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domingo, 5 de noviembre de 2023

"Hoy estamos en un momento de involución, los concursos vuelven a estar cuestionados por la clase política y volvemos al dedazo como sistema"

 

Diez años en este planeta: ¿pueden vivir el arte y la arquitectura de espaldas a los problemas del mundo?

Manuel Segade, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y el arquitecto y pensador Andrés Jaque intercambian opiniones en una charla por los diez años desde el nacimiento de ICON

Manuel Segade, director del Museo Reina Sofía:
"Hoy estamos en un momento de involución, los concursos vuelven a estar cuestionados por la clase política y volvemos al dedazo como sistema. Esto volverá a generar situaciones de amiguismos. En el extranjero es muy diferente"

martes, 31 de octubre de 2023

El Principado tuvo que contratar los servicios informáticos por la vía de emergencia al detectar una situación de grave peligro

 El Gobierno del Principado de Asturias tuvo que acudir a la vía excepcional y extraordinaria de emergencia, sin convocatoria pública previa, para contratar la prestación de los servicios informáticos de la Administración y de sus organismos, empresas y entes públicos, al detectar una situación de grave peligro en la prestación de dichos servicios

Así aparece recogido en el anuncio de publicación de la adjudicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de 21 de marzo de 2023, según el cual la situación de extrema urgencia detectada consistió en que “el contratista no está cumpliendo el contrato además de la imposibilidad del mismo para garantizar las medidas necesarias por razones de seguridad o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado provocan el nacimiento de una situación de grave peligro”

Recordamos que el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público prevé la tramitación de emergencia cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional.

De esta forma, el contrato fue adjudicado de forma directa, sin convocatoria pública, por importe, IVA excluido, de cerca de ocho millones de euros

A juicio de esta asociación, el Gobierno debe dar explicaciones exhaustivas sobre las circunstancias concretas que concurrieron para que se entrara en esa situación de “grave peligro”, teniendo en cuenta que el funcionamiento de los servicios informáticos de la Administración afecta de manera  decisiva a la correcta prestación de los servicios públicos y al tratamiento y control de los datos personales de todas las ciudadanas y ciudadanos de Asturias.

El problema de fondo, entendemos, consiste en que la Administración asturiana, mediante la privatización completa de sus servicios informáticos, ha perdido su soberanía tecnológica y la capacidad de disponer del conocimiento técnico y de los recursos humanos y materiales propios necesarios para garantizar la seguridad informática y el respeto de los derechos de la ciudadanía.

La sociedad asturiana merece una respuesta rápida y suficiente sobre lo sucedido

jueves, 5 de octubre de 2023

La competencia para conocer la impugnación judicial de los procesos selectivos de personal laboral de las Administraciones y entidades públicas retorna a la Jurisdicción Social

 Severino Espina Fernández

Blog El Consumo

4/10/2023

Poco duró la claridad, como poco dura la alegría en casa del pobre.

La impugnación de los procesos de selección del personal laboral contratado por  Administraciones y entidades públicas ha sido tradicionalmente una cuestión compleja jugando una partida de tenis en ese lance de competencias dos órdenes judiciales: el contencioso-administrativo, cuya competencia venía respaldada por el argumento de fondo de su especialización para conocer los expedientes administrativos toda vez que  un proceso de selección de personal laboral al servicio de la Administración posee la especialidad de seguir un trámite procedimental sustancialmente distinto a la selección de personal laboral llevada a cabo por una sociedad mercantil, y el orden social cuya competencia ,paradójicamente,  también se defendía por razón de la especialidad en cuanto al régimen laboral de los sujetos afectados: el personal laboral se rige por la normativa laboral existiendo un contrato de trabajo regulado por esa normativa y un convenio colectivo aplicable cuyo contenido resulta fiscalizable, en caso de conflicto,  por el orden laboral.

Fueron muchas las sentencias que atribuían la competencia ora al orden contencioso-administrativo, ora al orden social si bien este último orden parecía triunfar por efecto de la redacción del art. 3 de  la Ley de Jurisdicción Social en su redacción anterior a la reforma operada en 2021 de la que se tratará y, fundamentalmente, por la interpretación de esa norma contenida en la Sentencia núm. 438/2019, de 11 de junio,  dictada en Pleno por la   Sala Cuarta del Tribunal Supremo que atribuyó la competencia para conocer a la jurisdicción social  estas cuestiones. 

