Asturias 2015: sin estrategia regional en ciencia

Alberto Marcos Vallaure

Asturbulla, 27-01-2015

No existe planificación alguna a medio o largo plazo y el proceso de evaluación es totalmente opaco e inconsistente En pleno apogeo del último mantra de moda, el cambio de modelo productivo, Asturias cumple su sexto año consecutivo sin desarrollar un verdadero Plan Regional de Ciencia. Con un sector primario en claro retroceso y un sector industrial pesado en constante amenaza de deslocalización,  cualquiera podría pensar que la única apuesta posible de futuro a largo plazo sería la de aprovechar la oportunidad que ofrece ser región prioritaria en fondos FEDER para invertir en la constitución de un sistema de investigación robusto que, aunque de dimensiones modestas, sea capaz de generar conocimiento de calidad y ser un polo de atracción de un sector empresarial innovador. Pero no. El último plan regional de ciencia desarrollado data del período 2006-2009 y desde entonces no ha habido más que prórrogas anuales del mismo o la continuación de los instrumentos propios de un plan, pero sin la necesaria estructuración de objetivos concretos a medio o a largo plazo. Para ser precisos, existe sobre el papel un Plan Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el periodo 2013-17 que parece encontrarse, como el film de Coppola, "lost in traslation". En primera instancia, un ciudadano de a pie podría pensar que en los tiempos que corren invertir en ciencia es un lujo que no podemos permitirnos. Aunque todo es relativo, a pesar de los ingentes recursos empleados en la construcción de infraestructuras —muchas de ellas sobredimensionadas o incompletas (y por tanto ahora inabordables) después de cientos de millones de euros gastados— no parece haber existido voluntad alguna de realizar un plan de futuro, ni siquiera una mínima estrategia que definiera exactamente, o incluso grosso modo, cual debería ser el modelo productivo de Asturias en años venideros. Este análisis, de alguna forma espontáneo, también obviaría que España, como miembro de la Unión Europea, contribuye con el impuesto de españoles y asturianos a la financiación de la investigación transnacional europea y que, por tanto, sin un sistema sólido de investigación nunca podremos obtener el retorno de esa generosa inversión con la que ayudamos a que otros países empleen e incorporen a nuestros jóvenes en sus sistemas de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación). Como muestra de esta falta de ideas y estrategias, el Prinicipado, después  de cinco años ha sacado una única convocatoria de ayudas a grupos de investigación que desarrollan su actividad en la región, anticipando por tanto la aplicación de la herramienta a la propia definición de una estrategia en un nuevo Plan Regional de Ciencia, desde hace varios años en permanente estado de revisión y preparación. Los programas de ayudas a la investigación se diseñan como instrumentos para conseguir un fin, que en nuestro caso debería de ser un objetivo a medio o largo plazo. La ausencia de previsión se ilustra por el simple hecho de que esta convocatoria es única, no tiene ninguna periodicidad establecida y de hecho coincide con la duración del tímido Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2017. No existe planificación alguna a medio o largo plazo. La convocatoria se hace pública el pasado setiembre y se resuelve el 26 de diciembre, haciendo administrativamente imposible el gasto asignado al año 2014. Para agravar la situación, el proceso de evaluación adoptado ha sido totalmente opaco (lo único que se conoce es la no intervención de agencias de evaluación tales como la ANEP) e  inconsistente (a juzgar por la arbitraria agrupación de disciplinas, por ejemplo, las ciencias naturales con las humanidades o las ingenierías con las ciencias de la vida). Además, se infravaloran las ideas contenidas en los proyectos con independencia de su procedencia o disciplina, limitándose a asignar un mísero 20% de la calificación final al proyecto a desarrollar. Este criterio se contrapone con los requisitos exigidos en el mundo anglosajón, donde las ideas están netamente por encima de los méritos de los concursantes, favoreciendo así —curiosamente— lo que otros sistemas más estructurados y avanzados como el británico evitan a toda costa: el reforzamiento de grupos con excesivo arraigo local. En la convocatoria asturiana únicamente se puntúa la producción científica hecha en Asturias por los miembros de un grupo local, excluyendo la realizada en colaboración con otros grupos no asentados en la región. Si en el sistema británico, por poner un ejemplo, se supedita una parte de la financiación de la universidad a la productividad realizada con grupos externos a la propia institución, lo que se atisba en Asturias es justamente lo contrario. En conclusión, un baremo de puntos diseñado para favorecer la endogamia y la continuidad en instituciones de la región castiga doblemente al sector más joven, que ni ha tenido tiempo de desarrollar una trayectoria establecida ni oportunidades para llevarla a cabo. Con ello, la sangría demográfica del sector joven asturiano se fomenta también desde las instituciones. Esta política interesada previene tanto el retorno del talento asturiano, como la incorporación de talento y sangre nueva necesaria para la renovación y mejora del sistema. En el último programa marco de la Comisión Europea, Horizonte 2020, se pone especial énfasis en favorecer globalmente la comunicación entre el sector público de investigación con el sector industrial, esto es la I con la i. El traslado de estas políticas transnacionales a nivel regional muestra la ausencia total de análisis. Las políticas europeas están diseñadas para orientar sistemas robustos de investigación hacia el sector industrial que ya invierte en i. Muchos de los países contribuyentes netos dedican a I+i porcentajes del PIB nada despreciables, una media del 2 %, con el objetivo de alcanzar el 3 %. Estos países con sistemas fuertes de investigación, disponen de numerosas instituciones en posiciones envidiables en el ranking de universidades que les permite compaginar ambos aspectos: la I con la i. Ni España, ni Asturias, cumple ninguno de los requisitos de partida de la mayor parte de los países fuertes de la Unión: ni dedica suficiente proporción del PIB a la I+i, ni dispone de instituciones públicas bien financiadas (véase el lamentable estado del CSIC o de nuestras universidades, al borde de la quiebra financiera y de recursos humanos). Desplazar la financiación del sistema público de investigación —ya débil de por sí — por motivos tanto presupuestarios como estructurales hacia un sector industrial que no dedica el esfuerzo necesario en i solo nos puede llevar al desastre. No se debe confundir investigación (I) con innovación (i), como hacen los gestores de nuestros fondos públicos. Exigir innovación a una institución fundamentalmente dedicada a la generación de conocimiento, como es el caso de la única universidad de la que dispone Asturias, la Universidad de Oviedo, es un error de concepto. Por citar a una consagrada investigadora asturiana: ¿todavía es necesario recordar la puesta en valor de la ciencia básica que tan machaconamente realiza la Profesora Margarita Salas cada vez que se la interpela? Aunque en el caso de las ingenierías la innovación sea una exigencia adecuada y recomendable con vistas a favorecer la colaboración con el sector industrial, no lo es tanto para el resto de la Universidad, a la que obviamente se le debería de exigir una investigación de calidad, incluso fijando objetivos a medio plazo realistas, concretos y adecuados a las capacidades del sistema, y que sea ambiciosa en la recuperación del terreno perdido estos años. Para poder competir con los países  de nuestro entorno por los fondos europeos destinados a la investigación, a los que contribuimos todos los españoles y asturianos, es indispensable hacerlo en igualdad de condiciones, algo que no ocurre en la actualidad. Asturias apenas dedicó el 0,93 % del PIB regional en 2011 y el 0,89 % en 2012 a la I+D —probablemente, sería más correcto decir I+i—,  un porcentaje pírrico en términos absolutos, que no se ve favorecido por la escasa cultura científica de la sociedad española y asturiana, comenzando por la de la clase política y terminando por la empresa, que tampoco realiza el mismo esfuerzo de inversión en términos globales que sus homólogos europeos. ¿Qué sería de la convergencia económica europea de las regiones menos favorecidas con el resto sin la existencia de los fondos FEDER, que tanto dinero han dejado en Asturias? ¿Podríamos converger sin los fondos que hemos recibido durante tantos años? Entonces, ¿por qué se exige a la comunidad científica asturiana que converja si partimos de una situación que en términos de financiación y de estructura es más propia del siglo XIX? En relación con la ciencia, Asturias necesita un cambio completo de las estrategias de los responsables de la vida política, aunque habida cuenta de su demostrada incapacidad para negociar entre todos los grupos políticos un plan de ciencia serio y concreto con la vista puesta en el futuro de la región, es posible que esto no sea suficiente. Si bien es positiva la noticia publicada estos días en la prensa asturiana relativa a la firma por parte del gobierno actual de un acuerdo de financiación plurianual para la Universidad de Oviedo, también conviene recordar que se trata de tan solo 10 millones de euros en cinco años, apenas el 5 % del presupuesto anual de la Universidad de Oviedo, cifra muy alejada de los cuantiosos y continuos sobrecostes en infraestructuras a los que estamos acostumbrados. Una partida escasa que una vez más sigue sin venir acompañada por una estrategia de futuro para la ciencia en Asturias y para el desarrollo en su conjunto de una sociedad basada en el conocimiento. Para terminar, tal vez no resulte ocioso recordar las palabras  pronunciadas por Jovellanos a la altura de 1794 en la oración inaugural del Real Instituto Asturiano, relativas a los objetivos a conseguir: “somos llamados al estudio de la naturaleza no para satisfacer nuestro orgullo, sino para socorrer nuestra miseria”. Atravesamos ciertamente tiempos muy recios, pero tengan por seguro que no más que aquellos. Alberto Marcos Vallaure es Profesor Emérito y ex-Rector de la Universidad de Oviedo.

