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sábado, 26 de septiembre de 2020

¡COMIENZA LA RECOGIDA DE FIRMAS!

 

Es el momento que llevábamos años esperando. Queremos que la Renta Básica Incondicional llegue al Parlamento Europeo y posteriormente a los parlamentos del resto de países miembro.

Objetivos

Objeto:
Nuestro objetivo es la implantación de una renta básica incondicional en toda la UE que garantice a cada persona su existencia material y la oportunidad de participar en la sociedad como parte de su política económica. Este objetivo deberá alcanzarse respetando las competencias atribuidas a la UE por los Tratados.
Objetivos:
Solicitamos a la Comisión que presente una propuesta de renta básica incondicional en toda la Unión, que reduzca las disparidades regionales con el fin de reforzar la cohesión económica, social y territorial en la Unión.

Esto hará realidad el objetivo de la declaración conjunta del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, anunciada en 2017, de que «la UE y sus Estados miembros apoyarán asimismo unos sistemas de protección social eficientes, sostenibles y equitativos a fin de garantizar una renta básica» para luchar contra la desigualdad.

sábado, 12 de septiembre de 2020

En marcha por una renta básica incondicional europea

 

Julen Bollain 

Daniel Raventós 

Sergi Raventós 

06/09/2020

Después de muchos meses de excesivo ruido y palabras altisonantes, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha ido dando estas últimas semanas de bruces con la realidad. Son ya legión, desde activistas y académicos, pasando por periodistas y miembros del mundo de la cultura las personas que han mostrado su opinión claramente contraria al desastre del IMV más de tres meses después de su puesta en funcionamiento. Cientos de miles de familias que un día creyeron que este nuevo derecho aprobado por el Gobierno del Reino de España les iba a proteger temporalmente de las turbulencias macroeconómicas y la crisis socioeconómica que ha golpeado todo el planeta, han sufrido en sus propias carnes las enormes trabas y dificultades que una renta mínima condicionada para pobres conlleva consigo.

Es cierto que cualquier sistema de protección social puede estar mejor o peor diseñado. Como también es cierto que hay diseños institucionales que tienen unos problemas… de concepción. Probablemente, un IMV mejor diseñado, cosa fácil dado el bajísimo nivel de calidad del actualmente existente, pudiera dar protección a muchas familias que ahora mismo están totalmente desprotegidas (de hecho, son muchas las aportaciones realizadas para mejorarlo y fueron desechadas en su gran mayoría). Sin embargo, ni aquéllos que tenían menos confianza en el IMV pudieron creer nunca que el fracaso iba a ser tan estrepitoso. Un fracaso que no es agradable para ninguna persona que defienda mínimamente la necesidad de erradicar la pobreza y de ofrecer una vida digna a todas las personas, pero que, indudablemente, nos reafirma en nuestra posición de que un programa de rentas mínimas condicionadas no es la herramienta que nos permitirá hacer frente a los retos que tenemos como sociedad si queremos afrontar en serio la pobreza con hechos y no con mera palabrería de cara a la galería.

Como hemos dicho en más de una ocasión, en Euskadi tenemos el ejemplo de una renta mínima más o menos competentemente diseñada (con su progresiva degradación). Una renta mínima que, tras 30 años de trayectoria y según los últimos datos disponibles, no consigue evitar que en Euskadi en la última década hayan aumentado un 64,9% los casos de personas en situación de pobreza grave (un incremento del 20,2% de las personas en situación de pobreza relativa), un 16% el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, y que tiene como resultado que una de cada tres personas que está en riesgo de pobreza y exclusión social no acceda al sistema de renta de garantía de ingresos.

Pero encaremos los hechos. Resultados como éstos no sólo los encontramos por estos rincones del sur de Europa. En todos los sitios en los que están implantadas, las rentas mínimas condicionadas dejan a mucha gente atrás. En Europa, la tasa de no-aceptación (non take-up rate) de los programas de asistencia social condicionada, entre los que se encuentran las rentas mínimas, varía entre el 20% y el 60%. Es decir, entre el 20% y el 60% de las personas elegibles para acceder a un programa de asistencia social condicionada, por distintos motivos (falta de información, laberinto burocrático, estigmatización, rechazo de lo que puedan considerar caridad…), no lo hacen. Precisamente por datos como éstos, y tras analizar y estudiar las rentas mínimas más generosas y mejor diseñadas, son constatables los errores estructurales que toda renta mínima condicionada lleva implícitamente consigo. No es el menor de estos errores el que nunca conseguirán cumplir el objetivo de erradicar la pobreza. Aunque bien es cierto que el IMV no tenía este objetivo puesto que solamente pretendía acabar con el 20% de la pobreza en el Reino de España. De entrada, ya dejaba el 80% fuera.

