De acuerdo con la información que se acaba de publicar en el llamado "portal de transparencia" del Principado de Asturias, las retribuciones de los 41 asesores de confianza política nombrados a dedo por el Gobierno de Javier Fernández tras las elecciones del pasado mes de mayo, ascienden a un total de 1.685.931,32 euros (ver relación aquí). Esta cifra supone un aumento en 5.428,44 euros respecto del importe total de las retribuciones que se pagaban al mismo número de asesores antes de las elecciones (ver a aquí la relación que facilitaba el Gobierno del Principado)
Se trata de un incremento del gasto que revela el sentido de la política sobre el empleo público que tiene el Gobierno asturiano. Mientras esta Comunidad Autónoma niega el pago de una parte proporcional de la paga extra debida a sus empleados públicos, a diferencia de lo que han hecho ya once Comunidades Autónomas, no encuentra inconveniente alguno en aumentar las retribuciones de un grupo privilegiado de su confianza política.
Pero, además, la relación de puestos de asesores ( personal eventual) que acaba de dar a conocer el Gobierno de Javier Fernández pone de manifiesto algunos datos que solo pueden calificarse de escandalosos:
- El Presidente del Principado tiene tres asesores con el nivel 30, el máximo nivel retributivo en el empleo público, nivel que solo tienen seis jefaturas de servicio. ¿Para qué necesita y a qué dedica el presidente del Gobierno esta guardia pretoriana con los salarios más altos de la Administración Pública?
- La Consejería de Presidencia tiene un total de ocho asesores. ¿Qué trabajos de confianza política realiza este amplio grupo de allegados que no puedan ser desarrollados por funcionarios públicos?
- La configuración de los 41 puestos evidencia que la retribución asignada a cada uno de ellos se hace por razones estrictamente personales, es decir, por el nivel de influencia o recomendación
- En el colmo del disparate, se asigna un asesor al Consejo Económico y Social y otro a la Fiscalía Superior, vulnerando en este segundo caso el artículo 13 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que encomienda las labores de comunicación, relaciones con los medios y gestión de la atención al ciudadano a funcionarios integrados dentro de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía.
El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies considera que este sistema de reclutamiento masivo de asesores de confianza al margen de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, es un residuo antidemocrático del caciquismo político del siglo XIX, que no debiera tener cabida en un Estado que se dice Democrático y de Derecho.
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