Recurrimos la prórroga de los nombramientos de Facultativos Especialistas de Área de carácter eventual del SESPA

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ha interpuesto en el día de hoy recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad contra la Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), por la que se autoriza a las Gerencias de las Áreas Sanitarias para prorrogar los nombramientos de Facultativos Especialistas de Área de carácter eventual, expedidos al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.3 del Estatuto Marco, que finalizaban el 31 de diciembre del año pasado (ver resolución aquí) 

Dicha resolución establece un procedimiento para la contratación de Facultativos Especialistas de Área de carácter eventual que prescinde totalmente del legalmente establecido, pues permite su contratación directa sin publicidad, ni competencia y al margen de los principios de igualdad , mérito y capacidad. 

 

Recordamos que Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud dispone en su Artículo 33.1, sobre Selección de personal temporal, señala lo siguiente:

"La selección del personal estatutario temporal se efectuará a través de procedimientos que permitan la máxima agilidad en la selección, procedimientos que se basarán en los principios de igualdad, mérito, capacidad, competencia y publicidad y que serán establecidos previa negociación en las mesas correspondientes"

 

 La resolución que ahora recurrimos permite la contratación directa de Facultativos Especialistas de Área de carácter eventual una vez vencido el plazo que expresamente se determinaba en su nombramiento, cuando lo que procede, de acuerdo con lo que dispone el artículo 9.3 de la Ley 55/2003, es acordar su cese y  efectuar  nuevas convocatorias públicas.

En consecuencia, la prórroga automática de los contratos eventuales que vencían el 31 de diciembre de 2014 para designar a los mismos profesionales que debían ser cesados en esa misma fecha, es un palmario y manifiesto fraude de ley,  pues impide a los facultativos especialista actualmente sin contrato o en paro acceder al empleo público del SESPA.