Ello no fue visto con buenos ojos por una buena parte de la doctrina ni tampoco por  el legislador quien optó para zanjar el tema  mediante un atajo fulminante y contundente: a través de la disposición adicional vigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2022, se introdujo una nueva letra f) en el art. 3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social,   a cuyo tenor resultaban excluidos de la competencia del orden social:

“[...]

f) Los actos administrativos dictados en las fases preparatorias, previas a la contratación de personal laboral para el ingreso por acceso libre, que deberán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo”.

El asunto ya estaba resuelto por fin: todas las actuaciones (otro problema ¿actos administrativos equivale a actuaciones?) relativas a procesos selectivos llevadas a cabo con anterioridad a la contratación del personal seleccionado volverían a conocerse por el orden contencioso-administrativo y las posteriores, por el orden social.

Parecía pacificarse el embrollo mediante esa disección de competencias en una solución salomónica: antes del contrato no existe relación laboral (la condición de empleado público en régimen laboral se adquiere precisamente en el momento de la firma del contrato), existen actos y actuaciones regidas por el derecho público (derecho administrativo) en cuanto a la formación de la voluntad de los órganos de selección y el expediente y  las actuaciones efectuadas deben fiscalizarse por juzgados y tribunales de lo contencioso-administrativo. Después de dicho momento, los asuntos deberán ser conocidos por el orden social. 

Pero no.

Promovida una cuestión de inconstitucionalidad por la Sala Octava de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Pleno del Tribunal Constitucional en su Sentencia 145/2022, de 15 de noviembre de 2022, arrojó un jarro de agua fría al intento de delimitar ope legis la cuestión competencial al estimar que la reforma operada de la Ley de Jurisdicción Social  no formaba parte del contenido propio o «núcleo esencial» de las leyes presupuestarias toda vez que “la atribución al orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los «actos administrativos dictados en las fases preparatorias, previas a la contratación de personal laboral para el ingreso por acceso libre» no tiene relación directa con el contenido propio de las leyes presupuestarias, ni es complemento indispensable de las mismas.

 
En consecuencia, el precepto quedaba anulado volviéndose a la situación anterior hasta la fecha: el orden social es competente en cualquier cuestión que atañese a la impugnación de procesos de selección de personal laboral en Administraciones y entidades públicas.

Así con la supresión del apartado f) del art. 3 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, a través de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional vigésima de la LPPGG para 2022, se da un giro de 180 grados retornando la situación anterior tal y como ratifica el TS en su Auto de 10 de enero de 2023 (Rec. 11/2022) dictada por su Sala Espacial de Conflictos de Competencia (F.D. 3º):

“El alto Tribunal (…) correlativamente concluye la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la disposición final vigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2022.

En consecuencia, erradicado dicho precepto del cuerpo procesal laboral, habremos de retornar a la situación precedente acuñada por la Sala, y que determinaba, por los razonamientos anteriormente indicados, residenciar la competencia en el orden social de la jurisdicción”.

Vuelta a la casilla de salida…..hasta la próxima reforma legal. 

miércoles, 4 de octubre de 2023

ALEJANDRO NIETO, IN MEMORIAM



Posted by Julio González García | Oct 3, 2023 


Alejandro ha fallecido en el día de hoy. 

Un jurista excepcional, como todos hemos tenido ocasión de comprobar ya sea en sus publicaciones ya sea en unas conferencias en las que no dejaba indiferente a nadie.

Su tesis doctoral sobre la “Ordenación de pastos, hierbas y rastrojeras” (1959), o su tan citado Bienes Comunales, de 1964 (con sus estudios muchos años después sobre el pleito de los bienes comunales de los montes de Toledo); anticipaban una calidad jurídica excelsa, que llega hasta sus últimos trabajos jurídicos.

Si hacemos un breve recorrido por su ingente producción científica, hay que citar sus obras más emblemáticas: la articulación de un Derecho administrativo sancionador proviene de su monografía y el “Arbitrio judicial” (2002) es la muestra de la mejor teoría del derecho. En este punto, también fue pionero su estudio sobre la inactividad administrativa y sus mecanismos de superación. 

Pero Alejandro es, también, un excelente conocedor de nuestra historia, desde la microhistoria de Tariego de Riopisuerga (1751-1799)  a su monumental Historia de la Regencia de María Cristina de Borbón -que le valió el Premio Nacional de Ensayo-, con su complemento sobre “los sucesos de Palacio” de 1843 -discurso de entrada en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, bajo un cuadro severo de Isabel II, protagonista de dichos sucesos-, al excelente libro sobre Mendizábal, o su antiguo estudio de Plinio. 

