Frente al clientelismu y la manipulación política, otra Función Pública n´Asturies Ye Posible.
El día 5 de noviembre del 2008 se constituyó el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (COFPA), como asociación abierta a todos los trabajadores pertenecientes a las diferentes Administraciones Públicas existentes en Asturies.
COFPA es una asociación al servicio del interés general y no un grupo corporativo, ni una central sindical.
cofpas@gmail.com
La convocatoria que se acaba de dar a conocer para la
selección del puesto de Director – Gerente de la empresa pública SOGEPSA
incurre en una grave incongruencia que pone en cuestión la legalidad del
proceso.
Si es obligatorio nombrar una Comisión técnica
encargada de valorar las diferentes candidaturas conforme a principios de igualdad,
mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, ¿qué sentido tiene encargar a
una empresa privada de recursos humanos la tramitación del proceso?
Esta
privatización del proceso selectivo del Gerente carece de cualquier justificación
técnica y legal, pues la valoración de los candidatos solo la puede hacer, por
que así lo imponen las bases de la convocatoria, la Comisión técnica que en
su momento se designe. Por tanto, si la empresa GYSA no puede valorar
los currículos de los participantes, ¿qué funciones se la han encomendado
realmente?
Si el contrato
adjudicado a GYSA, presumiblemente a dedo, es para realizar tareas de gestión del proceso selectivo, las mismas podían ser desarrolladas
perfectamente por los propios trabajadores de SOGEPSA, por lo que el dinero que
se ha pagado a esta empresa es, a todas luces, un despilfarro de dinero público.
Pero si lo que se ha encomendado
a GYSA es algún tipo de valoración de los méritos de las candidaturas, dicho
encargo sería claramente ilegal pues suplantaría las funciones que corresponden a
la Comisión
de valoración que debe nombrarse.
El Conceyu por Otra Función Pública
n´Asturies exige una explicación sobre esta extraña privatización del
proceso de selección de Gerente de SOGEPSA. Porque este proceso suena muy raro.
Vuelve a publicarse
insistentemente en estos días que está próximo a resolverse el “concurso” para
el nombramiento de un nuevo gerente del Hospital Universitario Central de
Asturias (HUCA), como si se tratara de poner en práctica la conocida frase de
que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad.
Pero la cadena de falacias en
relación con este asunto no deja de crecer y ahora se inventa un supuesto
tribunal fantasma que haría la propuesta del candidato agraciado al consejero
de Sanidad. La simple lectura de la convocatoria del puesto de gerente sería
suficiente para saber que no se contempla ningún órgano colegiado de carácter técnico
al que se encomiende valorar los méritos, capacidades y aptitudes de los
candidatos.
Este tipo de tribunales, cuyo funcionamiento
debe ajustarse a principios profesionalidad, especialización, imparcialidad y
objetividad, sólo están previstos legalmente para resolver los concursos de méritos
(artículo 79 del Estatuto Básico del Empleado Público), pero el nuevo gerente
del HUCA será nombrado por libre
designación, es decir, apreciando discrecionalmente la idoneidad para el puesto y eligiendo a aquel o aquella en el que el consejero de Sanidad
tenga más confianza personal.
El grado de desfachatez que rodea
todo este proceso llega hasta el extremo de reconocer públicamente que Francisco
del Busto había efectuado una búsqueda fuera de Asturias, realizando consultas
a algunos responsables sanitarios del PSOE de diversas comunidades autónomas. Pero
si la Consejería de Sanidad había efectuado una convocatoria pública para
propiciar la concurrencia de candidatos, ¿qué estaba buscando el consejero por
su cuenta, al margen del procedimiento legalmente establecido, y que clase de
consultas realizaba con otros miembros de su partido?
En un sistema democrático mínimamente
decente dicho consejero ya habría sido citado urgentemente en vía parlamentaria para
explicar este tipo de gestiones paralelas, que no casan muy bien con los
principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a los puestos del
sector público.
El último acto de toda esta
pantomima lo conocemos hoy cuando se hace público el nombre del que podría ser
nuevo gerente del HUCA, antes de que se resuelva oficialmente el procedimiento
de convocatoria. ¿Partió la filtración de algún miembro de ese presunto
tribunal fantasma que debía valorar las candidaturas al puesto, de algún cargo
político de la Consejería o se trata de una maniobra de distracción con algún
otro fin?
