Encuesta a la Carrera Judicial
La encuesta respondida por 1.285 jueces revela que sólo al 6% le parecen justas las designaciones de los puestos clave
El 9% de los jueces penales dicen que han sufrido presiones en casos de corrupción
Dos de cada tres jueces españoles sostienen que en los nombramientos del CGPJ
no prevalecen los criterios de mérito y capacidad. Sólo un minúsculo 6%
creen que esos son los motivos manejados por el órgano de gobierno de
los jueces al escoger a las piezas clave de la judicatura (presidentes
de Audiencia, de Tribunales Superiores y de sus salas, magistrados del
Supremo). A la misma pregunta el 27% de los jueces no sabe qué contestar
o prefiere no hacerlo.
Ese es uno de los resultados que arroja la VI Encuesta a la Carrera Judicial encargada
por el CGPJ a SigmaDos. La encuesta, con un margen de error del 2,4%,
se ha realizado mediante un cuestionario remitido a los 5.390 jueces y
magistrados en activo al que contestaron 1.285 de ellos (un 23%).
La
encuesta no incluye respuestas sobre los motivos a los que según los
jueces responden en realidad los nombramientos del CGPJ. La institución
siempre ha sido criticada por el reparto de nombramientos por motivos
políticos, ideológicos o de afinidad personal. La críticas han
proseguido tras las recientes reformas del Consejo. El último
nombramiento polémico, el pasado mes de julio, fue el del presidente de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Varios vocales del
CGPJ emitieron un voto particular en el que sostuvieron que el
nombramiento no respondió a esos criterios de mérito y capacidad.
Se
trata de la primera vez que el CGPJ -que decidió retomar las encuestas
tras cinco años de parón- se atreve a hacer una pregunta tan
comprometida sobre su propia actuación en la designación de la cúpula
judicial. Los cinco estudios anteriores no ofrecían a los jueces la
posibilidad de pronunciarse de manera directa sobre este asunto.
En
el apartado de preguntas relacionadas con la corrupción, la encuesta
indica que entre los jueces encargados de asuntos penales un 9% afirma
haber sufrido presiones externas en la tramitación o el enjuiciamiento
de casos de corrupción. Los más presionados han sido los jueces de
instrucción (16%).
Quienes dicen haber sufrido presiones sitúan
su origen en los medios de comunicación (51%), los políticos (43%) y los
particulares (26%). El 67% de esos jueces y magistrados aseguran que
reaccionaron a las presiones haciendo caso omiso de ellas, el 7%
recurriendo al CGPJ y el 12% de otras forma no especificada. El 14% ha
preferido no responder a cómo reaccionó.
Los jueces han respondido
que está a favor (86%) de la creación de unidades periciales que
dependan directamente de los juzgados y que se encarguen de asuntos de
delincuencia económica o relacionada con la corrupción.
Un 60%
apoya que se prohíba a los partidos políticos puedan ejercer la
acusación popular en casos de corrupción. Eso, por ejemplo, dejaría
fuera del caso Gürtel al PSOE y a IU.
También respaldan retirar privilegios a algunos cargos como declarar
por escrito en su despacho (79%), así como de que el jurado no juzgue
casos de corrupción (66%).
El estudio aborda materias muy variadas
y refleja, por ejemplo, que el 68% de los jueces españoles cree que el
traspaso de competencias de Justicia a las Comunidades Autónomas ha sido
perjudicial. Sólo el 13% cree que ha sido beneficioso. La opinión es
especialmente negativa en los jueces responsables de lo
contencioso-administrativo, entre los que el rechazo llega al 84%.
El
rechazo generalizado a la dispersión competencial de Justicia no
responde a los problemas que puedan ir relacionados a las lenguas
cooficiales, ya que sólo el 15% de los los que trabajan en alguna de las
Comunidades con lengua propia dicen tener dificultad para usarla. No
hay problemas en Cataluña (13%), Valencia (12%), Baleares (10%) y
Galicia (5%), pero sí en el País Vasco, donde el 54% de los jueces tiene
dificultades con el euskera.
De las 13 reformas procesales
planteadas los jueces se oponen sólo a una: a que la instrucción de los
casos pase a manos del fiscal. El 52% de los encuestados se muestra en
contra y el 41%.
La encuesta revela también que el 65% de los
jueces y magistrados se muestra en contra de las cuotas para mujeres en
los nombramientos de que efectúa el CGPJ. Entre las juezas y magistradas
el rechazo a esa medida es del 52%. Las mujeres, que son mayoría ya en
la carrera judicial (52%), creen que no están discriminadas (57%), si
bien una cuarta parte de ellas sí opina que la discriminación existe.
Al
margen del aspecto clave de los nombramientos, la encuesta del CGPJ no
arroja buenos resultados para el órgano de gobierno de los jueces. Tres
de cada cuatro jueces cree que no defiende de manera suficiente y
adecuada la independencia judicial, si bien la mitad cree que tampoco
tiene mecanismos adecuados para hacerlo de manera eficaz. La mitad de la
carrera judicial no conoce la última reforma en el sistema de
funcionamiento del CGPJ y la mitad de los que la conocen la consideran
una reforma mala o muy mala.
La encuesta revela que los jueces no
están demasiados satisfechos con su situación. Creen que la carga de
trabajo es excesiva (70%), que están insuficientemente pagados (84%) y
que están peor tratados que los registradores, notarios y fiscales.
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