Entonces, ¿cuál es, o debería ser, nuestra aspiración? ¿Tener un 30% de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social fuera del sistema de protección? ¿Tener una tasa de pobreza por debajo del 15%? No nos resignamos y seguimos apostando por una mejora en las condiciones materiales de la mayoría social no estrictamente rica que, además, actúe como un seguro vital ante la inseguridad y la inestabilidad económica. Sin este seguro, sin esta garantía, la libertad está amenazada.

Para ello, más allá de la necesaria transición económica hacia una economía que ponga a las personas y al planeta en el centro, es necesario también realizar una transformación de nuestros sistemas de protección social y adecuarlos a las realidades del siglo XXI. No podemos seguir apostando por políticas del siglo XX que ya han demostrado todas sus limitaciones y que, en la mayoría de los casos, han tocado techo.

La pandemia de la COVID-19 está generando una crisis de grandes proporciones que está golpeando en un terreno ya muy maltratado por la anterior crisis del 2008 y por las políticas de austeridad desarrolladas por los gobiernos del PSOE y del PP. Unas políticas que nos dejaron contrarreformas laborales aún intactas y de las que se están pagando las consecuencias con un mercado laboral altamente precarizado y con unos índices de paro altísimo y, para vergüenza de cualquier gobernante, de desempleo juvenil que ya bate todos los records europeos: más de un 41,7%. Muy por encima de Grecia con un 37,5%. ¡La cifra más alta de la UE de los 27! Esto también es responsabilidad de las políticas económicas de los últimos años. Del PP, pero también del PSOE.

Recientemente también se ha publicado que tres de cada cuatro trabajadores en economía sumergida han perdido sus ingresos con la COVID-19 con lo que ello supone de inseguridad económica y vital.

Todo ello hay que sumarlo a una situación en la que las colas por la obtención de comida crecen en todas las ciudades y algunos bancos de alimentos ya han anunciado que no podrán continuar mucho más tiempo con esta situación.

En multitud de países, diversas instituciones, personas de la academia, intelectuales y activistas están empujando desde sectores muy dispares (cultural, LGTBI, trabajo social, movimientos sociales, sindicalistas…) para que esta adecuación de nuestro sistema de protección social se haga a través de la herramienta más eficaz tanto económica como técnicamente: una renta básica incondicional. Además, son ya numerosos los proyectos piloto que se han puesto en marcha en los últimos años en geografías y economías muy alejadas entre sí, lo que nos ha permitido observar y analizar la evidencia empírica que nos ha demostrado algunos de los beneficios que una renta básica comporta en las personas que la perciben: aumento del bienestar y la seguridad económica así como de la salud mental, mayor confianza en sí mismas, en las demás personas y en las instituciones y una mejora en la oferta laboral, por ejemplo.

La situación actual no nos advierte solamente de un problema de desigualdad creciente, de pobreza creciente, de paro creciente, de degradación de las condiciones materiales de existencia de la gran mayoría de la población no rica. Nos alerta de la amenaza a la libertad para la ciudadanía.

En medio de la pandemia y de abundantes debates sobre la renta básica, el 15 de abril de 2020, el Comité Ciudadano Europeo por una renta básica incondicional entregó a la Comisión Europea una propuesta de Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) para la implantación de una renta básica incondicional en toda la Unión Europea. Iniciativa que fue aprobada el 15 de mayo de 2020. ¿Qué significa esto? Que para que esta ICE sea debatida, y quién sabe si aprobada, en el Parlamento Europeo, a partir del 25 de septiembre de 2020 empieza la cuenta atrás para conseguir 1 millón de firmas en el periodo de un año. Esta recogida de firmas, que también se podrá hacer presencialmente, se realizará básicamente online y será una ocasión inmejorable para dar un empujón más al debate sobre la renta básica, ayudando a que éste se haga con rigor y fuera de la demagogia tan extendida de sus opositores.