Si la Consejería de Sanidad se
negó a ofrecer los datos de los candidatos que se presentaron a la primera
convocatoria, declarada desierta, porque ello vulneraba supuestamente la Ley de
Protección de Datos, ¿la publicación que ahora se hace de la identidad de uno de los aspirantes , antes de finalizar el procedimiento de provisión del puesto,
infringe también esa misma normativa?
Lo único verdaderamente sorprendente de los papeles de Panamá
es que en ellos no hay ninguna sorpresa. ¿No nos hemos enterado
exactamente de lo que esperábamos enterarnos? Ahora bien, una cosa es
saberlo, así en general, y otra, tener datos concretos. Es un poco como
saber que tu pareja te la está pegando por ahí. Se puede aceptar el
conocimiento abstracto de algo así. El dolor se produce cuando uno se
entera de los detalles obscenos, cuando uno ve las fotos de lo que han
estado haciendo... De la misma manera, con los papeles de Panamá, hemos visto algunas imágenes cochinas de pornografía financiera y ya no podemos hacer como que no nos hemos enterado.
Ya
en 1843, el joven Karl Marx afirmó que al antiguo régimen alemán
«simplemente le da por pensar que cree en sí mismo y exige que el mundo
piense lo mismo». En una situación así, denunciar la sinvergonzonería de
los que están en el poder se convierte en un arma. O, como añade Marx,
«la vergüenza debe hacerse más vergonzosa, dándola a conocer». Y ésta es
exactamente nuestra situación: nos encontramos ante el cinismo
desvergonzado del actual orden global, a cuyos agentes les da por pensar
que creen en ideas de democracia, derechos humanos, etc., y, a través
de revelaciones como las de Wikileaks o los papeles de Panamá, la vergüenza se vuelve más vergonzosa por el hecho de darle publicidad.
Un rápido vistazo a los papeles de Panamá revela dos características. Una positiva es la solidaridad de los participantes. En
el tenebroso mundo del capital global, todos somos hermanos. Allí está
el mundo occidental desarrollado que se da la mano con Putin y el
presidente de China, Xi. Irán y Corea del Norte también están
ahí... Es un verdadero reino del multiculturalismo, donde todos son
iguales y diferentes. La otra negativa es la contundente ausencia de
EEUU, lo que le da cierta credibilidad a la afirmación de Rusia y China
de que hay intereses políticos involucrados en la investigación.
Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos estos datos? Hay un chiste de un
marido que vuelve a casa antes de lo esperado y encuentra a su esposa
en la cama con otro hombre. La mujer sorprendida le pregunta: «¿Qué ha
pasado? ¡Me dijiste que ibas a volver tres horas más tarde!». El marido
explota: «¡Seamos serios! ¿Qué haces en la cama con ese tipo?». La
esposa responde sin alterarse: «¡No cambies de tema, responde primero a
mi pregunta!». ¿No es algo parecido lo que está sucediendo con las
reacciones a los papeles de Panamá? La primera reacción es la
explosión de furia moralista: «¡Horrible, cuánta codicia y cuánta
deshonestidad la de esa gente! ¿Dónde están los valores fundamentales de
nuestra sociedad?». Lo que deberíamos hacer es cambiar inmediatamente
de tema, pasar de la moralidad a nuestro sistema económico. Políticos,
banqueros y administradores siempre han sido codiciosos, de manera que
¿qué hay en nuestro sistema legal y económico que les ha permitido ser
conscientes de su codicia de una forma tan escandalosa?
Desde la
crisis de 2008, personajes públicos, del Papa hacia abajo, nos
bombardean con exhortaciones a luchar contra la cultura de la codicia y
el consumo excesivo. Este espectáculo repugnante de moralización barata es una operación ideológica,
si es que alguna vez ha habido una. La compulsión (a expandirse)
inscrita en el sistema mismo se traduce en pecado personal, en una
propensión psicológica privada o, como expuso uno de los teólogos
cercanos al Papa, «la crisis actual no es una crisis del capitalismo
sino la crisis de la moral». Incluso sectores de la izquierda siguen
este camino. No es que falte anti-capitalismo en la actualidad. Hace un
par de años estallaron protestas de okupas e incluso estamos asistiendo a
una sobreabundancia de críticas de los horrores del capitalismo.