Privatización: expolio, prevaricación y corrupción

Foto: Prudencio Morales

Pedro Luis Angosto |
 nuevatribuna.es

Creo que a nadie escapa que los intermediarios, salvo excepciones, sólo sirven para encarecer el producto final. Así ocurre con las patatas, con la vivienda, con los móviles, con los servicios públicos y con la representación política. Bajo el eufemístico nombre de “externalización” se esconde una práctica que consiste en entregar una parte esencial de un servicio público a un grupo privado generalmente compuesto por amigos, poderosos o asimilados. El grupo al que se le concede la externalización de las radiografías de un hospital, la cocina de un grupo escolar o la lavandería de un centro de ancianos, no arriesga absolutamente nada: Durante el tiempo que estipule el contrato o subcontrato tendrá que hacer radiografías, dar de comer o lavar la ropa a cargo de los presupuestos del Estado por una cantidad que conoce de antemano. La labor del grupo agraciado nunca consistirá en abaratar costes al Estado, sino en maximizar sus beneficios con el dinero que se le ha concedido. Para ello tiene varios  caminos que se juntan en uno solo, disminuir la calidad del producto final, reducir el número de trabajadores que hasta su llegada prestaban el servicio, bajar sus sueldos y hacerles trabajar más horas bajo amenaza de despido siempre procedente. La externalización es, por tanto, un chollo, una regalía económica que cae en manos de una empresa determinada –a menudo esa empresa se constituye ad hoc para la concesión, avisada de antemano por quienes pueden y quieren- sin que los miembros de la misma pongan en riesgo su capital, pero sí, y mucho, la calidad del servicio prestado.

Después de muchos años aplicando la receta neoliberal, las empresas que viven de las externalizaciones de servicios públicos, de contratas y subcontratas, se han multiplicado por un millón y ahora mismo son una enorme sanguijuela que chupa la sangre del Erario sin prestar los servicios que antes ofrecía la gestión directa, pero que, por el contrario, si han servido para crear grandes corporaciones, grupos de presión y nuevos millonarios. Hoy es sabido que la gestión privada de la Sanidad, la recogida de  basuras o el suministro de agua –por poner sólo sectores muy visibles- es más cara e ineficaz que cuando todos los dineros públicos son administrados por funcionarios públicos especializados en la cuestión. Hace dos años, el nada “sospechoso” sindicato CSIT-UP ponía en comparación el coste por persona y año de un hospital de gestión privada como la Fundación Jiménez Díaz, que ascendía a 736 euros, con el coste del vapuleado y ejemplar Hospital Público de la Princesa, que no llegaba a los 480 euros. Es decir, que el coste de la cama hospitalaria en un hospital público, según informaba el diario Público el 5 de diciembre de 2012, era un 74% más barata que la de un hospital privado. Entonces, siendo esto así, ¿por qué se externaliza, por qué se privatiza? No existe ningún estudio serio que demuestre que la gestión privada abarata el servicio, sin embargo son cientos los estudios empíricos que dicen lo contrario: El gasto sanitario por persona en Estados Unidos, con bolsas de exclusión impresionantes y gestión privada, ascendía en 2013 según la OCDE a 6.540 euros, mientras en España, con un servicio hasta hace poco eminentemente público y sin exclusiones, no superaba los 2.361, cifras que no merecen comentario porque hablan por sí solas. Por otra parte, estamos todos, todos los que sufrimos en nuestras carnes la privatización del agua, de las basuras, de la luz, del teléfono, mirando los recibos cada mes desde hace años comprobamos estupefactos como venimos siendo objeto de un saqueo constante y creciente sin que apenas tengamos más recurso que el de indignarnos al hablar con un robot o una explotada empleada telefónica que no tiene ninguna capacidad resolutoria y que una y otra vez nos dice –so riesgo de ser despedida- que no nos puede pasar con su superior, quizá porque donde ella o él trabajan no hay ningún superior, porque la sede física de las empresas que se están apropiando de lo público se han evaporado, evanescido, virtualizado, de modo que no hay manera de ir a un mostrador o un despacho y decirles en directo a los responsables lo que uno piensa o lo que a uno aqueja. La privatización es, por ello, una cuestión ideológica y una cuestión de amigos. No hay más objetivo en ella que el negocio y la corrupción.

Se privatiza porque la derecha nunca creyó en servicios públicos ni en sectores estratégicos, creyó, y cree, en los privilegios, en los chanchullos y en los dividendos a costa de los más. Si se cumpliese por completo su programa, ahora mismo los hospitales públicos estarían en manos de Boi Ruiz, las escuelas en poder de los salesianos y las Universidades serían del CEU, quedando para las clases menestrales los centros de beneficencia tal como eran en el siglo XV pero con rayos X y, en algunos casos, anestesia. La única razón que impele a los privatizadores a expoliar el patrimonio de todos es el lucro personal, la maximización del beneficio, la conquista de los presupuestos generales del Estado en beneficio propio. No niego que esa razón –la búsqueda del beneficio personal, del lucro incesante- pueda servir para gestionar una mercería, un supermercado o una tienda de camisas, pero desde luego es por esencia perversa a la hora de gestionar los servicios públicos porque el veinte o treinta por ciento de beneficio que pretenden sacar, se extrae de la calidad del servicio y de las condiciones laborales de los trabajadores, suponiendo además un encarecimiento del servicio prestado que se refleja de modo oneroso en las cuentas públicas.

