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lunes, 30 de marzo de 2020

Requisas de bienes en el estado de alarma del COVID-19

Global Politics and Law



La promulgación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha hecho reverdecer una figura que estaba latente en nuestro ordenamiento: las requisas de bienes. Es una figura que, cuando se mencionaba en clase, nos retrotraía a otros tiempos y que sin embargo, estaba a disposición de los poderes públicos, tanto en circunstancias civiles (artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio) como por casos militares (tiempo de guerra y en caso de movilización total o parcial, tal como recoge el artículo 101 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa).


La requisa es la potestad de los poderes públicos habilitados para la toma de la posesión de los bienes necesarios para el cumplimiento de una necesidad pública de carácter extraordinario, ya sean las calamidades públicas que recoge la ley del estado de alarma. De hecho, se prevé en la Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que el “Ministro de Sanidad podrá impartir órdenes para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública, así como intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como la industria farmacéutica, y practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria”.


Una medida para la que se prevé el apoyo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de acuerdo con lo previsto en la misma orden, donde se dispone “se preverá la disponibilidad de recursos para la ejecución o prestación del apoyo que resulte necesario por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con las requisas temporales que puedan ordenarse por el Ministro del Interior o por otras Autoridades competentes de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en particular para la prestación de los servicios de seguridad o de los operadores críticos y esenciales”.


Es lo que está ocurriendo en esta crisis con los productos sanitarios en donde hay un deber de información, previsto en Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. A ello se añaden los supuestos ocurridos durante durante esta pandemia, en donde la Guardia civil ha procedido a la requisa de material sanitario que era necesario para los centros sanitarios -algunos de los cuales iban a ser subastados-.


Es una potestad que se puede aplicar tanto a bienes públicos como privados; tanto bienes muebles como inmuebles, tal como se señala en el artículo 11 de la LO 4/1981, al señalar que la requisa puede afectar a “todo tipo de bienes”. En principio, no debiera ser necesario con los bienes de titularidad pública debido al principio de lealtad institucional interadministrativa, que debe comprender la puesta a disposición de los bienes, pero ello no quita para que haya circunstancias en donde puede resultar necesaria, tanto por la actitud del responsable, como por las circunstancias jurídicas de los bienes.


La característica fundamental de la requisa es la toma de la posesión de los bienes de forma imperativa y sin seguirse un procedimiento reglado para que se pueda materializar. Dicho de otra forma, percibida la necesidad urgente que no se puede satisfacer de otro modo, percibidos los bienes, se toman los bienes que resultan necesarios. Por eso se puede recurrir a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tal como se ha visto con anterioridad.


La requisa de bienes no es, como por otra parte resulta lógica, gratuita para el poder público. Como dispone el artículo 105 de la Ley de Expropiación Forzosa, “toda prestación por requisa da derecho a una indemnización por el importe del servicio prestado, del valor objetivo de lo requisado, o de los daños y desperfectos que por su causa se produzcan”. Un pago que se tiene que realizar en el plazo de tres meses.


Como curiosidad, se puede señalar que el artículo 74.1 del Código penal militar castiga con pena entre seis meses y seis años al militar que “requisare indebidamente o innecesariamente edificios u objetos muebles en territorio ocupado”.

La doble cara de grandes empresas: donaciones millonarias a la sanidad pero menos contribución fiscal que en 2007

infolibre Periodismo libre e independiente


  • Grandes compañías como Inditex o El Corte Inglés han anunciado suculentas donaciones a la sanidad pública, pero los datos de los técnicos de Hacienda revelan que las empresas pagan la mitad de impuestos que antes de la crisis

  • José María Mollinedo, secretario general de Gestha, detalla que en 2007 aportaron a las arcas de Estado más de 44.000 millones de euros en impuestos, una cifra que en 2018 se situó en 24.000 millones

  • El Corte Inglés ya ha puesto en marcha un ERTE que afectará a 25.900 trabajadores, y otras empresas que anuncian grandes donaciones como Mango han optado por la misma herramienta


