El
anuncio que realiza hoy el Gobierno del Sr. Barbón sobre la
ampliación del horario de teletrabajo como medida de ahorro
energético es una burla en toda regla hacia sus trabajadores
públicos.
En
el mes de mayo del año 2021 el vicepresidente Cofiño anunció en la
Junta General que “en muy pocas semanas” se publicaría en el
Boletín Oficial el Decreto que regularía el teletrabajo en la
Administración del Principado de Asturias (ver aquí)
Un
año y tres meses después el Gobierno continúa sin aprobar dicho
Decreto, que ha sido tramitado con una lentitud irritante, buscando
retrasar el mayor tiempo posible la aprobación y entrada en vigor de
la norma reguladora. No deja de ser llamativo que el Gobierno que
dice haber declarado la “guerra a la burocracia”, haya puesto
todos los obstáculos burocráticos posibles para impedir la rápida
implantación del teletrabajo en la Administración asturiana. Por
algo será.
A
mayor abundamiento, en enero de este año 2022 el Gobierno del
Principado decidido
eliminar la recomendación del teletrabajo que había incluido en la
normativa para frenar los contagios del covid y que había publicado un mes antes en el Boletín Oficial ,
suprimiendo esta opción para sus trabajadores.
Esta
oposición evidente a la aplicación rápida y eficaz del teletrabajo
en la Administración del Principado es más grave, si cabe, si se
tiene en cuenta que el Decreto que actualmente tramita el Gobierno
del Principado (ver aquí) ni siquiera contempla su entrada en vigor inmediata,
si no que lo hará a los veinte días de su publicación y, además, impone como obligación que la solicitud se presente, al menos, con una
antelación de 2 meses al comienzo del periodo de prestación de servicios en la
modalidad de teletrabajo que se solicita (artículo 5.1). Así las cosas, hasta el año que viene, con suerte, el derecho a
teletrabajar sigue suspendido.
La
aprobación del Real Decreto-Ley sobre medidas de ahorro energético
y la apuesta por la implantación del teletrabajo en la
Administración General del Estado ha pillado fuera de juego y sin
los deberes hechos a la Administración que dirige el Sr. Barbón y,
en concreto, al departamento – Consejería de Administración
Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático- al que corresponde
la gestión de la Función Pública asturiana.
La
carencia de medidas, de normas y de acciones se pretende suplir con
propaganda e información averiada.