Recientemente hemos sabido que la otrora empresa pública ENDESA, la mayor del estratégico sector eléctrico español hoy en manos de la empresa pública italiana ENEL, ha repartido un escandaloso dividendo de 15.000 millones de euros. La empresa creció en los años ochenta y noventa hasta ser privatizada completamente a principios de siglo. Esos 15.000 millones, de no haberse cometido el crimen privatizador, hoy habrían ido a engrosar las arcas públicas. Lo mismo podemos decir de Tabacalera, Red Eléctrica, Telefónica, Gas Natural, Repsol, Argentaria, Aldeasa, Aceralia, CASA y hasta un centenar de empresas que desde 1996 hasta hoy han dejado de contribuir al Erario para hacerlo a la cuenta de resultados de bancos, cajas y corporaciones multinacionales de los cinco continentes. ¿Nos ha beneficiado en algo su privatización? De ninguna manera, pero sí y mucho a los beneficiarios de la venta, de la privatización téngase en cuenta que sólo el dividendo que repartirá ENDESA cubre las tres cuartas partes de lo obtenido por las ventas de todas las empresas públicas hasta 2006. Además, esa privatización salvaje ha permitido, al dejar al Estado sin presencia ninguna en la banca, las telecomunicaciones, los combustibles o la electricidad, la formación de oligopolios privados que actúan sin control e imponen precios según les viene en gana sabedores de su poder y de la impunidad de que gozan.

Hoy, más que ayer, se impone la gestión pública de los servicios esenciales como garantía de buena gobernanza, equidad y justa redistribución de la riqueza, pero además, cada día se hace más ineludible, ante el abuso de que somos víctimas casi todos por la tiránica manera de actuar de las grandes corporaciones privadas, la creación de una banca pública de primer orden –se podría haber hecho con los restos de Caja Madrid y Caixa Catalunya- que dinamice el crédito a las pequeñas empresas y las familias; la constitución de un ente público de energía que demuestre la falacia del déficit tarifario y actúe al servicio del bien común; la creación de un Servicio Estatal de Farmacia que combata, en todos los ámbitos, los excesos insoportables y arruinadores  de los grandes laboratorios y el fortalecimiento, ineludible si queremos ser un país con futuro, de la Enseñanza pública, laica y de calidad frente al modelo católico que llevamos padeciendo desde que en el año 560 Recaredo, rey de los visigodos, se convirtió al cristianismo.

Además de ser un modelo del pasado que sólo actúa al llamado del beneficio sin riesgo, las privatizaciones, externalizaciones, las contratas y subcontratas múltiples, están en la raíz de la mayor parte de los casos de corrupción que asolan nuestro país. Es inexcusable, pues, dejar bien claro en la próxima Constitución que rija nuestros destinos, que determinados servicios son exclusivamente de titularidad y gestión pública. De otro modo, siempre estaremos sumidos en la prevaricación interminable, pues es ese el delito que comete, entre otros muchos, el gobernante que privatiza: Tomar una decisión a sabiendas de que va contra el interés general.

El Senado amañó una oposición de carpintero

La manipulación de los procesos de acceso al empleo público parece no tener límite y ya no queda prácticamente ninguna Institución u Organismo público que se salve del clientelismo laboral. Ahora le toca al Senado, que adjudicó un puesto de carpintero para la brigada de mantenimiento de esa Institución en un proceso selectivo vulnerando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de noviembre de 2014 (VER AQUÍ), en la que estima el recurso interpuesto por uno de los aspirantes que habían accedido a la última prueba y que fue suspendido de forma ilegal por la Comisión de Selección en favor de otro candidato.

Los hechos son los siguientes:

-    el proceso de selección constaba de dos ejercicios sucesivos y eliminatorios, uno teórico y otro práctico, que se calificaban de cero a diez puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para aprobar cada uno

-     a la segunda prueba accedieron un total de 10 aspirantes, siendo las dos mejores notas de 9,25 puntos y 8,75 puntos

-         una vez celebrado el segundo y último examen, calificadas las pruebas y conocida la identidad de los dos únicos aspirantes que lo superaron, la Comisión de Selección decide establecer una “nota de corte” de 9 puntos para poder aprobar el segundo ejercicio, de tal manera que sólo aprueba el candidato que había sacado 9,25 puntos en este segundo examen

-        con esta nota de corte que se saca de la manga la Comisión de Selección se discrimina gravemente al candidato que había sacado 8,75 puntos en el segundo ejercicio, pues sumando las puntuaciones de los dos ejercicios su nota era la mejor.

El Tribunal Supremo relata con meridiana claridad la maniobra ilegal realizada por la Comisión de Selección nombrada por el Senado (ver fundamento de derecho quinto de la sentencia) : dicha Comisión cambia las reglas del juego en el medio del partido y decide establecer una nota de corte para superar la segunda prueba selectiva que no estaba prevista en las bases de la convocatoria pero, sobre todo, que no había sido establecida antes de la celebración del examen, sino después, cuando ya se conocía la identidad de los dos participantes que habían superado el último examen.

Un maniobra que determina “un trato desigual de dichos dos participantes, opuesto al derecho a la igualdad de trato en el acceso a la función pública, consagrado en el art. 23.2 CE y 55.1 y 2 de la Ley 7/2007, así como al principio de publicidad y transparencia que dicho artículo 55.1 y 2 de la Ley 7/2007 establece”

Pero además de anular la adjudicación del puesto de carpintero del Senado por esta ilegalidad manifiesta, el Tribunal Supremo reconoce el derecho del recurrente – el candidato que había sacado 8,75 puntos en el segundo ejercicio-, a que se le adjudique dicha plaza pues, a falta de otro criterio de valoración de las dos pruebas que integraban el proceso selectivo en las bases de la convocatoria, los dos ejercicios debían valorarse por igual y en, consecuencia, sumarse las puntuaciones de ambos, siendo mayor la puntuación total obtenida por el recurrente.

En definitiva, a la Comisión de Selección nombrada por el Senado no le gustaba la identidad del candidato a carpintero que había obtenido limpiamente la mayor puntuación en el proceso selectivo y decidió inventarse unas nuevas reglas para adjudicar el puesto a otro que era más de su confianza.

Todo un ejemplo de ecuanimidad, imparcialidad y buen hacer del Senado español.