Historia y derecho fueron unidos. Sus “Estudios históricos de Administración y derecho administrativo” son un ejemplo excelente de lo que es pensamiento analítico y crítico de la evolución del Derecho administrativo y su captura por los abogados en detrimento del interés general. En esta línea, también se encuentra el Derecho como límite del poder en la Edad Media.

De igual forma, el Derecho extranjero recibió su interés, tanto el estadounidense como el alemán o el francés. Y también hay que citar el género epistolar, en sus cartas con Tomás Ramón Fernandez, que dieron lugar a ese magnífico libro, “El Derecho y el revés”. Un género que no dejó de cultivar en privado con algunos de los que le hemos acompañado.

Un gestor público de la Universidad -Director de Departamento, Decano y Vicerrector en diversas universidades- y de la ciencia, siendo Presidente del CSIC en la transición. Asimismo, un gran conocedor de la Administración, su modernización, la burocracia y la administración prusiana. Pero son capitales (por usar una expresión tan suya) los trabajos sobre el desgobierno, judicial y de la administración, de lo público en general, y sobre la corrupción en la España democrática

Incluso, hay que recordar que fue un adelantado en el uso de la informática en las facultades de derecho aunque siguiera escribiendo las primeras versiones de sus escritos con su pluma. La calidad literaria tiene ahí su fuente.

Como se puede ver en estas líneas, su producción es inabarcable y un ejemplo para todos sus discípulos; incluso cuando renegaba del derecho, las leyes y los jueces. En los últimos tiempos, su interés jurídico (que no era el prevalente, ya que tenía un pie y medio en la historia) estaba en el Derecho practicado, más allá de las normas y las teorías. La última tesis que dirigió,  la de Roser Andreu, precisamente, es un ejemplo de ese derecho practicado en el campo de la transparencia administrativa.

Y sus escritos en los medios de comunicación, reflejan el desgarro por lo que él veía de desgobierno de lo público. Su “España en astillas” es un recopilatorio muy recomendable.

Su carácter universitario, se ve, entre otros aspectos, en que fue el impulsor de un seminario que pasó por diversas etapas en todas las Universidades en las que estuvo y que, en lo que hemos vivido en la UCM, que ahora dirige Carmen Chinchilla, es espectacular y que servía para que sometiéramos todo a la crítica. La cura de humildad del universitario que vive en su burbuja. Eso también era enseñanza universitaria. Haber sido director de departamento, decano y vicerrector muestra lo relevante que era para él hacer que otra universidad fuera posible.

En este sentido, el despacho 428 de la Facultad de Derecho de la UCM, nuestro despacho, el de Margarita, Alejandro y mío, fue testigo de muchas conversaciones a cada cual más interesante. Un despacho que también recuerda las primeras sesiones del seminario UCM y en las que hay que recordar a Jordi Nonell. Una experiencia que todos cuentan por igual en todas las Universidades en las que estuvo, en La Laguna, en la Autónoma de Barcelona o en Alcalá, antes de llegar a la UCM. Avelino Blasco, puede dar pruebas de ello en su paso por la UAB y Alcalá.

Para mí, no era sólo mi director de tesis. De hecho, aunque me marcó como jurista y como profesor de universidad e incluso como gestor público (recuerdo ese cuadro de juristas que me regaló cuando me nombraron Secretario General de la UCM, “para que te vigilen en el día a día” me dijo cuando me lo dio) no es lo más relevante.  

Nuestra relación es de hace muchos años, los que yo tengo, en donde él dio lo mejor que tenía; que era mucho. Estuvo en todos mis momentos universitarios y personales importantes, los buenos y los malos. Esto habla de su gran generosidad personal, incluso para perdonar mis ausencias excesivas de estos años. Una amistad que es equivalente a la familiar, aunque sea por el hecho de que mis padres y Alejandro y Erna compartieran piso en Madrid. 

Pero esto se transformaba, además, en una gran generosidad intelectual para forzarme a dar un paso más y no quedarnos en lo conocido, algo que iba más allá del derecho y lo que estuviera escribiendo en ese momento. El valor de dudar y el valor de criticar. No valía el siempre se ha hecho o dicho así. Ese valor intelectual, al tiempo que su capacidad para reinventarse, es una enseñanza imperecedera.

Por ello valoro mucho el sentido de la amistad que desarrollamos especialmente en aquellos viajes en coche después de las clases. La amistad es crítica, es de consejo, de comprensión y de conversación. Esto fue lo que tuvimos en el último viaje que hicimos juntos, un regalo que tuve desde Granada, hablando de todo y de nada y de lo que nos estaba ocurriendo. 

