El Consejo General del Poder Judicial elige al hijo de un vocal como jefe de sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial
Un hijastro del anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, fue designado en octubre letrado del Tribunal Supremo
La
Unión Progresista de Fiscales ha recordado que el Consejo de Europa
exige que los cargos se asignen "con criterios objetivos" y sin
"injerencias de grupos o familiares"
El 27 de octubre, el pleno del Consejo General
del Poder Judicial se reunió para elegir a la persona que ocupará el
puesto de jefe de sección del Servicio de Formación Continua de la
Escuela Judicial ubicada en Madrid. Se trata de un puesto remunerado con
un sueldo de 50.000 euros brutos anuales al que pueden optar
profesionales vinculados al mundo de la Justicia que deben presentar su
currículum y someterse a una entrevista personal. Optaron 24 personas,
entre los que había jueces, fiscales, secretarios judiciales, e incluso
catedráticos de Derecho.
En el momento de la votación decisiva, uno de los 21 integrantes del Consejo decidió abstenerse: el
magistrado del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde, vinculado
al grupo de los vocales conservadores. Se iba a decidir sobre su
hijo, Rafael Fernández de Paiz, un fiscal de 35 años con plaza en
Sabadell y sin apenas experiencia en el campo de la formación.
El puesto fue para él. Doce de los integrantes del CGPJ de todas las corrientes, incluido su presidente, Carlos Lesmes,
lo eligieron frente a los otros 23 candidatos. Por detrás, quedó con
seis votos el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Pascual
Fabia Mir, que ocupa el puesto 763º en el escalafón de la carrera. Agustín Pérez-Cruz, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de A Coruña, obtuvo dos votos.
El nombramiento que parte de la valoración subjetiva de los méritos y
de entrevistas personales con todos los candidatos –a la que según
confirman varias fuentes no acudieron todos los miembros del CGPJ,
aunque sí tuvieron oportunidad de seguirlas en vídeo– ha generado cierta
polémica interna. Uno de los vocales consultados sostiene que "la
arbitrariedad en la elección fue superior al de otras veces, teniendo en
cuenta los currículum" y duda de que se haya llevado a cabo "una
adecuada valoración de los méritos".
Al puesto optó
sin éxito la letrada de la Administración de Justicia, Rosa María
Mariscal de Gante, hermana de Margarita Mariscal de Gante, ministra de
Justicia en el primer Gobierno de Aznar y diputada en el Congreso por el
PP hasta 2004, quien no obtuvo ningún voto.
A raíz
de la designación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha hecho
público un comunicado para pedir que los nombramientos en la
Administración de Justicia se atengan a los principios de mérito y
capacidad.
En la nota, la UPF recuerda "el informe sobre prevención de
la corrupción en España del Grupo de Estados contra la Corrupción del
Consejo de Europa (2014) que recomendaba a España que en relación con
los nombramientos discrecionales se reforzara la transparencia, con el
fin de garantizar que estos nombramientos no pusieran en tela de juicio
la independencia, imparcialidad y transparencia de los procesos de
nombramiento".
Solo un par de semanas antes, el
Boletín Oficial del Estado ratificaba la situación de "servicios
especiales" para el fiscal de Ciudad Real Álvaro Mañas De Orduña, tras
ser promocionado como letrado del Gabinete Técnico al servicio del
Tribunal Supremo. Se trata de un fiscal joven destinado en Canarias,
hijo de la actual pareja del anterior fiscal general del Estado, Eduardo
Torres Dulce, que obtuvo el número 1 de su promoción en 2012 y recibió
por ello la medalla de San Raimundo de Peñafort. Con menos de cinco años
de carrera, ha sido elegido para incorporarse al Gabinete Técnico del
Tribunal Supremo por el CGPJ. Su nombramiento lo comunicó el
vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes.
El
concurso de méritos pivotó también sobre el currículum y una entrevista
personal. Las bases de la elección, publicadas en el BOE el 8 de junio,
establecen que la propuesta de candidatos/as aprobada por la Sala de
Gobierno será elevada por el presidente del Tribunal Supremo al pleno
del CGPJ para que proceda al nombramiento de quienes vayan a ocupar las
plazas de letrado del Gabinete Técnico al servicio del Alto Tribunal.
En el punto sexto de los requisitos del concurso se especifica que para
los aspirantes al puesto de letrado del Tribunal Supremo en el ámbito
Penal se premiará la "especial valoración de la experiencia en técnica
casacional, así como en los aspectos propios de la jurisdicción penal
desde una preceptiva práctica; profundo y actualizado conocimiento de la
Jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Tribunal
Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea; actividades de investigación o docentes;
conocimientos informáticos de bases de datos de jurisprudencia,
legislación y bibliografía e idiomas".
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