Razones del malestar de los facultativos que se enfrentan a concursos-oposición por una plaza fija
LNE, 27.10.2016
Señores del Servicio de Salud del Principado (Sespa): Este escrito pretende reconocerles su enorme esfuerzo en buscar argumentos para justificar lo injustificable. Entendemos que con ello no hayan tenido tiempo ni voluntad para encontrar los recursos que consigan corregir irregularidades y aplicar las herramientas necesarias para garantizar una mayor limpieza en los procesos selectivos de personal.
Hace seis meses, un grupo de médicos (principalmente interinos) de varios hospitales enviamos un escrito al señor Consejero de Sanidad y a LA NUEVA ESPAÑA como reacción a las irregularidades producidas durante la fase de concurso de la anterior oferta pública de empleo (OPE) para médicos (año 2011). El detonante principal de dicho escrito fue la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la segunda parte del examen correspondiente a medicina interna por las irregularidades cometidas en su desarrollo. La ausencia de medidas tomadas para subsanar el problema y evitar situaciones similares en el futuro nos condujo a reaccionar. La respuesta por parte de la Administración podríamos definirla como nula, con tibias manifestaciones de buenas intenciones, pero nada más. Una vez puesto en marcha un nuevo proceso selectivo para 2016-2017, asistimos estupefactos a la repetición de la misma metodología de selección que en la OPE anterior. La justificación es que Asturias es la única comunidad autónoma que no ha desarrollado una normativa propia para llevar a cabo estos procesos, por lo que sigue rigiéndose por el real decreto ley 1/1999 sobre selección de personal estatutario, como manifestó recientemente el señor Riera, gerente del Sespa.
Esa normativa establece que "la fase del concurso, constará, al menos, de un ejercicio de carácter práctico, que será leído o desarrollado, conforme la convocatoria determine, ante el tribunal en sesión pública". Pero es precisamente en ese ejercicio donde se dan la mayoría de situaciones irregulares que denunciamos, fundamentalmente filtraciones de su contenido y subjetividad en la evaluación del opositor en función de las afinidades que pueda tener con los miembros del tribunal.
Creemos que es lícito exigir limpieza en un proceso que supone alcanzar una estabilidad laboral que nos ha exigido mucho esfuerzo. Está recogido que estos procesos deben garantizar la posibilidad de acceso a una plaza en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Hasta el momento parece que no ha habido voluntad para cambiar la normativa a pesar de que los problemas se remontan a cinco años atrás.
Hace pocas semanas, el grupo parlamentario de Podemos presentó una proposición de ley reguladora de las pruebas de oposición para la selección y provisión de plazas de facultativo especialista de área. Ésta fue una iniciativa independiente del paso que nosotros hemos dado hasta el momento, pero su propuesta va en la misma línea, planteando que los ejercicios deben garantizar el anonimato de respuestas de los aspirantes. En concreto, tras la exposición de motivos en los que se reproducen parte de los hechos previamente mencionados, dicho grupo parlamentario realiza una propuesta en un artículo único, que se menciona a continuación: "En las pruebas de oposición llevadas a cabo para la provisión de plazas de facultativo especialista de área en las ofertas públicas de empleo del Sespa, el tipo de ejercicios planteado deberá garantizar el anonimato de las respuestas de cada aspirante, de modo que el tribunal no pueda conocer a quién pertenecen los formularios de respuesta hasta que se establezca la puntuación definitiva en el concurso-oposición de todas las personas aspirantes. No se realizarán, en ningún caso, ejercicios leídos o desarrollados en presencia del tribunal ni en sesión pública."
Posteriormente, hemos podido leer a través del mismo Boletín el acuerdo del Consejo de Gobierno al respecto, en el cual se manifiesta un criterio desfavorable a la toma en consideración de esta proposición. En este acuerdo, se exponen diversos puntos para justificar la decisión. Algunos se amparan en cuestiones legales y de aplicación limitada de un posible cambio en la norma.
Somos facultativos, desconocemos en profundidad los procedimientos legales necesarios. Aún así, habiendo dispuesto de cinco años para cambiarla, creemos que se pone de manifiesto una absoluta falta de voluntad para modificarla.