Una renta básica implantada a nivel europeo sería un mecanismo redistributivo que, más allá de garantizar la existencia material de la ciudadanía, permitiría que todas las personas que aquí vivimos nos beneficiemos por igual de la riqueza generada gracias a la integración europea. Un mecanismo de solidaridad en forma de transferencias fiscales transnacionales necesarias para que la zona euro reduzca las asimetrías y desequilibrios económicos y sociales. Además, reduciría de manera significativa algunos de los factores para la migración dentro de la Unión Europea, evitando así el efecto negativo de la “fuga de cerebros” en determinados países, a la vez que ahondaría en una mayor legitimidad y apoyo ciudadano al resquebrajado proyecto europeo. Finalmente, y habiendo observado la evidencia empírica de los proyectos piloto, la renta básica posibilitaría que mejoraran considerablemente las condiciones materiales de la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas europeas, quienes tendrían derecho a unos ingresos incondicionales, sin obstáculos administrativos ni el riesgo de estigma social asociado a las rentas condicionadas. Condición para la libertad de toda la ciudadanía.

 
es economista, investigador en Renta Básica y miembro de la Red Renta Básica. @JulenBollain
 
es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de SinPermiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017) y, en colaboración con Julie Wark, "Against Charity" (Counterpunch, 2018).
 
es doctor en Sociología y Trabajador social de una Fundación de salud mental en Barcelona. Es miembro de la Junta de la Red Renta Básica.

Fuente:

www.sinpermiso.info, 6-9-2020

viernes, 11 de septiembre de 2020

Hay que cambiar de modelo. ¿A cuál?

 MIREN ETXEZARRETA

05/08/2020

blogs.publico.es/dominiopublico

Desde que se inició la pandemia, en bastantes partes de la opinión pública, en particular entre los creadores de opinión, se han intensificado los comentarios y las recomendaciones acerca de la necesidad de cambiar de modelo económico. Ya se comentaba antes también, pero no era, como ahora,  una expresión generalizada. Parece que las consecuencias del Coronavirus han llevado a percibir que lo que durante décadas nos habían vendido como la fórmula ideal para la organización económica –el mercado sin control entre agentes privados- no sólo es un sistema injusto y poco eficaz, sino que se ha mostrado totalmente incapaz de resolver los complicados  conflictos que ha generado un grave e inesperado aspecto sanitario.  Hasta los organismos más insistentes en señalar las limitaciones del ámbito público (ilustres académicos liberales, la UE, el FMI, la OCDE, las asociaciones de empresarios y muchas más) han pasado a exigir que los Estados sean los agentes más activos para resolver el problema. Frente a los requerimientos de austeridad de la anterior crisis financiera el slogan es ahora que el Estado intervenga enérgicamente en la vida económica y ‘gastar, gastar, gastar’ el dinero público tratando de resolver el problema sanitario y el económico que aquel ha generado. Los gobiernos se han convertido en los agentes activos principales para mantener la vida económica.

Conjuntamente con la necesidad de intervención pública se intensifica la idea de ‘que hay que cambiar de modelo económico’. Se hace mucha referencia a que hay que innovar, mejorar la tecnología, digitalizar la economía, tomar en serio la ecología y la sostenibilidad, invertir más en I+D, etc. Se señala también que hay que mejorar el sistema sanitario y renovar el sistema educativo, y, a veces, sólo a veces, se menciona la necesidad de atender a las crecientes  necesidades sociales y frenar la desigualdad.

Sin embargo, a pesar de la cansina retórica sobre el cambio de modelo, todos los esfuerzos concretos residen en  volver a la situación anterior. Diríase que todas las exhortaciones a este cambio se limitan a pretender una economía más eficiente y productiva, pero dentro de las orientaciones esenciales de los esfuerzos realizados desde la crisis de 2008: una economía crecientemente integrada en la economía global, con las exportaciones como elemento clave del crecimiento, más capaz de competir ferozmente con países similares en una economía global sobredimensionada en el contexto de una nueva crisis mundial que ya se dibujaba antes del convid-19, en que la globalización estaba ya en cuestión. Una economía arrastrada desde fuera[1].  Una reestructuración, racionalización  y mejora de los sectores más capaces y competitivos de la economía del país especialmente en aquellos sectores en los que se ha logrado alguna ventaja competitiva. Para los más humanistas se añadía que se habría de considerar también la situación de los grupos humanos más vulnerables (‘no se habría de dejar a nadie atrás’).