Proliferan libros e investigaciones periodísticas sobre empresas que
contaminan sin piedad nuestro medio ambiente, banqueros corruptos que
siguen obteniendo cuantiosas primas mientras sus bancos son rescatados
con dinero público, talleres clandestinos donde trabajan niños...
Hay,
sin embargo, una pega a todas estas críticas. Lo que no se cuestiona en
ellas, por implacables que puedan parecer, es el marco
democrático-liberal en el que luchar contra estos excesos. El objetivo
es democratizar el capitalismo, ampliar el control democrático sobre la
economía a través de la presión de medios, investigaciones
parlamentarias, leyes más estrictas, investigaciones policiales... Ahora
bien, el sistema como tal no se cuestiona y su marco democrático institucional de Estado de Derecho sigue siendo la vaca sagrada que ni siquiera tocan las formulaciones más radicales de este «anticapitalismo ético», como el movimiento okupa.
El
error que hay que evitar es el ejemplificado por la anécdota, apócrifa,
tal vez, del economista keynesiano de izquierdas John Galbraith. Antes
de un viaje a la URSS a finales de los 50, escribió a su amigo
anticomunista Sidney Hook: «¡No te preocupes, no me voy a dejar seducir
por los soviéticos y volver a casa diciendo que lo suyo es socialismo!».
Hook respondió: «¡Pero si eso es lo que me preocupa, que regreses
proclamando que la URSS no es socialista!». Lo que preocupaba a Hook era
la defensa de la pureza del concepto: si las cosas no salen como deben
al construir una sociedad socialista, eso no invalida la idea en sí,
sólo significa que no se ha aplicado correctamente. ¿No detectamos la
misma ingenuidad en los fundamentalistas del mercado?
Cuando,
durante un debate televisivo en Francia, hace un par de años, Guy Sorman
afirmó que democracia y capitalismo van forzosamente de la mano, no
pude resistir hacerle la pregunta obvia: «Pero, ¿qué pasa con la China
de hoy?». Replicó con gran brusquedad: «¡En China no hay capitalismo!».
Para un pro-capitalista fanático como Sorman, si un país no es
democrático, no es verdaderamente capitalista sino que practica una
versión desfigurada del capitalismo. El error subyacente no es difícil
de identificar. Es el mismo del chiste: «Mi novia nunca llega tarde a
una cita porque, en el momento en que llega tarde, ¡ya no es mi novia!».
Así es como el apologista del mercado explica la crisis de 2008: no fue
el fracaso del libre mercado lo que la provocó sino la excesiva
regulación. Es decir, el hecho de que nuestra economía de mercado no lo
era de verdad sino que estaba bajo las garras del Estado de Bienestar.
En los papeles de Panamá éste no es el caso. La corrupción no es una desviación contingente del sistema capitalista global, es parte de su funcionamiento básico.
La realidad que se desprende de los papeles de Panamá es la de la división de clases. Demuestran que los ricos viven en un mundo aparte en el que se aplican reglas diferentes,
en el que el sistema legal y la autoridad de la policía están
fuertemente tergiversados y no sólo protegen a los ricos sino que están
preparados para retorcer de forma sistemática el imperio de la ley para
complacerles a ellos. Recuérdese el chiste cruel de la película To Be Or Not to Be,
de Lubitsch. Cuando se le pregunta acerca de los campos de
concentración alemanes en la Polonia ocupada, el oficial nazi responde
brutalmente: «Nosotros ponemos la concentración y los polacos, la
acampada». ¿No puede predicarse eso mismo de la quiebra de Enron en
2002? No cabe duda de que los miles de empleados que perdieron sus
puestos de trabajo y sus ahorros estaban expuestos a un riesgo. Pero lo
cierto es que no tenían otra opción. El riesgo se les presentó como un
destino ineludible. Aquellos que, por el contrario, tuvieron
efectivamente una idea de los riesgos, así como la posibilidad de
intervenir en la situación (los altos directivos) redujeron al mínimo
sus riesgos al liquidar sus acciones y opciones antes de la quiebra. Vivimos
en una sociedad de alternativas de riesgo, pero unos (los directivos de
Wall Street) eligen las alternativas mientras que otros (la gente
corriente que paga hipotecas) corren los riesgos.