En lo que respecta al último punto de su exposición, los argumentos nos parecen, eso sí, escandalosos. Se cita textualmente: "Cuarto. Efectos de la regulación propuesta. La justificación única de la norma parece descansar en el temor de que se cometan irregularidades en las pruebas selectivas de las plazas de facultativo especialista de área. Ahora bien, la supuesta garantía del anonimato de las pruebas conlleva una gran rigidez en la realización de las mismas. La proposición, atendiendo al contenido del artículo único, parece querer reducir las pruebas a exámenes tipo test, pues se eliminan ejercicios leídos o desarrollados en presencia del tribunal o en sesión pública y se utiliza la expresión 'formularios de respuesta'". Y un poco más adelante añaden: "El uso de formularios de respuesta empobrece especialmente el ejercicio de carácter práctico previsto en el artículo 30.2 del citado real decreto ley 1/1999, de 8 de enero. Dicha prueba, por otro lado, reviste una gran importancia para apreciar la capacidad del aspirante."
¿Nos van a decir que en este siglo la única opción de responder a un caso clínico es un texto escrito a mano, con nuestro nombre en la cabecera y posteriormente leído ante el tribunal? Señores, un poco de esfuerzo mental, que vivimos en la era de la tecnología. Pueden pedirnos que en vez de escribir a mano mecanografiemos el texto (entre los programas "Millenium" y "Selene", estamos entrenados), pueden codificarse los datos del opositor de cara a la corrección... Vamos, que no hay ganas.
Por cierto, ¿evaluar la destreza en casos prácticos en el caso de un facultativo de atención primaria no es importante? Además, en otras comunidades autónomas, incluyendo algunas que posicionan sus hospitales entre los mejor valorados de España (Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León...), incluyen sólo cuestionarios de respuesta múltiple.
Un poco más adelante, mencionan lo siguiente: "Por otra parte, los miembros de tribunales de selección, que deben reunir el requisito de especialización, tienen una obligación de objetividad e imparcialidad en su actuación y están sujetos a la responsabilidad que pueda derivarse de su incumplimiento (...) El sistema tiene una serie de garantías que se han venido aplicando adecuadamente. El hecho de que en situaciones concretas algún miembro de un tribunal no hubiera cumplido con sus obligaciones no puede justificar la merma de la calidad del proceso de selección, pues el ordenamiento tiene mecanismos jurídicos suficientes para reaccionar frente a esos supuestos".
Este punto es, sinceramente, desternillante. A día de hoy, no ha habido ninguna sanción a los miembros del tribunal de medicina interna de la OPE anterior. El compromiso de repetir la segunda parte del examen, siguiendo lo indicado en la sentencia del Tribunal Supremo, no tenía fecha en el calendario. Ayer mismo publicó LA NUEVA ESPAÑA la voluntad del Sespa de no aplicar la sentencia, con el argumento de las dificultades que conlleva. El presidente de dicho tribunal aspira a revalidar el cargo como director del Área de Gestión de Medicina Interna, sin que su mala actuación en el proceso del año 2011 haya tenido consecuencia alguna. ¿Y nos dicen que si algún miembro de un tribunal incumple el reglamento estarán sujeto a la responsabilidad que pueda derivarse? Está claro, ya vimos el ejemplo. Aquellos opositores que resulten perjudicados por irregularidades de este tipo quedan totalmente desamparados en esta Administración. Es escandaloso.
Y finalizan con: "En definitiva, la pretensión de que los médicos que nos atiendan en el Servicio de Salud sean seleccionados por unos formularios de respuestas alternativas múltiples no parece ni conforme con lo que la Constitución española pretende ni con lo que el ciudadano y usuario de nuestro sistema sanitario espera".
Si lo piensan bien, lo que probablemente no esperan los ciudadanos y usuarios es que el sistema sanitario mantenga el enchufismo y el clientelismo, en el que se empodera a directivos y jefes de servicio que pueden fácilmente favorecer a sus candidatos predilectos, aunque eso no garantice que sean los más capacitados. Tengan por seguro los ciudadanos que la perpetuación de este método de selección no aportará motivación a los profesionales asturianos ni supondrá un estímulo para la captación de talento.
