminución de varios nombramientos y contrataciones de carácter temporal. Este aumento de plantilla supone  un incremento interanual de 92 millones de euros que representan un 4,69 % respecto al ejercicio 2022, si bien, en relación con el gasto público total, el gasto de personal desciende pasando respecto al ejercicio precedente desde el 36,65% al 34,42%.

En cuanto a la distribución de las nuevas plazas, la misma se resume del siguiente modo:

– En el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) desaparece la figura del personal con nombramiento eventual, lo que motiva la creación de 2.165 plazas de personal estatutario que viene acompañada de una disminución de los créditos del personal temporal

-En el organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) se crean 500 plazas, de las cuales 222 se crean en régimen de fijos discontinuos para eliminar la contratación temporal por acumulación de tareas que se realizaba en periodos de vacaciones, que igualmente se acompaña con una disminución del crédito del personal temporal

-En la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar se crean 241 plazas de las que: 59 plazas de personal funcionario sustituirán a programas temporales de refuerzo iniciados a consecuencia de la pandemia Covid-19 para atender la gestión de la situación de Dependencia y del Salario Social Básico e Ingreso Mínimo Vital, y 182 plazas de personal laboral se crean en régimen de fijos discontinuos para eliminar la contratación por acumulación de tareas en periodos vacacionales o de permisos. Este incremento se acompaña de una minoración similar a la de los casos anteriores en el crédito del personal temporal.

Como se observa, la creación de las 2.983 nuevas plazas responde a un mismo objetivo: la sustitución de contratación precaria y en condiciones abusivas de encadenamiento de microcontratos temporales, por puestos fijos de plantilla, como corresponde a la necesidad de atender a servicios públicos continuos y estables, que exigen puestos de trabajo fijos eliminando la contratación en fraude de ley, y el refuerzo de servicios claramente deficitarios en personal. Lo que los alarmistas mediáticos quieren hacer pasar como un inaceptable crecimiento del empleo público, no es más que una regularización legal de situaciones de abuso y fraude laboral y una dotación adecuada para dar una respuesta eficaz a la gestión de prestaciones de imperiosa necesidad social. Defender la legalidad en materia laboral se ha vuelvo hoy un acto subversivo.  

Que justifiquemos la creación de estas 2.983 nuevas plazas no significa en modo alguno que mostremos complacencia con los Presupuestos Generales para el año 2023 en el capítulo del gasto de personal. Por ejemplo, con la introducción de cinco nuevos cargos directivos en el SESPA o el aumento del número de altos cargos y del personal de confianza de los gabinetes.

Esta mejora de la plantilla es un mero parche que no soluciona la problemática de la reforma estructural que precisa con urgencia la Administración Pública asturiana para un funcionamiento mucho más eficaz y eficiente y para una racionalización del gasto público. Una reforma que debe afectar a la burocracia, no solo en cuanto sistema de gestión, mejorando la organización administrativa, aligerando los procedimientos y suprimiendo trámites innecesarios y retardatarios. Resulta imprescindible transformar también una estructura de poder articulada en torno a un aparato hipertrofiado en muchos casos, fuertemente jerarquizado y falto de control democrático y de procesos participativos en la toma de decisiones. Un estructura de poder que concentra en una élite con una representatividad social muy limitada, una desmesurada influencia y capacidad de presión corporativa.

Las escasas iniciativas del Gobierno de Barbón en su particular “guerra contra la burocracia” no discurren por esa senda. Una parte sustancial de las medidas adoptadas hasta ahora van dirigidas a satisfacer los intereses económicos de los grupos de influencia que reclaman desregulación ambiental y urbanística para sus proyectos empresariales.

Y la nueva regulación del empleo público pendiente de aprobación en la Junta General intensifica el poder de la alta burocracia, creando una nueva estructura de subdirectores generales, reforzando las relaciones clientelares con el poder político – económico; a la vez que  aumentará el gasto público superfluo mediante el pago de complementos de productividad discrecionales que enrarecerán el clima de trabajo por la multiplicación de agravios comparativos.

Una reforma de la burocracia la que implementa la “Ley Cofiño”  inspirada por los laboratorios de ideas del capitalismo de consultoría, de la que, si tenemos ocasión, hablaremos en una próxima entrega.

