Frente al clientelismu y la manipulación política, otra Función Pública n´Asturies Ye Posible.
El día 5 de noviembre del 2008 se constituyó el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (COFPA), como asociación abierta a todos los trabajadores pertenecientes a las diferentes Administraciones Públicas existentes en Asturies.
COFPA es una asociación al servicio del interés general y no un grupo corporativo, ni una central sindical.
cofpas@gmail.com
En el cuarto trimestre de 2022, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el número total de empleados en el sector público en el conjunto del territorio nacional fue de 3.526.200 personas; de ellas, 1.064.300 bajo contrato o régimen de servicio temporal.
Ello supone un 30,2 %, lo que en términos generales significa que 1 de cada 3 empleados en el sector público es temporal.
La tasa de temporalidad en el sector público duplica actualmente la del sector privado, que apenas alcanza el 15 % (un 14,8 % según el INE).
Los planes y procesos de estabilización de plantillas, además, no sólo no están contribuyendo a eliminar la escandalosa tasa de temporalidad en la Administración, sino que a consecuencia del generoso plazo para su ejecución (hasta finales de 2024) han contribuido a crear un tapón en cuanto a la eliminación de este lastre, consiguiendo incrementar exponencialmente dicha temporalidad, básicamente por dos motivos: por un lado, porque las plazas convocadas y anunciadas a bombo y platillo en este proceso -fruto de la improvisación legislativa y que origina graves desigualdades entre el conjunto de empleados públicos ocasionando también serios problemas de seguridad jurídica- constituyen sólo una mínima parte de las plazas que deberían ofertarse para cubrir el desmantelamiento de los servicios públicos llevado a cabo en los últimos 10 años mediante la congelación y supresión de empleos.
De otra parte, por la propia naturaleza del proceso, toda vez que las Administraciones están congelando o reduciendo a su mínima expresión las ofertas públicas de empleo que no estén vinculadas a los procesos de estabilización cuyo plazo legal de ejecución finaliza en 2024.
Mientras tanto, las necesidades estructurales siguen cubriéndose con personal temporal y la bola de la temporalidad en la Administración –que, sin asomo de vergüenza, exige al sector privado acabar con los contratos temporales- sigue hinchándose.
El trasvase ha sido constante y se aceleró tras la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que carece de un régimen específico de incompatibilidades para su personal, a diferencia de la CNMV
Más de 70 ex cargos de los reguladores de energía, telecomunicaciones o Competencia han pasado al sector privado en las dos últimas décadas, en un goteo constante que se intensificó con la fusión de esos organismos hace casi diez años en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo carece de un régimen específico de incompatibilidades para su personal, a diferencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esto facilita el trasvase en muchos casos.
Entre esas más de 70 personas hay antiguos presidentes, consejeros y personal directivo y predirectivo de la CNMC y los organismos que engulló: Tribunal y Servicio de Defensa de la Competencia (TDC, SDC) y comisiones de Competencia (CNC), Energía (CNE) o Telecomunicaciones (CMT). Dos tercios del total han tenido como destino compañías del Ibex o participadas por firmas del selectivo. 17 personas han acabado en grandes empresas ajenas al selectivo. 22, en bufetes o consultoras.
Más de un 40% de las salidas son desde el área de la energía. Y la mayoría son antiguos puestos directivos de los reguladores, más numerosos en esos organismos que los consejeros.
Un ejemplo reciente, y para un cargo que requiere del plácet del Gobierno, es el de Raúl Yunta, presidente del operador del mercado ibérico del gas, Mibgas. Histórico de la CNE, en 2019 pasó de subdirector adjunto de Gas de la CNMC a pilotar esa empresa que controlan las energéticas. Este técnico sustituyó al primer presidente, Antonio Erias, catedrático y exdiputado del PP muy cercano a Mariano Rajoy que dejó una polémica gestión tras de sí.
El último caso ha sido el de Paloma Espeja, subdirectora adjunta de Mercado Minorista de la Subdirección de Electricidad de la CNMC hasta diciembre. Tras 22 años en el regulador (antes, la CNE), ha fichado por Iberdrola, como avanzó Cinco Días. Allí es nueva responsable de Supervisión Regulatoria de Mercado Ibérico, según su LinkedIn. Ha engrosado la nómina de ex directivos de esos organismos (cerca de medio centenar de personas con una elevadísima especialización) que han saltado al sector privado.