Señores del Servicio de Salud del Principado (Sespa): Este escrito pretende reconocerles su enorme esfuerzo en buscar argumentos para justificar lo injustificable. Entendemos que con ello no hayan tenido tiempo ni voluntad para encontrar los recursos que consigan corregir irregularidades y aplicar las herramientas necesarias para garantizar una mayor limpieza en los procesos selectivos de personal.
Hace seis meses, un grupo de médicos (principalmente interinos) de varios hospitales enviamos un escrito al señor Consejero de Sanidad y a LA NUEVA ESPAÑA como reacción a las irregularidades producidas durante la fase de concurso de la anterior oferta pública de empleo (OPE) para médicos (año 2011). El detonante principal de dicho escrito fue la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la segunda parte del examen correspondiente a medicina interna por las irregularidades cometidas en su desarrollo. La ausencia de medidas tomadas para subsanar el problema y evitar situaciones similares en el futuro nos condujo a reaccionar. La respuesta por parte de la Administración podríamos definirla como nula, con tibias manifestaciones de buenas intenciones, pero nada más. Una vez puesto en marcha un nuevo proceso selectivo para 2016-2017, asistimos estupefactos a la repetición de la misma metodología de selección que en la OPE anterior. La justificación es que Asturias es la única comunidad autónoma que no ha desarrollado una normativa propia para llevar a cabo estos procesos, por lo que sigue rigiéndose por el real decreto ley 1/1999 sobre selección de personal estatutario, como manifestó recientemente el señor Riera, gerente del Sespa.
Esa normativa establece que "la fase del concurso, constará, al menos, de un ejercicio de carácter práctico, que será leído o desarrollado, conforme la convocatoria determine, ante el tribunal en sesión pública". Pero es precisamente en ese ejercicio donde se dan la mayoría de situaciones irregulares que denunciamos, fundamentalmente filtraciones de su contenido y subjetividad en la evaluación del opositor en función de las afinidades que pueda tener con los miembros del tribunal.
Creemos que es lícito exigir limpieza en un proceso que supone alcanzar una estabilidad laboral que nos ha exigido mucho esfuerzo. Está recogido que estos procesos deben garantizar la posibilidad de acceso a una plaza en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Hasta el momento parece que no ha habido voluntad para cambiar la normativa a pesar de que los problemas se remontan a cinco años atrás.
Hace pocas semanas, el grupo parlamentario de Podemos presentó una proposición de ley reguladora de las pruebas de oposición para la selección y provisión de plazas de facultativo especialista de área. Ésta fue una iniciativa independiente del paso que nosotros hemos dado hasta el momento, pero su propuesta va en la misma línea, planteando que los ejercicios deben garantizar el anonimato de respuestas de los aspirantes. En concreto, tras la exposición de motivos en los que se reproducen parte de los hechos previamente mencionados, dicho grupo parlamentario realiza una propuesta en un artículo único, que se menciona a continuación: "En las pruebas de oposición llevadas a cabo para la provisión de plazas de facultativo especialista de área en las ofertas públicas de empleo del Sespa, el tipo de ejercicios planteado deberá garantizar el anonimato de las respuestas de cada aspirante, de modo que el tribunal no pueda conocer a quién pertenecen los formularios de respuesta hasta que se establezca la puntuación definitiva en el concurso-oposición de todas las personas aspirantes. No se realizarán, en ningún caso, ejercicios leídos o desarrollados en presencia del tribunal ni en sesión pública."
Posteriormente, hemos podido leer a través del mismo Boletín el acuerdo del Consejo de Gobierno al respecto, en el cual se manifiesta un criterio desfavorable a la toma en consideración de esta proposición. En este acuerdo, se exponen diversos puntos para justificar la decisión. Algunos se amparan en cuestiones legales y de aplicación limitada de un posible cambio en la norma.
Somos facultativos, desconocemos en profundidad los procedimientos legales necesarios. Aún así, habiendo dispuesto de cinco años para cambiarla, creemos que se pone de manifiesto una absoluta falta de voluntad para modificarla.