Por ello, el sentimiento es el de una inmensa tristeza y el de la fortuna por lo vivido y aprendido.

miércoles, 13 de septiembre de 2023

El abuso de la discrecionalidad en el empleo público de las Administraciones locales: una praxis negativa para una Administración moderna

28/06/2023
  

https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1514065


El presente trabajo pretende ahondar en las perniciosas relaciones entre el abuso de la discrecionalidad política y la corrupción. Aunque se ha avanzado en el marco integral de lucha contra la corrupción y buen gobierno, todavía sigue habiendo espacios para el nepotismo, la politización de la administración y el uso excesivo de la libre designación en el ámbito del empleo público. Una administración ejemplar debe servir los intereses generales con objetividad, eficacia, transparencia y eficiencia. Ante ese reto, todavía resta mucho por hacer.

Victoria Rodríguez-Blanco es profesora de Ciencia Política en la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Vicente Díez Machín es Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Elche.

El artículo se publicó en el número 10 de la Revista Documentación Administrativa (INAP, enero-junio 2023)

 

domingo, 20 de agosto de 2023

El Gobierno del Principado no puede nombrar subdirectores generales sin aprobar previamente un reglamento que regule su estatuto jurídico

Ante el debate que se ha abierto sobre la nueva figura de los "subdirectores generales" y, más en concreto, sobre los fines que justifican su creación y sobre su condición o no de altos cargos, esta asociación quiere hacer las siguientes consideraciones:

- No es cierto que los subdirectores generales se creen con el fin de suprimir o reducir "trabas burocráticas". La exposición de motivos de la Ley asturiana 2/2023, de Empleo Público, señala que este personal directivo "se concibe para una mejor promoción, desarrollo y ejecución de las políticas públicas, bajo los principios de responsabilidad, discrecionalidad y confianza". En este sentido, el artículo 10.5 establece como funciones de este personal directivo "ejecutar aquellos planes , proyectos, objetivos o actividades que le sean asignados, impulsar decisiones adoptadas por los órganos superiores y proponer nuevas actividades de mejora o innovación"

La "supresión de trabas burocráticas" tiene un procedimiento y una organización específica destinada expresamente a tales fines, regulada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de enero de 2017, por el que se crea la Comisión de Simplificación Administrativa, se establece su composición, funciones y metodología de trabajo, y se aprueba el Plan de Trabajo Inicial para la Simplificación Administrativa y la Reducción de Cargas Burocráticas.

Dentro de esta Comisión, se incluye un Grupo.de trabajo de simplificación normativa transversal y otro Grupo de trabajo específico para la reducción de trabas administrativas a empresas, al que corresponde el estudio y análisis permanente de los procedimientos y trámites aplicables a la creación y consolidación de empresas en el seno de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, así como elaborar informes para la simplificación administrativa y la eliminación de trabas burocráticas en dicha materia.

Dicha Comisión ha elaborado un Manual de simplificación administrativa en el Principado de Asturias, en el se establece un amplio abanico de medidas para mejorar la tramitación administrativa, señalando la necesidad de someter los resultados a un proceso de evaluación.

En consecuencia con ello, la reducción de trabas y cargas administrativas innecesarias cuenta ya con  mecanismos y órganos específicos destinados a esos fines, con un programa de actuación con sus correspondientes hitos. Queda por conocer la evaluación de ese proceso y los resultados que ha dado en estos casi seis años de aplicación.

Duplicar estos mecanismos con nuevas estructuras organizativas sería un auténtico disparate, que solo conduciría a incrementar la burocracia y aumentar el gasto público superfluo.

- En cuando a la consideración o no de los subdirectores como altos cargos, sin perjuicio de que se trata de una cuestión más nominalista que con trascendencia práctica real, el artículo 27 e) de la Ley asturiana de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, establece claramente que son altos altos cargos los titulares de los puestos que mantengan una relación laboral especial sujeta al régimen aplicable al personal de alta dirección. Este es el  caso de los subdirectores generales que no sean personal funcionario, los cuales conforme al artículo 10.2 de la Ley 2/2023, estarán sometidos a una relación laboral de carácter especial de alta dirección, 


Sin perjuicio de todo lo expuesto hasta ahora, lo más relevante en este momento respecto de la nueva figura de los subdirectores generales, es que no es posible su nombramiento sin que previamente se regule reglamentariamente "el estatuto del personal directivo profesional, los criterios que deben conformar el programa anual de objetivos, el principio de rendición de cuentas, la formación específica obligatoria para el desempeño de los puestos directivos, así como todos aquellos aspectos que sean necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en este precepto", tal y como exige el artículo 10.7 de la Ley 2/2023

Hay que recordar que ese personal directivo debe estar sujeto, por  exigencia legal del artículo 10.1, "a rendición de cuentas y control de resultados con arreglo a parámetros y criterios objetivos"

El contenido y alcance de la fijación de objetivos, de la rendición de cuentas y el control de resultados, debe ser regulado y desarrollado obligatoriamente en un Reglamento específico, tal y como exige la ley.