También lo han hecho María Fernández, ex vicepresidenta de la CNMC, y Reyes Aguado, su ex jefa de gabinete y hasta hace poco asesora jurídica en el 'súperregulador'. Han creado etali'a, definida en su escueta web “en construcción” como “consultora estratégica y regulatoria especializada en el análisis económico y jurídico de los mercados, que proporciona a empresas y sector público soluciones a problemas complejos”. Fernández ya fichó a finales de 2020, nada más dejar la CNMC, por Ramón y Cajal Abogados como of counsel para liderar su recién creada unidad de asesoramiento en gestión de fondos europeos.
Meses antes llegó el primer paso a lo privado de un ex vocal de la CNMC. Idoia Zenarruzabeitia, ex consejera autonómica del PNV, ex de la CNE y luego en la CNMC hasta 2017, recaló en CAF, adjudicataria de los trenes de Renfe que no caben por los túneles en varios trazados del norte de España. Esta compañía vasca tenía entonces un expediente sancionador abierto de la CNMC. Fue resuelto con multas millonarias en 2021.
También en 2020 acabó su mandato en la CNMC el consejero y ex diputado de CIU Josep María Guinart. En noviembre se convirtió en consejero de la Presidencia de la patronal Foment del Treball junto a, entre otros, el ex ministro socialista Valeriano Gómez, el popular Vicente Martínez-Pujalte o la ex consejera catalana Elsa Artadi. Y en 2020 Duro Felguera nombró presidenta a Rosa Aza, primera y última presidenta de la Comisión del Sector Postal que engulló la CNMC en 2013, y luego al frente de la Autoridad Portuaria de Gijón.
Este trasvase viene de muy atrás. Es llamativo repasar el organigrama directivo de la CNE en 2003 dos décadas después. Casi todos están hoy en lo privado: del secretario del consejo, Alfonso González-Espejo, abogado del Estado y hasta octubre socio de Regulación y Cumplimiento de KPMG, a cinco de los siete directores generales.
Así, en 2004 se fue a la actual Naturgy el director de Gas de la CNE, Antonio Blanco; en 2005, Pablo Blanco, abogado del Estado y jefe de la Asesoría Jurídica de la CNE, fichó por Repsol; en 2010 KMPG contrató al director de Energía Eléctrica, Carlos Solé, hoy socio de Energía y Recursos Naturales de la firma; y un año después, el director de Relaciones Institucionales de la CNE, Rafael Durbán, pasó a ocupar el mismo puesto en Endesa. El director de Petróleo en 2003, Pedro Miras, preside hoy el World Petroleum Council, foro internacional que representa a ese sector en todo el mundo, tras dirigir casi una década la Corporación de Reservas Estratégicas.
Fuera del ámbito energético, otros casos recientes son los de María López Carracelas, jefa de Asuntos Internacionales para Telecomunicaciones y Audiovisual en la CNMC hasta que en 2018 fichó por Facebook como EU Public Policy Manager. O Carlos Pascual, subdirector de Estudios e Informes de la CNMC hasta que en noviembre de 2014 pasó a ser socio de Economía, Competencia y Regulación de KPMG.
Ese año, María Jesús Mazo, ex subdirectora en la Dirección de Competencia de la CNMC, se incorporó al Consejo General del Notariado. Un movimiento similar al que tomó en 2020 Carlos Balmisa, ex director de Control Interno de la CNMC y actual secretario del Colegio de Registradores, y el que tomó también ese año José Antonio Perales, abogado del Estado que pasó por la CNE (2012-2013) antes de recalar en el Ministerio de Agricultura.
En 2013, Carlos Martín, histórico de la CNE, abandonó la Subdirección de Biocarburantes y Sostenibilidad de la recién creada CNMC para fichar por la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), patronal de las petroleras, como director Técnico y de Medio Ambiente. Y Pablo Villaplana, hasta entonces director de Mercados Derivados de la CNE, recaló en OMIE, la empresa que gestiona el pool eléctrico que controlan energéticas y bancos. Siguió la estela de Rafael Gómez-Elvira, director de Asuntos Europeos de la CNE hasta 2012.
