La estafa de las privatizaciones

Javier Álvarez Villa
Revista Atlántica XXII  

La transferencia masiva de la gestión de servicios públicos hacia empresas privadas se ha sustentado en un gran engaño argumental. La clase política institucionalizada dio por supuesto, con el apoyo incondicional de los altavoces mediáticos del poder económico, que la gestión privada resultaba más barata que la pública y que era más eficiente, ágil y de mejor calidad, frente a la supuesta lentitud y desidia de las estructuras burocratizadas.

Dos premisas rotundamente falsas que, sin embargo, fueron calando como lluvia fina en la mentalidad de los ciudadanos y ciudadanas a los que se halagaba con el cortés tratamiento comercial de clientes.

El menor coste de la gestión privada de los servicios públicos en ningún caso se justificó con informes solventes que sirvieran de motivación para los procesos de contratación. Pero los estudios “a posteriori”, realizados después de que se consumara la mercantilización de lo público, vinieron a desvelar la impostura. 

Así, por ejemplo, el informe del Tribunal de Cuentas de 28 de noviembre de 2013 sobre la fiscalización del sector público local del  ejercicio de 2011, concluye que la gestión privada de la limpieza viaria, del abastecimiento de agua potable y de la recogida de residuos sólidos tiene un coste medio superior a la gestión directa realizada con medios propios de los Ayuntamientos.

El servicio de limpieza viaria de los municipios tiene un coste medio de 18,01 euros por habitante, 16,23 euros si lo gestiona directamente el municipio y 27,83 euros –un  71% más– si el servicio lo presta una empresa a través de una concesión o concierto con la Administración; el servicio de abastecimiento de agua potable tiene un coste medio de 46,83 euros por habitante, 44,10 cuando la gestión es directa y 53,67 si está privatizado; y el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos tiene un coste medio por habitante de 48,76 euros, 42,55 euros en los casos en los que se presta con personal y medios de titularidad municipal y 53,90 en los municipios en los que se presta por empresas privadas.

Por lo que se refiere a la deficiente calidad de la gestión directa de los servicios públicos, utilizada como coartada privatizadora, casi siempre fue generada a drede por los gestores políticos, reduciendo las plantillas de personal mediante la congelación de las ofertas de empleo público y cerrando el grifo de las inversiones. En los últimos cuatro años asistimos a un caso dramático de degradación intencionada de la sanidad pública, cuyo presupuesto se redujo en 10.000 millones de euros entre los años 2009 y 2013 (el 16,3 %), mientras crecían exponencialmente las listas de espera en los hospitales. Los datos aparecen en un  informe del Ministerio de Hacienda, hecho público a comienzos del presente año 2015, conforme al cual el gasto sanitario de las Administraciones Públicas fue en 2013 de 63.006 millones de euros, 9.933 menos que en el año 2009. En términos de PIB, 0,8 puntos porcentuales menos.

Los procesos de privatización de los servicios públicos han encarecido el coste para las arcas públicas, empeorando la calidad de muchas prestaciones y deteriorando las garantías jurídicas de los usuarios. Además, son un grave foco de corrupción y clientelismo laboral.

La privatización de los servicios municipales de abastecimiento de agua, por poner un ejemplo muy significativo, ha caído en poder del duopolio formado por Agbar, controlada por el grupo francés Suez Environnement SA y la constructora FCC, cuyo accionista mayoritario es el mexicano Carlos Slim, la primera fortuna del mundo. FCC ha diversificado su oferta de prestaciones de servicios públicos y, así, en el concejo de Oviedo es concesionaria, además del agua (bajo la marca comercial Aqualia), de la limpieza, la recogida de basuras y del servicio de la grúa.

Agbar figura como el principal donante de la fundación de Convergencia Democrática de Cataluña implicada en un proceso judicial de corrupción a gran escala por la financiación ilícita del partido a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Y FCC aparece en los papeles de Bárcenas como donante de generosas sumas ilegalmente trasferidas al Partido Popular.

Una de las filiales del grupo Agbar, Aquagest, protagoniza la llamada “trama del agua”, una tupida red para la obtención de contratos por medio de sobornos, tráfico de influencias, regalos y viajes a personas con poder de decisión en numerosos Ayuntamientos de Galicia y de Asturias, que actualmente investiga la Audiencia Nacional.