Si algo positivo podrá sacarse cuando el coronavirus abandone definitivamente España, será la ola de solidaridad que la crisis ha levantado en, si no todos, casi todos los hogares de nuestro país. Algo que se ha visto, sobre todo, de balcón a balcón y de ventana en ventana. Pero no sólo. Parece que grandes empresas también han querido poner su granito de arena para contribuir a la lucha contra un virus que ya ha dejado más de 6.500 víctimas mortales y casi 80.000 contagiados, que abarrotan y ponen en jaque al sistema sanitario español. Sin manos ni material suficiente y con unas cifras que no le dejan aliento, la sanidad española se ve ahora más necesitada de ayuda que nunca. Por eso grandes compañías como Inditex, El Corte Inglés o Mango ya han anunciado la donación o bien de mascarillas, o bien de ropa de cama para hospitales, o bien de una cantidad de dinero considerable para acometer inversión en material hospitalario. Un gesto que, si bien es de aplaudir, esconde bajo la alfombra una realidad que se ha puesto de manifiesto en otras ocasiones: las grandes empresas aportan un porcentaje muy pequeño de sus beneficios al pago de impuestos. Unos gravámenes que, entre otras cosas, se destinan a la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad. Y algo más: algunas de estas compañías ya han puesto sobre la mesa la posibilidad de realizar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a sus empleados. Otras, en lugar de la posibilidad, ya dieron la noticia de que han puesto en marcha esta herramienta.
Desde que el pasado sábado 14 de marzo el Gobierno decidió decretar el estado de alarma y aprobar las medidas de confinamiento para todo el país, las autoridades han insistido en la misma idea: los días que llegan van a ser duros, y por eso no hay que decaer y hay que seguir cumpliendo con lo decretado por el Ejecutivo. Sin ir más lejos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hizo hincapié en esta idea hace unos días. Según dijo, llega "lo más difícil de la crisis", por lo que se precisa de "un plus de responsabilidad, energía y fuerza del conjunto de la ciudadanía". Y es que lo peor del ritmo de crecimiento de las cifras de contagiados es la consecuencia que esto trae: más ingresos, más necesidades de hospitalización en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y, por tanto, más saturación de la sanidad pública, algo que ya está experimentando con creces la madrileña. Los que están en primera línea de la lucha contra el Covid-19 ya lo avisaron: si la velocidad con la que avanza el coronavirus es fuerte, y hasta ahora así es, no va a haber recursos suficientes para todos. Eso, sumado a la oportunidad que algunos especuladores han visto para sacar provecho de materiales sanitarios y de higiene, explica esa situación de desborde que se vive día a día en los hospitales de toda España.
La compra de materiales como mascarillas o respiradores a otros países, sobre todo a China, sigue en marcha. Pero su aterrizaje en España es más lento de lo deseable. Así que hacen falta soluciones rápidas. Y en este contexto, algunas grandes empresas ya han anunciado que arrimarán el hombro con lo que puedan. Y no han sido pocas. Según publicó El Confidencial, los pesos pesados del Ibex 35 ya se han unido en una iniciativa que pretende invertir 150 millones de euros en material hospitalario. Quieren hacerlo, por ejemplo, empresas como Telefónica, Iberdrola o BBVA. Pero no solo esas. El Banco Santander, dirigido por Ana Botín, ha donado cuatro millones de euros para instalar camas y respiradores en el hospital de campaña que se ha levantado en Ifema, en Madrid. También para esas instalaciones, El Corte Inglés ha donado ropa de cama. Por su parte, Inditex, el gigante de Amancio Ortega, ha puesto a trabajar a sus fábricas en la elaboración de mascarillas y batas para proteger al personal sanitario, al que Mango también ha prometido dos millones de mascarillas.
¿Cómo pagan impuestos las grandes compañías?
