La Administración al día
A 20 días de que las comunidades autónomas tengan que cumplir las obligaciones de transparencia que rigen para la administración central desde hace un año, la mayoría de las autonomías no tiene creado los órganos que han de velar por la correcta aplicación de todos los preceptos de la Ley de Transparencia y que deberán gestionar las reclamaciones de los ciudadanos en esta materia.
MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno se aprobó a finales 2013, pero aquel año, concretamente
el 10 de diciembre, sólo entró en vigor la parte correspondiente al Buen
Gobierno, en la que se detallan una serie de principios y sanciones para los
funcionarios públicos.
Para la entrada en vigor de las obligaciones de
transparencia y acceso a la información se fijaron dos plazos distintos:
mientras que los organismos estatales tuvieron que aplicar la ley en su
totalidad a partir del 10 de diciembre del año pasado, a las administraciones
locales y autonómicas se les dio un año más de margen y estarán obligadas a
cumplir la norma dentro de 20 días.
A día de hoy, todas las autonomías cuentan ya con su
propio portal de transparencia para ofrecer la información a la que están
obligados(contratos públicos, retribuciones de altos cargos, subvenciones,
etc...). La última en hacerlo, esta misma semana, ha sido la Comunidad de
Madrid.
Todos estos portales ofrecen el mismo tipo de
información con más o menos facilidades para encontrarla. El de la Comunidad
Valenciana, por ejemplo, ha puesto muy a la vista, el listado de regalos que
reciben sus altos cargos y también va a informar de lo que cuestan los viajes
que realizan.
Pero además de ofrecer la denominada 'publicidad
activa' a través de estos portales, la ley establece que debe haber un órgano
que resuelva las reclamaciones que los ciudadanos presentan cuando entienden que
una administración no ha cumplido con las obligaciones que marca la legislación
sobre transparencia.
MURCIA, CATALUÑA Y CANARIAS YA LOS TIENEN
A nivel estatal este órgano es el Consejo de la
Transparencia, que debe tener sus equivalentes autonómicos. Y en el caso de que
una comunidad renuncie a crear ese órgano nuevo, la tarea de gestionar las
reclamaciones puede delegarse en otra institución autonómica o bien dejarse
recaer en el consejo estatal previa firma del convenio correspondiente.
De momento, únicamente tres de las 17 comunidades
han creado los equivalentes autonómicos al Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno estatal: Murcia, Cataluña y Canarias.
Otras cuatro han decidido delegar esta labor en
organismos ya existentes. En concreto, la Comunidad de Madrid ha pasado la tarea
al Consejo Consultivo, que está en pleno desmantelamiento, mientras que Galicia
y Navarra se la han encargado a su correspondiente Defensor del Pueblo, al igual
que Castilla y León que, no obstante, creará también un Comisionado de
Transparencia.
ANDALUCÍA, ARAGÓN Y COMUNIDAD VALENCIANA ESTÁN EN
ELLO
Por su parte, Andalucía, Aragón y la Comunidad
Valenciana aseguran haber decidido qué organismo se encargará de velar por el
cumplimiento de la ley, pero aún no lo han activado.
Y las siete comunidades restantes ni siquiera han
definido qué organismo se ocupará de garantizar la transparencia y no han
aprobado ningún procedimiento al respecto. Se trata de Castilla-La Mancha,
Extremadura, Baleares, País Vasco, Asturias, La Rioja y Cantabria, comunidad
esta última que no tiene aprobada ni una sola norma sobre transparencia.
Para evaluar el cumplimiento de la ley, el Consejo
de Transparencia va a crear un grupo de trabajo para acordar un sistema de
medición único, basado criterios homogéneos, que sirva para analizar cómo se
comportan las tres administraciones en todos los territorios.
GALICIA, PIONERA EN LEGISLACIÓN
En cuanto a la existencia de normas autonómicas en
materia de transparencia, la más antigua es la Ley de Transparencia y Buenas
Prácticas gallega, que fue aprobada en 2006 bajo el mandato del socialista
Emilio Pérez Touriño. En la actualidad el gobierno de Nuñéz Feijoó tiene en
proyecto una nueva norma sobre el particular, al igual que el Ejecutivo vasco y
el asturiano. El Gobierno del Principado aprobó sendos textos sobre
transparencia y buen gobierno en 2014, pero no llegaron a aprobarse.
Castilla-La Mancha, por su parte acaba de aprobar un
anteproyecto sobre transparencia y participación ciudadana; Cantabria carece de
legislación específica y la Comunidad de Madrid se rige en este ámbito por la
Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de diciembre de 2014.
En cuanto a las entidades locales, las quejas o
reclamaciones relacionadas en su ámbito de actuación tendrán que ser resueltas,
bien por el órgano autonómico del territorio al que pertenezcan, si fuese
creado, o bien por el propio Consejo de la Transparencia.
En el Consejo de Transparencia hay, entre otros,
representantes de las comunidades autónomas y de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), que han venido colaborando con las entidades
locales para ayudarles a cumplir las obligaciones que marca la ley.
Desde la página web del Consejo de Transparencia
actualmente se puede acceder a un total de 16 portales de transparencia de otros
tantos ayuntamientos de capitales de provincia (el 30% del total), como los de
Madrid, Barcelona, A Coruña, Valencia, Toledo o las Palmas de Gran Canaria.
Igualmente, el organismo estatal facilita enlaces a nueve webs de otras tantas
diputaciones provinciales y de dos cabildos insulares.
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