Pedimos al Gobierno del Principado la relación de todas las convocatorias públicas de selección del personal de 74 empresas, entidades y fundaciones públicas

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies acaba de dirigirse a cada uno de los titulares de las consejerías del Gobierno del Principado para solicitar la relación completa de todas las convocatorias públicas de selección de personal laboral contratado a partir de abril de 2007 por las empresas, fundaciones públicas y entidades de esta naturaleza adscritas a cada una de las consejerías, con indicación de las bases rectoras de dichas convocatorias y los órganos de selección.

Esta asociación ha identificado un total de 74 empresas públicas, fundaciones y entidades adcsritas al Principado de Asturias, las cuales, a partir de la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), deben seleccionar a su personal conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y mediante procedimientos que respondan a las siguientes reglas:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

b) Transparencia.

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.

e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies está convencido de que el Gobierno del Principado no tiene nada que ocultar respecto a la contratación del personal de los conocidos como "chiringuitos" de la Administración  y que cumplirá con el régimen de transparecencia del que hace gala a través de su página institucional y del denominado “portal de transparencia”, en el que se afirma que “la transparencia además de dotar a la ciudadanía de un sistema de control, conocimiento y vigilancia sobre la actividad de las administraciones públicas y sus entes dependientes, facilita la participación cotidiana de los ciudadanos en las cuestiones de interés general, pilar básico de nuestro bloque de constitucionalidad, artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución Española, y de normas internacionales de obligada referencia en este ámbito como la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 21.1, el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 25.a o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

Parece evidente que desde abril del año 2007 hasta la fecha las 76 empresas públicas, fundaciones y entidades adscritas a las consejerías del Principado han debido contratar un número importante de trabajadores, por lo que estamos ante un asunto de  una gran relevancia social, económica y política, que debe ser clarificado convenientemente por elementales razones de higiene democrática.

En todo caso, el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ya anuncia que, de no recibir la información que acaba de solicitar en el plazo de un mes, planteará las iniciativas judiciales necesarias para el esclarecimiento completo del asunto y, en su caso, para exigir las responsabilidades a que hubiera lugar.

ANEXO (RELACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDACIONES Y ENTIDADES ADSCRITAS A LAS CONSEJERÍAS DEL PRINCIPADO)

-ENTIDAD PÚBLICA SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, entidad pública vinculada a la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos.

-CONSORCIO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL ORIENTE DE ASTURIAS, entidad pública cuya actividad resulta financiada mayoritariamente por las subvenciones concedidas por el Principado de Asturias a través de los convenios gestionados por la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos.

FUNDACIÓN OSO DE ASTURIAS, cuyo patronato preside la titular de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, resultando financiado mayoritariamente por el Principado 

-ALBANCIA, S.L., empresa cuyo capital social pertenece a la Fundación Asturiana de Atención y Protección a las Personas con Discapacidades y/o Dependencias (FASAD).

-VIVIENDAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A., empresa pública del Principado de Asturias, adscrita a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.

FUNDACIÓN ASTURIANA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y/O DEPENDENCIAS (FASAD), fundación del Principado de Asturias, adscrita a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.

FUNDACIÓN ASTURIANA PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA REINSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y EN GRAVE RIESGO DE MARGINACIÓN SOCIAL (FAEDIS) fundación del Principado de Asturias, adscrita a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.

FUNDACIÓN ESTUDIOS CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA), fundación del Principado de Asturias, adscrita a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.

-SOCIEDAD ASTURIANA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS E INDUSTRIALES (SADEI), adscrita a la Consejería de Economía y Empleo.

-SOCIEDAD DE PROMOCIÓN EXTERIOR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A. (ASTUREX), sociedad participada mayoritariamente por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), entidad a su vez vinculada a la Consejería de Economía y Empleo.

-SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A. (SRP), sociedad participada mayoritariamente por el Principado de Asturias y vinculada a la Consejería de Economía y Empleo.

-SRP PARTICIPACIONES, S.L., sociedad cuyo administrador único es la SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A. (SRP).

-DESARROLLO INTEGRAL DE TARAMUNDI S.A.  , en liquidación, participada mayoritariamente por la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias S.A.

-CUCHILLERÍA DE TARAMUNDI S.A., participada mayoritariamente por la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias.

-CIUDAD INDUSTRIAL DEL VALLE DEL NALÓN, S.A. (VALNALÓN)), sociedad adscrita a la Consejería de Economía y Empleo cuyo capital pertenece en su totalidad a la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S. A.

-CONFECCIONES NOVATEX, S.L., sociedad participada por la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S. A.

-ESAL ROD ALLOYS, S.A., sociedad participada por la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S. A.

-GESTIÓN, SOLUCIÓN Y CALIDAD, S.A.-TALASOPONIENTE,  sociedad participada por la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S. A.

-HIDROASTUR, S.A., sociedad participada por la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S. A.

- HOSTELERÍA ASTURIANA, S.A., sociedad adscrita a la Consejería de Economía y empleo cuyo capital social pertenece en un 45,17 % al Principado de Asturias y un 5,78 % a la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias.

-LONJA GIJÓN-MUSEL, S.A., participada mayoritariamente por la Autoridad Portuaria de Gijón, por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón y por la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A.

-MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ASTURIAS, S.A., participada mayoritariamente por la  Empresa Nacional Mercados Centrales de Abastecimiento, S. A., Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias y Ayuntamientos de Oviedo, Avilés, Mieres, Siero, Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Llanera.

- SEGURAUTO SERVICIOS ONLINE, S.A. sociedad participada a través la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S. A.

-SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS, S.A. sociedad participada por el Principado de Asturias,  al menos en un 50 por 100 de su capital, a través de la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias S.A.

-SODECO GESTIÓN, S.L., sociedad cuyo titular es la empresa SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS, S.A.

-GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A. (GIT), empresa pública del Principado de Asturias, adscrita a la Consejería de Economía y Empleo.

-INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE ASTURIAS S.A. (ITVASA), empresa pública del Principado de Asturias, adscrita a la Consejería de Economía y Empleo.

-SOCIEDAD INMOBILIARIA DEL REAL SITIO DE COVADONGA S.A., empresa pública del Principado de Asturias, adscrita a la Consejería de Economía y Empleo.

-GABINETE DE SERVICIOS TÉCNICOS DE INSPECCIÓN DE CABLES S.L., sociedad cuyo administrador único es la FUNDACIÓN BARREDO, Fundación con participación mayoritaria o dominio efectivo del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Economía y Empleo.

-INTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, entidad pública adscrita a la Consejería de Economía y Empleo.

-CONSORCIO ASTURIANO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS, entidad con sede en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado Asturias y cuya Junta General y Junta de Administración son presididas por el titular de la Consejería de Economía y Empleo.

-CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (CEEI), asociación sin ánimo de lucro vinculada al INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

-ASOCIACIÓN DE CENTROS DE EMPRESAS PÚBLICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS,      cuyos miembros son los siguientes Centros de Empresas: Centro de Empresas del Caudal, Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias - CEEI Asturias, Centro de Empresas "La Curtidora", Centro Municipal de Empresas de Gijón- Cristasa, Centro de Empresas Municipal de Llanes, Centro de Empresas del Nalón, Centro de Empresas de Novales, Centro de Empresas Obanca, Centro de Empresas de Valdés, Centro de Empresas Valnalón, Centro de Promoción Empresarial de Tineo, Parque Científico Tecnológico de Gijón, Vivero de Empresas de Gozón y Vivero de Empresas "José Antonio Coto".

-FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL (FFES), Fundación con participación mayoritaria o dominio efectivo del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Economía y Empleo.

-FUNDACIÓN BARREDO, Fundación con participación mayoritaria o dominio efectivo del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Economía y Empleo.

-FUNDACIÓN COMARCAS MINERAS PARA LA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FUCOMI), Fundación con participación mayoritaria o dominio efectivo del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Economía y Empleo.

-FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS (ITMA), Fundación con participación mayoritaria o dominio efectivo del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Economía y Empleo.

-FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y APLICADA (FYCIT), Fundación con participación mayoritaria o dominio efectivo del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Economía y Empleo.

-FUNDACIÓN SERVICIO ASTURIANO SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS (SASEC), Fundación con participación mayoritaria o dominio efectivo del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Economía y Empleo.

-FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA ENERGÍA, Fundación con participación mayoritaria o dominio efectivo del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Economía y Empleo.

-FUNDACIÓN CTIC SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, Fundación con participación mayoritaria o dominio efectivo del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Economía y Empleo.

-FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO Y FORESTAL DE LA MADERA, vinculado a la Consejería de Economía y Empleo y CONSORCIO TECNOLÓGICO DE LA MADERA DE ASTURIAS AIE , vinculado a la referida Fundación

-SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION Y PROMOCIÓN TURISTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.U. sociedad adscrita a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, cuyo único socio es el Principado de Asturias.

-SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO, S.A. , sociedad pública del Principado de Asturias absorbida el 3 de octubre de 2013 por la SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION Y PROMOCIÓN TURISTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.U.

-GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES, TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A., sociedad pública del Principado de Asturias, absorbida el 3 de octubre de 2013 por la SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION Y PROMOCIÓN TURISTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.U.

-PARQUE DE LA PREHISTORIA S.A., empresa pública adscrita a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes

-REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS (RIDEA), entidad de derecho público adscrita a la Comunidad Autónoma a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

-CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME, consorcio con participación mayoritaria del Principado de Asturias adscrito a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

-PATRONATO REAL DE LA GRUTA Y SITIO DE COVADONGA, entidad pública en cuya Junta resulta participada por el Principado de Asturias de forma mayoritaria y paritaria con representantes de la Diócesis de Oviedo.

-FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL OSCAR NIEMEYER PRINCIPADO DE ASTURIAS, participada por el Principado de Asturias y presidida por la titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

-FUNDACIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DEL ORIENTE DE ASTURIAS, participada por el Principado de Asturias y presidida por la titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

-FUNDACIÓN PARQUE HISTORICO DE NAVIA, participada por el Principado de Asturias y presidida por la titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

-SEDES, S.A., empresa del Principado de Asturias adscrita a la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

-SOCIEDAD PARA LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SUELO, S.A. (SOGEPSA), empresa con participación mayoritaria del Principado de Asturias y adscrita a la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

-SOCIEDAD MIXTA CENTRO DE TRANSPORTES DE GIJÓN, S.A. , sociedad con participación mayoritaria del Principado de Asturias, adscrita a la Consejería de Fomento Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

-SOCIEDAD MIXTA CIUDAD ASTURIANA DEL TRANSPORTE, SA, sociedad con participación mayoritaria del Principado de Asturias, adscrita a la Consejería de Fomento Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

-CINTURÓN VERDE DE OVIEDO, S.A.,  sociedad pública con participación mayoritaria del Principado de Asturias, adscrita a la Consejería de Fomento Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

-GIJÓN AL NORTE, S.A., sociedad pública participada por el Principado de Asturias y cuyos derechos políticos son ejercidos a través de la Consejería de Fomento Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

-ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS E INDUSTRIALES DE ASTURIAS, S.A. (ZALIA), sociedad pública participada mayoritariamente por el Principado de Asturias, adscrita a la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

-AVILÉS ISLA DE LA INNOVACIÓN, SA. sociedad pública participada por el Principado de Asturias y cuyos derechos políticos son ejercidos a través de la Consejería de Fomento Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

-COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A., sociedad vinculada a la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente a través del CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ASTURIAS (COGERSA)-

-PROTEÍNAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO, S.A. empresa cuyo titular es la empresa COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.

- CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS, ente público adscrito a la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

-CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ASTURIAS (COGERSA), participado por el Principado de Asturias a través de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

-CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (CADASA)

- EMPRESA PÚBLICA SOCIEDAD DE SERVICIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A. (SERPA), sociedad pública del Principado de Asturias adscrita a la Consejería de Hacienda y Sector Público (Art. 1.4 Decreto 72/2012, de 14 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Sector Público.

- SOCIEDAD REGIONAL DE RECAUDACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SA, sociedad pública del Principado de Asturias, adscrita a la Consejería de Hacienda y Sector Público.

- GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A. (GISPASA), sociedad pública del Principado de Asturias adscrita a la Consejería de Hacienda y Sector Público (Art. 1.4 Decreto 72/2012, de 14 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Sector Público).

- ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS, adscrito a la Consejería de Hacienda y Sector Público

- CAJA DE CRÉDITO DE COOPERACIÓN LOCAL, institución adscrita a la Consejería de Hacienda y Sector Público.

-ENTIDAD PÚBLICA 112 ASTURIAS, entidad pública adscrita hasta la fecha de su disolución, el 25 de mayo de 2013, a la Consejería de la Presidencia.

-ENTIDAD PÚBLICA BOMBEROS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, entidad pública adscrita hasta la fecha de su disolución, el 25 de mayo de 2013, a la Consejería de la Presidencia

CONSEJO DE LA JUVENTUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, organismo autónomo adscrito a la Consejería de Presidencia.

-SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPA), organismo autónomo que desde el 25 de mayo de 2013 (fecha de entrada en vigor de la Ley del Principado de Asturias 1/2013, de 24 de mayo, de Medidas de Reestructuración del Sector Público Autonómico) se subrogó en todas las relaciones jurídicas de las entidades pública 112 Asturias y Bomberos del Principado de Asturias.

Los denunciantes de "enchufismo" en la Policía harán una lista de "recomendados"

La iniciativa busca detallar las plazas que hay en Asturias en comisión de servicio, de libre designación y de la extinta Unidad Adscrita  

LNE 12.01.2015  Pablo TUÑÓN  

La plataforma policial que denuncia "enchufismos" en el Cuerpo Nacional de Policía en la adjudicación de plazas en Asturias está preparando un listado de los agentes que se encuentran trabajando en la región a través de lo que ellos consideran "coladeros" de "recomendados": las plazas en comisión de servicio, las de libre designación y las restantes de la disolución de la Unidad Adscrita.

Una medida que la plataforma, representada en un contencioso por el abogado gijonés Dionisio Blanco, ha decidido tomar ante "la sospecha" de que la Dirección General de la Policía prepara una "contestación generalista y vaga" al requerimiento hecho por la Defensora del Pueblo a instancias de una denuncia de la plataforma.

La comisión, creada por agentes asturianos destinados fuera de la región y que se siente desamparada por los sindicatos policiales, busca defender los criterios objetivos de "mérito, capacidad y antigüedad" para ser destinados a su comunidad frente al "enchufismo" y la libre designación.

Así, denuncian lo ocurrido con la Unidad Adscrita. "Fue creada en la época de vacas gordas, en noviembre de 2006, con una más que cuestionable funcionalidad y un elevado coste económico, para funciones de seguridad de edificios y juego. Se le asignaron en principio 78 agentes, la mayoría de los cuales llegaron a Asturias haciendo gala de un enchufismo sin precedentes", señalan desde la plataforma.
 
Integrados
Asimismo, explican que tras la reciente disolución de la unidad "sus miembros, en vez de ser devueltos a sus plantillas de origen, como así lo estipula la ley, fueron integrados en las plantillas asturianas, ocupando así, nuevamente, las plazas que deberían corresponder a policías con mayor antigüedad".

Asimismo, no se olvidan de su principal caballo de batalla, que son las plazas otorgadas en Asturias en comisión de servicio, "que se deben dar por un tiempo y por causas justificadas, como enfermedad de un familiar directo o maltrato".
Sin embargo, denuncian que se convierten en plazas "vitalicias" y en un modo de adjudicar las vacantes "a dedo" y sin atender a los criterios de mérito.

Los miembros de la citada plataforma policial están inmersos en una lucha contra el "enchufismo" y habrá que esperar a la contestación que la Dirección General de la Policía dé a la Defensora del Pueblo, así como al desarrollo del contencioso que interpusieron hace unos meses.

Técnicos de Hacienda piden una auditoría tras dos nuevos ceses en la Agencia Tributaria

Los ceses de dos cargos del área de Grandes Contribuyentes hacen que Gestha ponga en duda si se están  resolviendo con "imparcialidad y objetividad" las inspecciones a grandes fortunas y empresas

Diario Público, 10/1/2015

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que es necesario realizar una auditoría interna de la Agencia Tributaria para determinar si está resolviendo "eficazmente" las inspecciones de los mayores grupos empresariales del país y de las grandes fortunas con "imparcialidad y objetividad", después de que este viernes se hayan producido dos nuevos ceses en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

Fuentes de Gestha indicaron a Europa Press que este viernes se ha cesado al jefe de la Oficina Técnica de Inspección de la Delegación de Grandes Contribuyentes y a una adjunta de dicha oficina técnica por "discrepancias irreconciliables" entre el jefe de la Oficina Técnica de Control de Grandes Contribuyentes, Manuel Menchero, encargado de resolver los recursos de las multinacionales y grandes fortunas, y su jefe de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, Eduardo Córdoba.

En un comunicado, los técnicos de Hacienda señalan que si no se explican debidamente estas dimisiones, se producirá un "deterioro" de la imagen de la Agencia Tributaria por "la sensación de caos y manipulación política o económica" que crece en el organismo en los últimos años, pues se suman a la falta de explicación de otros episodios "controvertidos", como los ceses que motivó "la no anulación" de la sanción de 455 millones de euros a Cemex, la ausencia de investigaciones ante "lagunas" en el 'caso Noós' o la "interrumpida investigación" de hace una década a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, entre otros casos.