Hay una evidencia: los hospitales están luchando contra el coronavirus con los medios que tienen a su alcance. Y eso no es suficiente. Por eso ya ha habido voces que no han tardado en culpar de la situación a los recortes que ha sufrido la sanidad pública en los últimos años. Los datos también son una evidencia. El gasto sanitario público total, 68.483 millones en 2017, aún no ha alcanzado los umbrales previos al recrudecimiento de la crisis. En 2008 (66.858 millones), 2009 (70.674, techo histórico) y 2010 (69.530) el gasto fue superior. A eso se ha sumado otra evidencia: la sanidad privada española ha ganado terreno en nuestro país mientras la pública se debilitaba. El último informe Sanidad privada, aportando valor, del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), sobre el ejercicio de 2017, presenta unas cifras de récord. La facturación del sector alcanzó los 6.405 millones de euros, un 3,7% más que en 2016El crecimiento es fuerte y constante. En 2013 la facturación fue de 5.481 millones. Es decir, ha subido en cuatro años 924 millones, un 16,85%, sin dejar de crecer en ningún ejercicio. La facturación basada en conciertos fue de 1.615 millones, un 25,21% del total. También ha crecido año a año desde 2013.
"El sistema sanitario público ha tenido un problema muy importante. Por un lado los recortes económicos, que han sido muy fuertes desde la última crisis, y luego el tema de las privatizaciones, que también hay que tenerlas en cuenta", explica Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp). "Las privatizaciones generan sobrecostes y situaciones insostenibles. Si uno se pregunta por qué pasa lo que pasa en las residencias —uno de los sectores más golpeados por la crisis que ha generado el Covid-19 en nuestro país— solo hay que ver que su gestión ha sido totalmente privatizada", lamenta. 
Y en este sentido, hay otra evidencia. La sanidad pública comenzó a mermarse durante la crisis que comenzó en el año 2008, momento en el que las grandes empresas pagaban una cantidad en impuestos que todavía hoy no se ha recuperado. Los datos lo confirman, tal y como explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), a infoLibre. "Es el único impuesto que no ha recuperado su recaudación", asegura. En 2007, tal y como expone, las grandes compañías aportaron a las arcas de Estado más de 44.000 millones de euros por el impuesto de sociedades. En 2018 esa cifra se situó en 24.000 millones. "Todavía estamos muy por debajo. Nos queda mucho por recuperar", lamenta Mollinedo. 
El impuesto de sociedades es el gravamen más conocido al que deben hacer frente las empresas. El tipo general se sitúa en el 25%, pero las exenciones —que el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos asegura limitar— consiguen que la cantidad que aportan las grandes compañías al final no sea tan elevada. En paralelo, los impuestos de las familias se han visto incrementados desde ese año 2007. El IVA y el IRPF crecieron, entre 2007 y 2017, un 14% y un 6%, respectivamente
"Las 738.400 empresas que tienen un saldo positivo en nuestro país han pagado de media un 11,04% en impuestos", detalla Mollinedo. "Todas tuvieron, con datos de 2017, 195.554 millones de beneficio declarado, que se supone que se ha incrementado en 2018 y 2019. De esa cifra, esas empresas han reflejado un pago de impuestos del 11,04% de sus beneficios", explica. Y eso de media, por lo que algunas han incluso adelgazado ese porcentaje. PSOE y Unidas Podemos aseguraron, en el documento que selló la formación de Gobierno, que el impuesto de sociedades sería reformado para garantizar una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.
Por eso Mollinedo es tajante. "Sin duda, cualquier donativo en unas circunstancias como estas viene bien, sobre todo si aportan material que necesitan los hospitales. Lo vemos como algo de agradecer. Pero cuando pase esta situación crítica que estamos viviendo tendremos que hacer una reflexión sobre el pago de los impuestos. El estado del bienestar no tiene la robustez que pensábamos que tenía. Ahora vemos la debilidad en el sistema sanitario público, pero hay otros sectores que también adolecen de esa falta de fortaleza", asegura. Por eso, sentencia, "los técnicos de Hacienda defienden que hay que robustecer el estado del bienestar".
"Es evidente que tenemos que tener un sistema fiscal que garantice que hay una financiación suficiente del sistema sanitario público y de otros servicios públicos. Si existiera ese sistema fiscal, pues ya veríamos si hay o no donaciones. Una vez que la gente pague los impuestos que legalmente tiene que pagar, pues luego con el dinero que le sobra que haga lo que quiera. Que lo done o que no lo done", critica Sánchez Bayle. 
Los ERTE como solución para hacer frente a las consecuencias económicas
