Informe de la Intervención General del Estado sobre la ampliación del puerto de El Musel

El demoledor informe de la Intervención General del Estado sobre la ampliación del puerto de El Musel, en Gijón, de fecha 15 de junio de 2015,  AQUÍ

Holacracia: el fin de las jerarquías

Holacracia: el fin de las jerarquías

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Hoy hablamos de holacracia, un sistema radical de organización empresarial que pretende romper moldes burocráticos y estructuras directivas y cambiar los actuales sistemas de dirección. ¿Cómo podríamos definirlo en unas pocas líneas? La holacracia se basa en la ausencia total de cargos, directivos o jerarquías, y en el trabajo en "círculos" en una estructura totalmente plana en un entorno de transparencia radical. Enrique Dans lo define muy bien en esta entrada y en este informe-comic explican los conceptos esenciales.

La holacracia (holacracy si buscáis en Google) pretende aprovechar al máximo el liderazgo y la capacidad emprendedora de cada trabajador, promoviendo el trabajo en pequeños grupos autosuficientes, interconectados y coordinados, sin cargos directivos ni jefes, y basado en la responsabilidad mutua. La organización se centra en las tareas, y requiere un cambio cultural muy importante. ¿Os lo imagináis en el mundo sanitario? Sería muy difícil, pero quizás si podemos aprender determinadas cosas de holacracia para aplicarlas a nuestro entorno.

Los problemas derivados de la estructura organizativa aparecen perfectamente explicados en este gráfico que hemos visto en el blog de la web oficial de Holacracy. Filias y fobias, amistades, problemas del pasado, etc. Al final todo afecta...

¿Y qué ocurre con los puestos de trabajo? En la holacracia, no hay puestos de trabajo sino roles, y los roles se agrupan en "círculos" (término muy de moda). Cada círculo tiene autonomía para crear y ejecutar sus procesos y también para elegir a sus miembros. Y claro, todos podríamos empezar a pensar en los problemas que este tipo de organización en un centro sanitario. El primero surge por la capacidad de elección de los miembros de cada círculo: ¿qué ocurre con las personas a las que nadie elige? De hecho, aplicando este principio a nuestro día a día: si pudieras elegir a las personas de tu equipo, ¿contarías con todas o dejarías a alguna fuera? Una reflexión muy en la línea de esa frase que a veces se escucha: "cuando fulanito no viene a trabajar, todo va mejor".

Otra gran duda procede de la estructura plana, ya que si todos somos iguales y no hay jefes, se acabó la carrera y el desarrollo profesional. Lógicamente, holacracia propone que en un entorno tan ágil y cambiante, en el que los círculos se adaptan rápidamente, esa dinámica motiva al trabajador. Pero, ¿ocurriría eso en la vida real? ¿O todos quieren mejorar profesionalmente? En holacracia, los roles tienen asignados una retribución y es el profesional el que va mejorando y cambiando de rol a rol, pero sin mando ni poder. 

¿Es positivo un cambio de cultura tan radical? ¿Y los valores clásicos de la organización? Este es quizás el gran escollo de holacracia, ya que una cultura tan implantada y asentada, es muy difícil de cambiar a corto y medio plazo. Incluso a largo plazo podríamos decir, y hace falta que los trabajadores se la crean, la asuman y la hagan propia. Algo difícil de imaginar en el mundo sanitario. Además, el hecho de que llegue alguien (el iluminado, como muchos dirían) y empiece a implantar un modelo no jerárquico, ya es una contradicción ya que lo pondrá en marcha mediante el "ordeno y mando". 

Entonces, ¿que podemos aprender de este modelo? Lo primero, reducir la jerarquía, al menos una jerarquía tan marcada como la sanitaria, y promover espacios de trabajo coordinado, con tareas bien definidas y procesos bien diseñados. Además es esencial permitir la participación del profesional en las decisiones del día, aunque haya jefes y mandos, pero no una participación al más puro estilo sindical, nos referimos a algo más operativo, de cara a definir los procesos y mejorarlos. No imponer, sino cocrear. Quizás una jerarquía más ágil o más democrática sería la solución. 

Como todos los modelos radicales, hay mucho escepticismo alrededor, pero incluye algunas ideas interesantes como ya hemos visto. De hecho, reducir la burocracia y la estructura jerárquica del mundo sanitario ya es un buen comienzo. Aunque realmente, eliminar los jefes de golpe suena más bien a una utopia que a algo que vaya a funcionar, pero nos sirve para poner sobre la mesa una gran pregunta: ¿tenemos buenos jefes en el mundo sanitario? Holacracia no va a resolver nuestros problemas, pero ayuda a reflexionar. 