En lo que respecta al último punto de su exposición, los argumentos nos parecen, eso sí, escandalosos. Se cita textualmente: "Cuarto. Efectos de la regulación propuesta. La justificación única de la norma parece descansar en el temor de que se cometan irregularidades en las pruebas selectivas de las plazas de facultativo especialista de área. Ahora bien, la supuesta garantía del anonimato de las pruebas conlleva una gran rigidez en la realización de las mismas. La proposición, atendiendo al contenido del artículo único, parece querer reducir las pruebas a exámenes tipo test, pues se eliminan ejercicios leídos o desarrollados en presencia del tribunal o en sesión pública y se utiliza la expresión 'formularios de respuesta'". Y un poco más adelante añaden: "El uso de formularios de respuesta empobrece especialmente el ejercicio de carácter práctico previsto en el artículo 30.2 del citado real decreto ley 1/1999, de 8 de enero. Dicha prueba, por otro lado, reviste una gran importancia para apreciar la capacidad del aspirante."
¿Nos van a decir que en este siglo la única opción de responder a un caso clínico es un texto escrito a mano, con nuestro nombre en la cabecera y posteriormente leído ante el tribunal? Señores, un poco de esfuerzo mental, que vivimos en la era de la tecnología. Pueden pedirnos que en vez de escribir a mano mecanografiemos el texto (entre los programas "Millenium" y "Selene", estamos entrenados), pueden codificarse los datos del opositor de cara a la corrección... Vamos, que no hay ganas.
Por cierto, ¿evaluar la destreza en casos prácticos en el caso de un facultativo de atención primaria no es importante? Además, en otras comunidades autónomas, incluyendo algunas que posicionan sus hospitales entre los mejor valorados de España (Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León...), incluyen sólo cuestionarios de respuesta múltiple.
Un poco más adelante, mencionan lo siguiente: "Por otra parte, los miembros de tribunales de selección, que deben reunir el requisito de especialización, tienen una obligación de objetividad e imparcialidad en su actuación y están sujetos a la responsabilidad que pueda derivarse de su incumplimiento (...) El sistema tiene una serie de garantías que se han venido aplicando adecuadamente. El hecho de que en situaciones concretas algún miembro de un tribunal no hubiera cumplido con sus obligaciones no puede justificar la merma de la calidad del proceso de selección, pues el ordenamiento tiene mecanismos jurídicos suficientes para reaccionar frente a esos supuestos".
Este punto es, sinceramente, desternillante. A día de hoy, no ha habido ninguna sanción a los miembros del tribunal de medicina interna de la OPE anterior. El compromiso de repetir la segunda parte del examen, siguiendo lo indicado en la sentencia del Tribunal Supremo, no tenía fecha en el calendario. Ayer mismo publicó LA NUEVA ESPAÑA la voluntad del Sespa de no aplicar la sentencia, con el argumento de las dificultades que conlleva. El presidente de dicho tribunal aspira a revalidar el cargo como director del Área de Gestión de Medicina Interna, sin que su mala actuación en el proceso del año 2011 haya tenido consecuencia alguna. ¿Y nos dicen que si algún miembro de un tribunal incumple el reglamento estarán sujeto a la responsabilidad que pueda derivarse? Está claro, ya vimos el ejemplo. Aquellos opositores que resulten perjudicados por irregularidades de este tipo quedan totalmente desamparados en esta Administración. Es escandaloso.
Y finalizan con: "En definitiva, la pretensión de que los médicos que nos atiendan en el Servicio de Salud sean seleccionados por unos formularios de respuestas alternativas múltiples no parece ni conforme con lo que la Constitución española pretende ni con lo que el ciudadano y usuario de nuestro sistema sanitario espera".
Si lo piensan bien, lo que probablemente no esperan los ciudadanos y usuarios es que el sistema sanitario mantenga el enchufismo y el clientelismo, en el que se empodera a directivos y jefes de servicio que pueden fácilmente favorecer a sus candidatos predilectos, aunque eso no garantice que sean los más capacitados. Tengan por seguro los ciudadanos que la perpetuación de este método de selección no aportará motivación a los profesionales asturianos ni supondrá un estímulo para la captación de talento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario