“Es de interés primordial
para los españoles que el Estado acapare los mejores ingenieros, los
mejores médicos, los mejores letrados, disputándoselos a la industria
privada y a las profesiones libres. Abaratar la Administración no es
criterio admisible, porque mientras siga siendo defectuosa e incapaz,
por poco que cueste, será muy cara”. (Manuel Azaña).
No voy a ser nada tibio a la hora de pronunciarme sobre las polémicas
que se están generando a resultas de la voluntad declarada del Gobierno
municipal de Oviedo en el sentido de rescatar servicios privatizados.
Se entiende perfectamente que los trabajadores que pertenecen a empresas
contratadas por el Consistorio manifiesten su nerviosismo si ven
peligrar sus puestos de trabajo ante la perspectiva de que el Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo decida suspender, o, en su caso, no
renovar el convenio vigente en este momento.
Ahora bien, seamos claros: la responsabilidad de su situación laboral
no es achacable al Ayuntamiento de Oviedo, sino a la empresa privada a
la que pertenecen. La misión del Consistorio –perdón por la
perogrullada- es prestar servicios a la ciudadanía, y prestarlos con la
mayor calidad posible.
Pero en modo alguno sería justo que, por una parte, el conjunto de
los contribuyentes tuviese que pagar impuestos para dar beneficios a una
empresa privada. Y, por otro lado, como el propio Alcalde se encargó de
poner de manifiesto, para ser funcionarios de la Administración, han de
cumplirse una serie de requisitos en los que no caben agravios
comparativos.
Miren, hay que hablar claro: por una parte, en muchos ayuntamientos
se vinieron llevando a cabo contrataciones de personal, sin haber
convocado las oposiciones pertinentes, gracias al dedazo del alcalde o
concejal de turno. Y esto se hizo también mientras, en la mayor parte de
los casos, los sindicatos miraron hacia otro lado, sin pensar en las
muchas personas cualificadas que hay en paro, pero que no están en
posesión del carnet de partido, pero que no tienen la fortuna de tener
vínculos familiares o afectivos con los mandamases de turno.
Y, por otro lado, como en el caso que nos ocupa, vino con fuerza una
especie de tsunami privatizador que sirvió para que determinadas
empresas hiciesen su agosto cada año, sin que ello implicase
necesariamente una mejora en los servicios prestados a la ciudadanía;
pero, sin duda, todo ello contribuyó a los endeudamientos insostenibles
de muchos consistorios.
Trabajadores públicos para servir a la ciudadanía, para prestar
servicios; trabajadores públicos para quienes debe regir la igualdad a
la hora de concurrir a una plaza con su correspondiente concurso de
méritos y oposición.
Y, ya puestos en esta tesitura, no estaría mal pensar en las personas
desempleadas que, por titulación, podrían optar a una plaza en la
Administración pública, personas desempleadas en las que nadie piensa,
ni siquiera, en la mayor parte de los casos, unos sindicatos que se
vuelcan más en quienes pueden pagar las cuotas, en tanto clientes suyos.
Lo que toca es dejar las cuentas claras y prestar servicios de
calidad gracias, entre otras cosas, a un sistema de selección exigente,
sin amiguismos ni clientelismos.
Y, perdón por la contundencia, pero no conviene olvidar que no es de
justicia pedir privilegios a la hora de acceder a un puesto de trabajo,
máxime en las administraciones públicas. Y contratar a dedo es una
escenificación en toda regla de una apuesta por la desigualdad.
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