En 2011 dejó la CNC Isabel Sánchez García, ex directora de Promoción de la Competencia y ex de la CNE, para ser nombrada consejera independiente de Enagás. La dueña de los gasoductos, la más activa en estos movimientos, también fichó en 2009 a José Miguel Aguado, que pasó de la jefatura de la Dirección de Asesoría Jurídica de la CNE a esa empresa del Ibex. Allí coordina el área de Servicios Legales.
Otros casos ya lejanos en el tiempo son los de Alberto de Frutos, ex subdirector de Regulación de la CNE fichado en 2008 por la actual Naturgy; o Enrique Vicent, que en 2005 pasó de director de Regulación y Competencia de la CNE a Endesa. Los más veteranos del sector recuerdan cómo hace más de dos décadas el director de Energía Eléctrica de la CNE, Carlos Batlle, fichó tras unos meses en la consultora Nera por Iberdrola. Allí fue muchos años director de Regulación y director de Políticas Energéticas y Cambio Climático.
La supervisión de telecomunicaciones ha sido también cantera para al menos 25 antiguos profesionales de esos organismos que acabaron en lo privado. La mayoría, ex consejeros, pero también directivos como Teresa Arcos, directora de Asuntos Internacionales de la CMT hasta que en 2007 fundó la patronal Redtel, de la que fue secretaria general. Técnico comercial, pasó luego a Orange y volvió en 2020 a lo público como directora General de Telecomunicaciones. Duró poco: desde 2021 es consejera independiente de Enagás.
Un año antes, Sylvia Alonso pasó de directora de Internacional de la CMT al mismo puesto en Telecom Italia, para luego recalar en el bufete Cremades como socia y acabar fundando su propio despacho. Otro caso más lejano es el de José Fernández Beaumont: de director de Comunicación y Publicaciones de la CMT pasó a compatibilizar la docencia con su trabajo en Fundación Telefónica, a la que representó en una comparecencia en el Senado en 2010.
Sin incompatibilidad
Fuentes oficiales del 'súperregulador' señalan que “todo el personal de la CNMC cuenta con salvaguardas que tratan de evitar los conflictos de interés”, con un código de conducta y la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública. “Contamos con instrumentos legales, estatutarios y/o contractuales para hacer frente a esta cuestión”.
Otras fuentes consideran que un incentivo a estos traspasos es la inexistencia de un régimen de incompatibilidades para el personal de la actual CNMC, como no existió para los directivos de las extintas CNE y CMT. Los altos cargos de la CNMC (presidente, consejo, secretario del consejo, directores de instrucción y secretario general) están sometidos al régimen general de incompatibilidades de altos cargos, de dos años tras el cese que fiscaliza la Oficina de Conflictos de Interés. Pero de ahí para abajo, no hay cortapisas, a diferencia de lo que ocurre en la CNMV.
El reglamento de régimen interior de la CNMV tiene un régimen especial de incompatibilidad para el personal “que, por razón del puesto desempeñado, hubiese intervenido de forma decisiva en un asunto de relevancia para una entidad privada”. “No podrá, durante los dos años siguientes a tal intervención, prestar servicios en la entidad afectada o las pertenecientes a su mismo grupo. El carácter decisivo de las intervenciones y su relevancia serán apreciados por el Comité Ejecutivo”.
A ese vacío legal se suma el incentivo de unas retribuciones mucho más atractivas al otro lado. Como dice una persona que pasó muchos años en un regulador y dio ese paso, “lo que estás trabajando ahí, desde el punto de vista intelectual o profesional, el sector privado no te lo da; en ningún sitio tienes algo tan interesante, porque es el centro de la regulación y del sector. Pero, claro, tienes unas condiciones económicas, sobre todo”.
El dinero no es el único factor. También cierto hartazgo por “las dificultades y lo que tardan en salir las cosas”, por la logística de la Administración. Y tampoco ayudó el efecto de la fusión de reguladores de 2013 sobre las carreras profesionales del personal de las extintas CMT y CNE.
Con ella, se implantó el modelo de la extinta CNC, priorizando al funcionario sobre el personal laboral (la mayoría de técnicos no eran funcionarios), heredando el esquema del antiguo SDC. Y se suprimió el incentivo a la cualificación del cuerpo técnico, que fue una de las razones para crear comisiones sectoriales separadas tras la liberalización de la energía y las 'telecos', dada la complejidad técnica de esos sectores, siguiendo el modelo anglosajón.