Efectuar nombramientos de subdirectores generales sin la regulación reglamentaria previa de su estatuto jurídico sería una grave irresponsabilidad


miércoles, 9 de agosto de 2023

Agora’l tren de la bruxa Cremallera

 


Hebo un accidente d’importancia na estrada de los llagos de Cuadonga que nun acabó en traxedia por namás qu’otra medio vuelta campana. De manu, naide tien la culpia: la empresa aseguraba que la razón nun taba nel coche, los profesionales que nun taba nel xofer y’l gobiernu asturianu que nun taba na vía. Si eso ye asina, nun pasaría nada: un simple accidente como hai tantos en tantos sitios. Pues entós nun sabemos cómo desplicar que, dos díes dempués, Alejandro Calvo, conseyeru de fomentu, diz que “van revisase tolos vehículos con autorizaciones pa evitar qu’haiga un mal usu d’elles”. Y tres díes dempués deciden prohibir l’accesu a vehículos privaos nel branu y en díes de gran afluencia. Al empar Raquel Casado, de la Dirección Xeneral de Tráficu diz que “esta ye una carretera complexa y pelligrosa pa cualisquiera y entá más pa vehículos pesaos”. Pela so parte, Javier de los Ríos, d’Alsa, desplica que “la de Cuadonga ye una estrada singular que requier un tratu diferencial”. ¡Vaya!, que dalgún problema “estructural” sí que paez qu’hai. De fechu, hai yá venticincu años qu’el conceyu de Cangues d’Onís prohibiera subir autobuses a los llagos, non por un accidente, sinón porque la invasión turística amenazaba l’entornu natural. ¡Hai venticincu años!, cuando’l conseyeru Calvo tenía 23 años y’l presidente Barbón 19. Ye de suponer que dalgo estudiaríen dende entós.

Lo que ye cierto como la lluz del día ye que n’Asturies tenemos un modelu turísticu y un sistema tresportes insostenibles y pelligrosos.

Ye más: nuna carta pública de cincuenta profesionales del tresporte podemos lleer que “llevamos años quexándomos pol escesivu tráficu (...), cada añu observamos que nun tomen medida dalguna pa ameyorar la xestión (...), les cunetes tan reventaes práuticamente na so totalidá (...) el tramu ente Enol y La Ercina ta nun estáu llamentable (...), hai un gotéu costante de coches baxando en grupu, especialmente ente les diez y media y la una, cuando más autobuses suben”. Eso sí, Alsa diz qu’esti siniestru nun se diera cuando se cruzaben dos autobuses, lo que puede ser verdá, pero que los cruces en curves estreches, cerraes y ensín cuneta son normales cada poco tiempu tamién ye verdá.

¿Nun sería más llóxico ameyorar la carretera, poner un tope de visitantes y dotar al parque d’un serviciu públicu de microbuses que, evidentemente, va ser rentable?

Lo que ye cierto como la lluz del día ye que n’Asturies tenemos un modelu turísticu y un sistema tresportes insostenibles y pelligrosos. En dengún país medianamente bien xestionáu se ven les coses que vemos equí nun espaciu que, teóricamente, tien la máxima proteición llegal. Pero con una política que, lloñe de daprender de los desastres d’otros llugares, sigue’l camín d’un turismu masivu que ta convirtiéndose nun problema de primer orde les coses van dir a peor. A la xentrificación y asaltu a les villes y ciudaes, a la apropiación xeneralizada del patrimoniu material por parte d’intereses foriatos, a la masificación de los entornos históricos y culturales, vien unise una depredación del mediu natural, exemplarizable en Los Picos d’Europa, con atascos de tráficu y docenes d’autobuses nun parque nacional, y miles de persones invadiendo ecosistemes fráxiles. Esi ye l’asuntu y ehí ta’l debate. Pero habrá qu’esperar a que tengamos venti o trenta muertos d’una tacada pa que dalguién faiga dalgo.