Ya hay muchas reacciones de liberales de derechas a los papeles de Panamá
que echan la culpa a los excesos de nuestro Estado de Bienestar (o a lo
que queda de él). Como la riqueza está tan fuertemente gravada, no es
de extrañar que haya quien trate de trasladarla a lugares con menores
impuestos, lo que, en última instancia, no es ilegal. Por ridícula que
sea esta excusa (lo que los papeles de Panamá revelan son transacciones que quebrantan la ley) este argumento tiene algo de verdad. En primer lugar,
la línea que separa las transacciones legales de las ilegales se está
volviendo cada vez más borrosa y con frecuencia se reduce a una cuestión
de interpretación. En segundo lugar, los dueños de riquezas
que las han trasladado a cuentas sin control y a paraísos fiscales no
son monstruos codiciosos sino individuos que actúan como sujetos
racionales que tratan de salvaguardar su patrimonio. En el capitalismo,
no se puede tirar el agua sucia de la especulación financiera y mantener
al bebé sano de la economía real: las aguas sucias son consanguíneas
del bebé sano. No habría que tener miedo de llegar hasta el final en
este caso. El sistema jurídico capitalista global en sí mismo es, en su dimensión más fundamental, corrupción legalizada.
La cuestión de en qué punto empieza el delito (en el que las
operaciones financieras son ilegales) no es por tanto legal sino
eminentemente política, una cuestión de lucha por el poder.
Entonces, ¿por qué miles de empresarios y políticos han hecho lo que
documentan los papeles de Panamá? La respuesta es la misma que la de la
adivinanza jocosa y ordinaria: ¿por qué los perros se lamen los testículos (y los varones no lo hacemos)? Porque ellos pueden.
Slavoj Zizek,
filósofo y crítico cultural, es profesor en la European Graduate
School, director internacional del Birkbeck Institute for the Humanities
(Universidad de Londres) e investigador senior en el Instituto de
Sociología de la Universidad de Liubliana. Su última obra es Contragolpe
absoluto. Para una refundación del materialismo dialéctico (Akal).
Decidió contratarla como maestra de adultos, y
después hacerla fija discontinua diez meses al año, sin convocar el
obligatorio concurso de selección de personal que el ayuntamiento
celebraba cada temporada.
El exalcalde de Alhama de Aragón, Joaquín Antón,
deberá devolver al ayuntamiento, de su bolsillo, 3.847 euros por el
perjuicio que le causó al enchufar a su esposa, sin el preceptivo
proceso de selección de personal, para dar clases de adultos. Así lo ha
establecido en una sentencia el Tribunal de Cuentas, que declara al
acusado “responsable contable directo” de un “alcance” al que añade
387,51 euros de intereses.
La sentencia tacha de “gravemente negligente” la conducta del alcalde:
“no se abstuvo de participar en su contratación”, pese a tratarse de su
cónyuge, y fue él quien decidió darle el empleo sin convocar el
concurso de méritos que el ayuntamiento venía celebrando cada año para
seleccionar a quien daría las clases
La decisión del Tribunal de Cuentas sobre el enchufe de Alhama, similar a la que tomó hace unas semanas con los exalcaldes populares de Vitoria Alfonso Alonso y Javier Maroto y siete concejales, en este caso por cargar al consistorio con un alquiler desmesurado para un edificio, supone un precedente para los pequeños municipios, cuya gestión también es supervisaba por este órgano de fiscalización.
De
hecho, la resolución rechaza que la eventual falta de medios del
ayuntamiento pudiera haber tenido alguna influencia en el asunto. Por el
contrario, anota que esa presunta deficiencia organizativa, “lejos de
ser una causa de exoneración” a la hora de ser exigente con la gestión
de fondos públicos, “refuerza el deber de diligencia”: conociéndola,
añade, el alcalde “debería haber extremado su cuidado para evitar el resultado dañoso en cuanto el riesgo era previsible debido, precisamente, a esa deficiente organización”.
