La junta de personal, por acuerdo unánime, instó ayer al gobierno
local a respetar los principios de acceso a la función y a evitar que la
«desastrosa política de personal seguida en los últimos años» siga
perjudicando a quienes, «legítimamente», quieren acceder a un empleo
municipal. Con otras palabras, el órgano de los funcionarios quiere que
no se incorporen más trabajadores de contratas por la 'puerta de atrás',
a través de sentencias judiciales por cesión ilegal de trabajadores, y
que las plazas que ya están ocupadas por estos casi 80 empleados no
fijos de plantilla salgan a oferta pública de empleo.
El acuerdo de la junta insta, además, al equipo de gobierno a que
«estudie las posibles responsabilidades en que se haya podido incurrir
en la gestión del personal en los últimos años» y, en especial, a «las
negligencias» más graves, «como los supuestos de cesión ilegal de
trabajadores». Un informe de Abogacía Consistorial señalaba la
responsabilidad de varios jefes de servicio en que el Ayuntamiento fuese
condenado por cesión ilegal y, abundaba, en el caso del responsable de
Prensa, que llegó a deponer en sede judicial en contra de los intereses
municipales. Así mismo, dictaba una serie de medidas a implantar para
evitar nuevos casos que no han dejado de producirse hasta el mandato
pasado.
La junta de personal recuerda que «un acceso irregular al empleo
propicia también situaciones en las que el trabajador está sometido a
una situación de inestabilidad o vulnerabilidad que le impide actuar con
los criterios de profesionalidad e independencia que deben regir en la
función pública».
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