Supone procurar mejorar alguna de sus vertientes, pero el modelo continúa siendo el mismo: Junto a un limitado sector de vanguardia de empresas exportadoras, hagamos cada vez más atractivo el turismo, sostenido por el sol, playa y bajos precios, negociemos para que la industria automotriz (toda dependiente de empresas globales) encuentren atractivo el espacio económico de producción para una demanda de exportación, mejoremos un sector agropecuario, intensamente ‘industrializado’, competitivo por el clima y los bajos salarios, que produzca mucho y barato para alimentar Europa y el mundo y, en el interior, mantengamos una industria constructora más basada en infraestructuras y gran obra pública que en unas viviendas y urbanismo adecuadas. Todo ello facilitado por unos salarios y unas condiciones laborales más bajos de los de nuestros competidores, que dan lugar a una situación social y laboral muy precaria, incapaz de suministrar empleo y salarios dignos a una población con crecientes niveles de escolarización y ansias de consumismo.

Aunque se tuviera un destacado éxito en el intento, aunque se lograse hacerlo integrando los últimos avances digitalizadores (5.0), con nuestros escolares, trabajadores y empresarios  familiarizados totalmente con unos sistema digitalizados, con atención destacada a la sostenibilidadaumentando considerablemente el gasto en investigación, racionalizando adecuadamente las inversiones, etc. etc. en el mejor de los casos sería una mejora cuantitativa pero no de un cambio de sistema, como se repite. Que, no se trata de negarlo, aunque muy difícil de lograr, podría mejorar en algo la situación de la economía española, pero que no podría ir muy lejos.

No es una tarea sencilla pues además de nuestro retraso histórico –no habríamos de olvidar que hasta hace cincuenta años éramos un país pobre del sur de Europa-, todos los países del mundo están intentando hacer lo mismo en una turbulenta economía mundial capitalista con exceso de producción. ¿Hasta dónde podremos llegar? Claro que parece que no queda más remedio que intentarlo, porque si no nuestra situación se degradaría todavía más. Pero es bastante problemático que se consiga lograr el profundo paso adelante económico y social que la población de este país necesita.

Nos podríamos preguntar si no sería más factible lograr una mejora sustancial, real y permanente si de verdad se cambiara el sistema económico. No me voy a referir a un abandono del capitalismo, pues dada la composición social de nuestra sociedad actual eso no sería realista, sino mucho más modestamente, de cambiar de sistema alterando drásticamente el eje del crecimiento. Transformando la economía en lugar de un territorio que pretende crecer, desarrollarse y generar bienestar  por su encaje exterior (su capacidad de competir en el mundo), hacerlo  por un sistema centrado en proporcionar bienestar a su población partiendo de buenos empleos. Generando buenos empleos para todos, impulsar una demanda interna que fomentaría la actividad económica, los  ingresos y beneficios, que se autoalimentarían haciendo del empleo el núcleo central de la dinámica del país y el bienestar de la población.

El sistema no actuaría arrastrado por la búsqueda de beneficios privados sino que estaría basado en las necesidades de la población y la voluntad de cubrirlas, que daría lugar a los empleos necesarios que proporcionarían la actividad económica,  los ingresos y, también, los beneficios para las empresas (quizá no tantos como ahora, pero sí los suficientes para la reproducción ampliada constante de la economía). Abreviadamente podríamos llamarle un sistema autocentrado, es decir, partiendo y centrado en las necesidades y deseos de sus gentes, en su calidad de vida, en el bienestar de la población que constituiría el motor de la actividad económica. Actualmente se pretende que la competitividad global y los beneficios que proporciona, actúan desde fuera como motor que arrastra la vida social, mientras que el sistema autocentrado consiste en un motor que desde el interior irradie fuerza a toda la economía basándose en su propia dinámica. En vez de intentar recuperar el turismo de cualquier manera como estamos observando estos días, se trataría de generar empleo cualificado en educación, sanidad, servicios sociales, una agricultura de calidad, unas industrias punteras, una administración eficiente y ágil,  unas infraestructuras dedicadas al bienestar (por ejemplo, los transportes de cercanías) y muchas otras. Actividades que por sí mismas mantendrían y expandirían la actividad económica por su propia dinámica, y no dependientes de la competitividad externa.

