Rafael Jiménez Asensio
“El Gobierno necesita pensar en el porvenir”
(Harold J. Laski, La gramática de la política, Comares, 2002, p. 376).
En época electoral hay que cuidar mucho lo que se escribe. La sensibilidad está a flor de piel, más aún en un país altamente polarizado, sin espacios intermedios, que se han achicado hasta la extinción. Sin embargo, hay un tema por el que la atención mediática está pasando de puntillas, siempre más preocupada por el ruido de la política que por su (in)efectividad.
En España, tras el 28 M, se han renovado las mayorías políticas en varias de las Comunidades Autónomas que celebraron procesos electorales. Esa renovación ha alcanzado también a innumerables Ayuntamientos y, asimismo, ha llegado a Diputaciones provinciales y otros gobiernos locales intermedios. Y, donde no ha habido alteraciones de mayorías, ha habido cambios de caras y, asimismo, se advierte un apetito de las fuerzas políticas minoritarias por entrar, allí donde puedan, a morder poder; esto es, a capturar para su particular cesto político cargos públicos que repartir entre sus acólitos y responsabilidades públicas que conlleven presupuesto o permitan ser escaparate de la acción política, aunque a veces tensando la cuerda hasta lo indecible, cuando no tomando medidas estrambóticas que repugnan la más mínima cordura.
Ha llegado, por tanto, época de cambios no solo en las estructuras gubernamentales, sino también, por efecto dominó, en una amplísima nómina de altos cargos y asimilados, de personal directivo de las densas y espesas entidades del sector público autonómico y local, así como de la amplia y extensa nómina de asesores; un personal eventual que aún se sigue configurando con el oscuro e impropio manto “funcionarial”. Lo cierto es que, de ahí los nervios, hay muchísimas poltronas a repartir, sin contar las que vendrán luego de esas también múltiples entidades que cínicamente y sin ningún rubor nuestras leyes llaman “autoridades o administraciones independientes”, (casi) absolutamente colonizadas por los apetitos políticos, que los diferentes partidos utilizan (en espurios y cerrados acuerdos propios de un cártel) para desactivar de raíz un sistema de pesos y contrapesos que en este país nunca ha funcionado, y no lo hará milagrosamente de repente ni tampoco de forma fácil.
España, con sus multiplicados gobiernos y administraciones territoriales, así como con su cultura política caciquil revestida de clientelismo, ofrece (junto a Italia, incluso superándola) una evidente singularidad europea en lo que a intensidad de la colonización de la alta administración por la política respecta. Esa categoría tan hispana, además con reflejo incluso constitucional, de los altos cargos, luego acogida con fervor por las leyes, ha ido ensanchando su perímetro y número hasta adquirir tintes de figura propia de una obesidad mórbida. Pronto la política percibió que debía ampliar su capacidad de penetración en las estructuras gubernamentales y administrativas, y en línea con el spoils system aplicado castizamente penetró con descaro en el virginal cuerpo administrativo con la pretensión de llegar (casi) a sus entrañas. No lo pudo hacer del todo, porque esa voraz política colonizadora tropezó con el aparente valladar de una cada vez más desfigurada y empobrecida función pública profesional (que bien ha procurado la política siempre reducirla a cenizas; y a fuer de ser sinceros lo está casi consiguiendo). Ese pretendido dique de contención de la función pública profesional tenía de siempre agujeros negros que se han ido ampliando, tales como aquellos que toleran nombramientos discrecionales por libre designación y libre cese en la alta función pública, por mucho que se empeñen los tribunales de justicia de poner puertas al mar. También el número de tales nombramientos ha crecido sin medida. La confianza política o personal es su motor. La pérdida de esa confianza, su muerte civil. Hablar de Administración pública profesional con esos mimbres, es un insulto a la inteligencia.
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