¿Nun sería más llóxico ameyorar la carretera, poner un tope de visitantes y dotar al parque d’un serviciu públicu de microbuses que, evidentemente, va ser rentable?

Agora reábrese’l debate sobro’l tren cremallera, esto ye, más pavimentación y más obra civil nel parque nacional y, evidentemente, manteniendo la carretera que, llóxicamente, seguirá utilizándose. Tren y carretera: más masificación aparentando menor impautu. Diz el presidente qu’esi tren cremallera sería una bona iniciativa, “sobro tóo pa desestacionalizar el turismu”, ¿Qué doutrina económica sigue Barbón pa llegar a la conclusión de que la desestacionalización vien determinada pol tipu tresporte? ¿Los turistes deciden cuándo venir de vacaciones a Asturies en función de si a Cuadonga hai tren, autobús, helicópteru o zepelín? Y resulta qu’al final, Los Picos d’Europa van ser la rexón asturiana con meyor serviciu ferroviariu, mientres la rede pública muerre miserablemente.

Porque tamién hai equí una decisión privatizadora. ¿Nun sería más llóxico ameyorar la carretera, poner un tope de visitantes y dotar al parque d’un serviciu públicu de microbuses que, evidentemente, va ser rentable? ¿O ye qu’el monopliu d’Alsa ye dalgo sagrao y, si nun lu tien per carretera, que lu tenga per vía férrea? L’otru gran sector del oligopolismu asturianu, la patronal turística, ta tamién a lo mesmo. El so presidente, Álvarez Almeida, entrugaba retóricamente sobro lo del tren: “si nel mundiu los hai, ¿por qué n’Asturies non?” ¡Vaya razonamientu! ¿Y si n’África trabayen neños de siete años nes mines, porqué n’Europa non? Pues, yendo a lo primero, porque nunos casos nun hai carretera y notros casos fueron soluciones de los años cincuenta, con problemes distintos y ensín saber de los sos efeutos perversos. Amás, munchos países dexaron de recurrir a ello, como Suiza y Austria, ensín dir más lloñe, países bastante más desarrollaos y que tienen n’alta montaña un recursu turísticu primordial. Ye que nesos países nun tienen la suerte d’un gobiernu como l’asturianu, una patronal turística como l’asturiana y un monopoliu priváu de tresporte como l’asturianu.

 

martes, 1 de agosto de 2023

EL BAILE DE LOS ALTOS CARGOS


Blog La Mirada Institucional

Rafael Jiménez Asensio


 “El Gobierno necesita pensar en el porvenir”

(Harold J. Laski, La gramática de la política, Comares, 2002, p. 376).

En época electoral hay que cuidar mucho lo que se escribe. La sensibilidad está a flor de piel, más aún en un país altamente polarizado, sin espacios intermedios, que se han achicado hasta la extinción. Sin embargo, hay un tema por el que la atención mediática está pasando de puntillas, siempre más preocupada por el ruido de la política que por su (in)efectividad.

En España, tras el 28 M, se han renovado las mayorías políticas en varias de las Comunidades Autónomas que celebraron procesos electorales. Esa renovación ha alcanzado también a innumerables Ayuntamientos y, asimismo, ha llegado a Diputaciones provinciales y otros gobiernos locales intermedios. Y, donde no ha habido alteraciones de mayorías, ha habido cambios de caras y, asimismo, se advierte un apetito de las fuerzas políticas minoritarias por entrar, allí donde puedan, a morder poder; esto es, a capturar para su particular cesto político cargos públicos que repartir entre sus acólitos y responsabilidades públicas que conlleven presupuesto o permitan ser escaparate de la acción política, aunque a veces tensando la cuerda hasta lo indecible, cuando no tomando medidas estrambóticas que repugnan la más mínima cordura.

Ha llegado, por tanto, época de cambios no solo en las estructuras gubernamentales, sino también, por efecto dominó, en una amplísima nómina de altos cargos y asimilados, de personal directivo de las densas y espesas entidades del sector público autonómico y local, así como de la amplia y extensa nómina de asesores; un personal eventual que aún se sigue configurando  con el oscuro e impropio manto “funcionarial”. Lo cierto es que, de ahí los nervios, hay muchísimas poltronas a repartir, sin contar las que vendrán luego de esas también múltiples entidades que cínicamente y sin ningún rubor nuestras leyes llaman “autoridades o administraciones independientes”, (casi) absolutamente colonizadas por los apetitos políticos, que los diferentes partidos utilizan (en espurios y cerrados acuerdos propios de un cártel) para desactivar de raíz un sistema de pesos y contrapesos que en este país nunca ha funcionado, y no lo hará milagrosamente de repente ni tampoco de forma fácil.  