Otra evidencia más es que cuando acabe la crisis sanitaria comenzarán las consecuencias más fuertes de la crisis económica que ya se anuncia. El estado de alarma y el confinamiento han traído consigo la casi total paralización de la actividad del país. La pérdida de ingresos por parte de las empresas está ahí. Así que muchas de ellas han recurrido a los despidos o a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). No han sido pocas. A falta de cifras concluyentes, se puede recurrir a los datos que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ofreció la semana pasada. Tal y como dijo, en esa fecha ya había entre 400 y 500 ERTE "en cola" en la Dirección General de Trabajo, cifra a la que habría que sumar los ERTE presentados en las distintas comunidades autónomas. Y eso era la semana pasada. "Es una cifra abrumadora", reconoció Díaz, que pidió a las empresas "responsabilidad" a la hora de utilizar este instrumento, el mejor para evitar despidos ante el cierre de negocios y la caída de actividad derivada de la crisis del coronavirus. 
Los sindicatos han insistido en la necesidad de esa responsabilidad una y otra vez. Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, lamentaron este pasado jueves que el número de ERTE va a ser "astronómico" y, por ello, pidieron que todos ellos sean examinados a posteriori. Así, opinaron, podrá valorarse si alguna empresa ha realizado o no algún tipo de fraude con sus trabajadores. 
Algunas de las compañías que anunciaron esos ERTE han sido, además, las mismas que se han mostrado dispuestas a realizar donaciones. La última fue El Corte Inglés. Después de anunciar que dona ropa de cama para equipar el hospital de campaña levantado en Ifema, el miércoles decidió presentar un ERTE para 25.900 empleados, a los que garantizará, dijo, el 100% del salario. La empresa precisó que su objetivo es "mantener el empleo" y que se trata de una "medida temporal" que tendrá una duración de 14 días contados desde la fecha de publicación del Real Decreto. La ampliación de la medida, añadió, vendrá determinada por el tiempo que dure el actual estado de alarma. 
Otra ha sido Mango. Tan solo 24 horas después de anunciar que donaría dos millones de mascarillas a los hospitales españoles, la cadena de moda se acogió a otro ERTE que afectará a 4.767 trabajadores, el 78% de los 6.000 empleados de las tiendas que tiene la firma. 
Banco Santander, por su parte, aseguró que no recurriría a esa opción, pero Inditex la dejó encima de la mesa. Aunque todavía en standby. El gigante de Amancio Ortega, que ha registrado un beneficio de 3.639 millones de euros, aseguró que presentará un ERTE preventivo que, sin embargo, no se hará efectivo hasta el próximo 15 de abril y solo en el caso de que el estado de alarma se prolongue más allá de esa fecha. Afectaría, en ese caso, a 25.000 empleados. La firma de moda, por su parte, ha enviado 300.000 mascarillas procedentes de China a la sanidad española. Pero además, la hija de Ortega ha anunciado que donará más mascarillas y trajes protectores para los sanitarios. Y hay más. La empresa baraja la posibilidad de concentrar su capacidad de fabricación en la elaboración de batas con las que proteger a los profesionales. El propio Ortega, que cumplía este sábado 84 años, recibió aplausos y felicitaciones ante su domicilio gallego por su labor filantrópica.
No es la primera vez que el español más rico del mundo, según la revista Forbes, quiere hacer gala de una publicitada solidaridad. En 2017 donó 320 millones de euros a hospitales públicos de todas las comunidades autónomas para renovar equipamientos contra el cáncer como mamógrafos y aceleradores. Y eso levantó una oleada de críticas. Casi todas porque consideraron que sentaba un mal precedente que conseguiría privatizar poco a poco la sanidad. Y también porque, según ha criticado en varias ocasiones el ahora vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno, Pablo Iglesias, ese servicio público tiene que costearse a través de impuestos. "Es como si vas a cenar y decides que no vas a pagar la factura, pero que vas a dar diez euros en propina para tener contento al camarero. Pues Amancio Ortega no paga los impuestos como el resto. Utiliza mecanismos legales, pero injustos. El año pasado facturó 1.600 millones de euros en dividendos y solo pagó un 5% de impuestos. 80 millones, cuando cualquier ciudadano hubiera pagado unos 320-340 por esa cantidad", criticó en una entrevista en El HormigueroDesde Inditex aseguran que la empresa "siempre ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones fiscales".