¿Debe la alta función pública parecerse a la sociedad? Algunas enseñanzas de la reforma de la alta función pública en Francia

                                                                                   Jorge Crespo González

Universidad Complutense de Madrid (España)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5451-6489

jorge.crespo@cps.ucm.es

https://revistasonline.inap.es/index.php/DA/article/view/11022/12100

CONCLUSIONES

En este estudio hemos analizado la alta función pública, su noción e importancia desde el punto de vista político y administrativo, y la necesidad de incorporar diversidad a la misma para que los ciudadanos, con independencia de sus recursos, puedan tener un acceso equitativo no solo a los resultados de las acciones públicas, sino también al sistema político-administrativo del Estado.

Hemos definido la alta función pública en nuestro entorno como aquellos cuerpos integrados por funcionarios con alta cualificación y profesionalidad que desempeñan los puestos de mayor poder administrativo. Se ha constatado que tanto por sus funciones, por su proximidad al proceso decisorio y por considerarse un buen trampolín para acceder a la política electiva, es crítico el examen de las condiciones de reclutamiento y selección de este colectivo, de manera que los sesgos que incorporan (entre ellos la procedencia territorial o de carácter socio-económico) ubicarían la discusión no solo en un escenario técnico (¿el sistema selecciona realmente a los mejores?), sino de democracia (¿el sistema selectivo genera per se, o agrava, la situación de algunos estratos sociales en su relación con la política?).

En España hemos visto como la alta función pública del Estado, ilustrada fundamental en este estudio por el Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, tiene varios sesgos. En lo que se refiere al territorial (procedencia de los integrantes de ese cuerpo) se constatan desequilibrios de infrarrepresentación de algunas regiones (Cataluña, Extremadura y Canarias) respecto de otras, siendo palmaria, a efectos de sobrerrepresentación la región de Madrid. Y sorprende que esta situación prácticamente no haya sufrido cambios en los últimos 50 años, creación del Estado Autonómico incluida. En lo relativo al sesgo socioeconómico, los estudios muestran cómo la alta función pública está conformada muy mayoritariamente por personas procedentes de entornos acomodados, lo que se ve facilitado además por el propio sistema selectivo que impone costes importantes a los candidatos, en términos formativos y de preparadores, además de la espera de varios años hasta el posible aprobado. También, aunque con matices, se encuentran sesgos en materia de género y discapacidad. A pesar de ello, en España poco se ha hecho por disminuir estos sesgos territoriales y socioeconómicos, salvo la toma de consciencia y alguna iniciativa eventual como la del Ministerio de Justicia, que ha ofrecido becas a opositores a Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales, a través del Centro de Estudios Jurídicos18, y la descentralización de algunas pruebas de acceso.

Sin embargo, en Francia en los últimos años se está emprendiendo una reforma muy ambiciosa de la alta función pública, en que se busca, entre otros objetivos, conseguir que la Administración se parezca a la sociedad francesa. En esa línea se han tomado decisiones de gran calado simbólico, como la supresión de la elitista ENA, y la aparición del ISP. Se trata de una refundación más que de una reforma, que pretende crear una alta función pública menos compartimentada (con una fuerte cultura de servicio público común), con carreras más atractivas y más diversa. Sobre este último aspecto, que es el que más interesa a este trabajo, cabe decir que la creación del Dispositivo Talents, y la dispersión de las clases de preparación del acceso a la alta función pública por toda la geografía francesa, parecen un instrumento poderoso para intentar disminuir el déficit existente de candidatos procedentes del medio rural y de clases modestas, pero todavía es pronto para conocer los resultados. En lo que concierne a la identificación de lo que hacen los altos funcionarios con las necesidades de la sociedad, el diseño de una carrera profesional que obliga a aterrizar sobre el terreno, saliendo forzosamente de Paris, junto a la creación de carreras externas al sector público (tanto de entrada, como de salida), podría tener efectos benéficos para la adaptación de las acciones públicas a los contextos reales, pero de nuevo es pronto para evaluar los resultados. Finalmente, Esta situación de enérgico cambio contrasta con la situación de apatía, escepticismo e inercia que impera sobre la reforma de alta función pública española, de quien puede discutirse que represente a la sociedad en lo que es, y en lo que hace.

¿Debe la alta función pública parecerse a la sociedad? Algunas enseñanzas de la reforma de la alta función pública en Francia

 Jorge Crespo González es Profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid (UCM)

El artículo se publicó en el número 8 (Nueva época) de la revista Documentación Administrativa (INAP, Enero-Diciembre 2021)

El presente articulo versa sobre la alta función pública a la luz de la reforma de la misma que en la actualidad se desarrolla en Francia, extrayendo las enseñanzas pertinentes para el caso español. El análisis se centra en responder a las siguientes preguntas de investigación: ¿debe la alta función pública parecerse a la sociedad a la que sirve? y ¿en qué medida la reforma francesa desprende buenas prácticas importables a nuestra alta función pública? Y todo ello enmarcado en la hipótesis de que una sesgada selección de altos funcionarios representa no solo un problema técnico, sino de democracia. Uno de los principales hallazgos del trabajo sugiere la importancia de la alta función pública no solo por lo que hace, sino como instrumento para que los ciudadanos, con independencia de sus recursos, puedan tener un acceso equitativo a las funciones políticas, dada la interpenetración de la alta burocracia con la política y los políticos.