“Todo eso hace que al final, por muy convencido que estés del lugar, surjan otras posibilidades y la gente se marche”, dice esa persona que dio el paso a lo privado, que tacha la fusión de “desastre. Ha cortado la carrera y la promoción profesional del personal de la CNE y CMT, que era muy bueno técnicamente”. “Imagina que se va un subdirector de la CNMC: tienes a alguien que sabe muchísimo” y “lleva ahí todo el tiempo, se ha formado ahí. Pues la plaza sale a concurso de los funcionarios, que además se guían por el complemento: hoy están en Sanidad y mañana en Transportes”.
La priorización del alto funcionario que implantó el Gobierno del PP convirtió a la CNMC en pasarela hacia otros destinos en casos como el de Juan del Alcázar, técnico comercial del Estado y ex alto cargo de Soraya Sáenz de Santamaría, que tras la moción de censura se recolocó como subdirector de Sociedad de la Información de la CNMC y al poco fichó por Santander, donde es director of Corporate Positioning and Advocacy. O Cristina de Ysasi-Ysasmendi: de directora adjunta del Gabinete de Rajoy pasó a la Asesoría Jurídica de la CNMC para fichar meses después por la consultora Llorente & Cuenca.
Ahorro de costes inexistente
En unos días se cumplirán diez años desde que Sáenz de Santamaría anunció la creación de la CNMC, un experimento casi inédito en el mundo inspirado en un informe ad hoc encargado a la consultora PwC por Telefónica, que acababa de fichar al marido de la entonces vicepresidenta, gran impulsora del denominado ‘súperregulador’. La fusión, justificada con un muy discutible ahorro de costes, derivó en un empeoramiento de la política de competencia en España, según diversos estudios académicos. Y propició una diáspora de muchos cargos de los organismos extinguidos, del consejo a las distintas direcciones.
A los ya mencionados se sumaron otros como el hasta entonces presidente de la CNC, el ex juez Joaquín García Bernaldo de Quirós, incorporado ipso facto al despacho Ramón y Cajal; o la exconsejera de la CMT Marta Plana, luego directiva del Barça o Cabify y sancionada por montar una start-up cuando todavía cobraba la cesantía, en una decisión anulada por la justicia el año pasado.
La oleada también afectó a Ángel García Castillejo, ex consejero y ex secretario general de la CMT, que dirige el Área de Políticas Audiovisuales de RTVE desde 2021 y montó tras dejar la CMT un bufete, Espacio Legal, que administró hasta hace un año. También acabó en una empresa pública (Renfe) como directora de Internacional (desde 2020) Inmaculada Gutiérrez, ex consejera de la CNC y ex jefa de gabinete del presidente de la CNMC.
Otros casos son los de Joan Batalla, ex mano derecha de Maite Costa, presidenta de la CNE hasta 2011, ex diputada del PSC y hoy consejera de Enagás (previo paso por Red Eléctrica). Tras dejar la CNE en 2013, Batalla recaló en la dirección general de la Fundación Funseam, auspiciada por Costa y financiada por empresas a las que regulaba. Desde 2020 preside la patronal gasista, Sedigas.
Al frente de la patronal eléctrica aelec está otra ex consejera de la CNE hasta la fusión, Marina Serrano. Histórica del organismo y su antecesora, la CNSE, Serrano es abogada del Estado en excedencia, cuerpo de élite muy codiciado entre las empresas del que vienen muchos ex de reguladores hoy en lo privado.
En la CMT hubo pleno y todos los miembros de ese cuerpo de altos funcionarios que pasaron por allí dieron el paso: José Giménez (que saltó en 2003 de la CMT a un despacho, hoy en Linklaters), Jaime Velázquez (socio director de Clifford Chance y secretario no consejero del gigante español de las torres de telecomunicaciones, Cellnex), Luis Bermúdez (Mutua Madrileña), Alfonso Ramos de Molins (en 2010 montó despacho propio, aunque es el único que sigue en activo como abogado del Estado), Jaime Almenar (socio en Clifford Chance), Ignacio Redondo (CaixaBank), Gloria Calvo (Bankinter) y el último secretario general del organismo, Jorge Sánchez Vicente (CMS Albiñana).