España, con sus multiplicados gobiernos y administraciones territoriales, así como con su cultura política caciquil revestida de clientelismo, ofrece (junto a Italia, incluso superándola) una evidente singularidad europea en lo que a intensidad de la colonización de la alta administración por la política respecta. Esa categoría tan hispana, además con reflejo incluso constitucional, de los altos cargos, luego acogida con fervor por las leyes, ha ido ensanchando su perímetro y número hasta adquirir tintes de figura propia de una obesidad mórbida. Pronto la política percibió que debía ampliar su capacidad de penetración en las estructuras gubernamentales y administrativas, y en línea con el spoils system aplicado castizamente penetró con descaro en el virginal cuerpo administrativo con la pretensión de llegar (casi) a sus entrañas. No lo pudo hacer del todo, porque esa voraz política colonizadora tropezó con el aparente valladar de una cada vez más desfigurada y empobrecida función pública profesional (que bien ha procurado la política siempre reducirla a cenizas; y a fuer de ser sinceros lo está casi consiguiendo). Ese pretendido dique de contención de la función pública profesional tenía de siempre agujeros negros que se han ido ampliando, tales como aquellos que toleran nombramientos discrecionales por libre designación y libre cese en la alta función pública, por mucho que se empeñen los tribunales de justicia de poner puertas al mar. También el número de tales nombramientos ha crecido sin medida. La confianza política o personal es su motor. La pérdida de esa confianza, su muerte civil. Hablar de Administración pública profesional con esos mimbres, es un insulto a la inteligencia.

TEXTO COMPLETO AQUÍ

viernes, 30 de junio de 2023

Declara el TS que, en la selección de los empleados públicos temporales, resulta compatible con los principios de igualdad, mérito y capacidad, establecer como criterio de desempate la prioridad de la inscripción de los candidatos en la oferta de empleo

 

https://laadministracionaldia.inap.es/

30/06/2023

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Resuelve la Sala si, en la selección de los empleados públicos temporales tramitadas a través de los servicios de empleo de las Administraciones Públicas y por la que basta para la selección el cumplimiento de los requisitos específicos de la oferta de empleo público fijados por el órgano convocante y la disponibilidad, resulta compatible con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, establecer, como criterio de desempate, el relativo a la prioridad de la inscripción de los candidatos en la oferta de empleo público.

Iustel

Para resolver el litigio el Tribunal examina la Instrucción 1/2021 de la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo, conforme a la cual, antes de acudir al desempate, las solicitudes de empleo se ordenan por los criterios registrados como valorables y por la evaluación de disponibilidad. El desempate solo juega en casos en que la aplicación de los anteriores criterios arroja el mismo resultado para una pluralidad de solicitantes, y que conduce a que determinadas solicitudes, con independencia del plazo previsto para ello, reciban una misma valoración. Concluye que el servicio de empleo puede servirse como criterio de desempate el de la prioridad en la presentación de solicitudes para una determinada oferta procedente de las Administraciones Públicas siempre que se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad.

miércoles, 14 de junio de 2023

El Tribunal Supremo decidirá si es nula la relación de puestos de trabajo de la Administración del Principado


El pasado 25 de mayo el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, en el que se decidirá si la vigente relación de puestos de trabajo (RPT) de la Administración del Principado, aprobada por Acuerdo de 7 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, debe declararse nula y sin efecto.

La cuestión que el Tribunal Supremo declara de interés casacional y sobre la que versará la futura sentencia es “si la determinación en sentencia firme, de la nulidad de una disposición general de la que trae causa la Relación de Puestos de Trabajo aprobada implica, de modo necesario, la nulidad de la misma”

La sentencia firme de nulidad a la que se refiere el Tribunal Supremo es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) el 8 de junio del año 2020, estimando en su totalidad el recurso interpuesto por dos miembros del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, por la que declaraba nulo de pleno derecho el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2018 por el que se aprobaron las directrices para la ordenación y clasificación de los puestos de trabajo, con carácter previo a la convocatoria del concurso de méritos para la provisión de los puestos de trabajo de la Administración del Principado de Asturias ( ver aquí)

Tras la aprobación de estas directrices, posteriormente declaradas nulas por sentencia firme, el Consejo de Gobierno aprobó la RPT con fecha 7 de junio de 2019 y convocó un concurso de méritos para cubrir 1.340 puestos de jefatura el 12 de junio de 2019.