TEXTO COMPLETO EN:

https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512943

La venganza

 

                                             Gregorio Morán

                  

https://www.vozpopuli.com/

PUBLICADO 29/10/2022

El 14 de octubre pasado cayó en viernes. A mediodía se plantó en Oviedo a la puerta del Hospital principal de Asturias un hombre ajado y maltrecho en silla de ruedas. En la mano un documento de 31 páginas; memoria de 32 años de sufrimiento físico y mental por la mala fortuna, la incompetencia médica y el deterioro de la Medicina Pública. Su nombre Gerardo Iglesias Argüelles, 77 años, de profesión minero.

Por el eco de su alegato, que presenciaron sus dos hijos, un puñado de periodistas locales y algunos amigos solidarios, podríamos decir que no pasó nada. Alguna reseña en los medios de la provincia y la premeditada ausencia de los referentes nacionales. Asturias dejó de existir informativamente desde hace décadas; una población mermada y viejuna que no llega al millón de habitantes, donde los jóvenes ya no hacen la mili pero igualmente huyen a la búsqueda de pastos donde abrevar. Los Paraísos Naturales dan para que las guías reseñen donde gozar en forma turística pero no aportan nada más que el aislamiento y la mala leche. Los detentadores de la idea de la España vacía mantienen un desdén absoluto hacia el objeto de sus penas. No hay corresponsales de prensa nacional en Asturias. Sin ir más lejos, “El País” mantiene su información asturiana desde Valladolid.

Llevo años diciendo que el monopolio político del PSOE en Asturias es tan letal y corrupto como lo fue en Andalucía. Ni siquiera cuando el presidente del Sindicato Minero (SOMA-UGT) se sentó ante los tribunales por corrupción manifiesta, mereció la mínima atención. Este antiguo confidente policial alzado a la cabeza de la organización obrera más potente de España salió de rositas cuando alegó ante los tribunales un “alzheimer severo”. Era ese mismo Fernández Villa el que convocaba a sus miles de fidelísimos afiliados en la famosa Campa de Rodiezmo, donde una vez al año Felipe González o Alfonso Guerra pronunciaban encendidos discursos obreristas.

Si el común, por edad o por ignorancia, tiene una idea turística y nada real de un pequeño mundo irremisiblemente acabado como es Asturias, quién se acuerda hoy de Gerardo Iglesias, un tipo de 77 años, atado de por vida a una silla de ruedas, que ha de convocar a periodistas locales y amigos veteranos a la puerta del principal hospital del Principado -singular epíteto para una región antaño insumisa- y recordarles, como en un verso de César Vallejo, que aún vive, con sus dolores de animal herido por la desidia y la venganza.

Hablé con él una vez en mi vida, retirado ya por la enfermedad, del trabajo y de la vida política, con la dignidad del derrotado. Hizo de sucesor de Santiago Carrillo durante varios años en la dirección del PCE y fracasó como era lógico en el intento por enderezar un buque que zozobraba sin remedio. Mientras su avieso mentor cultivó una manera de vivir que mantuviera intacta su megalomanía y ampliara sus asegurados ingresos haciéndose un influencer “avant-la-lettre” en tertulias y saraos, incluso solicitando su ingreso en un PSOE entonces prepotente. (Aún recuerdo los sarcasmos de Alfonso Guerra cuando tuvo que driblar al mismo tiempo dos peticiones singulares de afiliación; la de Jorge Verstringe, el delfín de Manuel Fraga, y hoy en Podemos, al tiempo que Carrillo hacia lo mismo desde la otra orilla apelando al pedigrí familiar de su padre Wenceslao, mano derecha de Largo Caballero. ¡Vaya tropa!, hubiera exclamado Romanones). Por su parte, Gerardo Iglesias decidió algo insólito.

Incomprensible en tiempos de “puertas giratorias” y nombramientos digitales honorarios, Iglesias decidió volver a la mina, a su trabajo de antaño en el que había empezado de adolescente, cuando la minería asturiana representaba algo muy diferente al subsidio. La coherencia se interpretó como una provocación y así la entendieron sus adversarios. No entraba en sus baremos de conducta apropiada. Volver al pozo, al casco, al montacargas, en definitiva, al negro hollín. Con las manos todos aplaudieron el gesto, con el corazón se destiló el odio que se cobrarían durante años. Mostrarse demasiado consecuente es un crimen en el ambiente de los espíritus normativos y escrupulosos, porque las comparaciones son odiosas.