Otros abogados del Estado que pasaron por reguladores y hoy están al otro lado son Miguel Muñoz (que recaló brevemente en la CNE y hoy es socio de Fiscal en PwC) o Alfredo González-Panizo (ex CNC, hoy en Fertiberia).
Entre los ex consejeros es habitual acabar en empresas de su antiguo negociado. Al caso ya citado de Maite Costa se suman los de Carmen Fernández Rozado (vocal de la CNE hasta 2011, consejera de ACS y EdP) o Javier Peón: en la CNE hasta 2010, es asesor del PP en el Congreso, según su LinkedIn. Y preside Alamos, lobby del vehículo eléctrico en Latinoamérica equivalente a la española Aedive, en la que está toda la cadena del negocio: de fabricantes de coches a cargadores a eléctricas.
Otros casos de hace ya muchos años son los de Miguel Ángel Lasheras (consejero de la extinta CNSE hasta 2000 y de ahí a presidente de Intermoney Energía, y luego vocal de Enagás de 2006 a 2014) o Alberto Carbajo, histórico del sector, también en la CNSE hasta 2000 y actual consejero de Redeia, de la que fue alto directivo.
Varios ex consejeros de la CNE dieron ese paso nada más dejar el organismo, como hizo José Sierra en 2011 al fichar por la francesa Terega, entonces implicada en el fallido proyecto del gasoducto MidCat; o Carlos Duato, también nombrado por el PP y que en 2005, tras cesar, montó Gesprotec, centrada en “promoción y desarrollo de proyectos fotovoltaicos”, según su LinkedIn. Hoy es senior advisor en España de una empresa británica de renovables, Hive Energy.
Entre los ex vocales de reguladores que montaron despacho propio destaca el que creó el expresidente del TDC Gonzalo Solana (ex consejero de Enagás u Omie) junto a Javier Huerta (exvicepresidente del TDC) y Miguel Cuerdo (ex consejero de la CNC).
A grandes bufetes pasaron entre otros el expresidente de la CNC Luis Berenguer (Broseta) o, entre los ex directivos, Antonio Guerra, director de Gabinete del presidente de la CNC hasta 2006 y actual socio del Área de Competencia de Uría & Menéndez en Madrid.
En ocasiones, estos organismos han sido trampolín a importantes responsabilidades en el sector privado, como para la aristócrata Carmen Gómez de Barreda, ex subdirectora de Mercados de Petróleo en la CNE y hoy consejera de Redeia, Antolin o Mutua Madrileña.
También han sido pasarela a mayores responsabilidades en lo público, con el sector privado como destino final. Caso de Ignasi Nieto, ex director de Regulación de la CNE, luego secretario general de Energía y hoy directivo de Miquel y Costas; o Juan Junquera, directivo de la CMT hasta 2003, luego director general y secretario de Estado Telecomunicaciones, y contratado en 2012 por Codere como consejero.
Casos de ida y vuelta
También hay casos de ida y vuelta, como el de Jesús Cabrera, director de Análisis Económico de la CMT hasta 2002, y luego reincorporado a Telefónica, de la que venía. O José Manuel Revuelta: tras dos años (hasta 2008) como director de Regulación y Competencia de la CNE, volvió a Endesa, donde es director General de Infraestructura y Redes.
Entre los pocos que probaron lo privado y acabaron volviendo a lo público está Elisa Robles Fraga, sobrina de Manuel Fraga. Ex vicepresidenta de la CMT (estuvo hasta 2007) y directora general con José María Aznar, tras dejar la CMT fue socia de Cremades Calvo Sotelo hasta que en 2011 fue nombrada directora general en la Comunidad de Madrid. De ahí, a dirigir el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Actualmente es consejera en Turespaña.
Otro caso reciente es el de Milagros Avedilla, ex subdirectora de hidrocarburos líquidos en la CNE. En 2014, tras la fusión, se fue al despacho Solchaga Recio como directora de Consultoría Económica. En 2021 volvió a la CNMC como asesora de regulación de la presidenta.
La increíble historia de cómo el periódico de Gijón publicó que Renfe encargó unos trenes que no cabían en los túneles y nadie hizo caso durante nueve días; hasta que el presidente cántabro prendió la mecha y la ministra entregó cabezas
Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla en el descenso del Sella. (EFE)
El fósforo que enciende la pradera en Asturias lo sostiene Revilla en Cantabria con indignación campechana.