El Auto del Tribunal Supremo de 25 de mayo señala en su “hecho segundo” que el Colegio Profesional recurrente argumenta en su demanda que, dado que se ha decretado por el TSJA la nulidad de pleno derecho de las Directrices para la ordenación y clasificación de los Puestos de Trabajo, si no existe la disposición general en la que se base y en cuya aplicación se ha decretado el acuerdo de aprobación de la RPT , es evidente de dicha nulidad conlleva la nulidad del  Acuerdo de aprobación de la RPT, ya que cuando los actos dictados en aplicación de una disposición ilegal no han alcanzado firmeza, como ocurre en este caso, la nulidad de la disposición arrastra e implica la nulidad de los actos dictados en su aplicación.

Dicho más resumidamente, la nulidad de las Directrices debe llevar aparejada la nulidad de la RPT dictada en aplicación de las mismas.


Esta es la segunda cuestión de enorme transcendencia  en relación con la gestión del empleo público en el Principado de Asturias, sobre la que se pronunciará el Tribunal Supremo en los próximos meses.

Como informaba esta asociación el pasado 22 de marzo,  el Tribunal Supremo admitió a trámite, mediante Auto dictado el 23 de febrero (ver aquí) un recurso de casación interpuesto por un funcionario público del Principado de Asturias frente a las bases de la convocatoria del concurso de méritos para cubrir más de 1000 puestos de jefatura vacantes (de servicios, secciones y negociados), finalizado mediante resolución publicada en BOPA de 31 de marzo del año 2022; que de ser estimado, determinaría también la nulidad de la resolución de adjudicación, obligando a la Administración del Principado de Asturias a realizar una nueva convocatoria pública (ver aquí)

Toda la estructura de puestos de trabajo y la adjudicación de miles de puestos de jefatura quedan pendientes de la próxima resolución de estos dos recursos de casación.

Estaremos atentos al desenlace

VER AUTO COMPLETO DE TS AQUÍ

viernes, 26 de mayo de 2023

El Principado, única comunidad que oculta los datos sobre la situación de sus centros de atención primaria

 El SESPA, dirigido por Concepción Saavedra, número dos de Adrián Barbón, no facilita a la Fundación Civio información sobre centros de salud.

La Fundación Civio publica esta semana un macroestudio sobre la situación de la atención primaria en España. La entidad sin ánimo de lucro y dedicada a la fiscalización de los organismos públicos ha dibujado un mapa por comunidades autónomas y áreas de salud para dar a conocer el grado de presión de 1.487 centros de atención primaria, es decir pacientes vistos por día en los servicios de medicina de familia, pediatría y enfermería de los ambulatorios españoles.

Si bien es conocida la fuerte saturación de los centros de salud en toda España, Civio desvela por primera vez con exactitud cuál es la media de pacientes vistos al día en todo 2022. La excepción es Asturies, y no por sus buenos datos. La comunidad autónoma es una zona en blanco en el exhaustivo mapa elaborado por la Fundación. ¿El motivo? El SESPAServicio de Salud del Principado de Asturias, cuya gerente es Concepción Saavedra, número dos de la lista electoral de Adrián Barbón, se ha negado a facilitar la información necesaria para el estudio de Civio, que se ampara en la obligatoriedad de proporcionarlos establecida en la Ley de Transparencia.

Desde la Fundación señalan que el Principado “es la única comunidad que se ha negado a darnos las cifras que solicitábamos. Aunque es una mala noticia, lo cierto es que hemos avanzado mucho en transparencia respecto a lo conseguido en noviembre de 2022. Por aquel entonces, cuatro regiones rechazaron concedernos el acceso a los datos de presión asistencial (junto con Asturias, lo hicieron Cantabria, Galicia y Cataluña)”.

Ángela Bernardo, subdirectora de Civio, ha señalado en declaraciones a NORTES que desde la Fundación pidieron los datos al SESPA, y que desde este se enviaron 15 páginas relativas a algunos días de febrero de 2023, cuando desde la entidad se había reclamado “información completa de 2022”. Civio hizo un segundo requerimiento “en tiempo y forma” que tampoco fue atendido, por lo que decidieron publicar el mapa con los datos asturianos en blanco. “Ahora nos ha llamado la dirección general de Transparencia de Asturias. Esperamos que sirva para resolverlo”, ha señalado Bernardo.

No es la primera vez que el Principado se niega a colaborar en estudios sobre la calidad de servicios públicos. También se ha negado a facilitar los datos sobre muertes en residencias de mayores durante el primer mes de la pandemia.