Pronto llegó un accidente en la mina con rotura de cadera y empezó su viacrucis. Una primera intervención con injertos óseos en 1991. Pronto detectaron los médicos que padecía cierta intolerancia al material y el hombre se fue achicando de operación en operación. Se lo pasaban entre los cirujanos como un auténtico juguete roto; unos más incompetentes que otros, como sucede en todas las profesiones. ¿Por qué en la medicina debe ser diferente? Desde la epidemia de coronavirus la Sanidad alcanzó su grado más alto y más arriesgado y a veces parece como si hubiéramos concedido un aval profesional a todo el gremio; nuestra fragilidad ayuda a la mitificación. Todo el mundo debe ser bueno en el momento que necesitamos que sea bueno y como veteranos creyentes nos sumimos en el silencio de los corderos.

Cuando Gerardo Iglesias llega postrado a su hasta ahora séptima intervención quirúrgica se encuentra con una realidad en forma de documento. Todos sus dolores y percances reglados en el diagnóstico: “síndrome de cirugía lumbar fallida”. Luego, “secuelas por las sucesivas intervenciones que explican un estado altamente incapacitante”. Han pasado 32 años, él 77. Ni se mantiene de pie y con dolores atroces. Sólo pide “posibles terapias que hagan mi vida algo más llevadera”.

Su último recurso consiste en apelar al presidente de la Comunidad Autónoma, Adrián Barbón, que le recibe gracias a que va acompañado del máximo representante de CCOO en la región. Ni se digna dirigirle la palabra; al fin y a la postre no representa nada ni a nadie, apenas uno más de los 23.600 pacientes que están en lista de espera para la Sanidad Pública asturiana. “Se lo comentaré al consejero de Sanidad”, sentenció. Se refería a Pablo Fernández, médico digestólogo, a buen seguro la especialidad más afín a la política: todo lo digieren porque nada puede sentar mal a un estómago blindado.

Son socialistas crecidos en la disputada cucaña de las Juventudes Socialistas, el vivero asturiano donde prosperaron Adriana Lastra y este Adrián Barbón. Serviles por conciencia del cargo; donde los pongan, porque ninguno de ellos volverá al trabajo que dejaron, mitad porque no tuvieron otro, mitad porque lo entenderían como un baldón. Son profesionales de la política de partido y sólo quien los ayudó a llegar podría interrumpir su carrera sin meta. A veces se les presentan ocasiones para hundir esa espina letal de la venganza: que purguen sus ínfulas los que no quisieron subirse al tiovivo.

El Tribunal Supremo reitera que los funcionarios de carrera del Principado de Asturias no pueden consolidar su grado personal por el desempeño de puestos en adscripción provisional

 El Tribunal Supremo acaba de dictar una nueva sentencia el pasado 17 de octubre (ver aquí), en la que reitera la doctrina ya establecida en sentencias anteriores en relación con los efectos del tiempo en el que se desempeña un puesto en adscripción provisional para la posible consolidación del grado personal de los funcionarios de carrera, en este caso, de la Administración del Principado de Asturias, en el sentido de que no da derecho de forma automática a la consolidación de dicho grado.

A este respecto, el funcionario recurrente planteaba en su escrito de recurso que la denegación por parte de la Administración del Principado de su solicitud para que se le reconociera el grado consolidado, tras varios años de desempeño de un puesto en adscripción provisional, era discriminatoria y vulneraba la normativa comunitaria sobre el trabajo de duración determinada. Procede recordar que el Tribunal Supremo había reconocido previamente a los interinos (sentencia de 7 de noviembre de 2018, ver aquí) el derecho a la adquisición de un grado personal superior por el desempeño provisional de un puesto de trabajo, por lo que si se reconocía ese derecho a los funcionarios interinos debía hacerse lo mismo con los funcionarios de carrera, señalaba el recurrente.

La cuestión casacional que se dilucidaba en dicha en sentencia era, entonces,  la de "determinar si la denegación de la consolidación del grado personal a los funcionarios de carrera que desempeñan de forma prolongada las tareas del puesto al que están adscritos provisionalmente, sin que la Administración haya convocado la provisión definitiva del puesto que ocupa, ni de ningún otro (sea mediante libre designación o concurso), conculca el principio de no discriminación y la prohibición de evitar el uso abusivo de la temporalidad previstos en los artículos 4 y 5 del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, contenido en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999 "

En la sentencia del pasado 17 de octubre el Tribunal Supremo vuelve a señalar, por un lado, que el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, con arreglo a una jurisprudencia clara del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no es aplicable al personal funcionario fijo, dado que su relación de servicio con la Administración  es indefinida. Y, por otro, que dista de ser evidente que las vicisitudes en que puede encontrarse un funcionario de carrera sean -siempre y necesariamente- comparables o asimilables a las de un funcionario interino, que por definición no goza de estabilidad en su relación de servicio. Y que si el punto de comparación no es indiscutible, el reproche de discriminación es difícilmente justificable.

A nuestro juicio, la argumentación del Tribunal Supremo dista de ser convincente.

Si bien se puede compartir que hay argumentos de peso para exigir que, para la consolidación del grado personal por los funcionarios de carrera, no baste con el solo desempeño en adscripción provisional de un puesto de trabajo, si no que aquel debe obtenerse por alguno de los procedimientos legales de adjudicación definitiva (el concurso de méritos, de forma ordinaria); también es cierto que el recurrente planteaba una situación excepcional y claramente anómala, como la acaecida durante muchos años en la Administración del Principado, en la que no se convocaban los concursos de méritos dentro de los plazos legalmente previstos, incurriendo esta Administración en una manifiesta vulneración de la legalidad que causó graves perjuicios a los funcionarios de carrera.

Creemos que el Tribunal Supremo debería de haber ponderado las consecuencias de estos incumplimientos legales por parte de la Administración, en cuanto que lesionaron gravemente el derecho fundamental de los funcionarios del Principado a la carrera administrativa, impidiéndoles participar en los procedimientos ordinarios de provisión que se deberían de haber convocado obligatoriamente.

Pero, además de lo expuesto, resulta sorprendente que se reconozca el derecho a adquirir un grado personal a los funcionarios interinos por el desempeño de un puesto de forma temporal, en cuanto que con ello se está atribuyendo a este personal el derecho a la carrera vertical o al ascenso profesional, derecho que es, por definición, uno de los elementos definitorios del estatus del funcionario de carrera y que debería resultar manifiestamente incompatible con la situación de interinidad.

Algo no cuadra en el sistema de Función Pública vigente cuando los funcionarios interinos pueden consolidar el grado personal por el mero desempeño de un puesto de trabajo de forma provisional y los funcionarios de carrera no.

 

Declaración responsable y derechos de terceros. El lado oscuro de la llamada "better regulation"

 José María Baño León

Catedrático de Derecho Administrativo

Universidad Complutense de Madrid

Revista Española de Derecho Administrativo, 167

Julio - Septiembre 2014

 RESUMEN: La declaración responsable no es un medio idóneo para salvaguardar los intereses públicos y de terceros, en materias como el medio ambiente y el urbanismo. Se critica la interpretación que se está haciendo de la Directiva de Servicios y los problemas que suscita.

TEXTO COMPLETO AQUÍ

Los jueces anulan la bolsa de trabajo de funcionarios informáticos

 

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias reprocha al Gobierno regional que trate de eludir a la Junta

P. Á.,

La Nueva España, Oviedo | 06·10·22

El Gobierno regional ha intentado crear, «encubiertamente», un nuevo cuerpo de funcionarios «sin seguir el procedimiento legalmente establecido, es decir, la aprobación por el Parlamento asturiano de la correspondiente ley de creación de tal cuerpo funcionarial». Este es el argumento esgrimido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias para revocar la sentencia de instancia y anular la formación de una bolsa de trabajo de personal temporal de asesores digitales. Este colectivo se encuadra en el cuerpo de especialistas en tecnologías de la información y gestión de servicios públicos digitales.

El pasado mes de abril, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo había desestimado el recurso interpuesto por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) contra la creación de la citada bolsa de trabajo, por parte de la Consejería de Administración Autonómica. Entonces, el sindicato apeló ante el Tribunal Superior, que le ha dado la razón aduciendo que poner en marcha la citada bolsa «desborda claramente las previsiones de la legislación estatal y, en particular, de la legislación asturiana».

Desde CSIF Asturias, su letrado, Celestino J. Pérez Mirón, subraya que la sentencia «pone de manifiesto que la Administración no puede proceder a cubrir sus carencias endémicas a través de parches». A juicio de Pérez Mirón, «resulta absurdo que la Administración del Principado, en pleno año 2022 y por dejar las cosas pasar, no tenga creado un cuerpo especial de funcionarios informáticos».