Desde la Agencia Tributaria dijeron a Europa Press que estos dos nuevos ceses se deben a "discrepancias de carácter puramente técnico" y en ningún caso "vinculadas a ningún expediente concreto", y añadieron que también han influido "diferencias personales" con otros funcionarios de la delegación, por lo que negaron las supuestas injerencias políticas.

Los ceses de este viernes se suman a los llevados a cabo hace algo más de un año en la cúpula de la Agencia Tributaria, tras el nombramiento de Santiago Menéndez como nuevo director general del organismo. En diciembre de 2013, Luis María Sánchez González sustituyó a Luis Jones como director de Inspección, que presentó su dimisión por discrepancias con Menéndez "en materias relacionadas con el personal de Inspección y específicamente en relación con nombramientos concretos y criterios".

Anteriormente, la Agencia Tributaria había destituido a la inspectora encargada de un recurso de la multinacional Cemex en la Delegación de Grandes Contribuyentes. A esta destitución la que siguió la dimisión su jefe directo, Ignacio Ucelay, tras rechazar Hacienda el recurso de reposición de esta multinacional cementera contra una sanción tributaria multimillonaria.

Precisamente fue el nombramiento del sustituto de Ucelay lo que motivó la dimisión de Jones, según fuentes de la Inspección de Hacienda consultadas por Europa Press, que relacionaron la marcha del mismo con el retraso de la sustitución de este alto cargo y con el hecho de que la cúpula de la Agencia Tributaria no hubiera tenido en cuenta su opinión para elegir al sustituto.

España necesitaría 26.718 nuevos funcionarios a largo plazo para reducir a la mitad el fraude fiscal

A corto plazo se debería aumentar la plantilla de Hacienda en 1.687 personas para ganar operatividad.

nuevatribuna.es | 02 Enero 2015 

Las resistencias de los funcionarios que se alternan para ocupar los puestos directivos en la Administración pública constituyen una auténtica “casta retributiva” que rechaza la ampliación de plantillas para conservar sus privilegios por encima de la mejora en el servicio público

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que la Agencia Tributaria estatal (AEAT) y la Intervención General del Estado (IGAE) necesitarían 26.718 nuevos funcionarios a medio y largo plazo para intensificar la lucha contra el fraude fiscal y reducir a la mitad el tamaño de la economía sumergida en nuestro país, que actualmente equivale al 24,6% del PIB, unos 253.000 millones de euros.

Gestha señala que esta es una de las grandes carencias de nuestro sistema tributario si lo comparamos con la media de los países de la Unión Europea, donde existe un trabajador de Hacienda por cada 970 contribuyentes, mientras que en España hay uno por cada 1.958 contribuyentes, muy lejos de los países más avanzados, como Luxemburgo (un empleado por cada 574 contribuyentes), Alemania (740), Reino Unido (929) y Francia (942), que tiene tasas de economía sumergida entre el 10% y 15% del PIB.

Plantilla de Hacienda en relación con el nº de contribuyentes, por países de la UE

Fuente: Gestha, a partir de los informes de la OCDE

Los Técnicos han reclamado en numerosas ocasiones que Hacienda aumente en 187 millones su presupuesto en 2015 e incremente su plantilla en 1.687 personas para alcanzar el mismo nivel operativo que en 2010

Sin embargo, consciente de las limitaciones de los Presupuestos Generales del Estado y de la necesidad de cumplir con el déficit público, Gestha señala que esta ampliación de plantilla en la AEAT debe ser un objetivo a largo plazo. Por este motivo, los Técnicos han reclamado en numerosas ocasiones que Hacienda aumente en 187 millones su presupuesto en 2015 e incremente su plantilla en 1.687 personas para alcanzar el mismo nivel operativo que en 2010, justo el año que se iniciaron los recortes para paliar el déficit.

Además de esta medida para converger con la UE, los Técnicos consideran “imprescindible” una reestructuración profunda de la Agencia Tributaria estatal (AEAT) y el Ministerio de Hacienda para  controlar la eficacia del gasto público y la actividad de los gestores del gasto, además de exigir responsabilidades por la gestión en la lucha contra el fraude y en el control del gasto. Esto significaría que las normas internas de Hacienda atribuyan con claridad las funciones y competencias a los funcionarios, de forma que puedan reclamarse y no queden impunes las responsabilidades administrativas por los fiascos en la falta de detección de las grandes evasiones tributarias o el despilfarro en la construcción de grandes obras infrautilizadas.

Falta de compromiso y resistencias al cambio

Los Técnicos de Hacienda consideran que existe una falta de compromiso por parte de los sucesivos responsables administrativos en reducir el fraude y mejorar el control del gasto público

Los Técnicos advierten que esta modernización de la AEAT y del Ministerio de Hacienda no será tarea fácil porque este año se intensificarán las resistencias de los funcionarios que se alternan para ocupar los puestos directivos en la Administración pública y que, a juicio de Gestha, constituyen una auténtica “casta retributiva” que rechaza la ampliación de plantillas para conservar sus privilegios por encima de la mejora en el servicio público.

No obstante, Gestha se muestra optimista porque dichos cambios serán inevitables debido al hartazgo de la población que viene exigiendo más eficacia, información y transparencia de la Administración pública.

Los Técnicos de Hacienda consideran que existe una falta de compromiso por parte de los sucesivos responsables administrativos en reducir el fraude y mejorar el control del gasto público, de forma que España es subcampeona de Europa en volumen de la economía sumergida, y ocupa la cuarta posición con el déficit más elevado de la UE. Por ello, Gestha cree que debe ser la sociedad la que exija responsabilidades a las autoridades administrativas.