He aquí una historia que merece la pena contar al revés, empezar por el final y acabar por el principio.
Adif cesó este lunes al jefe de Inspección y Tecnología y Renfe al responsable de Gestión de Material.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, había prometido dimisiones por el fiasco de los trenes diseñados para Asturias y Cantabría que no cabrían en sus túneles. En 2019, Renfe lanzó un concurso para renovar 31 trenes de cercanías y media distancia en el norte del país, adjudicado a CAF por 258 millones de euros, pero los gálibos -dimensiones máximas de altura y anchura de los trenes- estaban mal en el contrato. Aunque el fallo interno se descubrió durante el diseño, es decir, antes de la fabricación, el caos burocrático demorará la entrega de los trenes al menos tres años.
La ministra dijo compartir el “enfado e indignación” del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, que convirtió el trenicidio en drama nacional. Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, se sumó a Revilla y a la ministra: "Hay que ver quiénes son los responsables de esta chapuza y cesarlos". Todos de acuerdo pues… a toro pasado
Ocurre que algo falla en esta indignación coordinada entre el Gobierno, Asturias y Cantabria. Un fallo en el sistema que explicaría varias cosas interesantes sobre el funcionamiento del laberinto territorial español: por qué unas noticias tienen impacto y otras no, cómo funcionan los escándalos políticos cuando llegan a los medios, por qué Revilla la lía cada vez que abre la boca, qué pasa en el silencioso oasis socialista asturiano y por qué en España se maltrata a los trenes que no van a alta velocidad.
El pasado jueves, 2 de febrero, el periódico cántabro El Diario Montañés publicó: “Renfe diseña para Cantabria trenes que no caben en los túneles y retrasa tres años su construcción”.
Revilla: “Es una chapuza incalificable, no es propia de un gobierno serio, tienen que rodar cabezas”
Ese mismo día, Revilla aseguró: “Es una chapuza incalificable", "no es propia de un gobierno serio", "tienen que rodar cabezas”. El vicepresidente cántabro, el socialista Pablo Zuloaga, reclamó una “explicación urgente” al Ministerio de Transportes (en Cantabria gobierna un bipartito con los regionalistas de Revilla (PRC) y el PSOE). Al día siguiente, la prensa nacional comenzó a ocuparse del trengate. Dos días después, la ministra Sánchez habló con Revilla y prometió ceses.
Hasta aquí la cosa sigue teniendo coherencia política interna, pero si nos vamos un poco más para atrás y cambiamos de comunidad autónoma, deja de tenerla.
Ramón Muñiz, periodista del periódico gijonés El Comercio, publicó el 24 de enero: "Feve sigue sin recibir los trenes que encargó hace tres años por una confusión en sus dimensiones". "Aportó al adjudicatario datos incorrectos de los gálibos". La exclusiva se publicó nueve días antes de la noticia de El Diario Montañés que indignó a Revilla. Entre medias, un silencioso agujero asturiano que se ve desde el espacio.
"En Asturias, agachamos la cabeza. Todo el mundo se da por satisfecho"
Se da la circunstancia de que el día que El Comercio sacó su exclusiva fantasma (no por falsa, sino porque pasó desapercibida, ahora veremos por qué), estaba en Asturias Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Transportes y ex presidenta de Adif. Pardo y el presidente Barbón dieron una rueda de prensa sobre los retrasos en la variante de Pajares, obra pública maldita (20 años de preparativos y 4.000 millones de gasto) que se le ha vuelto a hacer bola a un Gobierno: se prometió que el AVE asturiano estaría operativo para las elecciones autonómicas de mayo, pero habrá que esperar unos meses más. Al final de la comparecencia Pardo/Barbón sobre Pajares, el periodista de El Comercio preguntó sobre la chapucilla de los trenes de Cercanías. Pardo de Vera reconoció que el encargo se había paralizado por la confusión con las dimensiones y habría que “esperar dos o tres años más” para recibir los trenes. Dicho lo cual, Barbón zanjó la rueda de prensa sin decir ni pío sobre los trenecitos.