La economía dependería de su propia fortaleza situando la generación de buen empleo en el centro de sus proyectos. Los recursos existentes no se tendrían que dedicar a subvencionar empleos precarios en bares y hoteles sino que tendrían que cubrir las múltiples necesidades existentes como maestros y profesores, sanitarios de las diversas especializaciones, técnicos cualificados en avanzadas tecnologías para las empresas productivas, experimentados administrativos para las empresas y la administración pública y privada, investigadores de alto nivel, asistencia social con plena formación  … que, además, derivarían suficientes empleos para una población menos cualificada. Empleos interesantes con salarios dignos que impulsarían la demanda y la actividad económica, con una población satisfecha de su trabajo,  cuyo empleo no dependería de las variaciones de las políticas de países lejanos. Ahora que se acepta que los gobiernos establezcan políticas de abundante gasto es un buen momento para iniciar este proceso. Y seguramente no es más caro que los cuantiosos fondos que se están gastando para paliar los desastres que genera el modelo actual.

No se trataría de un sistema cerrado o autárquico. En absoluto. El sector exterior sería el derivado de una potente economía interna. Sino de un sistema socialmente planificado y regulado que cambia el puntal de su dinámica de crecimiento del beneficio privado al bienestar social. Que incluso permitiría la existencia  del beneficio privado, si bien dentro de ciertas líneas de actuación. Que requeriría un sistema público muy activo y orientador, (¿no se está exigiendo ahora esto mismo del sector público?), con una creciente participación de la ciudadanía organizada, que necesitaría unas regulaciones de sus relaciones externas basadas en amplias negociaciones con otros países y empresas, que requeriría un potente cambio de mentalidad en su estrato empresarial y directivo, probablemente también en su población trabajadora… Pero podría hacerse. Necesitamos que se haga, es verdad que se necesita un cambio de sistema,  sino queremos vivir cada vez en sociedades con mayores contradicciones y dificultades. Pero hay que saber hacia dónde avanzar.

Hay ya grupos alternativos que propugnan el centrar la economía en la vida-, que no quieren una sociedad tan consumista que necesite crecer y consumir sin pausa, horrorosamente desigual,  que está destrozando el planeta. Quieren una economía que genere una dinámica que permita el bienestar y el desarrollo personal de toda la población. ¿Por qué no atender a sus ideas en lugar de volcarse siempre en los intereses de unos empresarios y unos dirigentes sociales cuyo interés primordial es su beneficio, apoyados en una visión de la economía considerada ya en multitud de ámbitos como obsoleta y arcaica?

¿Es una quimera? Pudiera ser, pero visto el resultado de la organización económica en la que vivimos, ¿por qué no intentarlo? Probablemente es más realista que esperar una mejora de nuestras condiciones de vida, de nuestro bienestar, de nuestro pleno desarrollo como seres humanos, de este sistema capitalista global en el que vivimos.

[1] El turismo, aunque tiene lugar en el interior es equivalente a las exportaciones.

lunes, 7 de septiembre de 2020

Mérito y capacidad

 VICENTE GUILARTE GUTIÉRREZ



Mi pertenencia al Consejo General del Poder Judicial, que quizás en algún momento decline, legitima la exposición de mi entendimiento sobre un posible futuro del órgano constitucional con la finalidad de disipar las dudas que, con frecuencia de manera acrítica, plantea su designación y funcionamiento. Debe partirse de que la descripción de sus competencias puede diversificarse en dos grandes capítulos. Por un lado, con carácter principal, la capacidad de nombrar cargos judiciales y, colateralmente, todas las restantes que ciertamente no han generado críticas relevantes, pues todos los problemas detectados afectan a la política de nombramientos. Esta se ve maliciada a origen por lo que algunos consideran perniciosa designación parlamentaria con la consiguiente “dependencia” política que se irradia sobre la designación de los cargos judiciales.