jueves, 26 de marzo de 2020

Como la élite mundial tratará de beneficiarse de la pandemia. Entrevista a Naomi Klein


Sin Permiso: República y socialismo, también para el siglo XXI


Naomi Klein 

21/03/2020

La entrevista la realizó Marie Solis
El coronavirus es oficialmente una pandemia mundial que hasta ahora ha infectado diez veces mas personas que el SARS de 2003. En EE.UU., escuelas, universidades, museos y teatros, cierran sus puertas; y pronto, ciudades enteras, harán lo mismo. Los expertos advierten de que algunas personas, sospechosas de estar infectadas por el virus en EE.UU: prosiguen su rutina cotidiana. Porque su empleo no les permite bajas pagadas dadas las deficiencias del sistema privatizado de salud norteamericano.
La mayoría de entre nosotros (NT.: para los ciudadanos norteamericanos) no saben qué hacer ni a quién escuchar. El presidente Donald Trump ha rechazado las recomendaciones de los centros de control y de prevención de enfermedades; y estos mensaje contradictorios han reducido nuestro margen de maniobra para atenuar los daños causados por este virus tremendamente contagioso.
Son las condiciones perfectas para que los gobiernos y la élite mundial desplieguen programas políticos, que de otra forma, encontrarían gran oposición si no estuviéramos todos tan desorientados. Esta cadena de acontecimientos no es exclusiva de la crisis creada por el coronavirus; es el proyecto que los políticos y los gobiernos persiguen desde hace décadas, conocido con el nombre de “doctrina del shock”, término inventado por la activista y autora Naomi Klein en un libro del mismo nombre de 2007.
La historia es una crónica de “shocks”: los de las guerras, las catástrofes naturales y las crisis económicas, y de sus consecuencias. Estas consecuencias se caracterizan por el “capitalismo catástrofe”; mediante “soluciones” calculadas y de libre mercado para las crisis que estallan y exacerban las desigualdades existentes.
Según Klein, asistimos ya a un capitalismo catastrófico en el terreno nacional; para responder al coronavirus, Trump ha propuesto un plan de estímulo de 700 millardos de dólares que incluye reducción de cargas sociales (que devastarán la seguridad social) y proporcionará una ayuda a las industrias faltas de oportunidades de negocio causadas por la pandemia: “No lo hacen porque crean que es el medio más eficaz para paliar el sufrimiento causado por la pandemia; formulan tales ideas porque ven una oportunidad para desplegarlas”, ha declarado Klein.
VICE ha preguntado a Klein sobre la forma como el “shock” del coronavirus cede su lugar en la cadena de acontecimientos que describió hace ya más de diez años en La doctrina del shock.
VICE: Empezemos por lo esencial. ¿Qué es el capitalismo de catástrofe? ¿Cuál es su relación con la “doctrina del shock”?
La forma como defino el “capitalismo catástofe” es muy simple: describe la manera como las industrias privadas emergen para beneficiarse directamente de las crisis a gran escala. La especulación sobre las catástrofes y la guerra no es un concepto nuevo, pero se ha profundizado claramente con la administración Bush a partir del 11 de setiembre, cuando el gobierno declaró este tipo de crisis de seguridad sin plazo, y simultáneamente la privatizó y externalizó; esto incluyó el Estado de seguridad nacional en la privatización, así como la invasión y ocupación (privatizada) de Irak y Afganistán.
La “doctrina del shock” es la estrategia política que consiste en emplear las crisis a gran escala para hacer avanzar políticas que profundicen sistemáticamente las desigualdades, enriqueciendo a las élites y debilitando a los demás. En tiempos de crisis, la gente tiende a concentrarse en las urgencias cotidianas para sobrevivir como sea y tiende a contar sobre todo con los que están el poder. En épocas de crisis, desviamos un poco la mirada, lejos del juego real.
VICE: ¿De dónde viene esta estrategia política? ¿Cómo trazar su historia en la política norteamericana?
La estrategia de la doctrina del shock fue una respuesta de Milton Friedman al programa del New Deal. Este economista neoliberal creía que todo estaba equivocado con el New Deal en Estado Unidos: para responder a la Gran Depresión y al Dust Bowl (NdeT: Tormenta de polvo) un gobierno mucho más activo surgió en el país, que se propuso resolver directamente la crisis económica en la época creando empleos públicos y ofreciendo ayudas directas.