Todos los elementos estaban encima de la mesa, por tanto, para que se activara el escándalo de los trenes, pero nada ocurrió en Asturias hasta que El Diario Montañés y Revilla se subieron a la ola nueve días después. Y cuando decimos nada, queremos decir NADA. Silencio sepulcral, no ya del gobierno asturiano, también de la oposición (mientras tanto, en el Ministerio de Transportes dando palmas con las orejas tras haber esquivado la bala). ¿Por qué no pasó nada en Asturias? Entre algunos protagonistas de la historia circulan varias teorías (complementarias) sobre el asunto: red socialista de intereses, obsesión con Pajares (que tapa todo lo demás), pax asturiana como régimen y potencia mediática de Revilla. Vamos por partes.
La intrahistoria
Barbón, presidente del Principado, no pidió cuentas al Ministerio de Transportes hasta que Revilla encendió el petardo y se vio forzado a hacerlo. Hubo maniobras socialistas para poner sordina al asunto. Ahora bien: lo raro no es que Barbón mirara hacia otro lado para no enfangar al Ministerio de Transportes, pues entra dentro del juego político por perverso que parezca. Lo asombroso es que la oposición política asturiana participara en el voto de silencio hasta que la mecha prendió en Cantabria. El PP asturiano solo sacó un comunicado tras el revillazo: “Adrián Barbón tendría que estar más preocupado de defender los intereses de Asturias que de no molestar a Sánchez… No se puede poner en peligro el futuro de las cercanías en Asturias, que suponen una red de transportes esencial para la región”. Insistimos: a toro pasado.
¿Por qué la oposición asturiana no dijo nada antes cuando era un tema perfecto para hacer sangre del Gobierno autonómico?
Podríamos hablar de pax asturiana elevada al máximo nivel. O la antigua región más conflictiva de España, vanguardia obrera y dinamitera durante medio siglo, viviendo ahora la gran modorra política y social.
Pero también podríamos pensar que el PP asturiano se comió el asunto por negligencia o despiste.
Aquí entraría el factor Pajares. Desde hace veinte años, la política asturiana vive por y para la variante. Con la obra (casi) acabada, el enésimo retraso, a las puertas de las elecciones, monopoliza estos días el debate público. Mientras todo el mundo hablaba de Pajares -y en una metáfora perfecta sobre cómo la obsesión española con el AVE desde el 92 ha precarizado los Cercanías y la media distancia,- casi nadie reparó en Asturias en el fiasco de los trenes que no entraban en los túneles. Con la obsoleta red de Cercanías con problemas estructurales (viajar en tren por el interior de Asturias es una experiencia digna de los pioneros del ferrocarril), para una vez que el maltrato al Cercanías asturiano podía convertirse en asunto nacional, a los asturianos les pilló mirando (cómo no) a Pajares, el túnel/solución mágica a todos los problemas del país.
"En Asturias, agachamos la cabeza. Llega la número dos del Ministerio de Transportes a Oviedo cuando salta la noticia, y no hay un político, empresario o sindicalista que sea capaz de armarse de valor y pedirle explicaciones... Todo el mundo se da por satisfecho. En nuestro costado, una región como Cantabria, donde la clase política se mueve en unas coordenadas más normales, su presidente responde airado al fracaso de los trenes y el Gobierno de España mueve pieza instantáneamente... Lo más llamativo es que todo el arco político asturiano respondió de la misma manera. Nadie le da importancia a semejante desastre. La apatía, la falta de compromiso con el territorio, la incapacidad para defender los intereses de la región es el denominador común desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha", contó Juan Neira en El Comercio.
Rey campechano
Pero también tenemos que hablar de Revilla. El PP cántabro trata de desgastarle ahora por su alianza gubernamental con los socialistas: este lunes, un irónico PP entregó a Revilla en el parlamento una cinta métrica para "medir los túneles", a lo que el presidente contestó que él "sabe medir perfectamente".
El hecho es que Revilla siempre midió bien cuándo pisar un charco que agrade a la opinión pública. Tras años cultivando con éxito su perfil de populista campechano de provincias que habla claro, flirtea con la antipolítica (pese a ser presidente autonómico) y es recibido como un héroe en los platós televisivos madrileños -bromea en El Hormiguero y se pone serio (de aquella manera) en La Sexta Noche- el presidente cántabro sabe cuando toca rasgarse las vestiduras. Pese a gobernar con el PSOE, encabezar la denuncia del desaguisado de los trenes no solo le quitó responsabilidad, también se adaptó como un guante al discurso que tan bien maneja: el del agravio regional -las infraestructuras olvidadas de la periferia- sin caer en el nacionalismo.