Un sueldo de 18.000 euros brutos por dos tercios de jornada
El asunto de Alhama se remonta a septiembre de 2011,
cuando el ayuntamiento, que tuvo como alcalde a Antón (Cha) desde junio
de 2007 hasta que la oposición en bloque —PSOE, PP y Par— lo censuró el
28 de noviembre de 2012, contrató a la esposa de este sin un proceso previo de selección de personal para
dar clases de educación de adultos. Iba a cobrar 18.034 euros —16.686
con Seguridad Social— por dos tercios de jornada entre septiembre y
junio.
Sin embargo, unos meses después, la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), tras percatarse de que el ayuntamiento se había saltado la exigencia de realizar un concurso de personal
para seleccionar a la maestra, inició un procedimiento para recuperar
los 3.291 euros que llegó a transferir al consistorio, para el que había
aprobado una subvención de 5.439,15.
La sentencia responsabiliza de ese perjuicio para el ayuntamiento a Antón, ya que “tenía a su cargo los caudales públicos de la corporación”
y “debía rendir cuentas” de su gestión. “Ha quedado probado”, añade,
que el alcalde “procedió a la contratación de la profesora, al
reconocimiento de las obligaciones y al pago de gastos prescindiendo de
la normativa reguladora del gasto en las corporaciones locales”.
Una decisión irregular que no fue debatida en el pleno
Antón sostuvo ante el Tribunal de Cuentas que la decisión de contratar a su esposa “sin la celebración de un concurso previo no se tomó individualmente, sino que fue compartida por
los demás miembros del ayuntamiento, reunidos al efecto”, narra la
sentencia, que rechaza que el asunto fuera tratado en el pleno
municipal.
El exalcalde también alegó que, según una serie de
consultas jurídicas que realizó personalmente, su esposa no solo debía
ser contratada para el curso 2011-2012 sino que tenía que pasar a fija
discontinua, mientras que convocar un concurso habría obligado a
despedirla.
No obstante, la mujer tardaría un año en alcanzar ese estatus laboral.
En septiembre de 2012 firmó un contrato indefinido válido para todos
los años de septiembre a junio, aunque con una cláusula que supeditaba
su continuidad a que se mantuviera la actividad. Para entonces, la
Diputación ya estaba revisando la documentación en la que, antes de
acabar ese año y después de la moción de censura, detectaría la falta
del proceso de selección.
“Consecuencia del incumplimiento de las normas”
Tras devolver la subvención —3.291 euros más 168 de intereses—
en 2013, Alhama dejó de pedir ayudas para formación de adultos, por lo
que la esposa del ya entonces exalcalde dejó de prestar servicios al
consistorio. Los juzgados de lo Social calificaron como improcedente su
despido.
Según el exalcalde, el consistorio “tenía la obligación de contratar” de nuevo a su esposa porque
llevaba cuatro años dando las clases. La Fiscalía, para quien “no todo
daño en los fondos públicos da lugar necesariamente al nacimiento de
responsabilidad contable”, respalda esa tesis.
La sentencia, sin
embargo, llega a la conclusión contraria. Al final, indica, la
contratación de la esposa del alcalde sin concurso de selección “supuso
para el ayuntamiento la pérdida de una cantidad a la que tenía derecho
(…) como consecuencia del incumplimiento de las normas reguladoras de la
concesión de la subvención”, a lo que se une que, por ese motivo, “tuvo
que reconocer obligaciones con cargo a su propio patrimonio y pagar determinadas cantidades en concepto de nóminas y cotizaciones sociales”.
Un Ayuntamiento convocó la provisión de un puesto de jefatura por el sistema de libre designación. Se
presentó para cubrir la plaza un funcionario de la Corporación que
ocupaba otro puesto de trabajo de similares características e
idéntico nivel.
El Ayuntamiento declaró desierto la convocatoria de provisión por el sistema de libre designación y lo justificó en el hecho de que nombrar al candidato presentado para el puesto de trabajo convocado, exigía una reorganización en la estructura municipal y nueva convocatoria para la provisión del puesto vacante, lo que producía un perjuicio.