Clientelismo laboral

Seguramente, una de las consecuencias más graves de la privatización masiva de servicios públicos, si no la peor, ha sido la pérdida del control público de los procesos de selección de los trabajadores vinculados a dichos servicios.

Los Estados Democráticos de Derecho han reconocido como un derecho fundamental de todos los ciudadanos y ciudadanas el acceso a los puestos del sector público en condiciones de igualdad, siguiendo procedimientos en los que solo se tenga en cuenta el mérito y la capacidad de los aspirantes. El reconocimiento de este derecho fundamental distingue a los Estados modernos, no solo del Antiguo Régimen, donde los puestos públicos se obtenían por herencia, se compraban o eran un privilegio estamental, sino también del Estado liberal decimonónico, en el que el partido gobernante elegía a sus propios empleados públicos, que cesaban en masa cuando entraba a gobernar el partido alternante (sistema de botín).

Pero, además, el acceso a los puestos públicos mediante procedimientos libres que respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad constituye la principal garantía de la actuación imparcial de la Administración Pública y del sometimiento de la misma al interés general. Esta forma de acceso y la fijeza en el empleo constituyen el baluarte que protege a los trabajadores públicos de las presiones internas del poder político y de las externas del poder económico.

La privatización de los servicios públicos, en la medida en la que convierte en privados también a los puestos de trabajo asociados al servicio, recorta y restringe el derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a los puestos del sector público y compromete gravemente las condiciones para que se preste de manera imparcial, pues desprotege a los trabajadores de las principales garantías para ello: deber el puesto exclusivamente a su propio mérito y la fijeza del empleo.

Junto a las grandes concesiones de servicios públicos, ha proliferado también la adjudicación de contratos de servicios a empresas bien relacionadas con consejeros, alcaldes o concejales, para la prestación de actividades a las Administraciones Públicas, en muchos casos, superfluas, innecesarias o ficticias. Una de las consecuencias más graves de esta red clientelar es el acceso de trabajadores de estas empresas a la condición de empleados públicos mediante el mecanismo fraudulento de la cesión ilegal.

El Ayuntamiento de Oviedo es un buen ejemplo de esta política clientelista de contratación. En los últimos años al menos 70 trabajadores han accedido a la condición de personal laboral indefinido del Ayuntamiento siguiendo el mismo proceso fraudulento: adjudicación de un contrato de servicios a una empresa privada cuyos trabajadores se instalan en oficinas municipales, quedando bajo el control y la dirección de funcionarios públicos del Ayuntamiento, demanda ante los Juzgados de lo Social instando el reconocimiento de la condición de personal laboral indefinido del Ayuntamiento, comparecencia en el juicio de los concejales y funcionarios que promovieron el contrato para testificar a favor del trabajador y confirmar la cesión ilegal, y sentencia favorable a aquél.

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Oviedo admitió a trámite en el mes de diciembre de 2014 una querella presentada por el grupo municipal de Foro Asturias por cesión ilegal de trabajadores de la empresa Asac Comunicaciones, imputando al jefe de Gabinete del Alcalde, al jefe del Servicio de Modernización del Ayuntamiento y al consejero delegado de la empresa.

El clientelismo laboral no es solo un privilegio para el trabajador que entra en la Administración por la puerta falsa. Se trata, fundamentalmente, de un agravio comparativo para todos los ciudadanos y ciudadanas que tenían derecho a acceder a ese puesto en igualdad de condiciones.

La regeneración democrática que hoy exige de forma mayoritaria la ciudadanía pasa inexcusablemente por poner fin a la gran estafa de las privatizaciones de los servicios públicos esenciales, volviendo a la gestión directa de los mismos. Los partidos políticos que se han comprometido a liberar la política del control del poder económico tienen aquí su principal piedra de toque. El proceso no será fácil porque los capataces políticos del capital han dejado un terreno minado.

Habrá que elaborar, con paciencia y rigor, un programa de “remunicipalizaciones” y tomar medidas que pueden resultar incómodas, porque nadie puede suponer que gobernar para desmontar un régimen clientelar sea una tarea fácil. Una de ellas, entre las fundamentales, recuperar para el empleo público los puestos de trabajo ahora privatizados, seleccionando a los trabajadores (funcionarios y personal laboral) a base de estrictos principios de igualdad, mérito y capacidad, porque el proceso de recuperación de lo público, si se quiere que sea legítimo, no puede admitir atajos.