Agencias de colocación

Contra la corrupción, no solo ejemplaridad

Revista Atlántica XXII

Alrededor de doscientas personas acudieron ayer en el Teatro Filarmónica de Oviedo al estreno en Asturias del documental Corrupción: el organismo nocivo, un desolador alegato contra el cáncer que corroe a las Administraciones Públicas españolas, especialmente municipales. La película, de la productora catalana Pandora Box TV, ya había llegado a cines de Madrid, Barcelona, Huelva y Girona con gran éxito de público y un eco muy favorable en grandes medios de comunicación nacionales.

Corrupción: el organismo nocivo está protagonizado por aquellos valientes que, desde su puesto de funcionarios, se atrevieron a denunciar las malas prácticas de los políticos instituidos como sus superiores jerárquicos, aunque por ello tuvieran que pagar graves consecuencias e incluso amenazas. Entre ellos están Albert Gadea y Maite Carol, que denunciaron el Caso Pretoria en el Ayuntamiento de Santa Coloma, y Fernando Urruticoechea, actualmente interventor municipal en Orihuela, que durante años destapó casi en solitario la corrupción en el Ayuntamiento de Castro Urdiales.

Urruticoechea, con un bagaje de casi treinta  años trabajando en la administración autonómica y local, es uno de los funcionarios españoles que más casos de corrupción ha denunciado y desarrolla una intensa labor divulgadora de su experiencia a través de medios como ATLÁNTICA XXII, tal y como relata en el documental, en el que también aparecen la arquitecta y urbanista Itziar González Virós, que tras dimitir en su puesto de regidora del distrito de Ciutat Vella de Barcelona fue testigo en el juicio del Caso Millet, el psicólogo social Jaume Llansó, ex director del Instituto Municipal de Promoción Económica de Mataró y vinculado al conocido como Caso Civit, y Carlos Martínez, que se atrevió a denunciar desde su trabajo como inspector de cursos de formación ocupacional las irregularidades detectadas. Casi todos ellos han acabado siendo apartados de su puesto, dejando un regusto amargo aunque con la satisfacción del deber cumplido.

El documental se complementa con las aportaciones del ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, el catedrático de Derecho Penal Joan Queralt o la catedrática de Filosofía Moral Victoria Camps, quienes reclamaron una mayor ejemplaridad no por parte de los estos funcionarios honorables que denunciaron la corrupción de sus municipios sino por la de sus regidores políticos, muchos de los cuales han salido por ahora bien librados de su paso por los tribunales, con cierta sensación de impunidad.

Tras el estreno, organizado conjuntamente por ATLÁNTICA XXII y la asociación La Ciudadana, se celebró un coloquio, moderado por la exconcejala en Oviedo Asunción Rodríguez Lasa, bajo el título “Cómo combatir la corrupción”, en el que intervinieron el director de ATLÁNTICA XXII, Xuan Cándano, el portavoz del Conceyu por Otra Función Pública, Javier Álvarez Villa, y el juez del Tribunal Superior de Justicia de Asturias José Ignacio Pérez Villamil. Todos ellos coincidieron en criticar las peculiares condiciones de la corrupción en Asturias y en que los abusos, que son “estructurales y sistémicos”, con una figura jurídica principal como es la prevaricación, no se combaten tan solo con las denuncias  de funcionarios aguerridos y ejemplares, sino con la colaboración de una ciudadanía que demasiadas veces ha mirado hacia otro lado y ciertas medidas correctoras como la eliminación de la partitocracia, una transparencia absoluta y una eficaz independencia de los jueces y demás empleados públicos.

El acto, que terminó con comentarios y preguntas de los asistentes, permitió además reunir, gracias a la aportación solidaria del público, unos 120 litros de leche y otros alimentos, destinados a los desayunos gratuitos que organiza para familias en situación de pobreza la asociación “¿Pero quién dice que en Oviedo no hay nada?” en el pub Ca Beleño de la capital asturiana.

       

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Propuesta de regulación de criterios objetivos y transparentes para la adscripción provisional de funcionarios

Como consecuencia del último concurso de traslados varios funcionarios de carrera van a ser removidos del puesto que ocupaban. A todos los sindicatos les preocupa la situación de los funcionarios interinos que sean cesados. Sin embargo no se oye ninguna preocupación sindical por la situación de funcionarios de carrera que pudiesen cesar en su puesto al ocupar otro funcionario de carrera la plaza que, hasta entonces, desempeñaban.

La situación de esos funcionarios de carrera cesados, en cuanto a su próximo destino, es una incógnita: va a depender del "criterio" de la Dirección General de Función Pública, atribuirles un destino u otro, destinarles a una localidad u a otra, a una Consejería u otra.... No hay nada suficientemente regulado y, lo que es peor, todo dependerá de un criterio arbitrario, en el más estricto sentido de la palabra.

Esto es inadmisible y precisa una regulación urgente y que, con carácter objetivo (y no dependiendo de la capacidad de "moverse" que tenga el/la afectada/, de sus simpatías políticas o personales o de la mayor suerte que posea en el reparto de plazas)  determine el procedimiento de adscripción de plazas a funcionarios que hayan perdido por concursos (de traslados o de méritos) las plazas que ocupaban.

Si se ha de adscribir provisionalmente a un funcionario de carrera destinado en una localidad, éste deberá tener el derecho de optar a ser nombrado preferentemente en otra plaza de esa misma localidad que esté vacante, u ocupada por personal interino, ya que no resulta admisible que el personal interino que ocupe una plaza porque la misma esté reservada tenga mejor derecho a seguir ocupándola que un funcionario de carrera que puede perfectamente ser nombrado en adscripción provisional en un puesto en la localidad que le interese.

Es necesario que, en estos casos, Función Pública facilite la relación total de plazas a las que puedan ser destinados estos funcionarios, para que los mismos puedan optar a ellas.

Con ello se facilita la imparcialidad del sistema de asignación de plazas y se beneficiaría a los funcionarios que pueden optar por aquéllas que les interese, sin que sea la discrecionalidad total y absoluta  la que impere a la hora de determinar qué plazas se ofrecen a los afectados (si es que se les ofrece alguna), despejando toda sospecha en cuanto a la posibilidad de privilegiar a unos funcionarios interinos (cuyas plazas no se ofrecen) sobre otros (cuyas plazas pueden ser afectadas por el libre criterio de Función Pública a la hora de elegir las plazas de nuevo destino de los funcionarios de carrera que perdieron por los concursos la plaza que ocupaban).

Por ello, se propone que se requiera a Función Pública para que exponga por escrito los criterios que utilizan para adscribir funcionarios de carrera que vayan a ser desplazados de sus puestos como consecuencia del último concurso y que se le requiera para que haga pública o, al menos, traslade a los funcionarios afectados, una lista de plazas,  vacantes u ocupadas por personal interino, para que el personal funcionario de carrera afectado pueda optar a las mismas ya que puede ser legalmente nombrado en situación de  adscripción provisional en tanto no sea la plaza ocupada por su titular (momento que puede prolongarse años, pudiendo incluso dicho titular no ocupar nunca la plaza, al ser nombrado posteriormente titular de otra).

Se debería, asimismo, exigir a Función Pública que estos procesos de adscripción no lesionasen los servicios públicos, ni sirvan de cobertura a procedimientos de amortización de plazas de plantilla. Por ello, se deberían cubrir  sin dilación alguna –por personal funcionario de carrera o, en su caso, interino- la totalidad de puestos que pudieran resultar vacantes tras el proceso de distribución de plazas efectuado como consecuencia de los concursos.

Llega a Oviedo, con coloquio, el documental sobre la corrupción

Cartel anunciador del estreno en Oviedo del documental sobre la corrupción.

Revista Atlántica XXII

El próximo viernes, 5 de junio, se estrenará en Asturias, en un pase único en el Teatro Filarmónica de Oviedo, el documental Corrupción: el organismo nocivo, de Pandora Box TV, que ya ha llegado a cines de Madrid, Barcelona, Huelva y Girona, con gran éxito de público y un eco muy favorable en grandes medios de comunicación.

El pase será a las 19 horas y la entrada costará 3 euros. Lo organizan conjuntamente ATLÁNTICA XXII y la asociación La Ciudadana. Al terminar la exhibición tendrá lugar un coloquio, abierto a la participación de los asistentes, bajo el título “Cómo combatir la corrupción”, en el que intervendrán el juez del Tribunal Superior de Justicia de Asturias José Ignacio Pérez Villamil, el portavoz del Conceyu por Otra Función Pública Javier Álvarez Villa y el director de ATLÁNTICA XXII Xuan Cándano.

Corrupción: el organismo nocivo analiza este problema dando la voz prioritariamente a sus víctimas, a aquellas personas que se atrevieron a denunciarla en sus diferentes ámbitos y pagaron por ello graves consecuencias. Entre ellos están Albert Gadea y Maite Carol, que denunciaron el Caso Pretoria en el Ayuntamiento de Santa Coloma y Fernando Urruticoechea, actualmente interventor municipal en Orihuela, que durante años destapó casi en solitario la corrupción en el Ayuntamiento de Castro Urdiales. Urruticoechea tiene relación con ATLÁNTICA XXII, ya que fue fuente de informaciones y también colaborador. En el documental alude al papel de la revista frente a la corrupción.

Entre los protagonistas del documental también están el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, la catedrática de Filosofía Victoria Camps y el catedrático de Derecho Penal Joan Queralt.

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Corrupción estructural