Si Vd. es un economista del libre mercado, comprenderá que cuando los mercados quiebran, hay preparado un cambio progresivo que es mucho más orgánico que el tipo de políticas de desregulación que favorecen a las grandes empresas. La doctrina del shock se desarrolló como un medio de evitar que las crisis cedan el lugar a momentos orgánicos en los que surjan políticas progresistas. Las élites políticas y económicas entienden que los momentos de crisis son la ocasión para hacer avanzar su lista de deseos de políticas impopulares que polarizan aún más la riqueza en este país y en todo el mundo.
VICE: Actualmente estamos confrontados con múltiples crisis: una pandemia, falta de infraestructuras para resolverla y hundimiento de la bolsa. ¿Podría explicarnos como cada uno de estos elementos se inscribe en el esquema que Vd. ha descrito en la Doctrina del shock?
El shock en realidad es el mismo virus. Se le ha tratado de manera que maximice la confusión y minimice la protección. No creo que sea una conspiración; es justo la forma como el gobierno norteamericano y Trump han gestionado, completamente mal, esta crisis. Hasta ahora Trump ha tratado esta situación, no como una crisis de salud pública, sino como una crisis de percepción y un problema potencial para su reelección.
Es el peor de los escenarios, máxime si se tiene en cuenta el hecho de que Estados Unidos no dispone de un programa nacional de salud y que la protección de la que se benefician los trabajadores es muy mala: por ejemplo, la ley no establece prestaciones por enfermedad. Esta combinación de fuerzas ha provocado un choque máximo. Va a explotarse para salvar industrias que están en el núcleo de las crisis más extremas a las que hemos de enfrentarnos, como la crisis climática: la industria aérea, la petrolera y gasística, la de los cruceros, y quieren consolidar todo esto.
VICE: ¿Cómo hemos visto esto antes?
En La doctrina del shock hablo de lo que pasó después del huracán Katrina. Grupos de expertos de Washington como la Heritage Foundation se reunieron creando una lista de soluciones “pro libre mercado” para el Katrina. Podemos estar seguros de que ahora se hará el mismo tipo de reuniones. De hecho, la persona que presidió el grupo Katrina fue Mike Pence (NT: la persona que preside ahora el dossier Coronavirus). En 2008, ese movimiento se tradujo en el salvamento de los bancos, cuando los países les entregaron cheques en blanco, que finalmente se elevaron a varios millardos de dólares; pero el coste real de esta situación tomó la forma de amplios programas de austeridad económica (reducciones ulteriores de servicios sociales). Así que no se trata tan solo de lo que pase ahora, sino también de la forma como lo pagarán en el futuro, cuando se presente la factura de todo lo que se debe.
VICE: Si nuestros gobernantes y la élite mundial van a beneficiarse de esta crisis para sus propios fines, ¿qué puede hacer la gente para apoyarse mutuamente?
“Voy a cuidar de mí y de los míos, podemos adquirir la mejor póliza de seguro privado de enfermedad, y si Vd. no la tiene, probablemente es su error, no es mi problema”: he aquí lo que una economía de vencedor mete en nuestros cerebros. Lo que revela en un momento de crisis como ahora, es nuestra interrelación de unos con otros. Comprobamos en tiempo real, que estamos mucho más interconectados de lo que nuestro brutal sistema económico nos permite creer.
Podemos pensar que estaremos seguros si obtenemos buenos cuidados médicos, pero si la persona que prepara o suministra nuestros alimentos, o que envuelve las cajas, no tiene acceso a cuidados médicos y no puede permitirse los análisis, y aún menos quedarse en casa porque no tiene prestación por enfermedad, no estaremos seguros. Si no nos cuidamos unos a otros, ninguno estará seguro. Estamos atrapados.
Las diferentes formas de organizar la sociedad favorecen o refuerzan diferentes partes de nosotros mismos. Si está en un sistema que, como sabe, no cuida de la gente, y no distribuye los recursos de manera justa, entonces nuestro impulso por la acumulación estará en alerta. Piense esto y reflexione en cómo. En vez de empecinarse en pensar en cómo pueden cuidarse a sí mismos y a su familia; Vd. puede cambiar y reflexionar sobre la forma de compartir con sus vecinos y ayudar a las personas más vulnerables.
 