Frente a ello nadie cuestiona la actuación de las restantes competencias del CGPJ: formación, selección, competencia disciplinaria, etcétera. Toda la crítica se resume y vincula con los nombramientos donde cansinamente se valoran los informes del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) cuyos difusos informantes, a mi juicio, al margen de burdas referencias generales, poco saben de nuestros problemas reales. No obstante, es organismo entronizado por críticos del poder establecido y por grupúsculos asociativos a quienes sirve de oráculo, a menudo interesadamente, pues no son pocos quienes aspiran a ser visir en lugar del visir.

Para superar la crítica diré que en materia de nombramientos creo que debe diversificarse el de magistrados del Tribunal Supremo, donde la carencia que ha de predicarse de los miembros del CGPJ, sean quienes sean, es su falta de especialidad para valorar fungiblemente el mérito y capacidad que eventualmente concurren en los concursantes a plazas del alto tribunal. En mi facultad de Derecho no me consideran apto para impartir una clase de Derecho Penal: el sistema hace bien en impedirlo. Sin embargo, el sistema me considera capacitado para designar entre ilustres penalistas quién es el más apto para ocupar una plaza en la Sala Segunda. Y he de confesar que, a veces, leyendo sentencias aportadas por los concursantes, sin duda jurisdiccionalmente magníficas, me he sentido como se sentiría la Callas leyendo las instrucciones de una aspiradora.

En relación con las plazas gubernativas creo que el problema básico radica en la dificultad de concretar criterios objetivos de mérito y capacidad para el desarrollo de sus funciones y, consiguientemente, para designar un tribunal especializado que los valore. Por ello, la aleatoriedad es mayor por mucho que nos empeñemos en considerar que estos cargos deben someterse a los referidos principios de excelencia.

Así las cosas, creo que nada obsta a que persista el actual sistema en que tan solo una minoría de vocales se dediquen permanentemente a actuar las funciones del CGPJ integrados en su comisión permanente. En todo caso, para evitar lo que maliciosamente se ha denominado “presidencialismo” del sistema, debe establecerse ab initio un calendario de ocupación de tal preferente condición —la de vocal de la Comisión Permanente— propiciando la rotación predeterminada de todos aquellos que deseen integrarse en ella, evitando así que quede la designación al albur de una acomodaticia ductilidad para con el mando. Nada debiera cambiar orgánicamente, pues el gran debate sobre el nombramiento de vocales ya sería irrelevante si se objetivara la fórmula de nombramiento tanto de magistrados del TS como de cargos gubernativos como a continuación expongo.

Respecto de los magistrados del TS, entiendo que la presencia de vocales nombrados exclusivamente por los jueces incluso potenciaría las deficiencias del sistema: sustituiríamos la dependencia política por la gremial. Como alternativa bastaría con someter tales designaciones a auténticos concursos regidos efectivamente por el mérito y capacidad a través de una previa baremación de tales méritos de forma que todo magistrado conociera los presupuestos del cursus honorum para acceder al alto tribunal. Y, necesariamente, el margen de discrecionalidad que la valoración de méritos específicos implica debiera actuarse por un tribunal especializado, delegado del CGPJ y presidido por un vocal conocedor de la materia.

Para ciertas plazas gubernativas —presidencias de los TSJ y Audiencias— donde como digo baremar mérito y capacidad no es fácil, creo que deben ser los jueces del territorio afectado quienes designen a su presidente diluyendo de esta manera el persistente debate al que me he referido. El que a los vocales los designe el Parlamento o los propios jueces ya resultaría relativamente irrelevante, pues serían estos últimos, y no el CGPJ, quienes elegirían a sus mandos gubernativos. Parecería oportuna la exigencia de una cierta antigüedad en el oficio para evitar algún parvenu, convincente oferente de quimeras. Y en materia de presidencias de Sala creo que debiera seguirse el mismo criterio de elección por sus miembros, pues son quienes lo van a padecer. A mi juicio, con tales planteamientos, el poder político, los poderes asociativos y los informantes de Greco ya no tendrán por qué quejarse.

Vicente Guilarte Gutiérrez es catedrático de Derecho Civil y vocal del CGPJ.

martes, 1 de septiembre de 2020

España (1960-2020): la clase dominante es la que dicta las ‘reformas’


La conjunción de ideología e interés político y empresarial llevó a la consolidación de una clase dominante trasversal que se hizo con los puestos de mayor influencia y que estuvo en condiciones de determinar qué era lo deseable para la nación. La racionalidad económica se había convertido en el escalón definitivo de la dominación por consenso.


