Manuel
Carrero de Roa, doctor arquitecto urbanista
LNE, 2016/02/14
Una enorme distancia separa las ciudades en las que vivimos
casi 880.000 personas en Asturias de los entornos acogedores y amables donde
nos gustaría vivir, trabajar, relacionarnos y crecer como individuos e
integrantes de la sociedad. Las áreas urbanas asturianas no favorecen la
creación de nueva actividad económica y de empleo, persisten y se incrementan
las desigualdades entre los barrios que las componen, consumen una cantidad
desproporcionada de energía y recursos, y generan contaminación y residuos que
perjudican nuestra salud y amenazan su propia viabilidad futura en el medio
plazo.
Solemos aceptar esta situación como algo inevitable, similar
a una carencia congénita o un retraso histórico contra el que poco cabe hacer,
sino resignarse e ir resistiendo como mejor se pueda. Sin embargo, nada en esa
obra colectiva que llamamos ciudad está determinado irrevocablemente por
fuerzas naturales, ni es fortuito o resultado del azar. Nuestras ciudades son
el resultado de un conflicto entre dos intereses contrapuestos: el particular,
concentrado principalmente en los grandes propietarios de suelo y el sector
inmobiliario, frente al interés general de la sociedad. Y va ganando el
primero. Las barreras arquitectónicas y urbanísticas, las diferencias en el
acceso al empleo, a los equipamientos y los servicios de un barrio a otro, el
predominio de los vehículos motorizados privados y otras múltiples carencias y
disfunciones que dejan en evidencia los bonitos
principios recogidos en las leyes, así lo demuestran.
Los planes urbanísticos son las principales armas a
disposición de estas dos fuerzas encontradas en la batalla por la ciudad, y
quien los controla establece las reglas del juego: dónde y con qué intensidad
se puede edificar; cómo se distribuyen las dotaciones públicas y privadas y con
qué superficies; o cuál es el diseño de la red viaria de comunicación y
transporte. Al final, esos documentos oscuros, incomprensibles para la gente
corriente, cuyo conocimiento está reservado exclusivamente a expertos, regulan
cuestiones tan importantes para nuestra vida como si dispondremos de una
vivienda digna o si estamos condenados a la precariedad y la inseguridad
actuales; si las zonas verdes y equipamientos son amplios y están bien
situados, o insuficientes y segregados como ahora; y si el derecho a
desplazarse libre y autónomamente está garantizado a todas las personas, o
reservado únicamente a aquellas que dispongan de un vehículo privado.
Las ciudades y villas asturianas no responden a las
necesidades de quienes las habitamos porque los marcos normativos y los
procedimientos propios de la democracia representativa, tanto a nivel local
como autonómico, han resultado insuficientes para resistir la presión de los
poderes económicos que, o bien diseñan los planes urbanísticos en función de
sus propios intereses -aprovechando la opacidad de los procesos de toma de
decisión, el caldo de cultivo perfecto para la corrupción-, o con la excusa de
su rigidez o el pretexto del enorme número de puestos de trabajo que su actuación
contraria al planeamiento urbanístico crearía, directamente los ignoran. Como
pruebas, las grandes implantaciones comerciales o industriales fuera de toda
racionalidad territorial, o las nuevas áreas residenciales en la periferia de
nuestras ciudades, paraíso de la especulación que el estallido de la burbuja
inmobiliaria ha convertido en paisajes fantasmales de solares vacantes.
El reconocimiento de la intervención ejecutiva de los
vecinos y vecinas en el diseño del entorno en el que vivimos como un verdadero
derecho ciudadano, ejercitado a través de su participación directa y activa en
la elaboración de los planes urbanísticos municipales, resulta inexcusable si
se trata de invertir la actual situación y favorecer un modelo de ciudad
alternativo y atento a los intereses de la colectividad. El marco normativo
actual se ha quedado obsoleto y tiene los días contados, por la profunda crisis
de credibilidad del sistema representativo y el interés creciente de la
ciudadanía por tomar parte en los asuntos públicos. No se trata, como pretende
el Gobierno de Asturias, de mejorar y profundizar los mecanismos actuales,
inspirados y continuadores de los previstos en la legislación franquista del
suelo de 1956. No vale con utilizar la participación como coartada para
legitimar políticas y decisiones tomadas de antemano, ni para adormecer o
apaciguar conflictos, como hizo el anterior gobierno autonómico en los antiguos
terrenos del Hospital Universitario Central de Asturias; tampoco con hacer
consultas no vinculantes y reservarse después la decisión final, como pretendió
hacer el anterior gobierno municipal de Oviedo en la entrada a la ciudad por la
antigua autopista Y. No resulta admisible, después de treinta y cinco años de
autogobierno, que en el órgano que aprueba o deniega los planes urbanísticos en
este país, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias,
estén representadas las empresas constructoras y promotoras y los colectivos
profesionales, pero no las asociaciones de consumidores o las organizaciones
ecologistas, como es habitual en otras comunidades autónomas. Participar en el
planeamiento urbano no consiste en publicar más anuncios de información pública
de planes en el Boletín Oficial, se necesita un cambio de modelo. Es urgente
abordar una reforma de la legislación urbanística asturiana que garantice, al
igual que en otros países de nuestro entorno, la intervención de los vecinos y
vecinas del proceso de redacción de los planes, no a toro pasado y cuando las
decisiones ya están tomadas, sino desde el minuto cero, con transparencia y
acceso a la información, sobre la base de acciones formativas y de fomento de
la cultura urbanística entre la población, sin improvisaciones y con los medios
humanos y materiales adecuados, y sustituir los procesos actuales de mero
trámite con consultas vinculantes y otros métodos de participación activa. En
definitiva, herramientas para el traspaso de poder de la oligarquía urbanística
hacia la ciudadanía, imprescindible para construir colectivamente un nuevo modelo
de ciudad.
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