Resumiendo: Revilla abrió la boca, en Madrid subió el pan y Asturias se hizo la sorprendida y pidió purgas intermedias en Renfe y Adif. ¡Qué escándalo! ¡En este tren enano se juega!
Una sentencia, dada a
conocer hoy, dictada tras el recurso de una trabajadora, ha dado al
traste con todo el proceso de funcionarización que había iniciado el
Ayuntamiento de Elche para que trabajadores que entraron hace años, por
ejemplo, a través de la bolsa o de una solicitud ante Labora o sin pasar
prueba selectiva alguna, pudieran acceder a la función pública sin
examen a través de un proceso selectivo que tenía como base la
antigüedad en el puesto.
Informacion.es – M. Alarcón / C. Pascual – 02.02.23
El Ayuntamiento de Elche, y ahí está el
quid de la cuestión, valoraba hasta cuatro veces más en la puntuación a
alguien que solicitara una plaza si era trabajador municipal sobre uno
que lo pidiera desde otro órgano de la administración. Es decir, se
primaba a dar estabilidad a su plantilla.
El pasado mes de septiembre el concejal
de Recursos Humanos, Ramón Abad, aseguró que a través de este
procedimiento se iba a hacer personal fijo a más de 400 personas.
También aseguró que el proceso estaba consensuado con los sindicatos con
representación. El Ayuntamiento tiene previsto recurrir el fallo
Contencioso
La sentencia dada a conocer asegura que
el magistrado de lo Contencioso Administrativo lo ha tenido claro en un
recurso planteado (no se descarta que haya más en marcha) y que se
fundamenta en un caso concreto: las bases de dos plazas de Técnico de la
Administración General (TAG).
La resolución supone la paralización de
todos los procesos selectivos de estabilización del Ayuntamiento porque
en todas figuraba el mismo argumento reprochable para el magistrado: el
incumplimiento de un artículo de la Constitución, como es el derecho a
acceder en condiciones de igualdad a cualquier plaza y por cualquier
persona, que entiende no ha sido el caso.
Actuación administrativa
En la sentencia, el juez asegura que "la
actuación administrativa es contraria al derecho de igualdad -
artículo 14 de la Constitución- y al derecho a acceder en condiciones de
igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que
señalen las leyes. En concreto, la Base 6.2, experiencia profesional,
apartado B) de las Bases Generales y la Base Sexta, experiencia
profesional, apartado B), de las Bases Específicas, en lo referido a la
menor valoración de la experiencia profesional en otras Administraciones
Públicas".
Recurrente
El magistrado entiende que a la
recurrente se le debe "reconocer como situación jurídica
individualizada, el derecho a que se le valore la experiencia adquirida
en plazas del cuerpo, escala o categoría convocadas, con la misma
puntuación que al resto de los aspirantes, con independencia de
que dicha experiencia se haya adquirido en el Ayuntamiento de Elche o en
cualquier otra Administración Pública".
Ordena que "se declaren nulos a anulen,
por ser contrarias al derecho de igualdad - artículo 14 de la
Constitución- y al derecho a acceder en condiciones de igualdad a las
funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes -
artículo 23.2 de la Constitución en relación con lo dispuesto en el
artículo 103.3 de la misma -, la Base 6.2, otros méritos, apartado B de
las Bases Generales y la Base Sexta, otros méritos, apartado B, de las
Bases Específicas, en lo que se refiere a la valoración en exclusiva de
la superación de procesos selectivos del Ayuntamiento de Elche".
igualmente, "que se reconozca, como situación jurídica individualizada,
el derecho de la demandante a que se le valore la superación de procesos
selectivos con la misma puntuación que al resto de los aspirantes, con
independencia de que dicho proceso selectivo haya tenido lugar en el
Ayuntamiento de Elche o en cualquier otra Administración Pública". Por
último, que "se declare nula o anule la expresión “plazas de igual o
análoga denominación” contenida en la base 6.2, experiencia profesional,
apartado B) de las Bases generales y base sexta, experiencia
profesional, apartado B) de las Bases específicas".
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