El aspirante al puesto de trabajo convocado ha presentado recurso de reposición en el que alega que la resolución adoptada es arbitraria e incurre en desviación de poder y solicita que se anule.
El Ayuntamiento ¿está obligado a designar al aspirante que se presenta en una convocatoria como la planteadasi cumple los requisitos exigidos?.
La debilidad e insuficiencia del control de las instituciones europeas
sobre el tráfico de capitales favorece la actuación de las redes
transnacionales ilícitas, con escenarios de mayor corrupción y
vulnerabilidad institucional
Según Cressey (1), la delincuencia
organizada o crimen organizado contó desde sus inicios con un código
cultural tradicional y jerárquico a partir del cual se diseñó una
organización criminal capaz de operar en el mundo contemporáneo (2) muy
cerca del tipo ideal que Max Weber atribuía a la burocracia
legal-racional (3), por eso, durante mucho tiempo, no hubo ninguna
diferencia entre empresas convencionales y empresas delictivas.
“La experiencia tiende a demostrar universalmente que
el tipo de Organización administrativa puramente burocrático, es decir,
la variedad monocrática de burocracia es, desde un punto de vista
técnico, capaz de lograr el grado más alto de eficiencia, y en este
sentido es el medio formal más racional que se conoce para lograr un
control efectivo sobre los seres humanos. Es superior a cualquier otra
forma en cuanto a precisión, estabilidad, disciplina y operabilidad. Por
tanto, hace posible un alto grado en el cálculo de resultados para los
dirigentes de la Organización y para quienes tienen relación con ella.
Finalmente, es superior tanto en eficiencia como en el alcance de sus
operaciones, y es formalmente capaz de realizar cualquier tipo de
tareas”.
Todos los cambios que antes se observaban cuando un negocio que era el ilegal dejaba de serlo eran solo ajustes en el modus operandio en la tecnología y la red social que se veían involucradas (4). Pero, en los últimos años y acorde
con los tiempos de la globalización, dicha organización del crimen fue
sufriendo una metamorfosis en su disposición, su alcance y su
estructura; y hoy por hoy, los grandes capos o cárteles de capos,
capaces de controlar el tráfico de drogas a nivel mundial, y que se
presentaban ante los medios de comunicación como lo hicieron en su día
personajes como Pablo Escobar, ya pasaron a la historia. Aun así, el
tráfico ilegal de cocaína continúa generando dinero negro, que de manera
directa o indirecta o de forma diseminada, se incorpora diariamente a
los cauces financieros globales mezclándose con dineros de procedencia
lícita e ilícita.
“Hartwell documentó entre 2004 y 2011 cientos de
transferencias financieras realizadas por testaferros […] En la red de
lavado de activos participaron comisionistas de bolsa, asesores
financieros y prestanombres […] Un entramado de empresas fantasmas,
licitaciones públicas inexistentes y contratos falsos, todo con el fin
de blanquear al menos 6.7 millones de dólares” (5).
En España, la transformación del denominado crimen
“organizado” (6) en tramas ilegales y “alegales” (7) ha derivado de una
mayor actividad e intervención de las redes españolas que actúan en
Europa (8), con gran capacidad de maniobra en las instituciones
políticas locales, y de incidencia en la economía sumergida, que se
atribuye fundamentalmente a un incremento importante de la corrupción
en las organizaciones, tanto públicas como privadas, con la utilización
de sus funciones y medios en provecho de sus gestores. Ya en agosto de
2003 un estudio del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de
Hacienda situaba la economía sumergida en el 21% del PIB.
“Ningún gobierno ha querido realizar hasta ahora un
estudio en profundidad sobre la economía sumergida y el fraude fiscal
existente en España. De esta forma, si no se reconoce el problema, no se
tiene que justificar la falta de adopción de medidas para erradicar
dicha lacra social”, aseguraba la Organización Profesional de
Inspectores de Hacienda del Estado en Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en España, un documento de 32 páginas aprobado en noviembre 2007 y remitido al Gobierno español (9).
