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martes, 31 de octubre de 2023

El Principado tuvo que contratar los servicios informáticos por la vía de emergencia al detectar una situación de grave peligro

 El Gobierno del Principado de Asturias tuvo que acudir a la vía excepcional y extraordinaria de emergencia, sin convocatoria pública previa, para contratar la prestación de los servicios informáticos de la Administración y de sus organismos, empresas y entes públicos, al detectar una situación de grave peligro en la prestación de dichos servicios

Así aparece recogido en el anuncio de publicación de la adjudicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de 21 de marzo de 2023, según el cual la situación de extrema urgencia detectada consistió en que “el contratista no está cumpliendo el contrato además de la imposibilidad del mismo para garantizar las medidas necesarias por razones de seguridad o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado provocan el nacimiento de una situación de grave peligro”

Recordamos que el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público prevé la tramitación de emergencia cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional.

De esta forma, el contrato fue adjudicado de forma directa, sin convocatoria pública, por importe, IVA excluido, de cerca de ocho millones de euros

A juicio de esta asociación, el Gobierno debe dar explicaciones exhaustivas sobre las circunstancias concretas que concurrieron para que se entrara en esa situación de “grave peligro”, teniendo en cuenta que el funcionamiento de los servicios informáticos de la Administración afecta de manera  decisiva a la correcta prestación de los servicios públicos y al tratamiento y control de los datos personales de todas las ciudadanas y ciudadanos de Asturias.

El problema de fondo, entendemos, consiste en que la Administración asturiana, mediante la privatización completa de sus servicios informáticos, ha perdido su soberanía tecnológica y la capacidad de disponer del conocimiento técnico y de los recursos humanos y materiales propios necesarios para garantizar la seguridad informática y el respeto de los derechos de la ciudadanía.

La sociedad asturiana merece una respuesta rápida y suficiente sobre lo sucedido

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