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Pese a la inevitable persistencia de la pandemia, en breve volverán la austeridad y las clases de Economía para todos. Durante los próximos meses, numerosos ‘expertos’ van a demostrarnos cómo la quiebra del país solo puede conjurarse si nuestros dirigentes emprenden audaces ‘reformas’ y medidas de ‘modernización’ del ‘aparato productivo’.

La política parlamentaria va a ser presentada como un lastre para una ‘recuperación’ que solo pueden liderar quienes están dotados del adecuado conocimiento técnico: los altos burócratas que, detrás de las cámaras, realizan sofisticados cálculos para determinar lo que es o no posible. Se trata del eterno y discreto triunfo de la ideología tecnocrática, vigente desde mucho antes de que Margaret Thatcher y Ronald Reagan hicieran sus revoluciones respectivas contra el contrato social de la posguerra.

En España, la continuidad en el liderazgo burocrático y el dominio de la racionalidad económica reinan desde los años sesenta; en particular, desde que, en 1959, el régimen franquista se legitimara con la aprobación del Plan de Estabilización. Se trataba de un conjunto de medidas que no se limitaron a la apertura del país, sino que, además, asfaltaron a largo plazo las redes del poder establecido, construyendo los principales puentes entre las instituciones decisivas que sobrevivirían al cambio de régimen y que conformarían un incontestable sentido común técnico hasta el presente.

El Plan de Estabilización fue un conjunto de medidas que supusieron los principales puentes entre las instituciones decisivas que sobrevivirían al cambio de régimen y conformarían un incontestable sentido común técnico hasta el presente

Para la consolidación de este régimen de pensamiento invariable, los años setenta y setenta jugaron papeles clave, con una progresiva transición institucional y profesional en los aparatos más relevantes del Estado, en particular, en los ministerios de Economía y Hacienda, en el Banco de España y en el Instituto Nacional de Industria (INI), titular de un gigantesco parque empresarial público hoy desierto.

A finales de los sesenta, el INI, presidido por el industrial Claudio Boada, contrató para su recientemente creado servicio de estudios a dos deslumbrantes jóvenes que habían tenido que exiliarse o ir a la cárcel por protestar contra el régimen franquista: Juan Manuel Kindelán y Miguel Boyer. A Boada, y a su jefe inmediato, el ministro de Industria José María López de Letona, no pareció importarles demasiado sus antecedentes.

Kindelán y Boyer acostumbraban a montar a caballo en una finca próxima a la Sierra de Gredos, ‘La Dehesilla’, propiedad del exministro republicano Justino de Azcárate, que representaba la burguesía liberal demócrata fracasada con la Segunda República. Su hija Isabel estaba casada con un economista llamado Mariano Rubio. Rubio, indirectamente emparentado con el ministro de Industria Letona, había comenzado a trabajar en otro servicio de estudios, el del Banco de España, donde un joven contestatario llamado Carlos Solchaga causaba escarnio entre los dinosaurios franquistas. En Hacienda también tuvieron oportunidad de consolidarse algunos otros técnicos, como el propio Rubio durante un periodo y, sobre todo, como el profesor Luis Ángel Rojo —futuro gobernador del Banco de España— o el inspector fiscal Francisco Fernández Ordóñez, cuyo hermano, apodado ‘MAFO’, había obtenido una plaza como Técnico Comercial del Estado.

Los puestos clave de la Administración fueron progresivamente acaparados por nuevas generaciones de tecnócratas de pedigrí democrático que cada vez tenían más lazos y características en común

Sin mediar conspiración alguna, salvo la del transcurso del tiempo, los puestos clave de la Administración fueron progresivamente acaparados por nuevas generaciones de tecnócratas de pedigrí democrático que cada vez tenían más lazos y características en común: el ingeniero Leopoldo Calvo-Sotelo, los economistas del Estado Juan Antonio García Díez y Carlos Bustelo —cuñado de Juan Manuel Kindelán y primo de Calvo Sotelo—, el abogado del Estado Alberto Oliart, el economista y físico Miguel Boyer…

A todos ellos se les adjudicaban características comunes: socialdemócratas de corazón, monetaristas de oficio, como afirmara un banquero de la época. Una descripción que, con todos los matices necesarios, puede resumir el perfil de la tecnocracia actual: fiel a las normas ‘superiores’ de la Economía convencional, pero dispuesta a que esta sea todo lo ‘inclusiva’ posible en su aplicación práctica.

