El diario La Nueva España publicaba en el día de ayer una carta de Alberto Vizcaíno, que se identifica como “servidor
público del Principado”, en la que, además de arremeter con saña contra la funcionaria
Marta Renedo, a la que despoja del derecho fundamental a la presunción de inocencia, niega la
existencia de una trama de corrupción administrativa en el "caso Marea", calificándola de “supuesta trama de
corrupción de mierda”
En la misiva el Sr. Vizcaíno se
hace portavoz de miles de empleados públicos del Principado que, según él, negarían
la existencia de tramas institucionales y se opondrían a la “utilización partidista
de una funcionaria” de la que estarían avergonzados.
Lo que no dice D. Alberto Vizcaíno
en su carta es que ocupa el cargo político de Director General de Pesca en el
Gobierno del Principado, puesto en el que repite después de que su nombramiento
anterior fuera declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en sentencia del
año 2013, posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo, por no tener la condición de funcionario público de carrera
perteneciente a un cuerpo para cuyo acceso se requiera titulación superior,
como exigía la ley vigente en el momento en el que fue nombrado.
A pesar de ello, el currículo oficial que figura en la página web del Principado da a entender engañosamente lo contrario, cuando señala que en 1980 "ingresa como funcionario en el Cuerpo de Veterinarios del Principado de Asturias". En 1980 aún no se había aprobado el Estatuto de Autonomía por lo que mal podía existir un Cuerpo de Veterinarios del Principado de Asturias.
A pesar de ello, el currículo oficial que figura en la página web del Principado da a entender engañosamente lo contrario, cuando señala que en 1980 "ingresa como funcionario en el Cuerpo de Veterinarios del Principado de Asturias". En 1980 aún no se había aprobado el Estatuto de Autonomía por lo que mal podía existir un Cuerpo de Veterinarios del Principado de Asturias.
Por cierto, para poder nombrar de
nuevo al Sr. Vizcaíno como Director General y a otros que tampoco son
funcionarios públicos, el Gobierno de Javier Fernández tuvo que promover una
modificación legal “ad hoc” que suprimiera este incómodo estorbo.
Pero además de esta sorprendente
omisión identificativa, en el contenido de la carta del Director General de
Pesca llama poderosamente la atención su arbitrario método selectivo a la hora de apuntar a los
responsables de esa “presunta trama de mierda”, pues se olvida, por ejemplo, del
exconsejero socialista Iglesias Riopedre y de la ex Directora General del mismo
signo político María Jesús Otero. Para Vizcaíno la única culpable sería la que califica como corrupta y enferma Marta Renedo.
Desconocemos el criterio demoscópico
usado por el Sr. Vizcaíno para conocer la opinión de miles de empleados públicos
del Principado sobre el alcance de la corrupción del caso Marea pero, desde luego,
afirmamos que a los miembros de esta asociación este autocalificado “servidor
público del Principado" no nos representa.
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