Becerril admite irregularidades en las comisiones de servicio y critica el "uso abusivo" de la competencia de organización
El colectivo de policías nacionales que ha denunciado
el enchufismo en la concesión de comisiones de servicio en Asturias ha
recibido un nuevo espaldarazo. La Defensora del Pueblo, Soledad,
Becerril, considera que el cuerpo no está respetando la normativa que
regula la provisión de puestos de trabajo y también que se está haciendo
"un uso abusivo de la potestad de auto-organización" a la hora de
mantener y otorgar estas comisiones de servicio. También considera que
no se motiva en los concursos anuales de traslados la no convocatoria de
plazas que están cubiertas por este sistema. Becerril reconoce que hay
comisiones de larga duración, incluso desde 2007, que se prorrogan
reiteradamente y se sorprende del elevado número de puestos que están en
estas condiciones y a los que no pueden optar los agentes que quieren
trasladarse.
Este caso está judicializado. Hay un recurso
presentado en el 2014 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En una prueba practicada durante el proceso, la Dirección General de la
Policía reconoció que en la convocatoria de traslados de 2014, además de
las siete plazas ofertadas en Asturias, había otras 80 más del catálogo
de puestos de trabajo que no se convocaron. La plataforma de policías
nacionales explica que, a día de hoy, el recurso está pendiente de
sentencia.
En
el concurso de traslados de este año 2015, el colectivo denuncia que la
Dirección General de la Policía ha seguido el mismo criterio y solo ha
sacado cuatro plazas para toda Asturias. Por este motivo, han vuelto a
presentar un nuevo recurso contencioso-administrativo en el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. Esta ha sido la sede elegida por "un
nutrido grupo de policías de toda España, aunque la mayoría procede
de la Jefatura Superior de Navarra".
Los agentes denunciantes
aseguran que el informe de la Defensora del Pueblo les ha supuesto "una
inyección de optimismo", tanto para los asturianos como para los que han
denunciado comisiones de servicio ilegales en Galicia o en Ceuta. Ahora
están pendientes de que se dicte sentencia sobre el primer contencioso
de 2014. Anuncian, además, que continuarán dando la batalla en los
tribunales mientras la política de la Dirección General de la Policía no
cambie.
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