Autora, entre otros libros, de 'La doctrina del shock' y 'No Logo'.
Fuente:
https://zintv.org/naomi-klein-comment-lelite-mondiale-va-tenter-dexploiter-la-pandemie/
Traducción:
Ramón Sánchez Tabarés

miércoles, 25 de marzo de 2020

lunes, 23 de marzo de 2020

Criterio de la Abogacía del Estado sobre el contenido y limitaciones de actividades derivados de los RD 463 y 465/2020

Informe evacuado por la Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado el 19 de marzo, sobre la interpretación de diferentes cuestiones relacionadas con el Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.

Los policías interinos pueden portar armas

El Tribunal Supremo, en sentencia de 2 de marzo de 2020, estima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carreño y declara que los policías locales interinos, ya nombrados, pueden portar armas.

domingo, 22 de marzo de 2020

Frenar la curva. Evitar la caída

CTXT ediciò cat



Frenar la curva. Evitar la caída

Es el momento de protegernos, de cuidarnos, de dar respuesta colectiva y solidaria. Súmate y comparte
La crisis de 2008 tuvo un efecto devastador. A falta de medidas sociales y económicas decididas para enfrentar la debacle, muchos y muchas sobrevivieron gracias a sus mayores, que estiraron como chicles unas pensiones convertidas en única fuente de ingresos de familias extensas. De esa crisis se salió en falso, con empleos cada vez más precarios y unos servicios públicos saboteados a golpe de privatizaciones. Sus consecuencias aún no se han terminado de digerir. Las decisiones que se tomaron entonces fueron clave.

La crisis del coronavirus nos encuentra con las defensas bajas como sociedad. Esas personas mayores que sostuvieron familias son las más vulnerables al contagio; los trabajadores y trabajadoras más precarios de supermercados, servicios de limpieza o cuidados son quienes están ayudando a sostener la vida y el personal de la sanidad pública debe enfrentarse a la saturación de hospitales sin los medios necesarios. Se merecen apoyo mutuo y contundente.
Mientras la curva de contagios crece de manera exponencial, también lo hacen los despidos, los expedientes de regulación de empleo y la incertidumbre ante el futuro. La curva de la desigualdad social no puede dispararse hacia arriba. No podemos dejar en la cuneta a nuestras y nuestros vecinos ni aceptar como estructural una situación inasumible éticamente.

