El SESPA, dirigido por Concepción Saavedra, número dos de Adrián Barbón, no facilita a la Fundación Civio información sobre centros de salud.
La Fundación Civio publica esta semana un macroestudio sobre la situación de la atención primaria en España. La entidad sin ánimo de lucro y dedicada a la fiscalización de los organismos públicos ha dibujado un mapa por comunidades autónomas y áreas de salud para dar a conocer el grado de presión de 1.487 centros de atención primaria, es decir pacientes vistos por día en los servicios de medicina de familia, pediatría y enfermería de los ambulatorios españoles.
Si bien es conocida la fuerte saturación de los centros de salud en toda España, Civio desvela por primera vez con exactitud cuál es la media de pacientes vistos al día en todo 2022. La excepción es Asturies, y no por sus buenos datos. La comunidad autónoma es una zona en blanco en el exhaustivo mapa elaborado por la Fundación. ¿El motivo? El SESPA, Servicio de Salud del Principado de Asturias, cuya gerente es Concepción Saavedra, número dos de la lista electoral de Adrián Barbón, se ha negado a facilitar la información necesaria para el estudio de Civio, que se ampara en la obligatoriedad de proporcionarlos establecida en la Ley de Transparencia.
Desde la Fundación señalan que el Principado “es la única comunidad que se ha negado a darnos las cifras que solicitábamos. Aunque es una mala noticia, lo cierto es que hemos avanzado mucho en transparencia respecto a lo conseguido en noviembre de 2022. Por aquel entonces, cuatro regiones rechazaron concedernos el acceso a los datos de presión asistencial (junto con Asturias, lo hicieron Cantabria, Galicia y Cataluña)”.
Ángela Bernardo, subdirectora de Civio, ha señalado en declaraciones a NORTES que desde la Fundación pidieron los datos al SESPA, y que desde este se enviaron 15 páginas relativas a algunos días de febrero de 2023, cuando desde la entidad se había reclamado “información completa de 2022”. Civio hizo un segundo requerimiento “en tiempo y forma” que tampoco fue atendido, por lo que decidieron publicar el mapa con los datos asturianos en blanco. “Ahora nos ha llamado la dirección general de Transparencia de Asturias. Esperamos que sirva para resolverlo”, ha señalado Bernardo.
No es la primera vez que el Principado se niega a colaborar en estudios sobre la calidad de servicios públicos. También se ha negado a facilitar los datos sobre muertes en residencias de mayores durante el primer mes de la pandemia.
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