El irrefrenable ascenso del PSOE en 1982 apuntaló a la nueva tecnocracia frente a los desafíos pendientes: luchar contra la inflación y la depreciación de la moneda después de las crisis petroleras, diseñar un instrumento para lidiar contra las numerosas quiebras bancarias, contener el déficit y la deuda pública, encontrar formas de negociación colectiva para domeñar el imparable desempleo y las crecientes demandas sindicales en plena reconversión y destrucción industrial… Todo ello, con la meta modernizadora última, una meritoria entrada en la Comunidad Europea que liquidara, para siempre, los fantasmas fratricidas de nuestra historia.   

El irrefrenable ascenso del PSOE en 1982 apuntaló a la nueva tecnocracia frente a los desafíos pendientes con la meta modernizadora última, una meritoria entrada en la Comunidad Europea que liquidara los fantasmas fratricidas

La red tecnocrática no solo impartía doctrina económica, sino que también perseguía consolidar su influencia en todo ámbito. Por eso, ministros como Boyer y Solchaga lograron poner al frente del gran parque de empresas industriales y energéticas a quienes habían sido sus patrones en la etapa del desarrollismo, e incluso contribuyeron a promover a algunos de ellos, posteriormente, a la capitanía de la gran banca privada, con mayor o menor éxito.

Algunos periodistas llamaron a este espíritu de clan, a esta conjunción de ideología e interés político y empresarial, la ‘beautiful people’, destiñendo un fenómeno infinitamente más interesante: la consolidación de una clase dominante trasversal entre la Administración central, los grandes centros decisorios políticos y unas empresas privadas que habían disfrutado generalmente de una amplia protección por parte del Estado franquista. Dicha clase dominante no solo se hizo con los puestos de mayor influencia, sino que, además, estaba en condiciones de determinar qué era o no lo deseable y factible para la nación. La racionalidad económica se había convertido en el escalón definitivo de la dominación por consenso.

Los ocho años de gobiernos del PP, con la doctrina del ‘déficit cero’, las privatizaciones a precios irrisorios, las bajadas electoralistas de impuestos y la polémica Ley del Suelo remataron el trabajo

Los ocho años de gobiernos del PP, con la doctrina del ‘déficit cero’, las privatizaciones a precios irrisorios, las bajadas electoralistas de impuestos y la polémica Ley del Suelo remataron el trabajo, con el agravante de aprovechar un entorno de tipos de interés bajos, propio de la euforia financiera y de la entrada en el Euro, para fomentar un modelo de crecimiento basado en el endeudamiento y en el escaso valor añadido de un sector inmobiliario inflado con esteroides. De la ortodoxia económica de los gobiernos socialistas pasamos a una variante algo más castiza y poblada de rasgos potencialmente delictivos que pueden sintetizarse icónicamente con la entrada en prisión del exministro del milagro económico, Rodrigo Rato de Figaredo.

La explosión de la burbuja inmobiliaria, la Gran Recesión y la nacionalización de buena parte de la deuda privada no corregirían el sentido común dominante. El ministro de Economía Pedro Solbes, un vicepresidente de la Comisión Europea regresado en 2004 a España para poner un ancla de solvencia presupuestaria a las decisiones políticas más atrevidas, había llegado a presumir de haber alcanzado un superávit fiscal en fechas previas al desmoronamiento de la economía. La ortodoxia de las cuentas públicas encierra numerosos secretos que todavía no han querido ser desvelados a la mayoría.

La racionalidad económica continúa, esta vez, en medio de una infección social de consecuencias todavía inabarcables. El gobierno actual puede sentirse seguro de contar con la ministra de Economía, Nadia Calviño —directora general de Defensa de la Competencia en tiempos de Solbes, exdirectora de presupuestos en la Comisión Europea—, como garantía comunitaria de que las cosas no se les van a ir de las manos. Son demasiados años, décadas, de éxitos y milagros económicos, y sociales, como para echarlo todo ahora por la borda. No nos atrevamos a ser desagradecidos.

Andrés Villena Oliver es doctor en Sociología. Ha publicado Las redes de poder en España. Élites e intereses contra la democracia (Roca Editorial, 2019)