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros supone un paso al frente, pero entendemos que es insuficiente. Se queda lejos de medidas adoptadas en países vecinos y creemos deja desprotegidas a las familias más vulnerables. No podemos permitirnos poner freno a las medidas sociales económicas porque es incompatible con el freno a la curva sanitaria y a la crisis social.La salida de esta crisis requiere de todo el esfuerzo para afrontar la emergencia sanitaria pero también para crear un escenario de salida social y económica de la misma en el que no dejemos a nadie por el camino. Este virus lo paramos unidos y unidas, nos dice el eslogan del Gobierno. Y les recordamos que de esta crisis sólo saldremos si lo hacemos en común.
Por eso este manifiesto es un llamamiento a la solidaridad colectiva, un reconocimiento de la complejidad del escenario que debe servirnos para abordar acciones prioritarias que protejan al conjunto de la sociedad de la vulnerabilidad y el abandono. Por eso, los y las firmantes entendemos que para lograr una salida económica y social que ponga los recursos al servicio de quienes más lo necesiten, deben ponerse en práctica las medidas siguientes:
1. Medios y recursos para atender la urgencia
Dotar de medios humanos y materiales a los sectores encargados de dar salida a esta crisis: personal sanitario, emergencias, Fuerzas de Seguridad del Estado, servicios sociales y ayudas a domicilio, así como otros sectores prioritarios en este momento (alimentación, transportes…). No puede faltar personal, equipamiento y recursos en una situación tan crítica, tampoco para las y los pacientes urgentes por otras afecciones o asoladas por un confinamiento que agrava situaciones previas a la actual.
2. Plan de choque y presupuesto para ejecutarlo
Eliminar cualquier restricción de gastos de las Administraciones Públicas para que éstas puedan desarrollar un Plan de Choque tanto sanitario como económico y social. Las familias y entidades en situación de riesgo provocadas por el escenario actual deben ser protagonistas directos del impacto de las medidas. CC.AA. y Ayuntamientos deben poder gastar su presupuesto en intervención social por encima de los límites actuales. No puede continuar el dinero en los bancos mientras sufrimos esta situación.
3. Atención específica a personas y colectivos de riesgo
Garantizar la realización de pruebas diagnósticas al menos al total de las personas identificadas en grupos de especial riesgo por razones de salud o determinantes sociales de la salud. Del mismo modo, garantizar el acceso a una habitación segura frente al contagio como parte de un Plan concreto contra el sinhogarismo, así como a cualquier otro grupo de población en situación de vulnerabilidad y/o riesgo social (personas que viven en asentamientos desprovistos de los servicios básicos, menores solos/as, personas migrantes sin papeles…).
4. Protección del empleo
Garantizar cuantas medidas económicas sean precisas para asegurar el 100% de la cobertura a autónomos, pymes y tercer sector afectados de manera directa por las consecuencias del Estado de Alarma. Impedir despidos, ERES y ERTES en empresas con alta facturación o elevados beneficios. Medidas para garantizar el nivel adquisitivo mínimo de subsistencia por persona. Cobertura especial de desempleo para trabajadores precarios, fijos-discontinuos, temporales, por afectación de la crisis.
5. Protección de autónomos
Prohibir la baja en el régimen general de autónomos o similar por impago de la cuota u obligaciones fiscales. De igual modo proteger a otros regímenes especiales (limpieza de hogar, pesca…). 
Eliminar el pago de la cuota de autónomos a aquellas personas que, como resultado del escenario actual, han perdido su capacidad de trabajo. 
6. Garantía de suministros a familias y hogares 
Garantizar que nadie se queda sin suministros básicos por impago de luz, agua o gas, suspendiendo los cortes durante este periodo. 
7. Apoyo a la vivienda
Impedir cualquier desahucio por impago de alquiler o hipoteca. Suspender los efectos resolutivos de contratos de alquiler por impago mientras dure la crisis. Inadmisión de cualquier demanda por dicho motivo.
Incorporar medidas de suspensión del pago de hipotecas y alquileres a familias en riesgo de exclusión por la pérdida de poder adquisitivo.
8. Mantenimiento de los precios y ayudas al acceso a los productos básicos
Medidas de aseguramiento para evitar el acaparamiento y/o especulación de bienes de primera necesidad. Impedir la subida de precios de productos y activar alternativas para asegurar que el conjunto de la población tiene acceso a los productos básicos. Esta situación de emergencia requiere del esfuerzo de todos y todas.
9. Inversión en investigación
Dotar de los medios necesarios en investigación científica para lograr una vacuna, así como para reforzar la coordinación con la comunidad científica internacional. También, realizar estudios multidimensionales que midan la crisis desde perspectivas no sólo médico-sanitarias.
10. Medidas post emergencia
Debe anticiparse qué hacer el día después. Las medidas indicadas son útiles en el aquí y el ahora. También para minimizar el impacto y las consecuencias una vez pase. La crisis pasará, pero recuperar la normalidad requerirá de nuevas medidas e inversiones.
Este decálogo supone un llamamiento a la responsabilidad de tomar medidas adicionales que, más allá de los pasos ya dados, permitan avanzar e impedir con ello que se repitan las trágicas situaciones que con nombres y apellidos afectaron a tantas y tantas familias tras la crisis de 2008.
Pero, además, debe servir como punto de reflexión para plantear medidas más allá del corto plazo que planteen un sistema público por y para todos y todas. Un nuevo modelo para una nueva sociedad. 
Es el momento de protegernos, de cuidarnos, de dar respuesta colectiva y solidaria a una situación que requiere de medidas centradas en la atención sanitaria, social y económica de todas y cada una de las personas. Que la crisis no la paguen los y las de siempre. El sacrificio es común, también debe serlo el beneficio.
Esta crisis la salvamos en común.