CTXT reproduce hoy la maravillosa entrevista de Eugenio Scalfari a Enrico Berlinguer que se publicó en La Repubblica
el 28 de julio de 1981*, no porque creamos que la solución a los
problemas políticos de España puedan encontrar salida en el
eurocomunismo de los años 70 del siglo pasado, sino porque Berlinguer
fue un analista político tremendamente perspicaz que supo identificar
muy pronto el principal problema con el que estaba tropezando la
política italiana: Los partidos, dijo, han ocupado todas las
instituciones, desde los organismos locales hasta las empresas públicas,
pasando por la televisión estatal y algunos grandes periódicos. La
cuestión moral no se agota en el hecho de que si hay corruptos se debe
desenmascararlos y meterlos en la cárcel. La cuestión moral tiene que
ver con la ocupación del Estado. Los partidos solo pueden demostrar que
son fuerzas de renovación si afrontan esa cuestión. “¿No ha llegado el
momento de cambiar y de construir una sociedad que no sea un basurero?”,
se preguntaba Berlinguer.
Los españoles tienen hoy el mismo problema y la misma
oportunidad de afrontarlo. La pregunta que debemos hacernos no es quién
va a conseguir gobernar, ni si es tan urgente, sino si, por fin, va a
ser posible obligar a los partidos políticos a abandonar esas prácticas
de ocupación institucional, y si se va a conseguir modificar y
democratizar su funcionamiento interno, de manera que no sea posible que
actúen como corporaciones de intereses. Si, por fin, sometidos a un
estrecha vigilancia por sus militantes y simpatizantes, se van a ver
obligados a examinar los problemas de la gente, las exigencias y las
necesidades humanas emergentes, si va ser posible cambiar la estructura
organizativa de esos partidos para que, en lugar de comportarse como
camarillas, sean formaciones capaces de ayudar a organizarse a los
ciudadanos y a promover el desarrollo, la igualdad y la participación
social.
¿A qué tanto ataque de nervios entre los santones de la
política tradicional exigiendo un gobierno rápido, sea el que sea y
pretenda hacer lo que pretenda hacer? ¿A qué tanto gran medio de
comunicación, tanto gurú periodístico incapaz de formular una sola
pregunta? ¿A qué tanta defensa y tanta urgencia de colocar a Mariano
Rajoy de nuevo en la presidencia de la Moncloa?
¿Nada que exigir, señor González? ¿Ningún problema que se
considere fundamental, señor Cebrián? ¿Basta con que gobierne quien sea,
con tal que garantice que nadie va a mover el modelo basurero, que
nadie va a intentar transformar ese sistema, cambiar las anquilosadas
estructuras organizativas de los partidos, de manera que ya no se
comporten como oscuras corporaciones --a veces, delictivas y mafiosas--
al servicio del poder económico y financiero?
Pues no es así. Claro que exigimos un cambio. Sabemos que
ese cambio profundo será la única manera de afrontar los problemas de
una sociedad cada día más desigual y angustiada, cada día más manipulada
y desorganizada. El cambio empieza por el funcionamiento interno de los
propios partidos, por la democratización de su sistema organizativo,
pero continúa con nuevas prácticas parlamentarias, con el impulso
decidido al desarrollo y la participación civil. Exigimos cambio, de
presidente de gobierno, de reglamento del Congreso, de la ley de
partidos, de la ley mordaza y de los mecanismos que permitieron a los
partidos apropiarse de las instituciones, en lugar de
servirlas. Queremos el regreso de la pasión política que Berlinguer
defendía, porque creemos, como él, que esa pasión mejora la vida real de
las personas reales.
Porque sabemos que es urgente y necesario conocer y
atender las nuevas necesidades de nuestra sociedad (necesidades que no
es posible afrontar solo a través de instituciones nacionales sino
también supranacionales) y movilizar a los ciudadanos para que puedan
defender y ejercer sus derechos.
No pretendan decirnos que el camino es elegir rápidamente
un gobierno presidido por quien sea. El camino es impedir que ese quien
sea se apropie, con sus colegas, de las instituciones, hacerlas vivir de
nuevo; y para ello, hay que acabar de una vez con los modelos
organizativos de los actuales partidos políticos y regular su relación
con las contrataciones públicas y las empresas concertadas. ¡Fuera! O no
tengan duda de que nos terminarán comiendo o idiotizando.
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Fe de errores: en la primera versión, se decía 1991. La fecha correcta es 1981.